EL INGRESO SOCIAL, HERRAMIENTA PARA LA FIRMACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOCIAL

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CIUDADANÍA SOCIAL?

La idea de ciudadanía expresa el conjunto de derechos y deberes que van unidos y configuran la pertenencia plena a una sociedad.

La ciudadanía social implica, entre otros, el derecho a los bienes sociales. Lo que significa que la ciudadanía social comporta el derecho a una parte del producto social, no como asistencia o protección, más o menos graciable, sino por razón de pertenencia a esa sociedad. Pertenencia que debe garantizar un estatus como miembro social con derechos plenos.

Significa también, la compartición de un conjunto de servicios comunes, cuyo uso se inscribiría en la práctica real de la ciudadanía social: educación, seguridad social universal o asistencia sanitaria pública.

Por ello, ciudadana/o, ciudadanía, son palabras llenas de significado. Hablan de respeto, de derechos, de dignidad. Al margen, y no dependiente de la aportación ofrecida por cada cual al proceso económico, sino vinculada a la autonomía individual y a la igualdad.

Piénsese en el sentido y la emoción que contenía el citoyen francés de 1789, una palabra que condenaba la tiranía y la jerarquía social, a la vez que afirmaba la autonomía individual y la igualdad; en aquel momento incluso las mujeres consiguieron el nombre de citoyenne, en vez de madame o mademoiselle.

SUPERACIÓN DE LOS DESENCUENTROS SOCIALES Y DESAPARICIÓN DE LOS SUJETOS FRÁGILES

La sociedad en la que vivimos está provocando cada vez mayores fragmentaciones en su seno. Si nos fijamos en la propia sociedad vasca, observaremos que si algo le identifica, en la actualidad, es el desencuentro social entre la población, incluso en el seno propio de las explotadas y los explotados.

Más de 30.000 hogares subsisten en Euskadi de las ayudas asistenciales; 180.000 personas en paro no cobran una peseta del INEM; en 18.800 hogares de la C.A.V. todos los miembros están en el paro; son en torno a 14.000 los hogares perceptores de las rentas mínimas.

El sistema, para garantizar su propia existencia necesita, cada vez más, ahondar en dicha dirección; otra cosa es si realmente es ese su deseo. Pero, independientemente de su voluntad, la realidad es que vivimos de espaldas a la condición de ciudadanía.

Las estadísticas, aunque gélidas en ocasiones, marcan las pautas de la realidad. La economía, y los valores sociales y culturales que va estableciendo, determina quiénes tienen acceso al mercado de trabajo y quiénes han de socorrerse de la caridad institucional o de otro tipo, al igual que determina quiénes podrán contar con un empleo consolidado y quiénes con un contrato inestable y miserable.

El terreno de los sujetos vulnerables se expande. Los problemas de género adquieren grandes dimensiones en la medida que la feminización de la pobreza es notoria en sus contenidos y manifestaciones. No hay más que hacer un repaso, por poner un ejemplo, de las personas perceptoras de las rentas mínimas, y de los motivos que les conduce a solicitarlas.

Se está, estamos, configurando una sociedad en la que se acrecienta la ruptura entre los humanos, muy a pesar de que hoy se hable más que ayer de la solidaridad. Ésta sigue siendo una palabra, una intención, pero en nuestra práctica cotidiana ejercemos algo bien distinto, incluido en las filas de la izquierda. Casi siempre, por no decir siempre, andamos a remolque de las injusticias y derrotas que nos va infringiendo el sistema.

Ante la grave situación a la que nos emplaza el paro, todo el mundo al unísono reivindicamos trabajo, sin importar su calidad ni cantidad. Nos preocupa la destrucción de la naturaleza, pero no importa que den ayudas para comprar nuevos coches porque así quizás, fabricando más, se generará empleo. Nos preocupan las guerras, pero ante la falta de empleo, ¡que nos den trabajo aunque sea fabricando misiles! Sabemos que las políticas de las multinacionales están colapsando más de la mitad del planeta, pero aquí, como tenemos paro, ¡que vengan las multinacionales! Y a todo ello, seguro que además le encontraremos algún argumento a favor de la solidaridad.

