Estado de crisis permanente
El impacto de la pandemia de coronavirus-19 ha intensificado y acelerado las tendencias de crisis del modo de reproducción social capitalista ya manifiestas de forma irresoluble después del descalabro financiero de 2008 y a pesar de que los rescates bancarios solo surtieran efecto en cuanto al reforzamiento del papel del capital financiero (concentraciones bancarias), sin atajar los graves desequilibrios estructurales del capitalismo globalizado.
Estamos en un ciclo de reestructuración capitalista o, si se prefiere, en la prolongación de la secuencia iniciada en los años finales del siglo XX; independientemente del nombre comercial que se le quiera dar (Gran Reinicio, Next Generation, Plan de Recuperación, etc.), continúa la dinámica ya conocida, entre cuyos rasgos más sobresalientes destacan un nuevo impulso a la concentración de capital, y la prevalencia del capital financiero y tecnológico sobre la actividad económica y la reproducción social, en general.
Sin embargo, todo ello no impide la agudización de tendencias declinantes en el orden económico (endeudamiento público y privado, empobrecimiento y precarización laboral, crisis de subsistencia), como en el de los recursos, con el agotamiento energético de origen fósil ya anunciado y suficientemente argumentado1. No es, por tanto, ninguna exageración hablar de colapso, aunque el término pueda ser equívoco si se conceptúa como un momento determinado e inminente porque el colapso es una secuencia de disgregación en todos los ámbitos de la reproducción social; es un proceso, no un momento.
En cualquier caso, para entender -o intentarlo, al menos- la situación presente se hace necesario distinguir entre lo que son aspectos coyunturales más o menos subsanables en el corto plazo dentro de la inercia histórica que alientan las medidas adoptadas por los estados, empresas y entidades financieras, y los aspectos estructurales que definen una tendencia irreversible de desintegración del sistema capitalista.
Entre otros indicadores de esa descomposición, destaca la fragilidad de las cadenas de suministro locales, regionales y transcontinentales que ha puesto en evidencia la pandemia y cuyo restablecimiento, con más o menos dificultades, conlleva costes y cambios suplementarios en la organización y gestión de las mismas. No es algo nuevo, en los últimos años, los desastres naturales, los percances (barco atravesado en el Canal de Suez), los conflictos armados de baja intensidad («piratería» en el Cuerno África) ya ocasionaron problemas en ese sentido, como los conflictos laborales y sus repercusiones sobre las cadenas de suministro regionales y locales.
La deslocalización productiva se ha puesto en entredicho y con ella, el ciclo de la globalización iniciado en las dos décadas finales del siglo XX. Por supuesto, no se paralizará el tráfico planetario de mercancías de un día para otro, pero las repercusiones del agotamiento energético y el aumento de los costes de transporte y manipulación prolongan las dificultades en la organización capitalista de la producción y de la distribución2.
Tampoco la tecnología de transmisión y gestión de datos va a resolver los problemas de las cadenas de suministro, que acentuarán la escala de subcontratación y precarización del trabajo en la prestación del servicio final al cliente, como ya lo estamos observando en la distribución domiciliaria de comida y paquetería, impulsadas por la extensión del comercio electrónico, y en la proliferación de plataformas de servicios3.
En ningún caso, el despliegue de la telefonía 5G es la panacea; al contrario, como se señalaba en Ekintza Zuzena nº 46, plantea nuevos problemas por sus elevados costes financieros, ecológicos (proliferación de antenas, explotación de tierras raras), consumo energético y consecuencias sociales (control telemático de masas); eso sin contar con que el despliegue 5G es una oportunidad de intervención, de resistencia y sabotaje (hackers), y de intoxicación de los sistemas de captación de información mediante el suministro de datos falsos.
No obstante, entre los problemas de abastecimiento aparecidos durante la pandemia, conviene llamar la atención sobre el que se refiere al suministro de productos de primera necesidad alimentarios, considerado entre las «actividades esenciales», pero que adquiere una significación más amplia que la del mero problema logístico. La crisis alimentaria, que de tanto en tanto se tematiza en los medios de información de masas, en realidad es una manifestación de los límites históricos del modelo agroindustrial o del ciclo histórico de conversión de la producción agropecuaria tradicional en producción industrial.
