CEPRID

Pakistán entre las tormentas

Sábado 20 de septiembre de 2008 por CEPRID

Graham Usher

Merip/CEPRID

Traducido por Manuel Gancedo Florín

Menos de tres meses después de haber sido constituida, la coalición del gobierno de Pakistán tiene problemas. El líder de uno de sus partidos, Nawaz Sharif, de la Liga Musulmana Paquistaní (PML-N)), espera una decisión del Tribunal Supremo del país acerca de si puede participar en las elecciones parlamentarias que empezaron el 26 de julio. El jurado está formado por jueces apoyados por el presidente Pervez Musharraf, el ex-general que sucedió a Sharif, dos veces primer ministro, tras un golpe de estado en 1999.

Pero este es sólo uno de los escollos para el gobierno. Hay otros. Uno proviene del poderoso movimiento de abogados del país, cuya autotitulada “Larga Marcha” concluyó el 13 de junio en una cacofonía de rabia cuando miles de paquistaníes se concentraron a las puertas del Parlamento en Islamabad. Además está el creciente descontento con las acciones militares de EE.UU, no sólo en Afganistán sino, cada vez más, dentro de Paquistán. El 11 de junio, las Fuerzas Especiales estadounidenses mataron a 11 soldados paquistaníes en su base de la frontera con Afganistán, el suceso más grave por “fuego amigo” desde que el ejército paquistaní se convirtiera en un converso mal dispuesto a la guerra de EE.UU. contra el islam radical en octubre de 2001.

Las reivindicaciones de los abogados han sido constantes desde las elecciones parlamentarias del 18 de febrero: rehabilitación de los 63 jueces que Musharraf expulsó en 2007 durante un decreto de estado de excepción y procesar al presidente que la mayoría de paquistaníes consideran que perdió su mandato tras el varapalo que “su” partido sufrió en las elecciones. Aunque los participantes en la Larga Marcha mostraban su enfado contra Musharraf, su verdadero objetivo –simbolizado por el destino del parlamento– era el gobierno, en particular su principal componente, el Pakistan People’s Party (PPP) de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto y su viudo y heredero político Asif Ali Zardari.

Durante once semanas el PPP ha estado nervioso por el destino de Musharraf y los jueces, dando la impresión de ser un gobierno a la deriva y en crisis. Como un signo de los tiempos, el PML-N era el integrante más numeroso de la marcha, protestando contra su propio compañero de coalición. Los abogados del PPP se escabulleron de la capital.

Esta contradicción es también la fuente del embrollo EE.UU-Paquistán. Engatusado y alquilado por Washington, el ejército paquistaní desde 2003 se ha visto implicado en una guerra de baja intensidad contra su propio pueblo en un intento inútil de desalojar a los combatientes talibanes y los fugitivos de al-Qaeda cómodamente instalados en la frontera paquistaní-afgana. Estas operaciones militares han henchido las filas de los talibán, transformándoles de una insurrección en Afganistán en un movimiento interno paquistaní que ahora impera no solo en las fronteras entre tribus, sino también en gran parte de la “asentada” Provincia Fronteriza Noroeste (NWFP). Desde las elecciones, el gobierno –dirigido por el ejército– ha tratado de recuperar parte de este territorio perdido, más por la vía de la pacificación y de la negociación que por la de la guerra y las incursiones. Alarmadas por el impacto que estas políticas pudieran tener en la contrainsurgencia de la OTAN en Afganistán, las fuerzas de los EE.UU. han respondido aumentando el número de ataques fronterizos dentro de Paquistán. Para muchos paquistaníes la matanza de soldados era una muerte “accidental” previsible. Y la advertencia del presidente afgano Hamid Karzai el 15 de junio de que sus tropas podrían verse también forzadas a invadir Paquistan en “defensa propia” – Un timbre de alarma que pocos en Paquistán creen que se haya podido hacer sonar sin algún empujoncito estadounidense – es un anuncio de las batallas por venir.

