El capitalismo por dentro (y Parte III)
Lunes 28 de mayo de 2012 por CEPRID
Alejandro Teitelbaum
Argenpress/CEPRID
El marco jurídico-político
En todos los países -con distintas variantes y grados de intensidad- existen estrechas relaciones entre el poder político y el poder económico.
Un cambio en el elenco político puede producir también un cambio de ciertos sectores económicos por otros en la primera línea de las ventajas que ofrece el control de la administración del Estado, pero nada más.
Incluso puede acontecer que grandes partidos con programas aparentemente diferentes que generalmente se alternan en el gobierno al ritmo de las elecciones y del descontento pendular de la población, se ponen de acuerdo para gobernar conjuntamente, poniendo así de manifiesto que más allá de las apariencias tienen en común una cuestión esencial : la gestión de los intereses del gran capital. Como ocurrió en Alemania, donde los aparentemente irreconciliables rivales Socialdemócratas (SPD) por un lado y la coalición de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) por el otro, gobernaron juntos en una «gran coalición», de 2005 a 2009, llevando a la práctica una política francamente antisocial. Sólo cuando se aproximan las elecciones resurgen las “diferencias”, supuestas o simplemente tácticas. En Berlín, en noviembre de 2011 la SPD mayoritaria, después de gobernar con La Izquierda (Die Linke) durante diez años prefirió aliarse a la CDU a hacerlo con los “Verdes” y Die Linke.
Los altos cargos políticos y los puestos en las grandes empresas son intercambiables: las mismas personas practican una especie de rotación en el ejercicio de ambas actividades.
Un caso paradigmático fue el Gobierno de George W. Bush en el que más que de relación entre los poderes político y económico pudo hablarse de fusión. El Gobierno de Obama conserva lo esencial de esas características, pues su equipo económico procede del riñón de Wall Street y “heredó” de Bush al Ministro de Defensa Robert Gates, patrón del Pentágono, la cara gubernamental del complejo militar industrial.
El poder económico y las Naciones Unidas
En 1978 la organización no gubernamental « Declaración de Berna », publicó un folleto titulado L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies , donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, Ciba Geigy, Hoffmann La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ahora ya no se trata de «infiltración », sino de que se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que se las llama "actores sociales", siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los Estados y de los gobiernos, que se ven reducidos al papel de gestores del sistema dominante.
La idea de incorporar al poder económico a la cúpula de la ONU se concretó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, el 25 de julio del 2000, en la sede de la ONU en New York, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros “representantes de la sociedad civil”. Entre las sociedades participantes en el lanzamiento del Global Compact, se encontraban, entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto y Novartis, con densos “curricula” en materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio ambiente; la Lyonnaise des Eaux (Grupo Suez), cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina y en Francia y más recientemente en Chile. Participaron también en la inauguración del Global Compact cinco asociaciones patronales y nueve ONGs, El Gobal Compact fue anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado “La capacidad empresarial y la privatización (nuestro el subrayado) como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”
El Secretario General decía en ese informe que... « la desregulación...se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo » (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando... « la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros » (párr. 29). Ban Ki-moon, persistiendo en la misma orientación que su predecesor, declaró el 29 de enero de 2009 en el Foro Económico Mundial de Davos: “El interés propio bien entendido es la esencia de la responsabilidad empresarial y la clave para un mundo mejor”.
La puesta en práctica de la estrategia de conferir una cuota de poder cada vez mayor en el seno de las Naciones Unidas a las sociedades transnacionales comenzó en 1993 con el desmantelamiento de los órganos de las Naciones Unidas que significaron en su momento un intento de establecer un control social sobre las actividades de dichas empresas: la Comisión y el Centro de Sociedades Transnacionales, creadas por el ECOSOC en 1974. la Comisión estaba compuesta por 48 Estados Miembros y se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para las mismas, que nunca vio la luz a causa de la cerrada oposición de las grandes potencias y del poder económico.
En 1998 se planteó nuevamente en el seno de las Naciones Unidas la cuestión de establecer normas internacionales destinadas regular las actividades de las sociedades transnacionales y la Subcomisión de derechos humanos elaboró un proyecto que fue enterrado en 2003 a la demanda expresa de los grandes empresas.
En 2005 el Secretario General Kofi Annan nombró representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el Global Compact.
En 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso los Principios elaborados por Ruggie que no contienen norma obligatoria alguna para las empresas, respondiendo así fielmente a la exigencia repetidamente formulada por el poder económico.
En distintos órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas (la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), etc.) se manifiesta de diversas maneras este viraje más o menos acentuado hacia posiciones neoliberales, motivado, entre otras cosas, por su penuria presupuestaria: a veces eso les permite obtener fondos de algunos Estados o de fuentes privadas, si no para su presupuesto general, por lo menos para programas determinados en los que están interesados los donantes.