La industrialización de la producción y transformación de alimentos en el complejo agroalimentario sigue una tendencia constante al aumento de los costes de producción, o sea, de las inversiones en tecnología, pesticidas, fertilizantes, energía, mantenimiento, etc. que, como en el resto de sectores económicos, inducen una tendencia a caer la tasa de beneficio, a pesar de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo asalariada migrante. De manera que una de las consecuencias inmediatas es que los precios de los productos alimentarios de importación, como de producción local del sector agroindustrial, tenderán a aumentar.
Se trata de un problema estructural irresoluble que no se reduce a la abusiva posición dominante de la distribución sobre la producción en el mercado agroalimentario, donde las grandes firmas de supermercados imponen los precios a los productores. Es en la producción misma donde radica la inviabilidad del modelo agroindustrial que se ha mantenido gracias a subvenciones y bonificaciones que compensaban los déficits de explotación. Compensaciones cada vez más problemáticas si tenemos en cuenta lo dispuesto en la nueva PAC4 y la necesidad de contener el déficit público de los estados.
Así, a las crecientes dificultades de la organización de las cadenas de suministro se añaden las contradicciones del modelo agroindustrial y de las economías de escala que comporta, que son igualmente consumidoras de recursos y generadoras de residuos a gran escala. Con ello, la sociedad inmaterial, digitalizada, enfrenta un problema estructural en la esfera física más elemental del modelo agroindustrial que la soporta.
De manera que, en el propio centro capitalista, en la opulenta sociedad de consumidores, se abre un ámbito de confrontación en torno a la propiedad y formas de explotación de la tierra que no por incipiente deja de ser importante y del que la neorruralidad es un indicador. Porque detrás de toda esa problemática vuelve a aparecer la cuestión de la inviabilidad de la alimentación humana convertida en mercancía, en producto para el mercado y como tal, sometida a las leyes económicas del capital, ahora globalizado5.
Plan para una recuperación poco probable
La pandemia del covid-19 tuvo lugar en la secuencia de caída de la acumulación de capital cuyo epifenómeno fue la crisis financiera de 2008, de manera que en 2019, momento de irrupción de la pandemia, la crisis estructural del sistema capitalista seguía su curso a pesar de las maniobras de los organismos financieros nacionales e internacionales (rescates bancarios, sucesivas inyecciones monetarias y compra de deuda por el Banco Central Europeo).
Y ahí sigue; la burocracia ejecutiva de Bruselas (la Comisión) hace frente al difícil equilibrio de la economía europea, dentro del desbarajuste estructural planetario, mediante maniobras monetarias consistentes en la emisión de deuda por valor de 800.000 M euros para financiar el Plan de Recuperación y levantar el listón del déficit de los países miembros hasta el 3% del PIB y del endeudamiento hasta el 60% del PIB. Todo ello, agrava aún más la situación, pues hace que se dispare el endeudamiento y la inflación como muestran las estadísticas de Eurostat y el último informe del Institut of International Finance.
En cualquier caso, la clase gestora del capitalismo transnacional, en Europa como en el resto del mundo, se aplica en un intento de salvar el capitalismo de sus contradicciones estructurales sin reconocer que son inherentes al propio sistema. Desde luego, 2008 fue una sacudida para las inteligencias del orden dominante; recordemos, entre otros, a Sarkozy clamando por la reinvención del capitalismo en la reunión del G-20 o, poco después, el Gran Reinicio (Klaus Schwab y Thierry Malleret) o más recientemente el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.
Promesas e iniciativas todas ellas encaminadas a poner orden en el desorden de la globalización financiarizada del capitalismo que fue precisamente la que fundamentó el «crecimiento» económico durante las dos últimas décadas del siglo XX hasta 2008. Una pretensión tan absurda como la de rescatar el sistema capitalista de su propia racionalidad. Ahí está el ejemplo bien esclarecedor de Business Roundtable y los buenos propósitos de los directivos de las principales corporaciones empresariales de EEUU en cuanto a priorizar por encima de los beneficios el compromiso medioambiental y la responsabilidad social de la empresa. Un año después, los directivos de Unilever, Danone y Nestlé, que se habían creído el cuento, fueron destituidos porque los accionistas (fondos de inversión) vieron reducidos sus beneficios y habían perdido competitividad ante sus concurrentes directos6.
