El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.>