Interminable crisis judicial

La Larga Marcha, ciertamente un duro camino, tardó seis días en llegar a Islamabad desde las principales ciudades de las cuatro provincias de Paquistán. La caravana era una buena metáfora del callejón sin salida judicial que la inspiró. La mayoría de los paquistaníes creían que la crisis había sido resuelta el 24 de marzo, cuando su nuevo primer ministro, Yousuf Raza Gilani, libró de su arresto domiciliario a los jueces expulsados, incluido el jefe de la justicia paquistaní, Iftikhar Mohammed Chaudhry. De hecho, la crisis sólo se profundizó.

La carrera reciente de este fornido jurista de mirada profunda se había convertido en un símbolo del cambio que la mayoría de paquistaníes quieren para su país. En marzo de 2007 Musharraf trató de expulsarle, aparentemente por “conducta inapropiada”, pero en el fondo fue por haber llamado la atención sobre el uso ilegal que el ejército hacía del poder del estado. El movimiento de abogados salió en defensa de Chaudhry, forzando su readmisión y, con el tiempo, la dimisión de Musharraf como jefe de personal del ejército.

Durante el estado de excepción en noviembre, Musharraf arremetió contra Chaudhry de nuevo, junto a otros 62 jueces. Cinco mil abogados fueron detenidos, incluidos líderes como el cabeza de la Asociación del Tribunal Supremo, Aitzaz Ahsan. Musharraf acusó a todos ellos de “conspiración”, Pero su delito en realidad era claro: El Tribunal Supremo había estado tratando de invalidar su “elección” presidencial de octubre. El encarcelamiento de los jueces corrió un velo sobre las elecciones de febrero –de hecho más oscuro que la nube formada por el asesinato de Bhutto en diciembre de 2007. Aunque el PPP aparecía como la mayor fuerza en la nueva asamblea –el único partido con representación en las cuatro provincias—no consiguió más votos de los que obtuvo en las elecciones de 2002. El PML-N era el verdadero comodín. Barrió a todos los aspirantes en Punjab, la provincia más rica y populosa, e hizo lo mismo con una demanda inflexible: la completa rehabilitación de los jueces. “Sharif fue el único causante del asunto de los jueces y derramó la sangre de Bhutto. Ese es el poder del jefe de la justicia”, dijo Ahsan, líder del PPP en Punjab. También es el principal estratega detrás de varias campañas por la rehabilitación de los jueces, incluida la Larga Marcha.

Desde 1999 –cuando Musharraf depuso el segundo gobierno de Sharif– el PPP se ha aliado con el PML-N en oposición al ejército. Pero durante su gobierno en los noventa, los dos partidos fueron adversarios. El que formaran coalición en 2008 fue visto como un nuevo amanecer, lo que fue bienvenido por la mayoría de los paquistaníes. De nuevo, Sharif solo imponía una condición para la alianza: la rehabilitación de los jueces. “La expulsión de Musharraf puede esperar”, dijo Ahsan Iqbal, ministro con el PML-N.

La rehabilitación no tuvo lugar, a pesar de las negociaciones, dos plazos agotados y encuentros fallidos entre Sharif y Zardari en Londres y Dubai. El 12 de mayo, nueve ministros del PML-N renunciaron ante la falta de acuerdos. “No seremos parte de ninguna conspiración que fortalezca a la dictadura”, dijo Sharif.

En apariencia, la diferencia entre los dos partidos de la coalición no es si los jueces van a ser rehabilitados, sino el cómo. El PML-N cree que debe ser hecha por una orden del ejecutivo. El PPP cree que la rehabilitación requiere una reunión parlamentaria al haber cuestiones legales –como el nombramiento de Musharraf de 17 nuevos jueces– que deben ser conciliadas.

