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La revuelta campesina en India (I)

Lunes 29 de noviembre de 2021 por CEPRID

Tricontinental

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Nota del CEPRID: Los agricultores indios han conseguido un triunfo notable al hacer que el gobierno derogue las leyes sobre mercados agrícolas que habían sido aprobadas hace un año. En marzo de este año ya lo abordamos aquí en un artículo de uno de nuestros integrantes y conocedor de la India y en él se decía que se estaban estableciendo las bases para borrar las sub-identidades religiosas y de casta en un movimiento que cada vez hablaba más de “trabajadores del campo” y menos de otras cosas. La lucha de los agricultores ha acabado con la división étnico-denominacional de los trabajadores agrícolas, que fue un fuerte instrumento de movilización ideológica del Hindutva, un movimiento cuasifascista en términos políticus y religiosos. Ha catalizado un amplio frente de solidaridad también en las otras capas de las clases bajas y ha abierto, incluso en Estados relativamente menos afectados por las medidas legislativas en disputa, la perspectiva de que la lucha pueda tener éxito y que, por lo tanto, el ejecutivo, ya en dificultades por la pandemia y las repercusiones relacionadas con la derrota occidental en Afganistán, pueda seguir siendo golpeado políticamente en estados del norte de la India que hasta ahora controlaba y que han sido el motor de una lucha que ha durado, exactamente, un año.

Son retratos de campesinos, no de “matones, parásitos, terroristas y secesionistas”, como lxs pintan los medios de comunicación dominantes, no es una multitud sin rostro. Son retratos de seres humanos con nombres, luchas y aspiraciones, una forma de vida. Son retratos de una clase. Son retratos de una protesta histórica.

Las fotografías de este dossier fueron tomadas por Vikas Thakur, del Departamento de Arte del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Vikas, que vive en Delhi, visitó semanalmente dos lugares clave de la protesta en las fronteras con Singhu y Tikri durante diciembre de 2020 y enero de 2021. Con una cámara básica de teléfono Xiaomi Note 6 en la mano, documentó la revuelta de los agricultores. “Al principio, sólo quería hacer fotos para archivarlas”, dice Vikas. Las imágenes crudas resultantes son retratos de campesinxs -principalmente procedentes de Haryana y Punjab- en su ira y su alegría, desafiando el frío invierno en sus tractores, leyendo poesía en sus carros y celebrando festivales religiosos. Son retratos de campesinxs, de una clase y de seres humanos en una revuelta histórica.

India está azotada por la segunda ola de la pandemia de COVID-19. En mayo, el número de casos diarios confirmados superaba los 400.000, mientras el sistema de salud se convulsionaba, las camas de los hospitales se llenaban y los cilindros de oxígeno se vaciaban. El aumento en la tasa de muertes ha creado colas en los crematorios. Aunque la atención se centra en Delhi y otros centros urbanos, las muertes silenciosas se extienden por la zona rural de India del norte. La gente muere de “fiebre” y falta de aire, los términos utilizados desde el sentido común para describir los síntomas de COVID-19. Como a muchas personas no les hicieron pruebas de la enfermedad, sus muertes no son parte de las cifras oficiales.

En septiembre de 2020 el gobierno de India, dirigido por el primer ministro Narendra Modi y su partido de extrema derecha Bharatiya Janata Party (BJP), aprobaron tres leyes que impactan directamente a la agricultura. No se consultó previamente a las organizaciones campesinas ni se permitió el debate en el parlamento. El campesinado percibió inmediatamente que estas tres leyes los iban a convertir en semisiervos de las grandes empresas en India. Comenzaron una ola de protestas que continúa meses después, a pesar de la pandemia.

Lxs campesinxs y trabajadorxs agrícolas marcharon hacia Delhi por primera vez en noviembre de 2020. No se les permitió entrar, así que establecieron campamentos de protesta en las autopistas nacionales alrededor de la ciudad. Las movilizaciones masivas comenzaron en Punjab, pero pronto se difundieron a Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan y Madhya Pradesh. En pocas semanas la ola de protestas se esparció a toda la India, desde Maharashtra en el oeste hasta Bihar en el este y también hacia el sur. El Día de la República, el 26 de enero de 2021, las y los campesinos y trabajadores agrícolas irrumpieron en Nueva Delhi, la capital del país, dejando en claro que el día de celebración de la Constitución de India de 1950 era también su día.