El 20 de noviembre de 2002, décimo tercer aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebró como el "McDonald’s World Children’s Day". Fue el resultado de un convenio celebrado en julio de ese año por Carol Bellamy, entonces Directora Ejecutiva de UNICEF, que actuó con el respaldo de Kofi Annan, y la transnacional Mc Donald’s. Las protestas de diversas organizaciones, de especialistas en salud infantil y nutricionistas, que sostuvieron que la UNICEF no podía aparecer asociada al símbolo por excelencia de la mala alimentación infantil, no lograron convencer a la señora Bellamy de que cancelara el acuerdo con McDonald’s. Así fue como la UNICEF vendió su imagen a McDonald’s por un puñado de dólares.
La esperanza de obtener fondos del Banco Mundial (en general frustrada) lleva a los órganos especializados de Naciones Unidas a realizar actividades conjuntas con la entidad financiera internacional. Así puede verse por ejemplo a los representantes del Banco Mundial discutiendo temas de educación en reuniones convocadas por la UNESCO.
Se organizan reuniones sobre las cuestiones más diversas donde el tema central es la participación del sector privado y las empresas son los invitados de honor: Seminario sobre los pueblos indígenas y las empresas privadas (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001), debate general en el Comité de los Derechos del Niño sobre la participación del sector privado en la realización de los derechos del niño (Ginebra, 20 de setiembre de 2002), etc.
También las "cumbres" mundiales caen cada vez más bajo la influencia de las grandes sociedades transnacionales, como es el caso de la Cumbre de Johannesburg para un desarrollo sostenible de agosto-setiembre 2002, cuyo orden del día fue "secuestrado" por las grandes empresas, como dice un artículo aparecido en The Guardian, de Londres del 9 de agosto 2002, citando a Christian Aid. Esta última comienza su documento diciendo: "Las sociedades transnacionales han secuestrado el orden del día de la Cumbre…, mientras que las medidas destinadas a beneficiar a los pobres han sido aguadas".
Otro tanto ocurrió con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Esta última se desarrolló en dos etapas: en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. En el Comité preparatorio que se celebró en agosto 2002 en Ginebra, el sector privado corporativo estuvo doblemente representado, pues además de contar con representantes directos de las empresas (entre ellas, Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan Telecom, Swisscom) y de asociaciones empresariales de carácter internacional como el Foro Económico Mundial (que reúne a las 1000 corporaciones más grandes del mundo), la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Radiodifusión, etc., acreditaron decenas de delegados bajo la denominación de "organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil" (Eduardo Tamayo, Agencia ALAI).
Actualmente se puede decir sin temor a equivocarse que todo el sistema de las Naciones Unidas está contaminado por la influencia que tiene el poder económico transnacional en las decisiones de los organismos que lo componen.
Toda esta maquinaria donde los pueblos no desempeñan papel alguno, contrariamente a lo que dice el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, está encabezada de hecho por el Consejo de Seguridad, en la práctica la dictadura mundial de las grandes potencias que los grandes medios de información llaman “la comunidad internacional”, cuyo papel es dar una falsa legitimidad con sus decisiones a las agresiones imperialistas.
El FMI, el Banco Mundial, la OMC, los tratados de libre comercio y el CIADI
Existe además todo un entramado institucional y jurídico internacional destinado a consolidar y reforzar el dominio del poder económico transnacional sobre los Estados y los pueblos y, como contrapartida, a deslegitimar la reivindicación de los derechos de los pueblos a disponer soberanamente de sus riquezas y recursos.
Es bien conocido el papel que desempeñan en ese sentido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Existen además la Organización Mundial del Comercio los tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio, el CIADI, etc. Excede ampliamente el espacio previsto para esta reseña referirnos en detalle a estas instituciones y tratados, que hemos analizado en nuestro libro “La armadura del capitalismo. El poder de las transnacionales en el mundo contemporáneo”, Editorial Icaria, España 2010.
Por eso nos limitaremos a un examen sintético.
Las decisiones de la Organización Mundial de Comercio son obligatorias y los Estados que no las acatan pueden sufrir sanciones. Las consecuencias de estas decisiones pueden ser dramáticas para los derechos fundamentales de los pueblos.
Los principales acuerdos celebrados en la Organización Mundial del Comercio son:
El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Acuerdo relativo a textiles y vestidos, el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, el Acuerdo general sobre el comercio de servicios, el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio.
En el contexto de la mundialización de la economía (mundialización de la producción, del comercio, de las finanzas, de las comunicaciones, etc.), la OMC va mucho más allá de la regulación del comercio transfronterizo y constituye un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos en el interior de cada Estado, su capacidad de negociación externa y el derecho de autodeterminación de los pueblos y de los Estados.
Los tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio Existe una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales, regionales, subregionales y bilaterales que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional, las Constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y sociales vigentes.
Esta trama, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de «trato más favorable», de « trato nacional » y de “nación más favorecida”, que figuran en casi todos los tratados, funciona como un sistema de vasos comunicantes, que permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales. Todo esto comporta la primacía de los derechos del capital sobre los derechos democráticos y humanos de los pueblos. Se consolidan -como régimen jurídico de obligatorio cumplimiento- las políticas de liberalización y privatización. Se trata de lograr, mediante acuerdos internacionales, que estas políticas no puedan ser revertidas.