Pero hay otra razón para la reticencia del PPP. La rehabilitación puede rasgar la delicada sutura de acuerdos lograda entre Musharraf y Bhutto en 2007. Ella accedió a restituirle como presidente civil si él accedía a garantizarle la amnistía a ella, a Zardari y a su partido en una serie de casos de corrupción pendientes durante sus legislaturas al frente del gobierno. Zardari teme que la restitución de una judicatura independiente pudiera anular la amnistía. Y Musharraf insiste en que ha cumplido su parte del pacto: Permitió a Bhutto regresar del exilio, retiró los cargos del gobierno contra su familia, renunció como jefe del ejército y permitió elecciones libres el 18 de febrero –tan libres que su propio “partido del rey”, el PML-N, fue derrotado. Ahora espera una compensación del PPP. Al igual que Washington.

Pero Zardari no puede corresponder – no sin dejar la coalición y, quizás su partido, aparte–. El 4 de mayo, Musharraf profirió un “compromiso histórico”, mediado por los Estados Unidos. Dejaría algunos poderes ejecutivos a cambio de inmunidad por sus acciones durante el estado de excepción, especialmente de la expulsión de los jueces. Pero mantendría el derecho presidencial de nombrar los jefes de las fuerzas armadas y a presidir el extraparlamentario Consejo de Seguridad Nacional, dos poderes que en esencia confieren al ejército el papel del gobierno.

El PPP quiere que renuncie a todos los poderes salvo el de cabeza visible. Musharraf lo rechaza. El último compromiso del PPP es una “reforma constitucional” consensuada en virtud de la cual el presidente tenga inmunidad, los jueces sean rehabilitados y el poder para nombrar las cabezas del ejército sea compartido con el primer ministro, pero se renuncie a cualesquiera otros poderes ejecutivos. Musharraf dijo que se resistiría a cualquier intento de reducirle a un “vegetal inútil”. El PML-N ha dicho que resistirá cualquier estratagema para darle inmunidad. Al igual que los abogados. “No se concederá al presidente Musharraf un cheque en blanco”, tronó Sharif ante los participantes de la Larga Marcha en Islamabad. “Será procesado y se le pedirán cuentas por sus acciones”.

El guión parece escrito para enfrentar los tres poderes del estado. En el pasado esta parálisis fue el disparador de la intervención militar.. ¿Intervendrá de nuevo el fuerte ejército de 600.000 soldados de Paquistán?

El mensaje de la jefatura del ejército es que no aceptará la “humillación” de Musharraf, y ello incluye su procesamiento. Washington ha insinuado lo mismo. Pero el ejército no echará abajo un gobierno electo a petición de Musharraf, dice una fuente: “El ejército saldó sus deudas con Musharraf en 2007: cuando él ha expulsado a los jefes de la justicia, impuesto el estado de excepción y se ha demorado en deshacerse de la jefatura del ejército. Su mensaje ahora es: “Ahora es tu turno” “. Bajo su nueva cabeza, el general Ashfaq Kayani, el ejército parece serio acerca de deshacerse de su compromiso con su función histórica como árbitro político. Pero esto no significa que aparte sus manos del poder político completamente. Al contrario, es el ejército quien está liderando el proceso de paz con los talibanes paquistaníes.

La Paz y América

Predicando la paz, el nuevo gobierno heredó la guerra. En febrero, el ejército recuperaba ciudades en manos de los talibanes mediante golpes de mano en la Provincia Fronteriza Noroeste (NWFP) y en el sur de Waziristan, un territorio tribal en la frontera afgana. En represalia, los talibán y sus aliados llevaron a cabo ataques en el interior de Paquistán. En los primeros tres meses de 2007 hubo 17 ataques suicidas que dejaron 274 civiles, policías y soldados muertos, incluyendo explosiones en las principales ciudades como Islamabad, Lahore y Rawalpindi. Paquistán parecía Irak.

Se contuvo la violencia mediante dos acciones. Una fue asfixiar poniendo cerco en Waziristan Sur a las tribus pertenecientes a Baitullah Mehsud –líder de los talibán paquistaníes y el hombre que Musharraf (aunque no el PPP) dice que mató a Bhutto. En un castigo colectivo, el ejército desalojó de sus hogares además a 150.000 hombres de las tribus junto a sus familias. El sitio y la expulsión “quebrantó a Mehsud y le forzó a negociar”, dice Khalid Aziz, antiguo primer secretario en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), y actualmente analista.