Los medios de comunicación controlados por grandes empresas vilipendiaron a lxs campesinxs, atacando su integridad, llamándolos matones, parásitos, terroristas y secesionistas que buscaban obstruir el desarrollo de India. Lxs campesinxs no se inmutaron, sabían que representaban a toda su clase, para la que esta batalla es existencial: aceptar los términos de la nueva política del gobierno es matar y destruir sus medios de subsistencia y matar su forma de vida. Sabían que las tres leyes agrícolas darían aún más control sobre la agricultura india a los grandes capitalistas, como las familias Ambani y Adani. Una serie de organizaciones campesinas, desde el All-India Kisan Sabha (AIKS) al Bharatiya Kisan Union, buscaron a las y los campesinos y trabajadorxs agrícolas en todo el país para constituir una coalición nacional que defendiera al campesinado y exigiera la retirada de las tres leyes.

Las protestas no han cesado, aunque lxs campesinxs son cautos debido a la pandemia. Están decididos a mantenerse firmes, ya que el gobierno del BJP se ha negado a dar marcha atrás. Sea cual fuere el resultado, la agricultura india está al borde del abismo y el gobierno de Modi está empeñado en empujarla hacia el precipicio. El campesinado indio continúa luchando por su supervivencia en una crisis agraria crónica, impulsada por tres décadas de reformas neoliberales. Las tres nuevas leyes de Modi van a diezmar los remanentes de la vida agraria del campesinado y entregarán el sector a la producción controlada por corporaciones y a la cadena global de suministros.

¿Qué es la crisis agraria? Es una afección crónica cuyos síntomas actuales son variados: las fluctuaciones de la agricultura, incluidas las malas cosechas, que se traducen en ingresos bajos o negativos, endeudamiento, subempleo, desposesión y suicidio. Este dossier rastrea las causas de esta crisis, que no son difíciles de discernir, pero que se remontan a los días de la dominación colonial británica y a los fracasos del nuevo Estado indio tras la independencia en 1947. El progreso de la agricultura india anda al ritmo de una tortuga gigante, que se mueve lentamente y mantiene su curso obstinadamente. Parece que poco ha cambiado en los últimos 75 años e incluso cuando surgen nuevos factores, los antiguos persisten. Para entender por qué la tortuga ahora se detiene al borde del precipicio, necesitamos desandar su camino.

El pasado

Cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales tomó control de la India por primera vez en 1757, comenzó a desmontar las antiguas relaciones económicas y a reorganizarlas para que se adapten mejor a la extracción de tributos. Se trató de forma diferente a distintas partes de India, pero la estructura principal de saqueo siguió siendo la misma. La tierra se convirtió en propiedad vendible que podía ser enajenada al campesinado, y llegaron nuevos intermediarios (como los zamindars) para cobrar rentas exorbitantes a lxs campesinxs. En 1770, los británicos se mantuvieron al margen mientras Bengala, la primera parte de la India que quedó bajo el dominio de la Compañía, experimentaba una hambruna que mató a un tercio de la población. Aunque la sociedad aldeana no era un paraíso antes de la llegada de la Compañía, durante el gobierno de esta y de la Corona (después de 1858), se convirtió en un verdadero infierno para el campesinado.

La economista Utsa Patnaik calculó que la Compañía y la Corona Británica extrajeron 45 billones de dólares (en términos actuales) entre 1765 y 1938, menos de dos siglos completos de dominio colonial. En otras palabras, el saqueo equivale a dos décadas del PIB actual de India, que es de 2,5 billones de dólares.

La consecuencia de una sangría de recursos tan grave fue que, incluso en los años de buenas cosechas, lxs campesinxs apenas tenían comida suficiente para sobrevivir. En los años malos, como cuando la estación del monzón fallaba, apenas conseguían reunir dinero suficiente para pagar sus impuestos, antes de caer en la inanición total durante meses. No podían ahorrar dinero o alimentos en los años buenos porque los impuestos impedían cualquier ahorro, lo que los dejaba en situación de gran vulnerabilidad. Cuando llegaba la sequía o las malas cosechas, como inevitablemente sucedía, lxs campesinxs no tenían ninguna protección contra la atrocidad de la hambruna.