Es un derecho corporativo o neofeudal porque funciona en el interés exclusivo del gran capital transnacional y de los Estados ricos y en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados llamados periféricos y de sus pueblos.
Con la agravante de que este derecho corporativo está acompañado de un fuerte sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, sanciones y presiones económicas, diplomáticas, militares, etc. Los tratados bilaterales (2000 aproximadamente en vigor en todo el planeta), son poco visibles para la opinión pública, muchos de ellos han sido celebrados a hurtadillas y son aun más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados internacionales o regionales en vigor o en proyecto.
Los tratados bilaterales comprenden fundamentalmente tratados de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI), de libre comercio (TLC), de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología.
Y para el arreglo de los diferendos entre las partes signatarias de los tratados bilaterales se han creado “tribunales arbitrales” al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional, entre los que cabe destacar los que se constituyen en el seno del CIADI.
El Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI)
El derecho corporativo o neofeudal al servicio de las sociedades transnacionales constituido por los tratados bilaterales de libre comercio, de promoción y protección de las inversiones extranjeras y en materia de propiedad intelectual, entre otros, se completa con jurisdicciones específicas, los tribunales arbitrales internacionales, en primer lugar los que se constituyen en el CIADI.
El CIADI es miembro del Grupo del Banco Mundial y está presidido por el Presidente del mismo Banco Mundial, como establece el Reglamento del CIADI. El CIADI, con la falta de objetividad y de imparcialidad que es inherente al Banco Mundial, ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (146 de éstos forman parte del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos en inferioridad de condiciones con empresas privadas, renuncian, a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales. Decimos en inferioridad de condiciones porque la regla general, que surge de los tratados bilaterales de libre comercio, es que solo la empresa puede demandar al Estado por incumplimiento pero este último no puede demandar por incumplimiento a aquélla.
El Convenio del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo, se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros.
Después soplaron otros vientos « neoliberales » y hoy forman parte del CIADI una veintena de Estados latinoamericanos, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990.
No son parte del CIADI Brasil, Cuba, Haití, México y la República Dominicana.
En mayo de 2007 Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron su retiro del CIADI. Bolivia comunicó su retiro al CIADI en el mismo mes de mayo de 2007, Venezuela, después de dicho anuncio aceptó la jurisdicción del CIADI en el conflicto con Exxon Mobil y recién comunicó su retiro del CIADI en enero del 2012 y Nicaragua sigue perteneciendo al mismo. Ecuador se retiró del CIADI en 2009.
Hay que señalar que la ratificación del convenio CIADI no obliga a los Estados Parte a someter a tribunales arbitrales internacionales las controversias con inversores extranjeros. En efecto, el último párrafo del Preámbulo del Convenio dice: Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado.
El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los Tratados de Protección y Promoción de las Inversiones Extranjeras (TPPI), en Tratados de Libre Comercio y en otros similares.
Este marco jurídico político del poder económico, que en la terminología dominante se llama democracia occidental, podría llamarse la dictadura del gran capital, que en estos tiempos de crisis está mostrando claramente su verdadera naturaleza y se ha popularizado llamarla “dictadura de los mercados”. Pero que en términos políticamente incorrectos, es decir que no corresponden a la terminología dominante, es la dictadura de la burguesía, como la llamó Lenin en El Estado y la Revolución (1917), que no sólo tiene componentes jurídicos y políticos, sino represivos, culturales e ideológicos. Nos referiremos a estos últimos en la parte siguiente.
La hegemonía ideológico-cultural en el sistema capitalista
La ideología y la cultura del sistema capitalista forjan y mantienen su hegemonía mediante lo que Gramsci, siguiendo a Hegel y a Marx, denominó la “sociedad civil”: el gran capital, los medios de comunicación controlados por aquél, la parte de la intelectualidad y de las diferentes organizaciones sociales al servicio del sistema dominante, funcionando junto al Estado pero fuera de él como aparatos de dominación económica, hegemonía ideológica y control social. Hegel a veces la denominaba sociedad civil y otras, más claramente, sociedad burguesa (bürgerliche Gessellschaft).
Esa ideología y cultura dominantes funcionan como una pantalla que opaca y deforma la percepción de la realidad de la gran mayoría de la gente y dan contenido a su conciencia espontánea.
El control oligopólico de la información
La gente, para informarse más allá de su entorno inmediato a fin de conocer lo que ocurre en el mundo, tiene que recurrir a los proveedores de información, es decir a los medios de comunicación.
En la transmisión de la información a través de los medios de comunicación existen por lo menos dos niveles de subjetividad. El primero consiste en la selección y jerarquización de la información: el comunicador decide primero qué hechos son noticias y deben comunicarse y luego cuáles son importantes y cuáles no, es decir, el lugar o el tiempo que se le atribuye a cada noticia en el medio de comunicación. El segundo nivel de subjetividad es la intepretación de cada noticia: el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo. De modo que el derecho a estar informado está mediatizado por la subjetividad (o más concretamente por la ideología) del comunicador. Pero además, por regla general, el comunicador está subordinado a los intereses de quienes tienen el control económico y/o político directo o indirecto del medio de comunicación.
