EHk 2020. Abrazar la incertidumbre

1. Cuando comenzó la presente centuria, el impacto de los atentados del 11 de septiembre derribando los símbolos del capitalismo yankee, también sacudió nuestra particular visión mecánica del mundo. Acostumbrados a manejarnos entre operativos esquemas, aquel hecho tumbaba también muchas de las certezas al uso. Tuvimos que acordarnos del concepto de «acontecimiento», algo que ocurre fuera del plano lógico general pero que lo trastoca, para poder reorganizar nuestras formas de actuar y mirar el mundo, mundo a su vez tambaleado por la irrupción de dicho acontecimiento.

Desde esta perspectiva, el acontecimiento de la crisis por la Covid-19 trasciende los porqués de su propia irrupción para enmarcarse en el mundo que deja a su paso, más allá entonces de las razones de su aparición. Razones que han copado los primeros momentos y que han explicado desde los diversos ángulos de las lógicas anticapitalistas y libertarias existentes, cada cual incidiendo con mayor agudeza en su propio plano de confrontación.

Así, desde el campo de la sensibilidad verde, la crítica antindustrial incide en su aparición como una nocividad más producto de la organización social actual, y relativiza el peso específico de la presente crisis frente a la enorme mortandad que esta organización social genera a través de otras nocividades y que parecen ya naturalizadas. Desde el campo ecologista, se insiste mayormente en la simplificación de la trama de la vida a nivel planetario y en el avance de la urbanización, lo que facilita y acelera el común paso de nuevos tipos víricos de animales no humanos a humanos. O desde el campo de la autogestión de la salud, se incide en el debilitamiento del sistema inmune por los efectos de una precaria alimentación, por un poco recomendable estilo sedentario y por la generalización de las vacunas, mientras que se combate el abuso de la profilaxis y se recuerdan las virtudes de la higiene moderada.

Si los porqués han copado esos primeros momentos de reflexión, también los primeros efectos visibles del acontecimiento Covid-19 han desatado todo tipo de hipótesis que indagaban no tanto en las causas como en los intereses que podían estar tras la extensión de la infección a nivel local y planetario y de las medidas sociosanitarias que las diversas autoridades han tomado en consecuencia. Las más comunes, las de ser ariete entre las diversas potencias que se disputan la hegemonía capitalista a nivel mundial, siendo solo el sentido de ese pensamiento unidireccional el que cambiaba. También la inusitada reacción de los Estados (sobre todo los que radican su dominio en la propaganda de un Estado del Bienestar ya bastante raquítico), ha desatado otras hipótesis que orbitan alrededor de la competencia y batalla entre Capital y Estado, o en su versión actual entre Turbocapitalismo y Estado del Bienestar. Particularmente en el mundo libertario, el despliegue de nuevos mecanismos de control social paralelo a las mediadas sociosanitarias ha hecho hablar de las nuevas vueltas autoritarias del Estado, mientras que la obediencia social a los dictados de las autoridades ha hecho desplegarse reiteradas actualizaciones de las críticas a las miserias de la servidumbre voluntaria. Las vicisitudes del confinamiento han puesto también en relieve a propias y extraños que la carga de los cuidados recae sobre las mujeres y recordado sus renuncias laborales para poder asumir las nuevas cargas en la crianza…

Todas estas visiones son, desde su particular prisma liberador, ciertas y sus labores de denuncia y análisis valiosas, pero necesitamos recomponer nuestra visión crítica más allá del acontecimiento, asumiendo éste como un factor-caos que no invalida, aunque evidentemente sí condiciona, nuestra visión global de la lucha contra el capitalismo. Y descartar por higiene mental más búsquedas de los porqués, para abordar el acontecimiento Covid-19 principalmente desde su función de palanca del instrumento-crisis, de ser una circunstancia que mayormente acelera unos cambios ya prefigurados y buscados.

