El jueves pasado el TOF 2 de la Ciudad de Buenos Aires emitió su famoso fallo -ya cantado con anterioridad- condenando a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para cumplir cargos públicos, no solo sin pruebas, sino existiendo pruebas de descargo efectivas que demostraron durante el juicio la inexistencia de delito.
Lo que hicieron los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso se llama prevaricato, un delito previsto en el artículo 269 del Código Penal, que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Un solo dato, como ejemplo, citaron hechos falsos: que Cristina hubiese tenido la administración de los recursos imputables a las labores de vialidad en Santa Cruz. Es exactamente lo que ocurrió en este fraudulento juicio: la comisión de delito por parte de los jueces que dictaron el veredicto. >
Fuente: Agencia APU
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