CEPRID

Los mecanismos africanos de solución de conflictos frente a la crisis malgache

Lunes 22 de febrero de 2010 por CEPRID

Suyeni Díaz

En Madagascar, el año que está llegando a su fin estuvo marcado, casi en su totalidad, por las convulsiones políticas y la inestabilidad social. Tras el descalabro gubernamental de marzo, con el golpe de Estado perpetrado contra la administración de Marc Ravalomanana, y el establecimiento de un gobierno reconocido por el Parlamento, pero no a nivel internacional, esta isla del Océano Índico, casi ausente de los medios de prensa, ha estado en las agendas regional y continental. La historia política de este país, tras su independencia de Francia en 1960, demuestra que –aunque estallaron este año— las condiciones de inestabilidad gubernamental han estado presentes por largo tiempo. En mayo de 1972, protestas sociales forzaron al presidente Philibert Tsiranana a abandonar la dirección del país, dando pie al primer período inconstitucional y militar post independentista y abriéndole a Didier Ratsiraka el capítulo de pasos por la presidencia a partir de 1975 y hasta 2002. Posteriormente, en 1991, el movimiento de oposición, unido a manifestaciones callejeras, pidió su renuncia y la creación de un gobierno de transición. Esto dio paso a la llegada de una nueva figura al poder, en marzo de 1992, y al afianzamiento de la oposición como entidad política de importancia en el país, aunque sin aportar una mayor estabilidad interna. El resultado de este período de desequilibrio sociopolítico conllevó que, en 1996, Albert Zafy, en ese momento presidente, fuera acusado de violar la constitución y obligado de renunciar, trayendo como consecuencia la reincorporación de Ratsiraka al poder (1). El mismo ex presidente Marc Ravalomanana llegó a la dirección del país en medio de complejas situaciones de descontento en Antananarivo y presiones por los dudosos resultados electorales. Viendo estos antecedentes cabe entonces preguntarse qué cambió en este último año.

Como acota Stephen Ellis, forma parte de la tradición política del país que sea precisamente la capital la cuna de la oposición (2), de la cual en su momento el mismo Ravalomanana fuera portavoz. En el conflicto político de este año, a diferencia de situaciones que le han precedido, los militares asumieron una posición. Varias características pudieran explicar por qué, por primera vez, han actuado ante situaciones de manifestaciones populares. Número uno, el aparato militar malgache es bastante débil, principalmente porque ha formado parte de las estrategias presidenciales disminuir el poderío de esta institución, unido al hecho de que Madagascar se perpetúa como uno de los países más pobres de la región. Número dos, una explicación plausible es el hecho de que los militares son, dentro de todo el sector de la defensa, los peor pagados; por ejemplo, un coronel percibe el mismo salario de un policía raso. Número tres, Marc Ravalomanana estaba a punto de poner en vigor una regulación que reformaría algunos aspectos de su brazo militar, entre ellos el retiro -incluso obligatorio- de algunos miembros de la cúpula armada (3), aspecto que inevitablemente aumentó el descontento entre los militares de algo rango. Todas estas situaciones respecto de un sector tan complejo e influyente dentro de las estructuras de poder de cualquier país africano crearon las bases para el protagonismo que asumió este año una fracción de la fuerza armada malgache este.

Unido a la participación de los militares, está el hecho de que, más allá de las ansias por mejoras en las condiciones macroeconómicas, la distribución de las riquezas se ha vuelto más desigual, contribuyendo a la disminución del apoyo a la gestión de Ravalomanana y a la búsqueda de otras alternativas políticas. Este espacio vino a ocuparlo a la perfección Rajoelina, paradigma de figura joven, no marcada todavía por la corrupción del poder y con una imagen popular y de empresario surgido en las calles, muy factible en épocas de crisis.

Dejando a un lado el golpe de Estado mismo y los primeros sucesos -negativa de la UA, la SADC, la misma Francia y la ONU a reconocer el nuevo statu quo, a contrapelo del apoyo de un grupo de la población capitalina y del Parlamento; continuidad de los enfrentamientos en Antananarivo; ruptura del diálogo y mantenimiento de las posturas de las partes en oposición, tanto de Ravalomanana como de Rajoelina-, algunos elementos han sido demostrativos, una vez más, de los pasos que se están siguiendo en la búsqueda de soluciones pacíficas para los conflictos políticos en África.