2. Dejando a un lado si el acontecimiento es causa o consecuencia, podemos sí analizar cuáles han sido los aspectos particulares que éste ha inducido. Y primeramente destacar que el breve parón durante un trimestre de la producción industrial y de buena parte del sector servicios junto con el confinamiento de la población ha posibilitado también el tiempo de reflexión al conjunto del cuerpo social sobre las condiciones materiales y las reglas políticas que las rigen. Máxime en esta Euskal Herria bajo dos administraciones estatales distintas con com­portamientos y legislaciones que colisionan entre ellas ante un problema idéntico, como ha sido esta pandemia.

Así, si bien podría destacarse el elevado grado de obediencia general a los dictados impuestos desde la gestión estatal de la emergencia sanitaria, del mismo modo puede recalcarse que se ha realizado un cuestionamiento también general de la normativa desde el punto de vista de su utilidad y coherencia. Y que en consecuencia se ha puesto en práctica una picaresca generalizada sobre muchos de los aspectos más endebles de dicha normativa. Dicho de otro modo, la ruptura de los imperativos habituales junto con el largo confinamiento general ha dado ocasión para dudar de la viabilidad del sistema de vida al uso y nos ha puesto en frente de la gestión de la supervivencia.

Desde ese cuestionamiento colectivo, hemos podido dar fe de cómo el desplazamiento de la producción industrial a la fábrica global china, ha impedido que desde instancias gubernamentales se haya podido disponer de un stock suficiente de material sanitario, tanto en su versión de mercancía de producción masiva (mascarilla) como de maquinaria compleja (respiradores). Ello ha aumentado el temor al desabastecimiento de productos básicos, que ha llevado en ocasiones al aprovisionamiento general de los mismos. Esta lógica reacción social ha sido descalificada desde todos los ángulos posibles, porque su existencia cuestionaba en la práctica el fetichismo de la mercancía, de la que uno de sus atributos esenciales es la omnipresencia. En otras palabras, se ha ridiculizado el aprovisionamiento popular tildándolo de chiflado acaparamiento porque este ponía en duda, desde la gestión de la supervivencia, la capacidad de suministro capitalista y revelaba la importancia no solo de la producción sino también de la distribución, un talón de Aquiles agrandado con la globalización.

El confinamiento de la población ha llevado también a tener que habitar más tiempo en las viviendas, de las que su única vía de escape fue el abastecimiento de productos básicos, salida que se convirtió en un pequeño gesto de desobediencia, cuando esta se alargaba en breves actos de sociabilidad. Las ventanas y los balcones como puente entre la calle y la vivienda, también se poblaron de gente y de actos comunicativos y de reconocimiento colectivo. La estrategia contra esta práctica ha sido variada: la espectacularización y banalización de las muy diversas iniciativas más festivas, la asimilación de los de reconocimiento (aplausos colectivos), etc. Singularmente tomó relevancia el aplauso colectivo de las ocho, que mostraba ante todo no solo un homenaje al personal sanitario, sino sobre todo un reconocimiento colectivo de la población encerrada que respiraba fuera y conjuntamente durante aquellos minutos. Su asimilación lo convirtió oficialmente en un homenaje a todo el aparato estatal, que redundó como respuesta popular en que éste fuera progresivamente perdiendo fuerza hasta su extinción.

La ventana o balcón como terreno intermedio con la calle propició también que la propia población ejerciera como garante de las medidas de confinamiento. Esta asunción de labores coercitivas por parte de la población en general ha sido también blanco de crítica. Si bien es lógico que los defensores del Estado reaccionen contra las prácticas populares que cuestionan el monopolio de la violencia en el que el Estado se fundamenta, también desde las filas libertarias han redundado voces que han ubicado estos hechos como un refuerzo reaccionario a la labor y criterio policiales. Con todo ello, se ve necesario un debate interno que ahonde en el concepto de «control social» no necesariamente como sinónimo de subyugación, sino también como la práctica de garantizar la convivencia y ejercer la coerción colectivamente, bajo un horizonte en el que la alternativa al aparato coercitivo especializado estatal ha de pasar por ejercer todas y todos obligatoria y rotativamente, el control del cumplimiento de los mínimos de convivencia.