La propiedad de los medios de comunicación está sometida desde hace tiempo a un proceso de concentración que se ha acentuado en los últimos decenios.
Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación se han formado grandes conglomerados transnacionales que abarcan la producción y utilización de los soportes materiales: editoriales, periódicos, radiodifusoras, filmes, emisoras de televisión, vídeos, satélites, medios electrónicos, etc., que dominan también las redes de comercialización y difusión.
Es cierto que en la mayoría de los países todo ciudadano o grupo de ciudadanos tiene teóricamente derecho a crear un medio de información. Pero si tal medio llega a existir su alcance es limitado y finalmente desaparece o es absorbido por los grandes oligopolios. De todos modos no pueden competir con los consorcios transnacionales, que llegan con sus productos (informativos y otros) a centenares de millones de personas y que son los verdaderos formadores (más bien deformadores) de la opinión pública.
Actualmente la concentración oligopólica de los medios de comunicación de masas (incluida la comunicación electrónica) y de los productos de entretenimiento de masas (series televisivas, música popular, parques de diversiones, juegos de vídeo, filmes, etc.) está en su apogeo. Grandes empresas, tienen el control mundial casi total de esos productos, entre ellas General Electric (NBC-Vivendi Universal), AOL-Time Warner, AT&T Corp, Viacom Inc., Walt Disney, News Corp, Bertelsmann, Sony y Liberty Media Corp, quienes dictan a los seres humanos cómo deben pensar, qué deben consumir, cómo deben utilizar su tiempo libre, cuáles deben ser sus aspiraciones, etc. Uniformizan a escala planetaria los reflejos y comportamientos del ser humano, anestesiando en las personas el espíritu crítico y destruyendo la originalidad y riqueza de la cultura de cada pueblo. Son los vectores de la ideología del sistema dominante, que filtran la información y que tiñen la información ya filtrada de esa misma ideología y en función de sus intereses particulares, como veremos enseguida.
Esas sociedades transnacionales se ocupan al mismo tiempo de las actividades más diversas, desde la fabricación de equipos electrónicos para uso militar hasta el tratamiento y distribución del agua potable y la recolección de residuos.
Es decir que de la comunidad de intereses existente entre los grandes medios de comunicación de masa y el gran capital a través del capital financiero y de los presupuestos publicitarios, se ha pasado a una comunidad concreta de intereses a través de la fusión de conglomerados industriales de diversa naturaleza que incluyen medios de comunicación de masas.
Es bastante común que tales conglomerados incluyan la industria militar: Por ejemplo General Electric, que entre otras cosas produce piezas para la industria bélica, es propietaria de la National Broadcasting Company y de otras emisoras de televisión. A principios de setiembre 2003 General Electric compró los activos de Vivendi Universal en los medios de comunicación estadounidenses y controla ahora el 80 por ciento del grupo media. El nuevo grupo lo dirige el vicepresidente de General Electric y Presidente Director General de la NBC.
Asi es como puede ocurrir que cuando un canal de televisión muestra la supuesta precisión “quirúrgica” de un bombardeo aéreo, está haciendo publicidad a un producto bélico electrónico fabricado por el mismo conglomerado de que forma parte la emisora televisiva (por ejemplo la National Broadcasting Company y General Electric).
El Grupo Matra es en realidad el Grupo francés Lagardère, que reúne Matra (industria aeronáutica y militar) y Hachette (industria editorial: Fayard, Grasset, Stock, Calman Lévy, Livre de Poche, etc.) y que adquirió a fines del 2002 el grupo editorial Vivendi Universal Publishing -VUP- (Larousse, Robert, Nathan, Colin, Bordas, Plon-Perrin, Laffont, 10/18, Pocket…) e incluye canales de televisión, revistas, etc.
El constructor de aviones militares Serge Dassault se convirtió en julio de 2004 en el primer propietario de periódicos de Francia al tomar el control del 82 por ciento de las partes de la sociedad Socpresse. Más recientemente Dassault pasó a controlar el 100% de Socpresse , que reúne más de 70 títulos, entre ellos Le Figaro, L’Express, L’Expansion, L’Etudiant y varios diarios regionales.
Socpresse (Dassault) y Matra – Hachette (Lagardère), que controlan casi toda la prensa francesa, son al mismo tiempo los dos más grandes fabricantes de armas de Francia.
Es muy improbable que un medio controlado por un fabricante de armamentos critique una guerra que le está produciendo ingentes beneficios.
El Gobierno francés, por su parte, por intermedio de su Ministro de la Cultura y la Comunicación expuso su opinión ante la Asamblea Nacional el 30 de junio de 2004: “para el Gobierno… la alianza de la libertad de expresión y de la realidad económica y financiera contribuyen al pluralismo”.
La Comisión Europea, confirmando una vez más su condición de fiel mandatario de los intereses de las grandes sociedades transnacionales sostuvo en 2007 que la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios que se manifiesta en la Unión Europea desde hace diez años y la entrada de grandes grupos internacionales en el mercado comunitario no implica necesariamente una reducción en el pluralismo informativo.