Entre 1850 y 1899, lxs campesinxs indixs sufrieron 24 hambrunas, una cada dos años. Estas hambrunas mataron a millones de personas; durante la hambruna de 1876-79, 10,3 millones de personas murieron; durante la de 1896-1902, murieron 19 millones de personas. William Digby, un periodista que reportó sobre la hambruna de 1876 en Madrás, escribió en 1901 que cuando “el historiador considere el papel desempeñado por el Imperio Británico en el siglo XIX dentro de 50 años, la muerte innecesaria de millones de indixs será su principal y más notorio monumento”.

El recuerdo de estas hambrunas —especialmente la de Bengala en 1943— aseguró que el nuevo Estado indio suprimiera los impuestos al campesinado, lo que eliminó su caída en la hambruna y le permitió utilizar sus ingresos para invertir en sus tierras y mejorar la producción de alimentos. Durante las sequías, el gobierno se aseguró de que el campesinado recibiera alimentos. No se eliminó el hambre, pero sí las hambrunas.

Sin embargo, el Estado indio, controlado por la gran burguesía y los terratenientes, preservó las jerarquías económicas agrarias que le habían legado los británicos. A diferencia de la URSS y de la República Popular China, la India independiente no rompió con las jerarquías socioeconómicas de los pueblos. Presionado por la izquierda, que era fuerte en ciertas regiones del país, el gobierno indio implementó reformas agrarias a medias. La redistribución de la tierra fue mísera y no se implementaron los modestos límites a los latifundios debido al control que tenían los terratenientes sobre el sistema político en sus regiones. La legislación sobre la tenencia de la tierra tuvo cierto impacto en algunos estados, donde lxs campesinxs obtuvieron títulos de propiedad de las tierras que cultivaban. No obstante, la concentración de la tierra siguió siendo elevada y continuó la explotación neofeudal del campesinado y de lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra, sobre todo de las castas oprimidas.

En lugar de modernizar el sector agrícola, la clase dirigente condujo una industrialización dirigida por el sector público, que incluía la construcción de enormes represas y proyectos de riego. Para el final de la década de 1950, la industrialización de India chocó con el muro de la agricultura no reformada. El creciente sector industrial necesitaba materias primas agrícolas y la expansión de la fuerza de trabajo industrial había aumentado la demanda de alimentos. En consecuencia, la escasez de alimentos se había vuelto frecuente, lo que causó que subiera el precio de los granos alimentarios. Esta presión inflacionaria frenó la industrialización. Las reservas de divisas de India estaban casi agotadas, lo que limitaba la capacidad del gobierno para importar granos.

Para 1965, Estados Unidos se había convertido en el principal exportador de granos alimentarios a la India, pues el gobierno indio le había solicitado en 1956 proporcionar granos en virtud de la Ley 480. Bajo este esquema, India importaba granos alimenticios, sobre todo trigo, y pagaba a Estados Unidos en moneda india, lo que evitaba que India se hundiera aún más en la crisis de divisas. EE. UU. utilizó el esquema de la Ley 480 para presionar al gobierno indio para que modificara sus políticas, especialmente su política exterior no alineada. Un diplomático estadounidense dijo que los granos enviados a la India eran de baja calidad, para alimentar aves de corral, no para consumo humano.

Debido a las guerras de India con China (1962) y Pakistán (1965), las reservas de divisas se desplomaron. Una sequía en 1965 redujo la producción de alimentos en un 20% en el año agrícola 1965-66. Los políticos y diplomáticos indios abogaron por más envíos de granos desde Washington, pero Estados Unidos envió menos de lo requerido para crear presión para cambiar dos políticas: en primer lugar, desmantelar el modelo económico de sustitución de importaciones y abrir el país a la inversión y comercio extranjeros; en segundo lugar, debilitar sus lazos con la URSS y cesar las críticas a EE. UU. por la guerra de Vietnam. Cuando la primera ministra Indira Gandhi fue a Washington en 1966 a reunirse con el presidente Lyndon Johnson, aceptó las condiciones de Estados Unidos y del Banco Mundial para eliminar las restricciones a las importaciones, conceder licencias a una serie de industrias, permitir las inversiones estadounidenses en la producción de fertilizantes y devaluar la rupia india en 57%. Como resultado, la inflación se disparó y la economía entró en una crisis aún más profunda. El gobierno indio creía que Estados Unidos enviaría granos y que el Banco Mundial aceptaría un paquete de préstamos, pero ninguno de los dos cumplió su parte del trato. Esto fue una humillación para el gobierno indio, un reconocimiento de que seguía dependiendo del sistema imperialista.