El otro movimiento fue el compromiso del gobierno de aplicar soluciones más políticas que puramente militares a la revuelta, incluyendo la derogación de leyes de la era colonial británica en las FATA que autorizaban abusos como expulsiones masivas y el arrasamiento de pueblos. Los talibán querían su sustitución por la ley islámica, y que las FATA se constituyeran en una provincia separada. “No hemos querido combatir al gobierno” dijo el comandante talibán Maulvi Faquir Mohammed en marzo. Pero advertía, “El país sufrirá en tanto Pakistán continúe siendo un aliado de los EE.UU”. Las conversaciones de paz comenzaron en Waziristán Sur.

La insurgencia en Paquistán no es un grupo, sino al menos cuatro, en cierto modo aliados. Están los talibán de Paquistán y los talibán de Afganistán. Están los “muyahidín de Cachemira”, grupos yihadistas nativos formados hace tiempo por las agencias de inteligencia de Paquistán para librar una guerra de poder contra India en la disputada provincia de Cachemira pero que ahora han cortado los lazos con sus dirigentes. Y está al-Qaeda y sus afiliados: entre 150 y 500 árabes, uzbekos, y otros combatientes extranjeros que han encontrado refugio en las FATA y utilizan el remoto enclave tribal para planear, entrenar, rearmar y reclutar.

Hay diferencias entre las facciones. Los talibán paquistaníes y afganos siguen siendo movimientos Pashtún eminentemente étnicos con su foco en Afganistán. Al-Qaeda y los yihadistas tienen un alcance más global, que incluye objetivos dentro de Paquistán, como el atentado con bomba del 2 de junio contra la embajada danesa en Islamabad. Pero todos están unidos en la guerra contra EE.UU y la OTAN en Afganistán. Y todos están comprometidos en extender el alcance territorial talibán más allá de las FATA hasta formar un todo con la NWFP, incluyendo Peshawar, capital de la provincia. Semejante talibanización “da a los talibán más seguridad, territorio, reclutas y poder de negociación”, dice una fuente. “Les permite hablar de paz en algunos sitios mientras libran la guerra en Waziristán”.

La respuesta del gobierno a la talibanización ha sido el apaciguamiento. En 2007, antes de su regreso, Bhutto habló de descentralizar el poder democrático en favor de las tribus mientras se integraban las FATA adecuadamente en Paquistán, para desprenderlas de su estatus especial de “tribus”. El enfoque del Partido Nacional Awami -nacionalista Pashtún-, que encabeza el gobierno provincial de NWFP, es económico: Ha diseñado los planes de un programa de choque con los colegios, universidades, centros de rehabilitación y empleo para desligar a los jóvenes de las tribus de una política emergente talibán que se encamina “a la formación de un estado primitivo con su propio sistema de impuestos, burocracia y resolución de conflictos”, dice Aziz. Para él — y para muchos en el gobierno de NWFP—, los Talibán representan menos un movimiento islamista, que una “rebelión de clase expresada en un idioma religioso. El paralelismo más cercano serían los maoístas en Nepal”, dice. Solo puede ser tratado mediante la “transformación e integración” de un sistema tribal obsoleto.

Semejante proyecto “llevará años”, dice Aziz. Se comprende también que ninguna paz se sostendrá en la NWFP sin una resolución del conflicto con los talibán en las FATA que esté firmada por el gobierno federal. Y el PPP y el Partido Nacionalista Awami le han pasado el asunto al ejército: una renuncia sincera a la resolución del gobierno del 25 de junio de entregar el uso de las fuerza en las FATA enteramente a Kayani. La estrategia del ejército es, de momento, es afianzar tratos locales de paz que le permita conservar la ventaja territorial obtenida en febrero jugando al “divide y vencerás” con los diferentes liderazgos tribales talibán. Es “la política del espacio para respirar”, dice el experto en Afganistán Ahmad Rashid.