Pensar que el capitalismo pueda ser regulado en función de presupuestos sociales o medioambientales es propugnar la cuadratura del círculo. La lógica del capital, como relación social fundadora del modo de reproducción social capitalista, es única y unívoca: producir beneficio, o sea, valorización y acumulación ampliada de capital. Y así lo han entendido los burócratas de Bruselas que, retórica aparte, reiteran la apuesta por lo mismo: recuperación del pasado inmediato anterior a la pandemia y apostar por un futuro cifrado en la promesa tecnológica (digitalización) y el crecimiento sostenible.
¿Qué normalidad?
Después de duras negociaciones, la burocracia de Bruselas aprobó el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea con un presupuesto equivalente a 1,5 billones de euros para el periodo 2021-2027. No es cosa de entrar aquí en los pormenores de las condiciones y subterfugios burocráticos que debe cumplir el gobierno español para acceder a los 70.000 M euros de subvenciones del Plan de Recuperación europeo y la posibilidad de acceder a otros 70.000 como préstamos hasta 2027. No obstante, las consecuencias de la invasión de Ucrania por las tropas rusas en marzo de este año y la guerra a que ha dado lugar, ha puesto en entredicho el citado Plan, al menos en cuanto al destino de las partidas presupuestarias previstas.
La desestabilización que la guerra provoca en la economía y en la política de la UE (inflación ascendente y desavenencias internas entre los países), ya acarrea las primeras consecuencias sociales de encarecimiento generalizado de las mercancías y conflicto del transporte. Con ello, entramos en una fase en la que los gobiernos nacionales7 tendrán que tapar muchos agujeros, como intenta el gobierno español, mediante ayudas a las empresas, reducciones fiscales, reducciones del precio del combustible a camioneros y consumidores, etc. Por supuesto, todo ello en el marco de una coyuntura donde nunca ha sido tan probable la posibilidad de un holocausto nuclear de consecuencias imprevisibles.
Sin embargo, vale la pena hacer alguna reflexión acerca de la eventual recuperación de la normalidad precedente a la pandemia, es decir, de la normalidad de la crisis estructural de la sociedad industrial en el marco de un proceso de reestructuración permanente.
El Plan europeo de Recuperación pretende atajar las tendencias declinantes del modo de producción capitalista mediante la adopción de medidas correctoras que son una vuelta de tuerca más en la trayectoria que se venía arrastrando. Así, el Plan establece como objetivo la modernización del sistema económico con especial énfasis en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la digitalización. Hacia ahí va el grueso de la financiación, mientras que del resto, un 15% va hacia el refuerzo de los sectores críticos en caso de futuras pandemias, con el sector farmacéutico en primer lugar. Esa es una de las claves de la gestión sanitaria de la pandemia en función de los intereses de la industria farmacéutica y, más concretamente, de los grandes fondos de inversión que las sustentan.
Es, por tanto, comprensible que la principal preocupación de la burocracia de Bruselas, cuyos integrantes son sujetos intercambiables con los consejos de administración de las grandes firmas transnacionales, sea vigilar que la gestión de tales fondos responda al cumplimiento estricto de los «hitos y objetivos» fijados. También es comprensible la desconfianza de los «halcones» centroeuropeos hacia los países del sur si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los fondos de pensiones holandeses están invertidos en deuda española; lo que significa que no pueden dejar que el país deudor vaya a la ruina ni por la corrupción ni por la mala gestión de sus administradores.
La asignación de los fondos del Plan está condicionada a la introducción de las llamadas reformas estructurales que se concretan, entre otras, en el sistema de pensiones y la reforma del mercado laboral. En otras palabras, obtener cierta estabilidad social y del mercado, mediante la garantía de las pensiones en el medio plazo, sin que suponga un aumento del déficit público insoportable, y adecuar el mercado laboral a las necesidades del capitalismo tecnológico (digitalizado). Es en este sentido en el que hay que entender, entre otras medidas, la reciente Ley de startups propuesta por el gobierno español; o sea, para la adecuación del conocimiento productivo y valorizador de capital a la normalidad del imperio oligopolista de fondos de inversión y TIC8.