Esta es la respuesta que dio la Comisión Europea a la preocupación expresada en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo y por algunas ONG, de que la concentración en la propiedad de medios en algunos países de la UE da lugar a un "enorme poder de creación de opinión pública" y excluye los puntos de vista alternativos.
El Consejo de Editores Europeos, una organización que reúne a los principales grupos, entre ellos Bertelsmann, RTL, Reuters, Vocento y PRISA (editor de El País), expresó su satisfacción por este informe. Pese a que la posición de la Comisión Europea es manifiestamente favorable a la concentración de los medios de comunicación y, como consecuencia, contraria al pluralismo, el diario Clarín de Buenos Aires (19/01/07) tituló la información: La Unión Europea a favor del pluralismo de los medios, aunque después el cuerpo de la noticia es un poco más objetivo. El diario El País de España (17/01/07) también tituló: Bruselas defiende el pluralismo en los medios de comunicación. Este es un ejemplo claro de lo que decíamos al principio de esta nota: “el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo”. En este caso la versión de los títulos de Clarín y El Pais, es exactamente contraria a una versión objetiva del hecho. Con el agregado que Clarín en el título involucra a la Unión Europea, es decir a todas las instituciones europeas, incluido el Parlamento, cuando en realidad la postura a favor de los oligopolios trasnacionales compromete sólo a la Comisión Europea.
A veces los medios de comunicación de masa dejan de lado hasta la más mínima deontología de la información y se comprometen activamente en proyectos de derrocamiento violento de ciertos gobiernos que molestan al poder económico transnacional. Es el caso de los grandes medios de comunicación privados de Venezuela: …"después de la victoria de Hugo Chávez en diciembre de 1998, el derrumbe de los partidos tradicionales condujo rápidamente a los medios de comunicación a ocupar el vacío y a encarnar una oposición cada vez más virulenta" (diario Le Monde, 16 de abril de 2002, página 5). Finalmente los medios de comunicación privados incitaron abiertamente al golpe de Estado y se abstuvieron de informar cuando la situación comenzó a tornarse favorable al retorno de Chávez al Gobierno. El canal de TV Globovisión, el 13 de abril de 2002 a mediodía justificaba esta autocensura como "la decisión de no dar informaciones que podrían perturbar la armonía de la sociedad venezolana" (La misma fuente). Es notorio el paralelo con una parte de la prensa chilena que contribuyó activamente al derrocamiento del Presidente Salvador Allende en 1973, particularmente el diario “El Mercurio”, generosamente subvencionado en ese entonces por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
La contracara del oligopolio privado de los medios de comunicación, igualmente nefasta para el derecho a la información y la libertad de comunicación, es el monopolio o cuasi monopolio oficial y burocrático de dichos medios, contrariamente a lo que establece el párrafo 3 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas u opiniones".
El ejercicio pleno de los derechos a estar informado verazmente, a opinar y a participar en la toma de decisiones requiere una pluralidad de fuentes, una pluralidad de medios de información y su gestión democrática y transparente, requisitos básicos que no se cumplen con la concentración monopólica u oligopólica de los medios de comunicación que acabamos de describir.
La ideología y la cultura dominantes
Los medios de comunicación de masa o medios masivos de intoxicación mental (incluidas las emisiones de entretenimientos) son el instrumento visible destinado a mantener y consolidar la hegemonía de la ideología y la cultura del sistema capitalista y formidables vectores para la neutralización del espíritu crítico, la domesticación y la degradación intelectual, ética y estética del ser humano.
Son la plataforma privilegiada de periodistas obsecuentes, politólogos, sociólogos, economistas, filósofos mediáticos y otros “formadores de opinión” justificadores del sistema y del TINA ("There Is No Alternative"). En resumen, ilustres representantes de la “estupidez prestigiosa”, como decía John Kenneth Galbraith.
Como hay que guardar las apariencias, muy de tanto en tanto y muy brevemente se da acceso a dichos medios a personas intelectualmente respetables. Una gota de agua en un océano de mediocridad. Un medio muy importante de dominación ideológica y cultural es el idioma. Existen desde siempre una serie de expresiones que tienen un preciso contenido ideológico y se crean y popularizan otras en función de las necesidades del sistema.
Se ha dicho, con razón, que cada idioma o grupo de idiomas contiene una estructura propia de pensamiento. No cabe duda que actualmente el inglés es la lengua vehicular a escala mundial, propulsada en los últimos decenios por las comunicaciones y los juegos electrónicos y utilizada de manera predominante en todos los medios: artísticos, políticos, culturales, científicos, etc. Esta situación produce un doble efecto: por un lado se imponen los contenidos ideológicos de muchas expresiones utilizadas comúnmente en inglés y las estructuras mentales propias de ese idioma y por el otro se pierde, por no uso, la diversidad ideológica y estructural de otros idiomas. Además, teniendo en cuenta la interrelación dialéctica entre el lenguaje y el pensamiento, el predominio del inglés como “lingua franca” conduce a una especie de pensamiento único mundial, como sostiene el lingüista francés Claude Hagège (Contre la pensée unique, Edit. Odile Jacob, enero 2012). Cabe agregar que la “twitterización” del lenguaje es decir su empobrecimiento extremo, conduce inevitablemente al empobrecimiento del pensamiento
Dicha hegemonía ideológico-cultural también se mantiene y consolida de una manera más sutil y menos visible a través de todas las actividades humanas, sociales, culturales, ideológicas e incluso científicas, “formateando” la conciencia de la gran mayoría de los seres humanos. En los medios culturales, ideológicos, políticos y científicos, se produce una especie de selección o jerarquización -entre espontánea y provocada- del prestigio o renombre de determinadas personas, donde ocupan casi siempre los primeros puestos los que (dicho de manera muy esquemática) tienen en común algunas de las siguientes ideas: no cuestionar la propiedad privada de los medios de producción y de cambio; atribuir al mercado capitalista la cualidad de inherente a la sociedad humana; no cuestionar el sistema político-social elitista existente (la llamada “democracia occidental”); el rechazo (expreso o no) del materialismo dialéctico como método de investigación en las ciencias sociales y en las ciencias llamadas “duras”.