En el sur de Waziristán, esto significa obtener un compromiso por parte de los talibán de detener los ataques contra los proyectos de desarrollo patrocinados por el gobierno y el ejército. A cambio el ejército liberará prisioneros y “reubicará” sus unidades fuera de las ciudades. En la NWFP, el intercambio consiste en que los talibán dejen de atacar las instituciones del gobierno, incluidas las escuelas para niñas, a cambio de la implementación de la ley islámica, básicamente en un intento de retomar a cientos de seminarista en paro que de otro modo se unirían a las milicias. “Es un acuerdo”, dice Aziz, “pero no en el sentido occidental. En las FATA un acuerdo es un arreglo para coexistir. Significa cerrar tus ojos a muchas cosas”.

Los talibán han cerrado sus ojos ante los campamentos del ejército que ahora anidan permanentemente en las montañas sobre ellos. Y el ejército mira hacia otra parte ante el constante flujo de guerrillas a través de la frontera, o al menos no actúan abiertamente para interceptarlas. En otras palabras, la paz en Paquistán puede traducirse en una intensificación del conflicto en Afganistán.

O eso alegan los americanos. En enero, justo antes de las elecciones, los comandantes de EE.UU siguieron a la OTAN en sus encuentros con Musharraf en Islamabad. Buscaban permiso para aumentar el número de vuelos sobre las FATA con aviones no pilotados para matar a fugitivos de al-Qaeda. El objeto es “sacudir” a la comandancia de al-Qaeda para conseguir un mejor seguimiento del paradero de Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri preferiblemente antes del fin del mandato de Bush en Enero de 2009. Musharraf accedió, bajo la condición de que la disputa fuera contra al-Qaeda y no contra los talibán. Temía las represalias.

Desde entonces ha habido varias incursiones sobre el espacio aéreo paquistaní, dejando más de 50 muertos. De acuerdo a las inteligencias de EE.UU y británicas las bajas incluyen a comandantes de “alto-valor” de al-Qaeda, como el libio Laith al-Libi y el argelino Sulayman al-Jaza’iri, responsable este último de planear ataques en Europa. Según los locales, la mayoría de esos muertos eran hombres, mujeres y niños de las tribus. Pero los vuelos fueron también enviados para castigar al gobierno paquistaní por una política a la que se opone Washington.

El último ataque mortal fue el 15 de mayo en Damadola, un pueblo de la facción tribal Bajaur. Murieron al menos 15 personas, incluyendo quizá a al-Jaza’iri y un niño de 11 años. Estaban, según lo informado, en una casa propiedad de Mullah Obaidalah Akhund, el anterior ministro de defensa afgano talibán capturado en 2007 por el ejército paquistaní por indicación de Washington. Existen rumores de que Akhund ha sido o será liberado como parte del intercambio de prisioneros de Waziristán sur. Extrañamente, el ejército condenó el ataque como “completamente ineficaz”. Lo mismo hizo Gilani y el gobernador de NWFP. La matanza de los 11 soldados paquistaníes del 11 de junio viene de esta fuente de desconfianza. El día anterior los soldados afganos, respaldados por las fuerzas especiales de EE.UU, habían tratado de posicionarse cerca de la frontera afgana pero dentro de territorio paquistaní. El ejército les ordenó salir. Mientras los soldados afganos y americanos se retiraban, los talibán los emboscaron. Se disparó artillería y misiles aire-tierra contra o cerca de la base militar en Paquistán. La comandancia de EE.UU sabía que el riesgo de “daños colaterales” era alto: De todos modos atacaron. Por ello el ejército paquistaní –en un feroz comunicado– tachó el ataque con misiles de EE.UU de “acción agresiva”. A los ojos de casi todo Paquistán, lo era.