Por lo demás, las líneas de actuación del Plan avanzan en la misma senda seguida hasta ahora: reforzamiento de sectores estratégicos, con la energía en primer lugar9, privatización efectiva de bienes, recursos y servicios mediante el subterfugio de la concertación público-privada, y los recortes asistenciales (prácticamente, desaparición de la asistencia primaria) con medidas mitigadoras como la implantación de subsidios y rentas mínimas.
Los estados, como administradores de la sociedad del capital, se mueven en un estrecho margen para sostener el equilibrio, crecientemente inestable, entre las necesidades de una población proletarizada y excluida del proceso de valorización de capital o de baja contribución al mismo, y el establecimiento de unas condiciones que favorezcan la obtención de beneficios privados10.
En este sentido, la pandemia tiene dos efectos contradictorios sobre el equilibrio precario de la gestión de los gobiernos. Por un lado, favorece la dinámica de privatización y desmantelamiento del sistema de protección social, pero, por otro, relativiza esos planes de austeridad, dando rienda suelta al gasto público -y al consiguiente aumento del déficit- para que los gobiernos mantengan cierto grado de contención social.11
Ahora bien, lo que sucede en el plano de la gestión socioeconómica de la pandemia, nos emplaza como sujetos pacientes de la misma a enfrentar la liquidación del estado asistencial en unos términos diferentes a los usuales hasta ahora, pues la liquidación del estado de bienestar es inevitable e irreversible porque el estado que lo hizo posible ya no es capaz de garantizarlo debido a la crisis de acumulación de capital y a la dificultad de obtener financiación a través de impuestos.
Y es así porque fue la expansión capitalista posterior a la segunda guerra mundial el punto de partida de una universalidad asistencial basada en los principios mercantiles que dieron pábulo a la globalización que ahora evidencia sus limitaciones. Entonces, ¿no será el momento de dirigir los esfuerzos, entre otros, hacia la recomposición asistencialista (sanidad, educación, etc.) desde formas autónomas de base, locales, dimensionadas a la posibilidad de control directo de sus afectados?
El sortilegio de la digitalización
Dejando de lado lo que el uso del neologismo tiene de efectismo publicitario, en sustancia, la digitalización representa un paso adelante en la automatización en las operaciones industriales, en los servicios y en la vida cotidiana personal. En cierto modo, viene a ser la extensión a los servicios y al conjunto de la sociedad de las estrategias de automatización industrial ya actuantes desde hace décadas.
Como ya ocurriera con la tecnología de automatización de gestión de los procesos de plantas industriales en los años ochenta del siglo XX, la digitalización -o la automatización de las operaciones de transmisión y gestión de datos- tiene como objetivo primordial la mejora de la productividad y, consecuentemente, la eliminación de fuerza de trabajo.
Cualquiera que tire de hemeroteca de los últimos meses, podrá comprobar las liquidaciones de puestos de trabajo tanto en las grandes firmas hegemónicas del mundo digital (Google, Amazon, Apple, Microsoft, etc.), como en las entidades de segundo rango de las telecomunicaciones (Telefónica/Movistar, Vodafone, Orange, etc.).
La guerra de tarifas a la baja por ganar cuota de mercado a la competencia y mejorar la cuenta de resultados implica la introducción de sistemas de automatización que significan crecientes inversiones en innovación tecnológica. Como no puede ser de otra manera en el orden económico capitalista y conocemos sobradamente por la experiencia de los sucesivos ciclos de reestructuración, eso significa reducción de plantillas, desempleo y el drama social que lo acompaña.
La Banca -el empleo bancario- es otro ejemplo sobresaliente de las consecuencias de la dichosa digitalización12. Los últimos meses de 2021 arrojaron masivas reducciones de plantillas en los grandes bancos. Por supuesto, más allá del tópico, digitalización significa también oportunidades para la emergencia de nuevas esferas de actividad en el desarrollo de la tecnología y aplicaciones. Pillar al vuelo esas supuestas oportunidades es lo que intenta la Ley española de startups en una deslumbrante operación publicitaria que evita reseñar la escasa incidencia sobre el empleo y la precariedad de los emprendedores13, puesto que se encuentran en los peldaños inferiores de la cadena de producción / subcontratación de «conocimiento digital» (artefactos y aplicaciones).
