La reciente crisis económica provocó unos recortes en la sanidad que supusieron un descenso de la quinta parte del gasto público por persona entre 2009 y 2013. En esos mismos años, el RD 16/2012 rompía el principio de universalidad establecido en los años ochenta del siglo pasado al excluir de la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, y el RD 27/2013 (ley Montoro) limitaba la contratación de personal provocando la saturación de muchos servicios y un notable aumento de las listas de espera quirúrgica y de especialidades.>