No cabe duda que en la solidaridad, en su ejercicio, tenemos un gran reto, tenemos la necesidad de proyectar comportamientos globales y que impliquen, a su vez, en actitudes individuales, en ese continuamente renovado tesón que nos caracteriza, eludiendo en lo posible las incompatibilidades que tienden a adueñarse del campo de los valores. Incompatibilidades entre la búsqueda de la igualdad y búsqueda de libertad; entre la justicia y la eficiencia; entre el interés particular y el bien común.

La ciudadanía social, reivindicación objeto de este texto, como concepto de construcción comunitaria y el ingreso social como derecho correspondido a cada individualidad podrían eliminar en buena medida todo este quebranto social, y posibilitar a los cuerpos y mentes de las personas, hoy socialmente excluidas y atenazadas por la angustia del día a día, otras preocupaciones social y políticamente más enriquecedoras, culturalmente más gratificantes.

LAS RENTAS MÍNIMAS GARANTIZADAS

Entre tanto, las instituciones preocupadas por los efectos más perniciosos de la fragmentación social a la que hemos aludido, han tratado de suavizar la situación a través de lo que se denominan las rentas mínimas garantizadas.

Las rentas a que nos referimos se tratan de un ingreso mínimo garantizado de pura subsistencia que se sitúa entre 39.000 y 65.000 pesetas, según los casos, por unidad familiar. Está destinado a quienes acrediten que no disponen de ningún ingreso o de ingresos muy insuficientes y cumplan una serie de condiciones de edad, exigencias administrativas (empadronamiento, constituir hogar independiente, demostrar insuficiencias de ingresos…) y compromiso de acudir a proyectos de formación o de aceptar posibles trabajos que se les pueda ofrecer. Está concebido como ayuda transitoria para situaciones de no empleo, marginación; no siendo considerado como un derecho universal.

Es una idea que surge como «procedimiento para luchar contra la pobreza». Teniendo en cuenta los resultados, nos atreveríamos a decir que para lo que está sirviendo es para instalar de forma permanente en la pobreza a las personas atrapadas por la misma, acabando en personas estigmatizadas, debido al control institucional. Su cuantía está marcada por las pautas que va marcando el mercado de trabajo, por los niveles salariales existentes, y por los niveles de competitividad en vigor.

Esta idea, que nada tiene que ver con el Ingreso Social, fue establecida por primera vez, a nivel estatal, en la Comunidad Autónoma Vasca, en febrero de 1989, como Ingreso Mínimo Familiar, denominación que se modificó por el de Ingreso Mínimo de Inserción, más conocido por Salario Social. En Nafarroa se adopta esta misma medida, con el nombre de Renta Básica, en junio de 1990.

Hace ya bastantes años que esta política de las rentas mínimas se venía implantando en Europa, concretamente en la ex-Alemania Federal en 1961, siguiéndole el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, etc. Surgen como medidas sociales que pretenden cubrir las insuficiencias del propio Estado del Bienestar, y por lo tanto con la vocación de ser medidas pasajeras que habrían de desaparecer tanto en cuanto la política del bienestar subsanara sus deficiencias.

Hoy en día, siguen vigentes, deterioradas en buena medida, no porque los factores que los impulsaron hayan desaparecido, que más bien han aumentado, sino por una mayor racanería de los Estados.

En el Reino Unido, en donde la transición de una economía rural a otra más industrializada provocó situaciones de pobreza muy acuciantes, alarmados por sus consecuencias, se estableció, ya en 1834, la «Ley de Pobres» (Poor Laws), que fracasó frente a la desolación que iba provocando el recién instaurado desarrollismo industrial en millones de personas. Pese a ello cabe decir que el empeño de la referida ley era similar a las políticas de rentas mínimas actualmente establecidas.

Por lo tanto, las rentas mínimas garantizadas, emergen de la mano de manifestaciones de la crisis económica, con altas tasas de paro, y nuevas bolsas de pobreza. Son parches que el sistema va colocando con el objeto de amortiguar las situaciones de desigualdad que crea. Su filosofía de fondo contiene una intención conservadora: la de hacer socialmente tolerables las elevadas cifras del paro y las variadas situaciones de pobreza. Más de un autor ha señalado que las rentas mínimas tienden a transformarse en el salario de la marginalidad y de la exclusión social.