Un último elemento práctico a destacar cuya existencia ha cuestionado el orden hasta entonces vigente, ha sido la colaboración con aquellos vecinos que por edad o enfermedad quedaban en sus casas, y de entre estas, hay que significar las más colectivas, como las redes barriales de distribución a hogares, apoyadas en la existencia previa de colectivos juveniles o vecinales. De nuevo, la asimilación ha sido el procedimiento para desmontar la capacidad de crítica práctica a estas iniciativas, poniendo en marcha desde las estructuras de voluntariado bajo gestión estatal iniciativas similares, las cuales radicaban su legitimidad en las garantías sanitarias que les confería su adscripción al aparato asistencial del Estado frente a las populares. Sin embargo las redes de solidaridad han seguido su camino, que si bien no ha sido tan amplio como pudo pensarse en sus inicios, constituye un importante precedente para los tiempos venideros.

3. Si el cuestionamiento popular ha puesto en entredicho algunas de las relaciones sociales a las que en su conjunto llamamos capitalismo o Estado, lo cierto es que también estas han sabido crearse nuevas fortalezas o reforzar tendencias durante este intenso periodo. Así la respuesta ante la declarada emergencia desde los aparatos estatales y su complejo despliegue logístico nos ha hecho encarar también la complejidad de dichos aparatos, aunque también vislumbrarle sus debilidades. Debilidades ante impactos similares que, como tras el acontecimiento Fukushima de 2011, interrumpen los flujos económicos y políticos en curso y fuerzan a ubicarse en el plano de lo real a los recursos económicos y a las fuerzas logísticas que encarnamos en Capital y Estado.

Abordando ahora la capacidad para desplegar nuevos instrumentos para complejizar el aparato estatal en un contexto de pandemia, solo hay que recordar el vínculo histórico de las primeras campañas de vacunación con la modernización del Estado a comienzos del siglo XIX, que sirvieron como base para elaborar los primeros censos poblacionales destinados en primer término a garantizar la conscripción. De este modo, el confinamiento en Europa de la primavera de 2020, ha impulsado el diseño y uso de aplicaciones para smartphones, que recopilan la ubicación espacial de sus usuarios, bajo la excusa de que estas garantizan el seguimiento de los entornos directos de posibles infectados o que abren la posibilidad de acceder a ciertos espacios, ahora bajo una teórica necesidad de regular su aforo. Este hecho ha chocado con ciertos impedimentos en confrontación con los derechos civiles republicanos que subyacen en las democracias formales, pero ante la deriva autoritaria de estos regímenes durante esta centuria poco futuro puede augurarse a los remilgos socialdemócratas.

En conexión, este breve trimestre ha hecho imprescindible el uso de grandes cantidades de banda ancha en los domicilios particulares, que permitan ciertas actividades sociales, entre otras, la educación a distancia de escolares o el teletrabajo. Pero también el confinamiento ha afianzado el consumo de contenidos audiovisuales por banda ancha, ha potenciado un uso aún mayor de las redes sociales telemáticas y ha propulsado las videollamadas, opción tecnológica anteriormente accesible pero hasta entonces de escaso uso. Esta abrupta modificación de las rutinas sociales coincide en el tiempo con la implantación de las infraestructuras de las redes 5G que posibilitan tamaño incremente de tráfico, con la producción de publicidad personalizada y con las querencias autoritarias del aparato estatal.

Vinculado a este salto tecnológico, se encuentra el impulso al nuevo modelo industrial (conocido como digitalización) basado en el salto de la automatización a la robotización generalizada de muchos procesos industriales junto con la gestión directa vía Red por el consumidor/ciudadano de ciertos servicios privados o estatales. Proceso que redunda necesariamente en la reducción de la mano de obra tanto en el entorno industrial como en el sector servicios o en el sector público, así como en procesos paralelos como la implantación del teletrabajo.