Durante esta crisis, los círculos de la élite se dieron cuenta de que, para un país tan grande como la India, alimentar a su población con alimentos importados no era una opción. Aquello no sería solamente una invitación a la intervención imperialista en la soberanía india, sino que permitir que la seguridad alimentaria de millones de indixs siguiera dependiendo de los caprichos del suministro y los precios de mercados internacionales sería una receta para una grave crisis interna. Esta constatación obligó al gobierno indio a buscar opciones internas para alcanzar la seguridad alimentaria y salir de la crisis.

Dos caminos para salir de la crisis

El gobierno de la India tenía dos caminos para salir de la crisis:

1. Redistribución de la tierra. El gobierno de India podría haber implementado reformas agrarias a través de una redistribución de la tierra, lo que habría significado entregar tierras a familias rurales que no la tenían. La concentración de la tierra se había convertido en un obstáculo para aumentar la productividad agrícola. Las relaciones neofeudales significaban que los terratenientes podían extraer elevadas rentas de sus arrendatarios, así como robarles mano de obra gratuita para su uso personal. Los terratenientes utilizaban sus ingresos de las rentas de la tierra alquilada para dar préstamos en lugar de invertir en la tierra o en tecnología. Los arrendatarios no usaban sus propios ingresos para mejorar la tierra, además, de cualquier forma, los altos alquileres se comían la mayor parte de sus ingresos excedentes. La falta de inversión en la agricultura impidió que se alcanzaran altas tasas de crecimiento. La redistribución de la tierra, junto con la inversión pública en infraestructura agrícola, podría haber aumentado tanto la equidad socioeconómica como el crecimiento económico. Al crecimiento le habría seguido un aumento de la productividad y del consumo de lxs campesinxs, lo que podría haber estimulado la industrialización rural.

2. La Revolución Verde. A comienzos de la década de 1960, el agrónomo Norman Borlaug desarrolló variedades enanas de un trigo de alto rendimiento, que requería fertilizantes químicos y riego a escala industrial. Esta nueva tecnología agrícola de variedades de alto rendimiento era mucho más productiva comparada con las tecnologías autóctonas existentes. Así, la “Revolución Verde” fue una opción cómoda para la clase dominante india, que consideraba que iba a aumentar la productividad agrícola sin necesidad de reforma agraria. De hecho, las reformas agrarias y la tecnología de la Revolución Verde no debían haberse considerado como mutuamente excluyentes. La combinación de ambas, usadas con criterio, podría haber creado altas tasas de crecimiento agrícola que beneficiaran al campesinado. Sin embargo, el Estado indio eligió evitar la reforma de las relaciones agrarias y se centró en la Revolución Verde.

En 1961, el 12% de los hogares rurales poseía más del 60% de las tierras de cultivo en las aldeas del país. Ya que el objetivo del gobierno era aumentar la producción agrícola para promover la autosuficiencia de granos alimenticios en aras de la industrialización, tenía sentido implementar la tecnología de la Revolución Verde para beneficiar a los grandes agricultores capitalistas. Mejorar las condiciones de vida de las masas rurales y alcanzar equidad socioeconómica no eran las preocupaciones primordiales. Se suponía que los beneficios llegarían al resto de hogares rurales a medida que aumentara la productividad y crecieran los ingresos de los agricultores ricos.

Para ayudar a los agricultores, el Estado mejoró las instituciones de agronomía. Estableció el Sistema Nacional de Investigación Agrícola, con el Consejo Indio de Investigación Agrícola (establecido en 1929) en su cúspide, junto con una amplia red de instituciones de investigación especializadas, universidades agrícolas, centros de extensión y estaciones de investigación de campo. Estas instituciones proporcionaron apoyo técnico para el uso de las tecnologías de la Revolución Verde. Las variedades de alto rendimiento requerían una gran cantidad de agua y la aplicación de agroquímicos. Debido a esto, dicha tecnología solo pudo implementarse en regiones con sistemas de riego por canales, como Punjab, Haryana, el oeste de Uttar Pradesh y las planicies costeras del sur. La tecnología de la Revolución Verde no se utilizó en el 70% de las tierras de cultivo de India, donde las aldeas continuaron practicando una agricultura de subsistencia.

