Surgidos en buena parte a la sombra de oscuros intereses o de estrategias partidistas, los nuevos movimientos sociales aparecen en escena cada vez con mayor frecuencia y logran el amparo casi instantáneo de los sectores progresistas de la sociedad, que creen ver en estas iniciativas una reactivación de la conciencia social adormecida por el sistema político y por la falta de un enemigo claramente definido.
Sin perder nunca de vista el hecho de que toda regla presenta numerosas excepciones, no parece, sin embargo, que los nuevos movimientos sociales sean un indicio de que la sociedad comienza a despertar de su letargo, y ello pese a que en Euskadi se cuenta con la ventaja de un panorama que nunca ha gozado de la estabilidad suficiente como para anestesiar por completo a la ciudadanía.
De hecho, estas iniciativas que surgen como por generación espontánea suelen nacer en escenarios degradados que alcanzan una punta crítica en su gráfico de malestar social.
Habitualmente no hay respuesta ciudadana a los problemas, por eso, los nuevos movimientos sociales proporcionan una especie de válvula de escape en la que la sociedad actúa con las tripas, lo que nos proporciona una clara visión de la mentalidad que subyace en los ciudadanos y que no suele ser precisamente progresista, sino reaccionaria.
Esta percepción no parece ser compartida por los sectores progresistas y de izquierdas de uno o de otro lado y de las distintas graduaciones, o, al menos, no se ha manifestado públicamente. Eso sí, en función del progresismo de que se haga gala, determinados movimientos pueden ser calificados como un modelo a seguir o como una muestra de una mentalidad casi demoníaca, lo que acentúa la sensación de confusión generalizada en que vivimos.
En medio de esta situación, poco a poco comienza a abrirse paso una reflexión en torno a la validez, bondad e incluso conveniencia de algunos de los nuevos movimientos sociales que surgen en la sociedad vasca y que alcanzan, con envidiable rapidez, un gran éxito de participación.
El éxito, las multitudes, la legitimidad que parece imprimir la presencia del ciudadano en la calle, se vislumbra como la razón por la que la izquierda sostiene una vez tras otra el apoyo a estos nuevos movimientos, un apoyo en el que el número de personas suele pesar más que el contenido de los mensajes y de los motivos, lo que provoca que se incurran muchas veces en contradicciones escandalosas.
Ejemplo.- Como ejemplo de lo anteriormente dicho utilizaremos el caso de Barakaldo, la segunda población de Bizkaia, apenas cien mil habitantes, con un índice de desempleo del 28,50% de la población activa, una tasa de cáncer de las más altas de Europa Occidental, elevados niveles de contaminación, toxicomanías, abandono escolar, tensión étnica, infravivienda, emigración… En definitiva, una ciudad para morir, como afirmaba el diario El País en 1991.
Es en este «escenario apocalíptico de la ría de Bilbao» (diario El País) donde día a día se asienta con más fuerza el término DESIERTO CULTURAL, una zona desprovista de vegetación que invade todos los ámbitos de una sociedad muerta que en la intimidad y en voz baja se manifiesta insatisfecha, lo que, por otro lado, es lo normal a la vista de la situación en que se encuentra.
Y así, en este caldo de cultivo, surge el pasado 4 de febrero una gran manifestación («cinco mil personas», dice la prensa en un alarde de generosidad) que, supuestamente, protesta por «el autoritarismo y la prepotencia» institucional y reclama participación ciudadana. El acto cuenta con el apoyo de más de medio centenar de organizaciones del municipio y de las formaciones políticas Zutik, Herri Batasuna, Izquierda Unida e Iniciativa Ciudadana Vasca.
Tras el lema oficial de la movilización, nadie es ajeno al hecho de que no se está manifestando por «el autoritarismo y la prepotencia» municipales (autoritarismo y prepotencia que son evidentes e innegables) sino que está respondiendo puntualmente a dos conflictos: la instalación de dependencias de la Ertzaintza debajo de un bloque de viviendas y los proyectos institucionales de almacenamiento y tratamiento del pesticida tóxico «Lindane».
La manifestación, convocada por una recién constituida Coordinadora Sociocultural de Barakaldo, es aplaudida como un éxito y como una demostración y advertencia a los políticos en el poder de que los ciudadanos no están dispuestos a participar únicamente cada cuatro años y ante las urnas.