La razón del rechazo del materialismo dialéctico en el estudio de la economía y otras ciencias sociales es evidente: no querer admitir que el capitalismo y el mercado no son eternos y son sólo una etapa en la historia de la humanidad.
Galbraith, que no fue “distinguido” con el premio Nóbel de economía, se refirió (Un viaje por la economía de nuestro tiempo) a “la tendencia de la economía y de otras ciencias sociales, a adaptarse a las necesidades y a la mentalidad de los miembros ricos de la comunidad…”
En otras ciencias como la biología y la física dicho rechazo se funda en la repugnancia por reconocer –por razones de interés personal (acceso a cargos, a subvenciones, a premios, notoriedad, vanidad) y/ o puramente ideológicas- que no hay verdades científicas absolutas y definitivas, que en el inagotable proceso del conocimiento el sujeto y el objeto del conocimiento interactúan y se transforman permanentemente. No hay acumulación en “capas” de conocimientos definitivos, sino sucesivas reorganizaciones del conocimiento en nuevos niveles, donde se van incorporando nuevas teorías y descubrimientos y se desechan antiguas teorías que pueden haber sido válidas en otro nivel.
Esto lo han comprobado una y otra vez los mejores e intelectualmente honestos investigadores ya sea en biología, en neurobiología, en física cuántica y en otras ciencias, “duras” o “blandas”. Confirmándose así la pertinencia del enfoque metodológico del materialismo dialéctico. Eso no obsta para que economistas, filósofos, biólogos, físicos, etc., se declaren contrarios al método materialista dialéctico, a veces guardando las formas académicas y otras con un estilo casi panfletario. En general sus escritos son la prueba de una lectura superficial, parcial y/o sesgada de los trabajos de Marx y presentan una versión caricatural de los mismos, lo que les permite “refutarlos” doctamente. Son personajes muy conocidos porque son regularmente citados en los medios especializados o de vulgarización. Queda por saber si su renombre se basa en la calidad de su producción intelectual o en la mediatización de que gozan.
Es así como funciona el principio de autoridad de los personajes más visibles y prestigiosos en cada dominio, como resultado del proceso de jerarquización que mencionamos antes, suscitando la adhesión a sus ideas de la mayoría de los demás actores en su mismo campo y, en la medida que son mediatizados, de la opinión pública en general. A veces se organizan en grupos académicos, en las universidades, en escuelas o tendencias, en grupos de “reflexión”, etc. Y suelen ser generosamente financiados por algunos Estados o por fundaciones.
Cuando la coyuntura económica de posguerra se tornó desfavorable y comenzaron a resquebrajarse los cimientos económicos del Estado de bienestar y a mostrar sus límites las teorías keynesianas, pasaron a la ofensiva los economistas ortodoxos que se estaban preparando para el contraataque desde tiempo atrás: en abril de 1947 se realizó en un hotel cerca de Montreux, Suiza, en el Mont-Pèlerin, una reunión promovida por Friedrich von Hayek donde se fundó la Sociedad del Mont-Pèlerin para promover y propagar las ideas neoliberales contra el keynesianismo y el intervencionismo estatal.
En una entrevista concedida al diario “El Mercurio”, de Chile, en abril de 1981 (en plena dictadura de Pinochet), Friedrich Hayek decía: ... “Una sociedad libre requiere ciertas morales que en última instancia se reducen a la mantención de vidas; no a la mantención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al “cálculo de vidas”: la propiedad y el contrato”. .. “Cuando un gobierno está en quiebra y no hay reglas conocidas, es necesario crear las reglas para decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en estas circunstancias es prácticamente inevitable que alguien tenga poderes absolutos. Poderes absolutos que debería usar, justamente, para evitar y limitar todo poder absoluto en el futuro”.
Ocho adherentes a la Sociedad del Mont-Pèlerin han recibido el Premio Nóbel de Economía (una manera, entre otras, de prestigiar al pensamiento pro-sistema):el mismo Hayek, Maurice Allais, Milton Friedman, George Stigler, James M. Buchanan, Gary Becker y Ronald Coase.
