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Guerra en Gaza: Por qué la solicitud de órdenes de arresto de la CPI es una medida audaz e histórica

Jueves 23 de mayo de 2024 por CEPRID

Richard Falk

Al Quds

Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por C. P.

La Corte Penal Internacional (CPI) tomó esta semana la primera medida verdaderamente histórica desde su creación en 2002, cuando su fiscal jefe recomendó órdenes de arresto contra dos altos funcionarios israelíes, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Ministro de Defensa Yoav Gallant, y tres líderes prominentes de Hamas.

Como era de esperar, ambas partes han denunciado esta acción de la CPI en el lenguaje más enérgico posible. Debido al sesgo de los medios de comunicación occidentales, las airadas reacciones de Israel y sus aliados han dominado el ciclo informativo, mientras que la declaración oficial de Hamas ha sido en gran medida ignorada.

Si bien cada lado eligió una línea argumental similar, existe una diferencia de 180 grados en sus perspectivas sustantivas.

La objeción más fundamental de Israel a la acción del fiscal es la supuesta equivalencia trazada entre Hamas, que perpetró el bárbaro ataque del 7 de octubre, y el gobierno democráticamente elegido de Israel, que dice que actuó para defenderse y restaurar la seguridad de su población.

Hamás y sus partidarios también están consternados por la equivalencia que implica la petición de órdenes de arresto, que “equipan a la víctima con el verdugo” en el contexto de una ocupación israelí opresiva que afirma los derechos legales de resistencia de los palestinos, incluido el recurso a la lucha armada.

A mi juicio, la respuesta israelí es retórica y polémica, en el sentido de que Israel y sus líderes nunca pueden ser acusados ​​de criminalidad en un contexto determinado por lo ocurrido el 7 de octubre, identificado como el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto.

Netanyahu calificó la recomendación de órdenes de arresto como “un ultraje moral de proporciones históricas”, una “parodia de la justicia” que sienta “un precedente peligroso”, interfiriendo con el derecho de los estados democráticos a defenderse.

Falta defensa

Lo que falta en la respuesta israelí ha sido cualquier defensa contra las especificidades del comportamiento israelí, visto en todo el mundo como genocidio, como lo demuestran las crecientes protestas incluso en Estados Unidos, el partidario más inquebrantable de Israel.

Los crímenes y las pruebas están delimitados en el lenguaje de la ley, y ciertamente son de tal magnitud y gravedad que requieren una respuesta sustantiva de buena fe por parte de Israel. Nada menos puede convencer a la opinión mundial de que el fiscal de la CPI se excedió en su mandato al proponer órdenes de arresto.

Es especialmente relevante hacer referencia a la orden provisional casi unánime de la Corte Internacional de Justicia de enero como evidencia de que los cargos contra los líderes de Israel no son una vergüenza ni un precedente peligroso. Ese fallo da motivos firmes, aunque provisionales, para creer que la violencia de Israel después del 7 de octubre constituye un ejemplo deplorable de genocidio sostenido dirigido a toda la población civil de Gaza.

En mucha menor medida, la misma crítica se aplica a la respuesta de Hamás. Aunque el fiscal debería haber abordado el contexto de una larga ocupación abusiva y victimización en violación del derecho internacional humanitario, esto no confiere impunidad a los excesos criminales que se cometieron el 7 de octubre.

Estos dobles estándares exhiben hipocresía moral y nihilismo jurídico, ya que Estados Unidos invoca procedimientos internacionales como instrumentos de política exterior.

El llamamiento a emitir órdenes de arresto contra los líderes de Hamás es dudoso debido a la ausencia hasta la fecha de una investigación internacional imparcial sobre lo que realmente ocurrió el 7 de octubre, y de pruebas de que los líderes de Hamás -a diferencia de otras entidades de la resistencia palestina, como la Jihad Islámica- - han sido debidamente señalados.

No debería sorprender que Estados Unidos saltara en defensa de Israel, sumándose a un ataque bastante absurdo a la credibilidad de este tribunal global basado en un tratado, que tiene el mandato de investigar y tomar medidas contra los perpetradores de crímenes internacionales.

Aunque los funcionarios estadounidenses ahora se quejan de los obstáculos jurisdiccionales para acusar a nacionales de países que no son partes del Estatuto de Roma de la CPI, Washington apoyó con entusiasmo la apresurada acusación del tribunal contra el presidente ruso Vladimir Putin poco después de la invasión de Ucrania en 2022. Estos dobles estándares exhiben hipocresía moral y nihilismo jurídico, ya que Estados Unidos invoca procedimientos internacionales como instrumentos de política exterior en lugar de normas universalmente aplicables.

Declaración irrelevante

En una frase llamativa que podría haber salido del Gobierno israelí, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó: "Independientemente de lo que pueda implicar este fiscal, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás". Respaldó esta declaración jurídicamente irrelevante con la afirmación categórica de que “siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad”.