Con todo, la digitalización de la vida en que se concreta la fase de dominación actual del capital, no se agota en la esfera industrial productiva, financiera y de las comunicaciones. Entre las muchas vertientes que comporta hay una directamente relacionada con el control y la gestión social. La implantación de la mediación tecnológica y su uso instrumental por la administración y las diferentes empresas de servicios, suponen un alejamiento y elusión de la responsabilidad ante el «ciudadano», cuando se trata de la Administración, o el cliente, en el caso de las empresas de servicios.
Es esta una experiencia a través de las centrales de llamadas y la robotización de las consultas y reclamaciones sobre la que, por cotidiana y ampliamente extendida, no merece la pena detenerse. Pero sí llamar la atención sobre lo que supone de estratagema en la gestión totalitaria de la sociedad capitalista en crisis, donde el pasaporte sanitario viene a ser otra iniciativa en la trayectoria de gestión tecnológica de la trazabilidad del individuo, de sus movimientos y hábitos de consumo, ya implantada en las décadas pasadas mediante las tarjetas de crédito, la telefonía móvil y el comercio electrónico.
Intervención social y agotamiento de fuentes de energía
Los problemas estructurales del sistema capitalista se realizan -afloran- como fenómenos coyunturales en el mercado; resolubles en un plazo cada vez más corto por la simple razón de que el ciclo de negocio y de acumulación de capital es cada vez corto y, además, con las condiciones agravadas por la pandemia. De la misma manera, los fenómenos macroeconómicos del capitalismo globalizado se traducen de forma casi inmediata sobre las condiciones materiales de la vida de la gente.
Es en este sentido en el que hay que encuadrar la subida de las materias primas (metales, tierras raras, fuentes de energía. agua, etc.) en el mercado mundial, así como sus repercusiones sobre la vertiginosa escalada de las tarifas eléctricas y del gas, por ejemplo. Costes de explotación y de transporte al alza, con recursos menguantes (agotamiento de fuentes de energía fósiles) y problemas geopolíticos derivados del paso de los gasoductos y oleoductos que suministran a Europa a través de regiones en guerra de la antigua Unión Soviética o el más reciente conflicto entre Marruecos y Argelia, son algunos de los condicionantes generales del mercado energético. Es así como la actual guerra en Ucrania ha venido a acelerar aquellas tendencias, agravándolas para mayor beneficio de los oligopolios del gas y la electricidad de la confortable Europa que, cínicamente, a pesar de las hostilidades diplomáticas y mediáticas y de las muertes y desplazamientos de la población ucraniana, en ningún momento ha dejado de recibir el gas ruso y de pagarlo puntualmente.
A ellos, hay que añadir la capacidad de maniobra sobre el mercado de las compañías generadoras. Concretamente, en el caso del estado español, la capacidad que tiene el oligopolio14 para la fijación de los precios de mercado. En realidad, lo que hace el oligopolio eléctrico es aprovechar la coyuntura para justificar aumentos discrecionales de los precios a los consumidores como medio de remontar sus beneficios y afianzar su posición en un mercado en transformación hacia las fuentes de energía renovables.
Las consecuencias de tales manejos se extienden en todos los ámbitos de la reproducción social, aunque con distinta intensidad. En primer lugar, las empresas industriales y de servicios ven aumentar sus costes de producción a causa de la factura eléctrica, pero con un impacto relativo ya que, por un lado, negocian sus contratos de grandes consumidores con tarifas especiales y, por otro, repercuten los aumentos de los costes de producción sobre sus productos y servicios. Son los consumidores de la escala inferior (hogares) los que soportan las peores consecuencias porque el aumento de los precios de la energía repercute directamente sobre su factura e inmediatamente sobre el resto de productos de consumo (2021 cerró con una inflación acumulada del 6,5%).