Pero, y todo es discutible, no parece que la realidad sea la expuesta por los portavoces oficiales de la manifestación, y por los representantes de los grupos políticos de izquierda.
Los vecinos que se oponen a la instalación de un local de la Ertzaintza no tienen mayor sensibilidad social que la defensa de su propiedad privada, de su tranquilidad personal y de la revalorización o depreciación que puedan sufrir sus pisos en el mercado inmobiliario. La presión policial desenfrenada y el respeto a las libertades por parte de la policía autónoma, entre otros aspectos, no son cuestionados.
Por su parte, los afectados por el tratamiento y almacenamiento del «Lindane» admiten abiertamente que no les preocupa la salud del resto de los ciudadanos y no hacen ni una sola referencia a los problemas ambientales, sólo temen por sí mismos y advierten a las instituciones que les da igual si los proyectos que les presentan son absolutamente seguros que no les importa si la alternativa elegida es la mejor de las posibles y que lo único que quieren es que no les toque a ellos. El Alcalde de Barakaldo, Carlos Pera, propone que se exporten los residuos a Mozambique. Nadie, ni los grupos ecologistas locales, muestra su indignación por este insulto.
¿Para que ha servido la manifestación? A una semana de las elecciones generales, los grupos en el poder dan marcha atrás y atienden las demandas ciudadanas en el problema del «Lindane». Ya de vuelta de los comicios, nadie confia en que el cambio de actitud municipal vaya a ser permanente, sino que se trata sólo de un golpe de efecto. Pero el nuevo movimiento social surgido en Barakaldo ya ha retornado al silencio.
Si se planteara la incineración del «Lindane», ¿se repetiría la reacción social? Si se exportase este tóxico a un país en vías de desarrollo, ¿habría oposición, incluso violenta como se ha llegado a plantear en Barakaldo?
Pero aún hay otro caso que es, probablemente, más sangrante que el anteriormente citado. En febrero de 1995 miles de vecinos de Barakaldo se manifiestan en Lutxana con un mensaje ambiguo sobre la presencia de población gitana en el barrio. El ejemplo será después seguido en otros municipios, incluido el vecino de Sestao, donde la asociación de Alde-Berri llega a recoger miles de firmas contra niños gitanos de diez años de edad y el Alcalde, el socialista Segundo Calleja, amenaza a las familias calés con expulsarlas de la localidad, aunque señala al mismo tiempo que aprecia actitudes xenófobas en la población paya.
Mientras, en Lutxana, el racismo subyace en cada afirmación que realizan los organizadores del movimiento vecinal, pero los partidos políticos y otras organizaciones progresistas obvian cualquier comentario al respecto. Las elecciones municipales están próximas, pero además hay miedo a realizar un pronunciamiento claro sobre este asunto. Planea la duda de que una razón que mueve multitudes debe ser forzosamente legítima, aunque en este caso no parece que lo sea.
Aun así, el Ayuntamiento de Barakaldo dio carpetazo al asunto y negoció con las seis familias gitanas su salida del municipio a cambio de doce millones de pesetas. La medida sale adelante con el apoyo del PSE-EE y Herri Batasuna. El resto de los grupo se abstiene, salvo Eusko Alkartasuna, que se opone.
La chispa surgió de un comunicado «anónimo» redactado, supuestamente a título individual, por un concejal del PNV. Los vecinos crearon una candidatura ciudadana para las elecciones y los partidos de izquierdas pagaron con sus votos, mientras el PSE-EE reafirmaba su mayoría y el resto de las formaciones apenas se veían afectadas.
El movimiento vecinal sostuvo durante todo el conflicto que no tenía componentes racistas y que pretendía trabajar por el barrio. Un año después, la desmovilización se ha vuelto a asentar en una zona de Barakaldo donde existen viviendas a diez metros de la empresa Rontealde y Sefanitro, un barrio urbanísticamente degradado, con demasiados parados, mucha droga y una sumisión, capacidad de aguante y silencio ejemplares.
Son ejemplos que, a buen seguro, se pueden encontrar en todos los municipios y que no significan, probablemente, nada. Pero quizá sea hora de cuestionarse para qué sirven los nuevos movimientos sociales, quizá haya que estudiar con más detenimiento el apoyo a los mismos desde la izquierda.
La sociedad no parece que este despertando. Solo jugando a esta carta que es la peor de las posibles, cabe la posibilidad de encontrar, inesperadamente, algo positivo.
Marisol Terán
(Barakaldo)