El gobierno realizó inversiones sustanciales en riego de superficie para expandir la tecnología de la Revolución Verde al resto del país. Entre 1951 y 1991, el área irrigada por canales se duplicó con creces, pasando de 8,3 millones a 17,5 millones de hectáreas. Los créditos bancarios a los agricultores ayudaron a aumentar el riego mediante la perforación de pozos tubulares y de pozos de sondeo. Entre 1961 y 1991, la superficie regada con pozos tubulares se expandió de casi cero a 14 millones de hectáreas. Con la expansión del riego por canales, incluso los agricultores pequeños y marginales comenzaron a utilizar la combinación de semillas de alto rendimiento y fertilizantes químicos de la tecnología de la Revolución Verde.

Quedaba claro para las instituciones estatales a cargo del desarrollo agrícola que no se podía esperar que lxs agricultorxs por sí mismos invirtieran para incrementar la productividad. Las inversiones necesarias en áreas clave —como riego, control de inundaciones, desarrollo de tierras y creación de infraestructura de mercado— eran considerables, estaban fuera del alcance de agricultores individuales y solo podían ser llevadas a cabo por el Estado. Además, la agricultura está sometida a los caprichos de la naturaleza —inundaciones, sequías, granizadas, plagas—, agravados por las incertidumbres impuestas por el sistema capitalista. Los precios varían y lxs campesinxs, en particular, no pueden negociar para bajar los precios de los insumos ni controlar los precios de mercado de sus productos. Se necesita apoyo del Estado para acceder a créditos, subsidiar insumos, crear una infraestructura de mercado y mantener una estructura de precios remunerativos para la producción final. Al asumir parte del riesgo a través de sus mecanismos institucionales, el Estado tenía la capacidad de hacer viable la agricultura. A medida que estas instituciones se desarrollaron en los años 60, se volvieron parte de los procesos agrícolas y la vida rural.

Aunque estos instrumentos institucionales favorecieron a los grandes agricultores, consiguieron anclar el conjunto de la economía rural y proporcionaron algún alivio incluso a lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra. Es un testimonio de la resistencia de estas instituciones el hecho de que ningún gobierno haya sido capaz de deshacerlas por completo desde que la economía india comenzó a liberalizarse después de 1991. Las tres leyes agrícolas de Modi son una tentativa directa de retirar estos arreglos institucionales. La lucha de lxs campesinxs, entonces, es una lucha política no solo para proteger estos instrumentos institucionales, sino también para preservar su modo de vida.

Crédito y precios

La decisión de política económica más importante en la India independiente fue la nacionalización de los bancos en 1969. La necesidad de proporcionar apoyo crediticio a la expansión agrícola desempeñó un papel importante en esta decisión. Hasta la nacionalización, el sistema bancario en el país estaba dominado por los bancos privados y el Banco Estatal de India (SBI por su sigla en inglés), de control público. Los bancos privados tenían sus oficinas en los centros metropolitanos, sin presencia real en la India rural. Sus consejos de administración estaban llenos de industriales, con el instinto de prestar dinero al sector industrial y no al sector agrícola. En 1961, la agricultura, que empleaba al 70% de la fuerza de trabajo y constituía el 40% del PIB, recibía el 2% de los préstamos concedidos por bancos comerciales. Estos se negaban a seguir los llamados del gobierno para que prestaran a lxs agricultores. Para los bancos comerciales, gastar dinero para expandirse en el campo nunca les iba a dar la misma tasa de rendimiento que los préstamos a la industria y al comercio. Como consecuencia de que los bancos no invirtieran en el sector agrícola, el Estado asumió 14 bancos privados nacionalizándolos en 1969 y puso 80% del negocio bancario bajo control público.

El gobierno ordenó a los nuevos bancos públicos que otorgaran al menos el 18% de sus créditos a la agricultura. Como resultado, estos bancos públicos comenzaron a abrir sucursales en las zonas rurales, sobre todo en áreas donde se había implementado la tecnología de la Revolución Verde.