En este contexto, el parón de la actividad económica por el confinamiento poblacional ha potenciado y legitimado el uso del ERTE, que será la herramienta prioritaria para desprenderse del excedente de mano de obra en el nuevo modelo de producción. El Estado asume mediante este procedimiento los costes administrativos de un proceso de reconversión que se alarga en el tiempo para aplacar los posibles procesos de resistencia al mismo.

El enorme monto de trabajadores en ERTE, que en pleno confinamiento ha afectado casi a la mitad de las empresas vascas y a la cuarta parte del total de trabajadores, mantiene aún en esta situación a la mitad de los mismos tras el levantamiento del estado de alarma en el estado español. Si antes de que la situación excepcional finalizara, sectores como el de la automoción, han comenzado ya con su proceso de reconversión que se proyecta y amplia sobre toda su industria auxiliar, también la debacle en el turismo de congresos y eventos con los cierres fronterizos y el insostenible ritmo de la hipermovilidad (sobre todo aérea en un contexto de agotamiento de los combustibles fósiles), vertía a su vez gran parte de sus asalariados y desistía de contratar a más en temporada alta.

De este modo, en cifras, a los trabajadores en ERTE objetivamente depauperados, se les suma un paro que se ha incrementado por ahora en un 50%, llegando éste al 14%, con 180.000 personas en estadísticas. Con todo ello se estima que en Hegoalde la cifra en julio 2020 de trabajadores en Erte y parada se cifra en los 300.000, un 23% de la población activa. Ante este mayor paro, cifra que devendrá en estructural y al que se incorporarán paulatinamente gran parte de la población trabajadora actualmente en ERTE, la aprobación de medidas de inserción mínima (como un ingreso mínimo vital para la población española en exclusión, que se iguala con las preexistentes rentas garantizadas vascongadas y navarras), orientadas a paliar los márgenes sociales con mayores carencias, o los complementos a las rentas salariales en ERTE más bajas no solventarán un progresivo empobrecimiento social.

Si de la crisis capitalista de 2007, el veredicto popular fue que con el capitalismo las futuras generaciones ya no iban a vivir mejor que las precedentes, el acontecimiento Covid-19 como acelerador de una nueva reconversión de la producción, confirma los peores augurios de la mayoría social y distancia a esta de un sistema económico, el capitalista, basado mayormente en la venta de futuro.

4. Durante esta primavera de 2020 y con los cambios derivados de la Covid-19, también hemos podido constatar el progresivo desplazamiento de la hegemonía mundial hacia China, vencedor ya oficial de la etapa de globalización. Y las tensiones dentro de una Unión Europea sin Gran Bretaña, que ha de rescatar a dos de sus socios mediterráneos más endeudados, Italia y España, rescate que se demanda desde la socialdemocracia española (tradicional y renovada) como un débito moral sin contrapartidas a cargo de un común espíritu ilustrado del que las élites europeas hace tiempo que desistieron. Espíritu ilustrado cuyo abandono en EE.UU. y Gran Bretaña se propone como única explicación para el relevo yankee en la hegemonía mundial y para el mismo Brexit.

Con todo, las bases reales de ese proyecto europeo, el pacto político entre democracia cristiana y socialdemocracia, basado en un acceso garantizado al empleo y al consumo, todavía posee cierto sentido en los territorios vascos peninsulares, cuyos gobiernos autonómicos responden a dicha alianza y cuyos indicadores económicos, tanto en estructura productiva como en índices de empleo y renta, les distancian de los del estado español.

Desde aquí pues y repasando las actividades reivindicativas iniciadas con el segundo semestre de 2019 (dinámicas abruptamente rotas por la Covid-19 y sobre las que pesan a día de hoy lógicas dudas sobre su continuidad), despuntaron las iniciativas de oposición a la cumbre del G7 de Biarritz, que podían haber sido ocasión organizativa para haberse ampliado el análisis anticapitalista y ser muestra del tejido variado de sus críticos, aunque poco de esto pasó. Las cautelas en lo organizativo para mostrar un análisis y organización diferenciada de la situación vasca complejizaron aún más el ya diverso panorama activista y la realidad de una oferta dispersa y poco vehemente pesó más que la prioridad de dar vigor a la movilización en sí.