Pero al mismo tiempo, y optimizando el hecho, pensamos que puede servir de punto de referencia de un debate que se adentra en aguas de mayor hondura, al contemplar como centro de la controversia la implantación de un Ingreso Social suficiente, en calidad de derecho ciudadano y no sujeto a coyunturas de desempleo o de recesión económica.

EL INGRESO SOCIAL UNIVERSAL

La idea de una renta garantizada, de ingresos suficientes a título individual y con carácter universal, no es, en sí misma, original de nuestro siglo. Incluso, podemos remontamos a la primera mitad del siglo XVI, y más concretamente a las aportaciones de Vives, que haciéndose eco de las nuevas concepciones renacentistas, sobre el papel de los poderes públicos, llega a proponer un mínimo garantizado de renta para todas las personas.

Estas propuestas también fueron contempladas por los clásicos del pensamiento socialista y del pensamiento liberal, así como en algunas de las orientaciones libertarias.

El propio Thomas Paine defendía en 1786 el derecho a una renta absolutamente incondicional. En torno a estas mismas fechas, segunda mitad del siglo XVIII, Herbert Spencer y Henry George entre otros, defienden también el derecho a la renta incondicional como «la contrapartida del hecho de que la tierra pertenece a todas y a todos».

Han tenido que pasar muchos años para que esta idea recobrara actualidad, y adquiriera un sentido de complementación en la lucha por la transformación social, metidos de lleno en lo que se podría denominar la fase de la tercera revolución industrial, o dicho de otra manera, en un contexto de mutación histórica.

Probablemente sea P.V. Parijs quien retoma esta reivindicación con más fuerza. Esto ocurre en 1987, siendo el de «subsidio universal» el concepto que él maneja.

¿CÓMO ENTENDEMOS LA REIVINDICACIÓN ACTUAL DE UN INGRESO SOCIAL UNIVERSAL?

La cualidad de ciudadanía social está en la base de la exigencia de un Ingreso Social con carácter universal; exigencia equiparable a como entendemos, por ejemplo, el derecho a la sanidad.

Es una propuesta de distribución de la renta, concedida de forma incondicional, sin ninguna contrapartida a cambio por parte de sus perceptores. Es una forma de garantizar un ingreso que le permita a la persona, como ser individual, afrontar en condiciones de normalidad tanto el presente como el futuro, sin estar pendientes de que se esté desplazado o no del mercado de trabajo.

La propuesta -que descarta la denominación de salario y subsidio- concebida como medida que posibilita el derecho de ciudadanía, y aunque su debate actual se sitúe en un contexto de paro y aumento de la pobreza, afecta principalmente a la cuestión del destino que se debe dar al excedente social y a la pregunta de si entre los derechos fundamentales que asisten a toda persona que forma parte de esta sociedad, se encuentra el de tener garantizada una asignación suficiente para llevar una vida acorde con el entorno social.

Como todo derecho individual su ejercicio estará vinculado a opciones personales, debiendo ser plenamente ejercido de desearlo así. Es por tanto, en esta concepción, un derecho que -aunque nadie puede ocultar su relación-, no está unido ni viene a remediar situaciones involuntarias de desempleo y pobreza.

Todavía para amplios sectores de izquierda no es posible entender modelo de liberación alguno si no va directamente relacionado con el ejercicio de una actividad que genere rentas, entendiendo trabajo y valor como categoría uniforme. Y claro, ésta concepción es opuesta al Ingreso Social que propugnamos.

Aun así, el acuerdo sobre esta exigencia, matices o propuestas aparte, es bastante amplio en un espectro ideológico y político abierto, que va desde intelectuales como Toni Negri o André Gorz, hasta exponentes significados de las nuevas perspectivas de la socialdemocracia, corriente libertaria o del llamado «reformismo duro».

No podría entenderse una medida de estas sin el cuestionamiento de los valores que comporta el actual sistema generador de desigualdades y los valores sociales que le protegen como son el desenfrenado consumismo y la rabiosa competitividad que atacan en toda la línea de flotación al equilibrio ecológico y a las tres cuartas partes de los habitantes del planeta en lo que se refiere a su hábitat y a su riqueza.

Queremos decir que contemplamos la propuesta de un Ingreso Social situado por encima de la línea de pobreza -que podría tener su concreción monetaria en el actual «Salario mínimo interprofesional»- como un elemento que nos ayude a formular perspectivas a medio plazo para la acción contra el paro y la pobreza, contra las desigualdades presentes en nuestras sociedades, y para una transformación profunda hacia un futuro más libre.