Se trata, en fin, de un indicador que aparece en el mercado pero que refleja la realidad subyacente de la tendencia a aumentar los costes de la reproducción social en el capitalismo en crisis, a pesar del abaratamiento de los productos de consumo y de las posibles mejoras en la productividad gracias a la digitalización, que no impide el empobrecimiento de capas cada vez más amplias de la población15. Esa contradicción estructural aparece en el caso de la tarifa eléctrica como forma de explotación suplementaria mediante el expolio o extracción arbitraria de los recursos monetarios en el acto de consumo de una mercancía de primera necesidad.
Aunque la condición ciudadana consumidora individualiza a las personas en la impotencia, lo que testimonia la pasividad social reinante, sin embargo, el caso de la tarifa eléctrica, es también una oportunidad de confrontación entre las «necesidades esenciales» de la población y las oportunidades de negocio de las firmas generadoras que controlan el mercado (imposición de precios) y suministran a las comercializadoras que se convierten en meras intermediarias en el proceso de extorsión de los clientes.
Esas oportunidades de intervención colectiva, aunque sea en el mero ámbito del consumo, son posibles en la medida que existen agentes de agregación que, como la cooperativa comercializadora catalana Som Energía, constituyen sujetos colectivos de miles de integrantes con capacidad potencial de presión sobre el oligopolio y con capacidad aún mayor de arrastre de otros sujetos colectivos (asociaciones de vecinos, organizaciones culturales, sindicatos). Entidades y colectivos que, en su condición de consumidores, al menos, están en condiciones de hacer algo contra el oligopolio que no sea simplemente notas de protesta o llamadas a la resignación y al repliegue conservador hacia el mantenimiento de la propia entidad, excluyendo cualquier iniciativa de confrontación16.
La posibilidad de intervención contra el abuso eléctrico está dada tanto en la subjetividad de cada individuo, como en la agregación práctica de los sujetos colectivos; además, las experiencias de las autoreducciones proletarias de la historia reciente17 son motivo de inspiración directa. Con la particularidad, además, de que abordar el abuso tarifario también llevaría a plantear el modo de consumo, o sea, el modo de vida basado en el consumo… intensivo de energía.
Efecto pandemia: censura, pasaporte y consenso sanitario
El alcance de la pandemia como acelerador de las condiciones de crisis y oportunidad para el reforzamiento del totalitarismo democrático es una cuestión central y decisiva que arrastra derivaciones políticas, económicas, ideológicas, sociológicas, psicológicas, biológicas, etc., cuyo enmarañamiento hace difícil incluso su articulación como problemática abarcable en un análisis coherente. Las dificultades empiezan incluso a la hora de distinguir entre la realidad de una enfermedad y su instrumentalización por la clase dominante.
La yuxtaposición desordenada de aspectos sanitarios, científicos, estadísticos, comerciales, políticos, etc., a propósito de la pandemia y su explotación avasalladora en el espectáculo mediático, favorece igualmente su instrumentalización institucional en el mantenimiento de un orden dominante, por otro lado, cada vez más inestable. De ahí, la combinación de confusión mediática y censura férrea impuesta por los gobiernos y el aparato mediático con el fin de privar a la sociedad del necesario debate abierto y contrastado18. Una censura que se traduce en un amplio consenso social que incorpora igualmente a amplios sectores de la izquierda política, incluida la alternativa19.
Por lo demás, la sobreinformación constante basada en estadísticas cuidadosamente sesgadas y la campaña de terror psicológico promocionada desde los medios de formación mental de la ciudadanía consumidora, apenas dejan espacio para formular las dudas que razonablemente puedan surgir20.
Hay que reconocer, pues, que estamos sumidos en un pozo de confusión donde solo medran las tesis dominantes científico- comerciales, asumidas masivamente por seres humanos desconcertados y confusos, pero no resignados. Al menos no hasta el punto de renunciar a esbozar algunas constataciones e interrogantes que permitan ir hacia una comprensión de la realidad que nos sustraiga de la pasividad mental y práctica.
A estas alturas, lo que parece indudable es que la vacunación masiva no persigue evitar el contagio de la gente, como queda demostrado por sus limitados efectos a la hora de proteger frente a las mutaciones más leves del virus, sino evitar una contaminación masiva y acelerada que ocasione un desbarajuste aún mayor de la actividad económica a causa de las bajas laborales y mantener al mismo tiempo la demanda de vacunas en el mercado.