De nuevo, esto es irrelevante. La única pregunta es si las pruebas respaldan la emisión de órdenes de arresto. Al reiterar esa postura unilateral, Biden está reforzando las quejas de los manifestantes en todas partes de que Washington es cómplice del genocidio reportado de manera más transparente y confirmado en tiempo real, y no en retrospectiva o de manera abstracta, como fue el caso incluso con el Holocausto.

Irónicamente, la retórica fuera de lugar de indignación de Israel y sus aliados ha dotado a los pronunciamientos de la CPI de una importancia que la institución nunca antes había tenido.

Debajo del humo de la controversia está el fuego de una campaña masiva de terrorismo de Estado que se proyectó al principio como violencia defensiva y reactiva, pero rápidamente mostró sus verdaderos colores como violencia premeditada y reubicación forzada de palestinos en Gaza, cada vez más alejados de las genuinas preocupaciones de seguridad de Israel.

También se olvida en las controversias de los últimos meses el contexto establecido por el gobierno de Netanyahu antes del ataque de Hamás. Incluso en Occidente, esta coalición de gobierno fue descrita como la más extrema en la historia de Israel. Lo que lo hizo así fue su esfuerzo manifiesto por iniciar una campaña liderada por los colonos para hacer la vida lo más inhabitable posible para los palestinos en la Cisjordania ocupada, expresada en un mensaje transmitido de diversas maneras en el sentido de: “Váyanse o los mataremos”.

El gobierno israelí, incluidos los ministros extremistas del gabinete Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, dieron luz verde a esta violencia como parte de su objetivo prioritario de establecer unilateralmente el Gran Israel y poner fin a todas las perspectivas palestinas de convertirse en un Estado o cualquier forma significativa de autodeterminación.

Múltiples fracasos

Además, el hecho de que Israel recibiera una advertencia previa de un ataque planeado y ensayado de Hamás, poseyera elaboradas capacidades de vigilancia e información y reaccionara al ataque con una incompetencia inusual, hace que sea difícil creer que no se haya acordado ya un escenario de respuesta masiva por los dirigentes israelíes antes de que se tomara un solo rehén.

Cuando comenzó la represalia israelí, inmediatamente estuvo imbuida de tácticas y lenguaje genocida, incluidas políticas para privar a los palestinos en Gaza de alimentos, combustible, electricidad y agua. Lo más revelador fueron los reasentamientos forzosos de palestinos del norte al sur de Gaza, los espantosos ataques a hospitales y centros de población, el uso del hambre como arma de guerra y los esfuerzos en curso para inducir a Egipto y otros países a aceptar grandes números de refugiados palestinos.

Esta campaña sostenida parece haberse vuelto cada vez más autodestructiva desde la perspectiva de la seguridad israelí. Muchos israelíes creen ahora que el liderazgo de Netanyahu es responsable de múltiples fracasos: destruir a Hamás, lograr el regreso seguro de los rehenes y preservar la reputación del país como Estado soberano legítimo.

El liderazgo de Biden, a través de su postura de apoyo incondicional a Israel y denuncia irresponsable de la CPI, ha dado la espalda a su propia generación más joven, desatando brutalidad policial y acciones punitivas contra el activismo pro palestino. Ha sido totalmente irresponsable pretender que las acusaciones de genocidio formuladas contra Israel no tienen ningún fundamento jurídico; su comportamiento en la ONU ha dañado el derecho internacional y el carácter de las democracias liberales moralistas.

El fiscal de la CPI también merece críticas. No existe una equivalencia adecuada entre el ataque aislado del 7 de octubre, a pesar de sus atrocidades, y la campaña israelí de muerte y devastación de siete meses en Gaza.

Con el tiempo sospecho que el hecho de no abordar el "genocidio" será considerado como la debilidad más impactante de la declaración formal del fiscal.

Como mínimo, Khan debería haber explicado por qué habría sido jurídicamente prematuro incluir esta acusación tan grave y generalizada contra Israel entre los motivos para recomendar que la CPI emitiera órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant. Al evadir cualquier mención de genocidio, se puede acusar con justicia a Khan de ignorar al elefante en la habitación.

Mientras tanto, deberíamos esperar que el panel de jueces acepte la recomendación de los fiscales y emita órdenes judiciales contra los líderes israelíes y de Hamas, al mismo tiempo que haga todo lo posible para borrar la impresión de equivalencia. Si la CPI se apega a su posición de principios subyacente, mejorará su reputación como una dimensión de la gobernanza global no contaminada por la geopolítica partidista.

Richard Falk es un académico en derecho internacional y relaciones internacionales que enseñó en la Universidad de Princeton durante cuarenta años. En 2008, la ONU también lo nombró para desempeñar un mandato de seis años como Relator Especial sobre los derechos humanos de los palestinos.


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