Esta idea no es del agrado de los estamentos dirigentes, que prefieren vincular los derechos sociales y las prestaciones con la disponibilidad a trabajar por parte de las personas beneficiarias. Este punto de vista trata de poner en pie un concepto más restringido de los derechos y una ampliación de deberes, lo que nos parece rechazable.

Se podrá discutir acerca del carácter defensivo u ofensivo de la propuesta; lo que dependerá de la fuerza del movimiento que la impulse y de su arraigo en la mayoría social. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es, que se plantea frente al orden y las pautas establecidas.

No se nos oculta que la mayor dificultad para popularizar positivamente esta propuesta, radica en que sea entendida como un objetivo deseable para la ciudadanía. Así como que su defensa, como con cualquier derecho primario, se convierte en un ejercicio práctico de solidaridad.

Su aplicación, liberaría a esa parte de la sociedad permanentemente subsidiada y chantajeada, tanto por la Administración como por las contingencias del mercado, y nadie aceptaría un trabajo indigno y ruin. Entonces probablemente recurriríamos a la cita de Horkheimer: «En una sociedad socialista la alegría no procederá de la naturaleza del trabajo. Aspirar a esto es totalmente reaccionario. El trabajo será realizado con agrado, más bien, porque sirve a una sociedad solidaria».

Porque, si bien el Ingreso Social Universal, tal como lo concebimos, no exige contrapartida laboral alguna, ello no significa que aplaudamos o se persiga la ociosidad como paradigma de una nueva sociedad.

En la búsqueda de nuevos valores, opuestos a los del individualismo, competitividad y consumismo que imperan en la actualidad, el Ingreso Social, puede dar un valioso impulso al concepto de «actividad plena». Como contrapunto y alternativa a los elementos coactivos de la sociedad salarial.

Tanto porque empuje en la dirección de acabar con el estigma del fracaso personal, que tan arraigado está en los sectores desempleados, como por que debe complementarse con el desarrollo de múltiples y variadas formas de trabajo y colaboración comunitarios.

Lo complejo de este último aspecto hace imposible su desarrollo en esta ponencia. Permítasenos que simplemente lo enunciemos, para evitar que de la misma se desprendan ideas alejadas de nuestro pensamiento.

HABLANDO DE LAS CONTRAPRESTACIONES

Una primera cuestión complementaria posible es la de si a cambio de la percepción del Ingreso Social se debe realizar algún tipo de trabajo, o en su defecto, debe existir por parte de la persona beneficiada el compromiso de reinsentarse en el mercado de trabajo en unos plazos determinados. La saludable contrapartida está en situar a las personas en la condición de ciudadanía, y punto. Condicionar el derecho a los deberes, no es precisamente un valor de solidaridad, es una actitud de siempre defendida por las corrientes conservadoras.

Aunque de hecho sí se ofrece una contrapartida. La renuncia, en el caso de optar voluntariamente por limitar los ingresos propios a lo ofrecido por el Ingreso Social, a entrar en formas de vida y niveles de consumo a los que sí podrán optar quienes prefieran obtener ingresos más altos desempeñando un trabajo. Sería optar por el Ingreso Social a cambio de una menor integración en el ámbito del consumo o de nadar contracorriente frente a la cultura de lo superfluo. La libertad real de no trabajar es posible al precio de disminuir la capacidad real para consumir bienes y servicios.
Comprendemos que este punto de vista choca con la ética del trabajo imperante en nuestras sociedades industriales, y que esa ética está también muy arraigada en la cultura de las clases trabajadoras y en sus organizaciones sindicales y políticas, desde su crítica al parasitismo de las capas ociosas y explotadoras. El principio de que «quien no trabaja no tiene derecho a comer» marca la norma de las opiniones comunes y mayoritarias, que tiene mucho de herencia de aquel lejano y bíblico «ganarás el pan con el sudor de tu frente».
Es razonable y conveniente tomar una saludable distancia frente a tales pautas sociales, en la evidencia de que el nivel del avance tecnológico y de los conocimientos de nuestras sociedades hace posible una forma de vida que esté menos sujeta a la producción constante de bienes y servicios, y por tanto a la esclavitud del trabajo. Para posibilitar esas mejores formas de vida es necesario, como elemento central, modificar las relaciones de desigualdad que rigen la distribución de la riqueza social, y es también imprescindible que la asignación de su parte de esa riqueza, a cada persona, no sea vivida por ésta como un proceso humillante, desencadenante de sentimientos de culpa por el hecho de recibir subsidios sociales o experimentar la frustración de estar desempleada.