Una premisa previa
En cualquier caso, una de las premisas para abordar la pandemia y sus consecuencias en todos los órdenes, ha de partir de su carácter de fenómeno dentro de la crisis general del sistema capitalista; de la relación social que es el capital. Esta premisa de partida adquiere una especial significación precisamente al constatar el grado de renuncia a la acción autónoma de las personas en la sociedad dominada por el capital. Renuncia que es consecuencia de la evolución histórica de la relación social capitalista, materializada en la delegación de un número cada vez mayor de funciones de la reproducción social en el estado y las instituciones capitalistas.
En pocas palabras, reconocer que somos parte de esa megamáquina dentro de la relación social que es el capital. Que nosotros mismos, como individuos y colectivos, somos capital, somos parte constitutiva de la relación social en la que participamos, aunque sea conflictivamente. Solo a partir de la conciencia –autocrítica– del grado de autonomía perdida, de lo que como individuos y sociedad hemos delegado en las instituciones políticas, económicas, sanitarias, culturales, del capital es como se podría emprender una tarea antagonista.
Del mismo modo que la automatización –la mediación tecnológica– suplanta la acción autónoma del sujeto humano en el desempeño de las actividades más triviales, el hábito de la dejación de funciones –ya sea por la vía democrática o dictatorial– en la dinámica cada vez más complicada de la sociedad organizada y administrada por los principios de la economía de mercado capitalista, desprovee progresivamente al sujeto de la capacidad de intervención sobre su vida.
Como ocurre en todas las esferas de la sociedad actual, la relación social que es el capital realiza la comunidad humana en el mercado, a través de la mercancía, y en la gestión de la misma por las instituciones estatales. En este sentido, la imposición del pasaporte covid viene a ser una usurpación más de la gestión comunitaria por parte del estado, en este caso, en la situación de emergencia creada por la pandemia.
Una sociedad desprovista prácticamente de sentido comunitario, como en la que vivimos, donde hemos delegado los recursos de gestión y de reproducción social en manos del estado y del mercado, produce individuos en los que la irresponsabilidad narcisista avalada por el derecho individual del consumidor es pieza fundamental del engranaje socioeconómico. Una sociedad reducida a una multitud de narcisistas congregados en el mercado y en el ejercicio del consumo, carece del mínimo sentido social, comunitario, y si lo tiene, está supeditado a la satisfacción personal de sus individuos.
Por eso, el individuo, y sus eventuales formas de agregación guiadas por intereses privados, no es de fiar en su comportamiento21 para esa misma sociedad que lo construye y administra cuando se produce una situación excepcional como la pandemia. Por eso también, la reacción institucional del estado administrador es consecuente con la lógica que domina la sociedad del capital a la hora de extender el control social usurpado por las instituciones a una sociedad que en virtud de su constitución es ya incapaz de responder socialmente, comunitariamente, a la situación y de hacerlo de forma relevante y eficiente.
Entonces, quizá la vacuna no sea ya la cuestión central de la problemática de la pandemia. La mayoría de la población carecemos del conocimiento suficiente para evaluar la naturaleza de las vacunas si no es por la experiencia histórica de su eficacia frente a algunas enfermedades. Incluso en las vacunas anticovid hay que otorgarles el beneficio de la duda en cuanto a su efectividad (relativa como reconocen las mismas firmas comercializadoras) puesto que se trata de mercancías y como todo producto del mercado ha de tener un cierto valor de uso, aunque sea supeditado a su valor de cambio.
Impugnar las vacunas con un rechazo reactivo, emocional, como resultado de las incongruencias, arbitrariedades, manipulaciones y objetivos de control de las autoridades, es quedarse corto, ya que planteada la cuestión en la tesitura individual, vacunarse o no, es algo que dependerá de cada persona y de sus circunstancias concretas.
Eso sin contar que la negación de las vacunas lleva a una posición ambigua ante el hecho de la enfermedad y la muerte que afecta especialmente a los segmentos más pobres de la población y a los países de la escala inferior del orden neocolonial globalizado en África, Asia, América Latina. ¿Qué hacer?, ¿promover la extensión de la gratuidad de las vacunas o dejar que la pandemia siga su curso?