Por primera vez, millones de campesinxs tenían una alternativa al prestamista del pueblo. Esto impulsó la inversión agrícola. Los bancos subvencionaron los préstamos a bajo interés para la agricultura con los beneficios del crédito a la industria y el comercio. Lxs campesinxs recibían préstamos para cultivos estacionales, así como préstamos a largo plazo para comprar maquinaria, como tractores y pulverizadores. Los préstamos se otorgaban en función del tamaño de la propiedad, favoreciendo a los agricultores más grandes, aunque los que tenían pequeñas propiedades también los recibieron. Este crédito vino acompañado de la venta por parte del gobierno de insumos subvencionados, como semillas y fertilizantes, y el gobierno subvencionó a los fabricantes privados de fertilizantes para compensarles por la bajada de precios. La nacionalización de la banca aceleró el desarrollo agrícola.

En 1960, el gobierno estableció el programa de Precios Mínimos de Apoyo. Cinco años después, creó la Corporación de Alimentos de India (FCI por su sigla en inglés). Estos dos elementos fueron pensados para gestionar un dilema elemental en la agricultura: si el precio de los alimentos es muy bajo, lxs agricultorxs sufren, pero si el precio de los alimentos es muy alto, lxs trabajadorxs sufren. El precio mínimo de apoyo de un cultivo dado se fija de modo que lxs agricultorxs reciban un precio que cubra sus costos de producción y les proporcione un ingreso razonable. A su vez, la FCI adquiere los granos alimenticios de lxs agricultorxs al precio mínimo y los pone a disposición de lxs trabajadorxs a un precio razonable. Todo este mecanismo está subsidiado por el gobierno, que balancea estas reivindicaciones en competencia. El gobierno vende los granos adquiridos a través de un Sistema Público de Distribución (PDS por su sigla en inglés) a la clase trabajadora y al campesinado. El exceso de granos se guarda en los almacenes de la FCI como reserva para los años de malas cosechas y para utilizarlo en el mercado como medida contracíclica, para proteger a la clase trabajadora de una elevada inflación de los alimentos.

Pero la FCI no compra todo lo que cultivan lxs agricultorxs. Lo que resta se vende a intermediarios, que tienen ventaja frente a lxs agricultorxs individuales ya que pueden pagarles precios menores, demorar los pagos y engañarlos usando balanzas fraudulentas. En las décadas de 1960 y 70, los estados de India establecieron Comités de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC por su sigla en inglés) para regular las plazas de mercado, crear infraestructura de almacenamiento en ellos y garantizar la regulación del comportamiento de los intermediarios. La FCI compraba sus existencias de granos en estos mercados de los APMC.

El éxito de la Revolución Verde y las políticas de crédito rural del gobierno se vio limitado por sus estrechos objetivos. Estas nuevas tecnologías favorecieron a estados con irrigación asegurada, lo que significó que recibieron una mayor parte del crédito agrícola. La mayoría de la adquisición de granos a precios mínimos de apoyo se limitó a esas regiones, como Punjab, Haryana y el oeste de Uttar Pradesh. Aunque solo 23 productos agrícolas tenían precios fijados, como cereales y legumbres, lo que comúnmente más se compraba era arroz y trigo. Lo caprichoso de esta decisión hace que quienes cultivan en las regiones semiáridas donde se producen otros cultivos no tengan acceso a la totalidad de las ayudas del gobierno. La creación de APMC mantuvo este sesgo, de modo que las tres regiones mencionadas cuentan con mejor infraestructura de mercados. En Punjab hay un mercado regulado cada 116 km2. La proximidad de plazas de mercado marca una diferencia significativa para lxs agricultorxs pequeños y marginales, porque plazas más cercanas significan menores costos de transporte.

Las rigideces de clase

Poco después de que comenzara la Revolución Verde, el Ministerio del Interior de India acertadamente se preocupó por las consecuencias sociales y políticas de la profundización de la inequidad rural. Les preocupaba, como dijo el ministro Y.B. Chavan, que la Revolución Verde pudiera convertirse en una revolución roja. El informe The Causes and Nature of Current Agrarian Tension [‘Las causas y la naturaleza de las tensiones agrarias actuales’] (1969) que produjo su ministerio tenía una lúcida evaluación del problema desde el punto de vista burgués: En primer lugar, [las nuevas estrategias de la Revolución Verde] se han apoyado en gran medida en la estructura social agraria atrasada. Los intereses de lo que podríamos llamar las clases agrícolas no han convergido en un conjunto de objetivos sociales y económicos comúnmente aceptados. En segundo lugar, la nueva tecnología y estrategia, orientadas a metas de producción con una consideración secundaria de los imperativos sociales, han provocado una situación en la que los elementos de disparidad, inestabilidad y malestar se están volviendo patentes con posibilidad de aumento de las tensiones.