La legitimación del derecho a un Ingreso Social lleva consigo la legitimación del deseo de disponer de más tiempo para ocupaciones y proyectos personales, o para la realización de actividades de utilidad social que no transcurran por los cauces del trabajo realizado a cambio de un salario. Justo lo que no es la insistencia en vincular la estima personal a la obligación de «ganarse la vida» trabajando.

Hace un siglo, por tomar una referencia, era difícil pensar que sería posible la llegada de una época en la que todas las personas, con y sin empleo, tendríamos derecho a disfrutar de una sanidad y enseñanza gratuita, a pesar de que ciertos sectores ya lo estén cuestionando. Puede que ahora nos encontremos con la misma perplejidad cuando se hace la propuesta del derecho a disfrutar de un ingreso. Se supone que lo mismo ocurriría con la Seguridad Social antes de su implantación. Recuérdese que desde los inicios de la industrialización transcurrió cerca de un siglo hasta que se establecieran los primeros Seguros Sociales -hoy Seguridad Social-. Y que esto ocurría en Alemania, el año 1881, tras masivas y sangrientas movilizaciones obreras, con el mariscal Guillermo Bismarck al mando del régimen.

LOS PROS Y LOS CONTRAS

En relación con el trabajo. Aun no siendo posible aquí examinar en extenso la cuestión planteada, uno de los argumentos a la contra es el de la desincentivación del interés por el trabajo al ser posible una convivencia social normalizada sin necesidad de trabajar, y que ello repercutiría desastrosamente en la producción de bienes y servicios necesarios para la sociedad. Este argumento, aparte de dejar al descubierto el carácter coercitivo y desagradable del trabajo, al suponer implícitamente que la mayor parte de la gente no doblaría la espalda si pudiera vivir de otra manera, no se basa en elementos que deriven de experiencias comprobadas. Por el contrario, las personas a las que nunca les ha faltado lo básico, e incluso, debido al entorno social y familiar en el que conviven tienen garantizado de por vida un elevado estatus social no parece que se hayan dedicado o se estén dedicando a no hacer nada.

A la luz de lo que hoy podamos suponer, lo más probable es que un cierto sector de gente optase por realizar poco trabajo remunerado, o no realizar nada, mientras que la mayoría querría seguir trabajando normalmente, bien sea por el ingreso adicional que obtendría, bien por su interés en la profesión que desempeñase, bien porque el ritmo de vida que se plantea se lo exija. En este punto la verdadera cuestión que se debería apuntar es que nadie querría, en efecto, realizar el trabajo penoso que incluso las sociedades capitalistas avanzadas siguen requiriendo en alto grado. En cualquier caso, no parece probable que el número de personas que decidan no trabajar superen en Euskadi las 250.000 que hoy están en paro, ni los 3.500.000 que hay a nivel estatal.

El Ingreso Social, por su incondicionalidad, puede suponer una alteración fundamental del marco de relaciones del mercado de trabajo, dando lugar a una reconceptualización de tal mercado y a una división más racional entre la actividad remunerada y no remunerada. Resolvería en buena parte la aportación que millones de personas desarrollan en mil y una tareas sin remuneración alguna pero que son insustituibles y socialmente necesarias y útiles. En gran medida afectaría a las mujeres y al voluntariado. Sería una forma más de ejercer la justicia social, resolviendo algunos problemas de género, que las actuales relaciones del mercado sostienen.

La ventaja principal del Ingreso Social reside en la seguridad que proporciona a todas las ciudadanas y ciudadanos el saberse acreedores a una renta que garantice que sus necesidades materiales más elementales queden cubiertas permanentemente. Es obvio también que este sistema contribuiría significativamente a mejorar la distribución de la renta, especialmente aliviando la situación de los estratos más pobres de la población.