Septiembre fue el mes de las movilizaciones contra el cambio climático y de una ilusionante huelga juvenil, que apuntaba maneras para ir adquiriendo progresivo protagonismo. En el curso de las mismas, se pudo constatar una adhesión popular y juvenil a la misma, que contrastaba con un supuesto discurso más maduro de sus convocantes, que asumían lenguajes posibilistas como «emergencia climática», que chocaban con el espíritu utópico que flotaba entre los participantes. De esta guisa, cuando en Diciembre, los vaivenes de la protesta hicieron que la socialdemocracia española asumiera en diciembre la organización de la cumbre del Clima (COP25) ante los levantamientos populares en la cuna del neoliberalismo, Chile, y mientras se banalizaba vedettizando a la joven Greta, los lenguajes técnicos propios del más aburrido medioambientalismo y el demodé folklore antiglob fueron tiñendo de gris monotonía esta protesta, cuyo potencial estriba en la extensión de la necesidad inaplazable de un cambio radical de modelo sin plazos ni cortapisas.

Las concentraciones de pensionistas que continuaron durante este periodo, y que avanzaban con iniciativas como la Marcha de octubre hasta Madrid, dieron paso a una huelga general en Hegoalde por el «Trabajo, vida y pensiones dignas» en enero, que arrastró a la parroquia de asalariados garantizados de los sindicatos nacionalistas y minoritarios, incluidos los libertarios, a través de la convocatoria formal de una «Carta de Derechos Sociales», una coordinadora de organismos sociales del imaginario militante izquierdista vasco y desconocida por la población en general. Las consecuencias internas entre las organizaciones de pensionistas de esta movilización que se pretendía comienzo de una escalada y en la que exhibió únicamente el músculo de sus incondicionales, quedaron aplazadas por la pandemia en ciernes. Parece que este movimiento, cuyos integrantes provienen del viejo movimiento obrero de los setenta, reproduce ahora idénticos debates y parecidos errores que los que le caracterizaron. En paralelo, en los territorios vascos continentales las movilizaciones alrededor de la oposición a la reforma Macron de las pensiones mostraron por su parte, otras formas de sumar diversos intereses alrededor del objetivo común, y que estos pueden extenderse y doblegar las pretensiones estatales.

A inicios de febrero, la ladera del vertedero de Zaldibar se derrumbaba, sepultando a dos trabajadores y dejando al aire las inmundicias de la gestión medioambiental del gobierno vascongado, plagado de favores y puertas falsas para el empresariado afín. Una montaña de mierda, no solo simbólica, que muestra la cara B del modelo de gestión gubernamental, que no tiene inconveniente en realizar la más burda gestión en lo material, mientras se publicita en los lenguajes de la transición ecológica. Entre protestas vecinales, el confinamiento, en esta ocasión para evitar las toxinas del incendio de los restos del vertedero, se adelantó para esta comarca.

Para marzo culminaban las iniciativas feministas alrededor de un 8 de marzo del 20 que caía en festivo, lo que impedía una convocatoria de huelga que diera continuidad a las de los dos años previos. Las convocatorias centrales perdieron en número de participantes respecto a las anteriores, así como también se percibió una ilusión militante menor en el segmento juvenil que se suponía podía renovar el movimiento feminista. Quizá haya ayudado a ello en lo interno, haber dado audiencia a las alabanzas mediáticas y gubernamentales para dar como asegurada la participación progresiva de las mujeres, mientras en lo organizativo se cedía a la inercia activista, que en sí, como es sabido, excluye más que aporta.