Muchos de ellos sostienen que todo lo relacionado con la vida humana y con las actividades humanas: el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la investigación científica, la creación artística, el derecho, las relaciones familiares, etc., está determinado por el cálculo económico costo-beneficio (cálculo de rentabilidad). Una figura eminente de la teoría del costo-beneficio aplicable a todas las actividades humanas (incluidos el matrimonio, la fertilidad, la educación y la formación) es Gary Becker, miembro de la Sociedad Mont- Pèlerin y premio Nóbel de economía en 1992.
El rasgo común de estos economistas “nobelizados” es que nunca aciertan en sus previsiones. Ni cuando pronostican el fin de las crisis (jamás aciertan a preverlas) ni cuando nos prometen “un mundo feliz” con el capitalismo mundializado.
En realidad el premio Nóbel de economía no es tal: es el fruto de un acuerdo entre la Fundación Nóbel y el Banco de Suecia por el cual este último (no la Academia de Suecia) confiere desde 1968 el premio casi invariablemente a economistas neoliberales y/o a quienes se han destacado en estudios que interesan al poder económico. Por ejemplo por qué la gente compra una cosa y no otra (la decisión en condiciones de incertidumbre o teoría de la elección). Es decir estudios utilizados en las operaciones de “marketing” para fomentar el consumismo.
Son una actualización de las orientaciones subjetivistas en economía (utilidad marginal) con un agregado “neurobiológico” (neuroeconomía y neuromarketing). Asi es como en 2002 se le otorgó el premio “Nóbel” de economía al psicólogo Daniel Kahneman por sus trabajos sobre la “teoría de las perspectivas”, base de la “finanza comportamental” y por sus trabajos sobre la “economía de la felicidad”.
La “teoría de la elección” la desnudó muy bien el poeta norteamericano Langston Hugues en uno de sus poemas (Anuncio del Waldorf-Astoria), en el que les dice a los hambrientos que duermen en la calle por qué no van a comer al Waldorf Astoria, donde pueden elegir entre variados y exquisitos menús y después quedarse a dormir en una de sus magníficas habitaciones.
Otro ejemplo de “grupo de reflexión” es la “Conferencia Bilderberg” que existe desde 1954. A sus reuniones anuales asisten lo más granado del pensamiento ultraliberal, funcionarios de la Unión Europea y otros funcionarios internacionales, líderes políticos, etc.
Pero ahí no se terminan los círculos de “pensadores” que son funcionales a la ideología de las clases dominantes, el que se completa con figuras mediáticas que critican los actuales efectos devastadores de la economía de mercado, o se declaran altermundialistas, o en lucha contra la pobreza, contra el “Imperio”, o proponen- bizarramente- cambiar el mundo sin tomar el poder.
Su papel consiste en neutralizar una auténtica toma de conciencia de la verdadera naturaleza del capitalismo por parte de quienes están sinceramente indignados, protestan, se organizan y luchan contra las profundas injusticias sociales existentes. Adquisición de conciencia que los lleve a comprender que para terminar con esas injusticias no hay otro camino que quitarle el poder a las elites dominantes y establecer un poder realmente democrático y popular que tenga por objetivo la abolición del capitalismo.
Las ideas que exponen los que desempeñan ese papel, citados y celebrados sin mayor discernimiento en las organizaciones y movimientos populares son, entre otras:
1) La lucha de clases ha sido remplazada por la lucha de “multitudes” cuyos integrantes, sin distinción de clases, entran dentro de la categoría de “rebeldes” (Toni Negri);
2) No interesa disputar el poder a las clases dominantes porque se puede cambiar el mundo “desde abajo”, sin tomar el poder (John Holloway);
3) El imperialismo no existe más. Ahora existe el “Imperio” que está al mismo tiempo en todas partes y en ninguna (Toni Negri);
4) La teoría del valor, tal como la formuló Marx, está perimida (Negri)
5) Son muchos los que afirman que el mercado “desregulado” es la causa de todos los males y nada dicen sobre la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, que es la base del sistema capitalista.
Se pueden agregar, entre los citados con más frecuencia por no pocos “altermundialistas”, los nombres de Joseph Stiglitz, neokeynesiano, ex economista jefe del Banco Mundial y Amartya Sen, “el portavoz más inspirado y convincente de los pobres del mundo entero”, según Koffi Annan. Ambos “premios Nóbel” de Economía.
El resultado es la falta de un análisis riguroso de las bases materiales y de las dinámicas y tendencias de los procesos político-sociales, incluida la relación de fuerzas de las clases en presencia.
Con tal bagaje ideológico a cuestas la gente se deja atrapar por el discurso (cierto o falaz) sobre los dictadores de algunos pequeños países y – previamente ablandada por la propaganda de los medios y de ciertas ONGs - casi siempre acepta sin chistar las agresiones imperialistas destinadas a “restablecer la democracia” y de paso quedarse con el petróleo y otros recursos naturales del país agredido (Libia es el caso más reciente y flagrante de olvido de que el enemigo principal de la humanidad es el capitalismo en su dimensión imperialista) ; llama revoluciones a revueltas populares más o menos inorgánicas que sólo producen –a veces- cambios formales (la “primavera” árabe) ; atribuye una importancia desproporcionada a las protestas de los “indignados” que no son algo más que fuegos de paja; juzga a los dirigentes políticos más por las palabras, los símbolos y los mitos que por los hechos, etc. Por ejemplo la “Obamanía” que generó la elección de Obama y el hecho de no saber reconocer los estrechos límites del progresismo de algunos gobiernos latinoamericanos, cuando no se trata solamente de un progresismo de fachada.