A raíz de estos sucesos se produjeron algunos acontecimientos dignos de mención, tales como la negativa de la UA, la SADC, la misma Francia y la ONU a reconocer el nuevo statu quo, a contrapelo del apoyo que recibiera de un grupo de la población capitalina y del Parlamento; la continuidad de los enfrentamientos en Antananarivo; la ruptura del diálogo y el mantenimiento de las posturas de las partes enfrentadas, tanto de Ravalomanana como de Rajoelina. Pero más allá del golpe mismo y de estos sucesos posteriores, algunos elementos han sido demostrativos, una vez más, de los pasos que se están siguiendo en la búsqueda de soluciones pacíficas para los conflictos políticos en África. La utilización de las organizaciones regionales como intermediarios y responsables de poner en práctica los mecanismos que posibiliten el diálogo y la salida del conflicto se ha hecho cada vez más rutinario. En el caso que nos concierne, la SADC está enfrentando dos retos importantes: por un lado, Zimbabwe y, por el otro, Madagascar. Ciertamente la SADC tiene a su favor una base económica fuerte, comparada con de sus otras homólogas en el continente, que le posibilita la financiación de gestiones de mayor envergadura y un prestigio elevado, incluso desde la época de la lucha contra el apartheid, y ello le asegura un mayor protagonismo en la toma de decisiones. Algunos elementos jurídicos, no obstante, pueden ser un obstáculo en el caso de que las negociaciones puedan llegar a estancarse. De esta forma sucedió tras la elaboración del Acuerdo de Maputo, en el que supuestamente las partes habían logrado un conjunto de objetivos a seguir y que finalmente caducó sin que se pudiera poner en vigor. Ello se debió a la negativa del ex presidente Ravalomanana a firmarlo, posición que justificó arguyendo la posibilidad de que Rajoelina pudiera ser confirmado como el presidente del gobierno de transición. En este sentido, si bien en África están creadas las bases para actuar en el momento mismo en que irrumpa la inestabilidad, no existen mecanismos que respalden una profundización de medidas en caso de que se mantenga la negativa a utilizar medios que faciliten el retorno a las vías democráticas y constitucionales. Otro aspecto que resulta significativo y que una vez más se está utilizando como mecanismo de inclusión política, es el modelo de poderes compartidos (power sharing), por la vía de un gobierno de unidad nacional. Si bien esta ha sido una fórmula utilizada con anterioridad a niveles nacionales como mecanismo de solución de conflictos en el plano institucional, lleva poco tiempo de práctica. Con antelación fue utilizada para resolver las tensiones post electorales en Kenya y Zimbabwe, y si bien ha significado el cese de la violencia, no ha logrado eliminar las causas que la produjeran. El conflicto político gira en torno al enfrentamiento entre el partido de gobierno y la oposición, entre las figuras dirigentes de ambos, así como en torno a las discrepancias en el discurso y en las acciones políticas de los contendientes. Esta situación de conflicto no cambia, por tanto, por el mero hecho de que se le otorgue más poder a la parte privada de él o porque se le restrinja al otro, pues no obstante, las diferencias en cuanto a la filosofía política enarbolada seguirán latentes. En este sentido, en lugar de eliminar el conflicto, se le desacelera. Ante esta disyuntiva se encuentra Madagascar. Ya se elaboró el Acuerdo de Maputo, como parte de la negociación de la SADC, al frente de la cual se encuentra el ex presidente mozambicano Joaquim Chissano. Este documento estableció la creación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones dentro de los 15 meses posteriores a su instalación, de lo cual se logró concretar lo primero en noviembre, aunque hubo altibajos en cuanto a los pasos posteriores. El gobierno de unidad nacional que se concretó, estableció que hubieran dos presidentes: uno de ellos, Ange Razwell y el otro, un miembro del partido de Ravalomanana. Al establecimiento del gobierno se une la creación de dos estructuras más, un Congreso de Transición y un Consejo de Reconciliación Nacional, que persiguen como principal objetivo sentar las bases para la realización de las elecciones. Importante en el logro de este paso ha sido la presencia de las cuatro principales figuras de los partidos contendientes en Madagascar, que también son ex presidentes del país. A Ravalomanana y Rajoelina se sumaron Albert Zafy y Didier Ratsiraka, dando así un ejemplo de voluntad política para resolver un problema de índole nacional, si bien su protagonismo pasa también por el interés de mantener en buen posicionamiento a sus partidos con vistas al futuro electoral. Quizá sea ya hora de sentarse a ver cuáles pudieran ser los primeros frutos concretos de este acuerdo de reconciliación y hasta dónde son capaces de llegar ahora los políticos malgaches en la puesta en funcionamiento de lo plasmado en los acuerdos. Lo cierto es que, más allá de la voluntad negociadora y conciliadora de los intermediarios, la parte más compleja queda del lado de los actores locales, quienes además tienen ante sí el difícil reto de probar a nivel internacional que las fórmulas elaboradas de forma endógena en África sí responden a las dinámicas del continente.

Referencias:

(1) Datos Generales de Madagascar. 19-03-09, www.cddhcu.gob.mx

(2) IRIN: Madagascar: Deconstructing a Crisis. 17—02-09, www.allafrica.com

(3) Ídem


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