Dependencia del Estado. ¿Pero el Ingreso Social no se traduciría, finalmente, en una dependencia más acusada hacia el Estado? Los defensores de los postulados neoliberales y no pocos gobiernos persiguen una menor participación del Estado en las regulaciones del mercado de trabajo, o en los gastos sociales, al tiempo que contradictoriamente, pretendiendo difuminar las consecuencias excluyentes más llamativa de su política proveen el sustento de los más extremadamente necesitados. Son los aires de las economías y de las políticas internacionalmente globalizadoras.

En la práctica, esto lleva a una reducción de la dependencia de las clases privilegiadas en relación con el Estado, pero, por el contrario, aumenta la dependencia de los que están sujetos a la buena voluntad del funcionariado gubernamental, y el articulado en las leyes que garantizan las libertades públicas sería tal vez el mejor modo de neutralizar al menos en parte la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Un Ingreso Social contemplado como derecho fundamental se sitúa en esta lógica.

Gorz es crítico con un ingreso de estas características diciendo que «sitúa a sus beneficiarios bajo la dependencia directa del Estado». Estando parcialmente de acuerdo con esa afirmación, entendemos que no se es menos dependiente cuando se beneficia de la protección social-asistencial, de la sanidad pública, de la enseñanza y de tantas otras prestaciones. Como muy bien dice J. Fernández Iglesias, la lucha contra una dependencia esterilizante del Estado habrá de llevarse en otras instancias.

Versus financiación. El modo de financiación del Ingreso Social es otro punto que abona la polémica. Hay quienes preguntan ¿están los trabajadores productivos dispuestos ha financiar la ociosidad de los no productivos? Tal vez habría que observar que en el esquema propuesto, tanto la condición de productivo como la de no productivo derivarían de una elección personal; por tanto -se podría preguntar- ¿qué tendría de injusto el vivir de la contribución de otros cuando a todos se les ofrece la misma posibilidad? Si los no ociosos considerasen una situación de privilegio la de los adheridos al Ingreso Social, ¿por qué no seguir su ejemplo? Pero no queremos plantear la cuestión en este terreno, puesto que ello presupone que contemplamos el aumento de la carga fiscal sobre las personas activas como la vía de financiación del Ingreso Social. Y no es así como lo vemos.

El sistema político e institucional debería ser capaz de garantizar la práctica de ese derecho mediante la constitución de un Fondo Social a ese fin, o por otros procedimientos que resulten adecuados. La financiación del Ingreso Social hay que plantearla, como un problema de redistribución de la riqueza social, en el cual la solución consiste en que los beneficios, las plusvalías de los propietarios, las grandes fortunas, la persecución del fraude fiscal, sean la base sobre la que se articule la constitución de un fondo redistributivo que cubra una buena parte de los costes del Ingreso Social. La reducción de los gastos militares y otras partidas socialmente perjudiciales vendrían a reforzar la disponibilidad de fondos.

Más allá de Occidente. Concepciones como la Ciudadanía Social y propuestas como el Ingreso Social, nos emplazan también necesariamente a la búsqueda de propuestas de solidaridad y de acción con las gentes desposeídas de los países y naciones expoliadas del Tercer Mundo, en la perspectiva de una redistribución más justa de las riquezas de la Tierra en beneficio de sus habitantes.

Obviamente, la propuesta debe ir más allá de la colaboración solidaria, y más en la medida en que los mecanismos para generar excedentes tienen una conexión internacional tan manifiesta. Quienes tenemos la suerte de vivir en el Centro no podemos caer en el riesgo de disposiciones de graciabilidad respecto a la Periferia.

Retomando, dos siglos más tarde, la cita ya mencionada de Spencer, como bien señala, «la contrapartida del hecho de que la tierra pertenece a todos» es un derecho; y también, añadimos, una propuesta que hemos de hacer extensiva a toda la humanidad, aunque en cada lugar tenga una lectura particular y respetuosa con el entorno.

Obligar a las multinacionales a que paguen su peaje, aunque sea una cuestión harto complicada, exige adoptar iniciativas y propuestas concretas.

Junto a ello un buen punto de partida, en sentido general, podría ser la implantación de un impuesto de solidaridad, de naturaleza directa y para toda la población, destinado a crear un fondo de ayuda intemacional.

Tomás Etxabe
(Gasteiz)