La confusión ideológica lleva a muchos “progresistas” y autoproclamados “anticapitalistas” a ser funcionales a la estrategia mundial de las potencias imperialistas portaestandartes de los “derechos del hombre” y de la “democracia”. Dos ejemplos actuales son su apoyo a la “revolución” en Siria (propulsada por el eje potencias occidentales- Israel - monarquías petroleras del Golfo y en la que los fundamentalistas religiosos más virulentos desempeñan un papel principal) y su silencio frente a la preparación de la opinión pública para que acepte la agresión contra Irán.
Todo ello también contribuye a que casi no exista una respuesta argumentada y coherente al discurso neocolonialista, racista y xenófobo que pretende “explicar” los graves problemas socioeconómicos (desocupación, etc.) y a que dicho discurso encuentre una considerable audiencia en las clases populares y lo adopte cada vez más la derecha tradicional, como se puede verificar en los resultados electorales de varios países europeos. Aunque las mayorías electorales finalmente opten entre la sartén y el fuego (la derecha tradicional o la socialdemocracia).
La sociedad humana actualmente está organizada de manera irracional como mercado capitalista (resultado de la propiedad privada de los medios de producción) donde se producen y se venden mercancías con el objetivo primero del beneficio capitalista y accesoriamente para satisfacer las necesidades de las personas (que las satisfacen cuando tienen poder de compra suficiente) cuando no ocurre que las necesidades se inventan para vender más (a quienes pueden comprar, así sea endeudándose) en función del objetivo principal: la ganancia capitalista.
Para superar los estragos del capitalismo hace falta una organización racional de la sociedad consistente en suprimir la propiedad privada de los medios de producción y, en consecuencia, el beneficio capitalista y establecer la propiedad social de los medios de producción a fin de que sirvan para crear una riqueza social (bienes de uso -no mercancías- en sentido amplio: los destinados al consumidor final para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y los destinados a crear y perfeccionar nuevos instrumentos y medios de producción).
Todo ello ordenado, no por el mercado que es inherente al capitalismo, sino según una planificación social y democrática de la producción y de la distribución. Sin capitalismo no hay necesidad de trabajo excedente para el beneficio capitalista y por lo tanto todo lo que se ha ganado y se gana en productividad en definitiva se gana en riqueza social y en tiempo libre, social e individual, para la plena realización del ser humano. Eso es lo que quiere significar Marx cuando escribe en los “Grundrisse” que, dadas esas condiciones, desaparece el valor como cantidad de trabajo para dejar lugar al valor como cantidad de tiempo libre, que pasa a ser la verdadera fuente de la riqueza social. Tiempo libre para instruirse, desarrollar nuevos centros de interés, informarse, inventar, crear… Esto significa cambiar radicalmente la esencia del trabajo humano tal como existe en el sistema capitalista, en el que el trabajador está al comienzo del ciclo productivo alienado como productor y al final del mismo alienado como consumidor.
Esto no es atribuirle a la historia de la humanidad un ineluctable determinismo (el determinismo histórico de que hablan los críticos del marxismo) . Simplemente el capitalismo ha llegado a un grado de desarrollo y a un cúmulo de contradicciones tal que se ha convertido de hecho en la antesala del socialismo, como forma de resolución de esas contradicciones en una etapa humanamente superior. Por cierto que la transición del capitalismo al socialismo no es una ley física, como la gravitación universal. Las clases dominantes han erigido en defensa de sus privilegios toda una serie de murallas: ideológicas, culturales, políticas, económicas, sociales y represivas. No puede haber transición al socialismo si los pueblos no derriban esas murallas con todos los recursos a su alcance, incluso, si es necesario, con el grado de violencia que requiera el nivel y el tipo de resistencia que opongan las clases dominantes.
Porque hay circunstancias en que, como dice el respetable (pero nunca respetado) Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ser humano puede verse … “compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La alternativa es entonces la abolición del capitalismo para establecer un sistema socialista. Pero como la experiencia de la declinación y finalmente el fracaso de las experiencias en la Unión Soviética y en otros países lo han demostrado, no puede haber verdadero socialismo sin una auténtica democracia participativa.
Democracia participativa significa un modelo político hasta ahora inédito en el mundo que consiste en la participación activa y con conocimiento de causa de los individuos y de las colectividades en la adopción de decisiones en todos los niveles y en todas las etapas, desde la determinación de los objetivos y los medios para alcanzarlos hasta la puesta en práctica de las decisiones y la evaluación de los resultados. Lo que requiere que la población esté completa y permanentemente informada del estado general del país y de su administración y de las situaciones particulares y exige además la existencia de una absoluta libertad de expresión y de pluralidad de medios para manifestarla.
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