Es precisamente este tipo de política la que intensificó las divisiones de clase rurales y creó el tipo de trabajo que el ministro del Interior prefería evitar, es decir, enfrentar insurgencias rurales. La “compleja molécula” de la aldea india —escribieron los líricos autores del informe del Ministerio del Interior de 1969— puede encontrarse con el campesinado organizado y eso “podría terminar en una explosión”. Esto se debía prevenir desmoralizando al campesinado mediante el endeudamiento y fortaleciendo el poder de los agricultores más ricos en el campo.

Los agricultores más ricos estaban en una mejor posición para acceder a los mecanismos institucionales establecidos por el Estado. El sistema fue creado para proporcionar más crédito bancario y más ventajas de precios mínimos de apoyo y fertilizantes subvencionados a quienes tenían mayores extensiones de tierra. Como el gobierno estaba más interesado en aumentar la productividad agrícola que en mejorar las desigualdades de la India rural, las políticas terminaron beneficiando a los agricultores más ricos.

Ya que los agricultores ricos acapararon el crédito bancario del gobierno, los agricultores pequeños y marginales tuvieron que seguir obteniendo créditos de prestamistas. De acuerdo con la última Encuesta de Evaluación de la Situación de los Hogares Agrícolas, los agricultores ricos accedieron al 80% de sus préstamos de fuentes institucionales, mientras que los marginales consiguieron solo 50% de sus préstamos de esas fuentes. Para la mitad de sus créditos, los agricultores marginales acudieron a fuentes no institucionales, como prestamistas que cobran tasas de interés excesivamente altas, lo que los coloca en una trampa de endeudamiento. La situación sigue siendo muy sombría para lxs trabajadorxs agrícolas, que reciben el 88% de sus créditos de prestamistas.

Muchos agricultores marginales y sin tierra acceden a la tierra arrendando la de otros hogares, a menudo de terratenientes ausentes. Los datos oficiales subestiman la magnitud de la agricultura de arrendatarios en India. Las encuestas muestran que los agricultores que arriendan constituyen una proporción significativa de los hogares que cultivan. En algunas regiones en la costa del estado de Andhra Pradesh, por ejemplo, tanto como el 70-80% de quienes cultivan son arrendatarios. Los agricultores marginales a menudo aumentan sus tierras mediante contratos de arrendamiento en los cuales explotan la fuerza de trabajo de su familia.

Los contratos de arrendamiento son, en su mayoría, acuerdos verbales informales, ya que los propietarios, que son terratenientes ausentes, quieren eludir las leyes que dan derechos significativos a agricultores arrendatarios respecto a la tierra que cultivan. Como no tienen título de propiedad, los agricultores sin tierra, al igual que lxs campesinxs marginales, no tienen acceso a apoyo institucional, incluyendo préstamos para cultivar o créditos de largo plazo. Para acceder al crédito estos inquilinos solicitan préstamos a los terratenientes, agricultores ricos, prestamistas e intermediarios. Las tasas de interés son altas, los arrendatarios a menudo se ven obligados a proporcionar rendimientos no financieros, como mano de obra gratuita. Cuando las cosechas fallan, los agricultores se hunden más en la trampa de la deuda. Después de pagar el alquiler, los ingresos de los arrendatarios pequeños y marginales son tan bajos que cualquier imprevisto, incluidos gastos en salud o una cosecha fallida, los obliga a pedir créditos informales, lo que profundiza aún más el control del acreedor local sobre sus tierras y su trabajo. A falta de contratos de arriendo, los agricultores arrendatarios no pueden vender bajo el sistema de precios mínimos de apoyo, y en cambio, a menudo se ven obligados a vender sus cultivos en los campos a los intermediarios a precios muy por debajo de los que recibirían en plazas de mercado reguladas.

Estos problemas ya existían antes de que todo el sistema de créditos y precios comenzara a ser socavado durante el período de liberalización que comenzó en 1991.


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