Si estuviéramos en un proceso penal, esa malversación conllevaría una sanción mínima de cárcel de dos a seis años
Robin Hood saqueaba a los ricos para beneficiar a los pobres. Es el modelo inverso al de Ana Botella de Aznar. Que como alcaldesa de Madrid facilitaba evacuar a los pobres de las viviendas protegidas para enriquecer más a los ya ricos.
Botella acaba de ser condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver, junto con sus cómplices —dos de ellos aún viceconsejeros en la Comunidad de Madrid—, 22,5 millones por una operación varias veces ilegal. A saber, la venta a la empresa Fidere, del grupo especulador del ladrillo Blackstone, de miles de viviendas públicas municipales —protegidas—, en alquiler, por un precio:
Fuente: El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/12/30/opinion/1546197027_687543.html
(Recomendao) En 2013 el Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas de VPO a Blackstone (Fidere) por 128,6 millones de euros. mientras la Comunidad de Madrid a través del IVIMA (denominada ahora como Agencia de la Vivienda Social) vendía al fondo Goldman Sachs-Azora 2.035 viviendas por 201 millones de euros. Cinco años después, los ocupantes de estas viviendas han perdido las condiciones que gozaban como propietarios de una vivienda pública al tiempo que distintas sentencias han cuestionado la legalidad de estas ventas.
>>>No solo los bancos han vendido sus activos inmobiliarios a los fondos. La Comunidad de Madrid vendió en agosto de 2013 a Goldman Sachs un paquete de 2.000 viviendas destinadas a alquiler para jóvenes y alquiler social para personas vulnerables “bajo la excusa de cuadrar el objetivo de déficit que se habían marcado las comunidades autónomas”, explica Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma por la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Sanear las cuentas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fue la razón por la que ese mismo año, el Ayuntamiento con Ana Botella como alcaldesa, vendió 18 promociones de vivienda pública, en total 1.860 casas, a Fidere por 128 millones de euros.
Irregularidades en la venta de las viviendas
En la venta de estas viviendas de protección a los fondos buitre se han detectado varias irregularidades. “En el proceso administrativo de venta no se dio audiencia a los inquilinos ni se informó de las posibilidades que tenían para impugnar la venta por lo que decidimos emprender acciones judiciales en cuatro promociones de Leganés, Parla, Ensanche de Vallecas y Valdecarros”, explica Jacinto. >
Fuente: Pisos.com
Madrid, 28 dic (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa del Partido Popular, de Madrid, y esposa del expresidente JM Aznar, Ana Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones de euros por vender en 2013 dieciocho promociones de vivienda pública a un fondo de inversión por debajo del precio contable y de mercado.
En este fallo, adoptado ayer y al que ha tenido acceso Efe, se condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros.
El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por esta operación asciende a 25,7 millones, de los que a los ediles de Botella y la excalcaldesa se les condena a abonar de forma solidaria un máximo de 22,7 millones.>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/20181228/453788021882/condenan-a-botella-y-6-ediles-a-pagar-22-millones-por-vender-vivienda-publica.html
El juez Eloy Velasco investiga los favores de políticos a empresas construcctoras a cambio de comisiones. Otros políticos del PP y el PSOE en ayuntamientos y comunidades autónomas están también implicados.>
Fuente: Publico
http://www.publico.es/552636/detenido-francisco-granados-en-una-macrooperacion-contra-la-corrupcion-con-51-imputados
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio cuya primera presentación al Parlamento data de 1998 La promulgación de la "Ley de Reparación del Exilio", uno de nuestros objetivos desde 1999, cuando creamos CEAM, nunca ha sido promulgada por los legisladores argentinos
