CEPRID

África y el Nuevo Orden Mundial

Jueves 10 de septiembre de 2009 por CEPRID

Silvio Baró

CEAMO

Aunque se suele situar la divisoria de las novena y décima décadas del pasado siglo como el momento de un importante viraje en la naturaleza del sistema de relaciones políticas internacionales, debido al derrumbe del sistema socialista mundial y la desintegración de la URSS, en nuestra opinión desde mucho antes Estados Unidos y el resto de las potencias imperialistas habían comenzado a dar pasos en esta dirección. Una ojeada a la ofensiva estratégica desplegada por las naciones industrializadas desde la segunda mitad de los años 70s bastaría para percatarnos de los cambios que comenzaron a ser impulsados: el desarrollo de numerosos mecanismos de concertación (la Comisión Trilateral, la Asociación Internacional de Energía, el Foro de Davos, etc.), la asignación de un nuevo protagonismo al FMI y al BM para reducir el radicalismo y la capacidad negociadora de las naciones subdesarrolladas, el establecimiento de las condicionalidades, la imposición de las certificaciones sobre el buen comportamiento de los países, el lanzamiento de la campaña en pro del respeto de los derechos humanos, el boicot contra algunas agencias de la ONU, el impulso al multipartidismo, la democracia y el buen gobierno, la búsqueda de los nuevos enemigos de la posguerra fría (el Eje del Mal y: la introducción de las nociones de estados fallidos, fracasados, villanos o en retroceso) y la subversión de los principios y normas del Derecho Internacional y su sustitución por nuevas figuras como la soberanía limitada, el derecho a la intervención y la corresponsabilidad, entre otros.

En algún trabajo anterior adelantamos la idea de que Estados Unidos —y sus aliados— comenzaron a desarrollar algo así como un gobierno mundial en el cual, además de las ramas legislativa y ejecutiva, se estaría conformando una especie de rama judicial. Este es el contexto en el cual las principales potencias mundiales se dan a la tarea de propiciar el desarrollo de un sistema institucional internacional acorde a sus intereses: la transformación del GATT en la OMC (para conseguir la absoluta liberalización comercial), el surgimiento de una serie de ONGs fiscalizadoras de la actividad interna de los países (subdesarrollados) (Transparencia Internacional) y la creación del Tribunal Penal Internacional.

El hecho de que Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial determinó que desplegase, sobre todo, en el último decenio del pasado siglo una tendencia al unipolarismo o, cuando más, a un seudomultilateralismo, cuando debía recabar el apoyo de los aliados para emprender acciones que estaban dirigidas al logro de sus intereses.

La idea de la extensión mundial de la democracia (al estilo occidental) por todo el planeta, se convirtió entonces en la prioridad número núm. 1 de la política exterior de aquella nación.

En este adverso entorno internacional, caracterizado por el impulso de muy peligrosas concepciones y estrategias económicas, políticas y jurídicas, el continente africano pasó a ser, en nuestra opinión, una especie de campo de experimentación de las novedosas armas diseñadas y que componen el arsenal de las potencias imperialistas. En lo económico, pueden ser señaladas cuatro acciones emprendidas desde las potencias occidentales. En primer lugar, el continente fue el lugar escogido para aplicar los programas de ajuste estructural de segunda y tercera generación, mediante los cuales supuestamente se trataba de dirigir a los países africanos hacia el camino del crecimiento, pero que perseguían una más íntima vinculación de las naciones africanas a la economía mundial globalizada.

Otra de las estrategias económicas experimentadas en el continente fue la desplegada por la Unión Europea (UE) desde comienzos del presente decenio para obligar a las naciones de África subsahariana a adoptar una política de liberalización comercial casi absoluta mediante los Acuerdos de Asociación Económicas (EPA por sus siglas inglesas). A diferencia de la forma en que Estados Unidos trató de impulsar en su momento la pretendida Área de Libre Comercio para las Américas, la UE viene imponiendo los EPA a un continente que fuera convenientemente fragmentado para las negociaciones.

La idea de las negociaciones bilaterales se repite en la forma en que las potencias occidentales y las instituciones financieras internacionales encaran la situación de la deuda externa de las naciones africanas, para las cuales fue diseñada la iniciativa para los Países Pobre Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas inglesas, en tanto en este continente se concentra la aplastante mayoría de los Países Menos Adelantados (PMA).

Finalmente, asistimos a la renovada atención y competencia que se desarrolla a nivel mundial por el control de los recursos naturales, bienes que han pasado a adquirir una renovada importancia geoestratégica ante la eventualidad de su agotamiento. En este sentido, se observa que, desde hace algunos años, no solo ha aumentado el monto de las inversiones extranjeras directas que llega al continente, sino que el peso específico de éstas se está destinando a países y a actividades primarias a las cuales no se prestaba tanta atención anteriormente.

En lo político, asistimos a las pretensiones de las potencias occidentales por lograr un mejor y mayor enmarcamiento del continente en el actual sistema de relaciones políticas internacionales. Y, en este sentido, directamente o a través de las “recomendaciones” de los organismos internacionales, los países africanos han sido presionados para aplicar las normas de buen gobierno y transparencia que les son dictadas desde el exterior.

En correspondencia con esto, los países africanos se han visto envueltos en los procesos de poner en práctica sistemas políticos, caracterizados por el multipartidismo, las elecciones periódicas, etc., instrumentos supuestamente conducentes a lograr regímenes democráticos y la vigencia del estado de derecho.

Pero quizás lo más grave a lo que se enfrentan los países africanos es a las intenciones de las potencias occidentales y de algunos organismos internacionales a intervenir en los asuntos internos de los países, a partir del sobredimensionamiento de las tendencias globalizadoras y de una hiperbolización del impacto que algunos hechos pueden tener para la seguridad nacional de otros países y/o del mundo.

Los conflictos que se desarrollaron en el continente en el pasado decenio y las situaciones críticas que aún subsisten o que han aparecido en el actual, están sirviendo de base para brindar una legitimación a normas como la de la soberanía limitada o a la puesta en práctica de un denominado Derecho a Proteger.

Frente a estas pretensiones y acciones de las principales potencias imperialistas, los países africanos han venido dando una serie de pasos, con un mayor o menor éxito, para adecuarse al nuevo contento económico y político internacional.

Bastaría mencionar la creación de la Unión Africana, la revitalización de los esquemas de integración; el aumento de número de países dotados de gobiernos elegidos en procesos eleccionarios que, incluso, contaron con observadores internacionales; la elaboración de documentos normativos acerca del desarrollo de las elecciones y acerca del respeto de los derechos humanos; la creación de tribunales de corte tradicional o no para el enjuiciamiento de aquellas personas acusadas de crímenes de guerra o de importantes violaciones de los derechos humanos; y, sobre todo, el emblemático Mecanismo de Automonitoreo (APRM, por sus siglas inglesas), instrumento que constituye una originalidad de los países africanos pues no existe equivalente en las naciones industrializadas.

Por ello, nos encontramos en un momento en que los países africanos desarrollan acciones dirigidas a ajustar sus estructuras económicas, políticas, institucionales y jurídicas a las nuevas tendencias mundiales, más adecuándolas al ritmo que les permiten sus condiciones específicas. Pero todo esto lo deben llevar adelante teniendo que enfrentar las estrategias e imposiciones de las potencias occidentales.

Silvio Baró es director del Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente de La Habana (Cuba).


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