Las subsiguientes incursiones de helicópteros de EE.UU y vuelos sobre el espacio aéreo paquistaní – así como afirmaciones públicas de los jefes estadounidenses de la OTAN de que el repunte de la actividad talibán era “directamente atribuible a la falta de presión en el lado paquistaní de la frontera”—ha convencido a muchos en Paquistán de que Washington va a cambiar de estrategia: lejos de confiar en que el ejército paquistaní “haga más” contra los talibán y al-Qaeda en las FATA y más en la dirección de una política de preeminencia en la que los EE.UU y/o la OTAN entren por cuenta propia en Paquistán.

El centralismo no puede sostenerse

¿Por qué se ha hundido tan aprisa el nuevo amanecer que ofrecían las elecciones de febrero? La respuesta corta es que las aspiraciones políticas voceadas en esas elecciones han sido amordazadas por los acuerdos que las precedieron. Cuando Bhuto regresó a Paquistán en octubre de 2007, lo hizo como parte de un trato suscrito por Washington y el ejército. Si resultaba elegida primera ministra, prometió, su partido aseguraría la continuidad, sin cambios en política, tanto en el papel del ejército como mercenario en la “guerra contra el terror” como en la continuación de Musharraf como presidente “civil” por otros cinco años. Fue por esta promesa que Washington presionó a Musharraf para que permitiera su regreso, especialmente después de que las protestas de los abogados hubieran arrancado los últimos vestigios de su legitimidad “civil”.

Pero el 18 de febrero, el electorado paquistaní votó por el cambio –y contra Musharraf, la participación de Islamabad en lo que la mayoría de paquistanís ven como una guerra americana y la implicación del ejército en el gobierno. Antes de su asesinato, Bhutto había elaborado la idea de un “centro moderado” para oscurecer la contradicción que implicaba su regreso. Con su partido en el gobierno, la contradicción se muestra desnuda. Así en las fronteras afganas como en la capital federal, el centrismo de los políticos del PPP –apelando a las masas a la vez que con el pie intentan aproximarse a la línea americana– no puede sostenerse. Muy sencillo, no hay un centro en las políticas paquistanís, no hay un “término medio moderado”. Hay una política decretada por Washington y un electorado, que ahora incluye a gran parte del ejército, que la rechaza.

Las tormentas acechan a Paquistán –además de las emanaciones tóxicas de una crisis judicial que aún puede llevar a la coalición de gobierno a un naufragio prematuro. A finales de junio, el gobierno presentará con toda probabilidad un presupuesto que trate de reducir el bostezante déficit retirando los subsidios de servicios básicos , incluyendo el trigo, el combustible y la electricidad. Esta acción dañará profundamente a los pobres: Cerca del 50 por ciento de paquistanís –77 millones de personas– padecen ya “inseguridad alimentaria”, de acuerdo a las observaciones de la ONU. Con Paquistán sufriendo las mismas presiones por el precio de los alimentos que han devaluado los niveles de vida en todo el mundo, semejantes medidas de austeridad pueden acabar en disturbios por la comida.

Y el deshielo en verano del Hindu Kush, con el consiguiente aumento de ataques de los talibán, puede ser la trampa que desencadene una plena incursión de los EE.UU en las FATA. Aziz es mordaz en cuanto a las consecuencias de un choque así. “Si hay un acuerdo de paz [con los talibán] seguido de un gran ataque de la OTAN dentro de Paquistán, se estiraría la alianza EE.UU-Paquistán hasta su ruptura. Lo destruiría todo”.

¿Existe un refugio ante las tormentas que concurren? El gobierno podría volver a sus compromisos electorales. Podría rehabilitar a los jueces y junto a un diálogo con los talibán, comprometerse a hacer inversiones masivas para la “energización, educación, empleo” para los pobres en todas las provincias pequeñas, pero especialmente en las FATA y en NWFP. Pero para que esto suceda, Musharraf debería dar un paso atrás, el ejército debería replegarse y Washington debería exhibir una “paciencia estratégica” que no se ha visto desde el 11 de septiembre de 2001. Ninguna de estas eventualidades parece probable.

Graham Usher es escritor y periodista establecido en Islamabad. Este artículo fue escrito a finales de junio, pero sirve para entender qué está pasando en la actualidad en Pakistán.


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