La autora, que es historiadora, investigadora del Conicet, de Flacso y de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, reflexiona sobre la participación de los grupos económicos en el Proceso de Reorganización Nacional.
Hace ya 15 años, el trabajo «Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina», publicado por la CTA y distribuido por todo el país, destacaba la importancia del análisis y la judicialización de la participación empresarial en la represión a trabajadores/as y sindicalistas, con foco en los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine-Siderca, Ford, Ledesma, y Mercedes-Benz. En ese año 2006, los juicios por delitos de lesa humanidad se reactivaban en todo el país y ya entonces quedaba clara la necesidad de motorizar, no sólo la judicialización de las responsabilidades de las fuerzas armadas y de seguridad, sino también una línea de investigación y trabajo sobre la participación directa de empresas y empresarios en la represión. >
Fuente: Agencia TELAM
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