Y en esto, llegó el confinamiento que, para quienes están en prisión, suponía mayores privaciones y riesgos. En el contexto de los malestares por este hecho en mayo, un preso vasco implicado en el sector irredento iniciaba una huelga de hambre y sed que se prolongó durante 31 días. Las movilizaciones en suelo vasco en consonancia fueron desde las manifestaciones a las pintadas en sedes de partidos políticos y en algún domicilio de los mismos, que se convirtieron por arte del voceo político-mediático en una vuelta a la kale borroka, mientras las estructuras de la izquierda abertzale mayoritaria, eludían avivar la protesta aunque también entrar en el capote de la condena democrática. Difícil papel el de esta izquierda y ardua tarea la de sus disidentes, tras el pacto con fiscalía en el pasado septiembre del 19 en el llamado «Último Macrojuicio», en el que se cambiaron bajas condenas por que se asuma públicamente la línea del discurso antiterrorista de las últimas décadas: todo fue ETA.

5. Contextualizada ya la Covid-19 como instrumento acelerador de una crisis económica y política, que requiere legitimar los costes de la «digitalización» y de las nuevas costuras de la Unión Europea en el contexto de un cambio de hegemonía mundial, lo propio sería como primer paso, considerar las virtudes liberadoras de las movilizaciones recientes interrumpidas por la pandemia e integrarlas en un contexto de aceleración general de tendencias. Y aprovechar a su vez el parón, para revisar las agendas activistas plagadas en su calendario de efemérides y rutinas varias privadas ya de sentido.

Tomar en consideración los nuevos rigores derivados del cambio climático que, así como generarán oportunidades al tejido productivo vasco (el turismo de masas hacia zonas húmedas, por ejemplo) también exhiben cada vez más nítidamente sus nocividades, de la que esta pandemia es señera. Las movilizaciones pues, deberían considerar esta realidad en su accionar, sin renunciar a insuflar en su interior el aliento utópico con voluntad de victoria y sin caer en el rollo cenizo de un posibilismo que solo ha conseguido deprimir a propios y extraños.

Reparar en que las resistencias contra el proceso de «digitalización» tendrían que tener en cuenta la imposible defensa del mantenimiento de sectores industriales de alto impacto ecológico o insostenibles en el alargado final de los combustibles fósiles, centrándose en garantizar los derechos adquiridos en la relación contractual. Ademas de que con dicha «digitalización» sectores ya precarizados (como el de la distribución a domicilio) aumentarán su volumen, que el desplazamiento de una parte de la producción a los hogares mediante el teletrabajo y la gestión online de servicios, visibilizará la relevancia de los cuidados y la brecha patriarcal. Y que todo ello exige nuevas prioridades, aun a sabiendas que la herramienta del ERTE dilatará en el tiempo el proceso de extinción de la mano de obra sobrante, mano de obra que irá engrosando sus carencias. Las Redes de solidaridad libertarias, conscientes de sus posibilidades militantes reales y enfrentadas entonces a objetivos a su alcance, pueden ser aquí una valiosa herramienta de respuesta.

En este contexto de profunda crisis, el Estado como pagador de los costes sociales de la nueva «modernización», se reforzará en los discursos de las izquierdas tradicionales y renovadas, pero su debacle económica al no poder asumir su coste, potenciará tanto su descrédito como el de sus valedores. En este horizonte de bancarrota estatal y estatalista la defensa de pensiones dignas y de subsidios tendría que tomar una dirección similar a la del terreno laboral, exigiendo cumplimiento de garantías mientras se distancia públicamente de sus lógicas.

Así, la crítica práctica provendría de poner en relieve la insostenibilidad del modelo productivo y social capitalista pero también de, en paralelo, poner en marcha iniciativas materiales en clave de supervivencia en las que además, ensayar una nueva sociabilidad libertaria. Es indecente que los sectores sociales más empobrecidos y en paulatino incremento dependan en lo material del voluntariado y de la caridad, mientras los colectivos herederos de la tradición emancipadora continúan mareando sus rutinas.

Porque, aunque a menor ritmo que en contiguas latitudes, el empobrecimiento generalizado avanza ya en el pequeño oasis vasco. La defensa del modelo capitalista que no funciona y ahora muta, tarea de nuevos creyentes en los cantos de la eterna modernización o de los viejos minimizadores de sus impactos más lesivos, se encuentra en las antípodas de la tensión igualitarista que nos vertebra. El movimiento se demuestra andando. En marcha.

Jtxo Estebaranz

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