Además, dos años después del inicio de la expansión planetaria del covid-19, la mayor parte de la población seguimos sin saber cuál es realmente la forma como actúa el virus. La única idea que podemos formarnos es la aleatoriedad del contagio y la afectación, pues en virtud del conocimiento directo que cualquiera tiene de gente afectada e indemne caben todas las hipótesis imaginables sobre las vías de contagio y la incidencia patológica.
Por supuesto que la imposición del pasaporte sanitario es rechazable -como la obligatoriedad de vacunarse-, por su carácter totalitario y discriminatorio, pero ¿en qué medida no es una consecuencia más del abandono de la autonomía social antes aludida? ¿En qué medida no es otro paso más en la trazabilidad de los individuos que se añade al DNI, a las tarjetas de crédito y teléfonos móviles, etc., plenamente incorporados en nuestra vida cotidiana?
Quizá, entonces, el reto principal que enfrentamos sea el de definir qué ámbitos y qué medios de intervención posible nos ofrece la actual coyuntura, con una relación de fuerzas políticamente desfavorable, pero igualmente marcada por una crisis estructural irreversible del modo de reproducción social capitalista donde afloran las contradicciones y las limitaciones en la gestión de la clase dominante.
Así las cosas, quizá sea necesario, redimensionar el problema de la vacuna y de la gestión de la pandemia sobre otras bases que las meramente antirrepresivas o reactivas porque, como ocurre con las movilizaciones de los sectores industriales en reestructuración (Nissan, Bahía de Cádiz, banca, etc.), se limitan a ir a remolque de las iniciativas de la clase dominante y en el caso de la pandemia, de las iniciativas del capital farmacéutico.
Entonces se abre un primer vector de intervención en torno a la reapropiación social de las patentes sobre las vacunas y tratamientos puesto que se trata de un conocimiento social e históricamente desarrollado con fondos públicos. Una intervención que pasaría por plantear la gestión de hospitales, centros de salud y de investigación por quienes trabajan y los utilizan, pero bajo una perspectiva del trabajo socialmente necesario para la salud de la población y no de la mera prestación de servicio en el mercado sanitario.
Oportunidad de negocio
La pandemia es una suculenta oportunidad de negocio en el mercado sanitario. De hecho, la imposición del pasaporte covid tiene que ver primordialmente con una maniobra de mercado favorecedora de los intereses de dos facciones del capital hegemónicas en el actual proceso de reestructuración capitalista: telecomunicaciones y farmacéutico. Dos sectores complementarios en la conformación de una subjetividad mentalmente aturdida y físicamente medicalizada, adecuada a la formación del estado totalitario del capitalismo declinante.
La pandemia ofrece un mercado cautivo de varios miles de millones de personas en los países desarrollados, en los mercados de demanda solvente, a las que se somete periódicamente a una vacunación cuyos efectos limitados en el tiempo los fijan las mismas firmas fabricantes. Es la fórmula perfecta del mercado capitalista: una demanda garantizada en la que se acorta discrecionalmente el ciclo de negocio y se aseguran los beneficios gracias a la solvencia que representan los clientes/estados que tiran de gasto público en nombre de la salud.
De ahí que sean legítimas todas las dudas acerca de la gestión de la pandemia y de unas vacunas cuya efectividad se decide arbitrariamente por «expertos» de acuerdo con los principios del sistema tecnocientífico capitalista, es decir, de acuerdo en última instancia con las determinaciones del mercado y en el caso que nos ocupa, de las firmas farmacéuticas y de los fondos de inversión transnacionales que son sus principales beneficiarios. Basta ver las ebulliciones bursátiles de las farmacéuticas durante la pandemia.
Afirmar esa convergencia de intereses entre fondos inversión/farmacéuticas, administradores estatales del control social y «comunidad científica» no es una argumentación meramente economicista. Al contrario, solo pretende poner de relieve cómo la prevalencia de los intereses económicos tiene insidiosas consecuencias realmente preocupantes que inciden directamente sobre la vida y los cuerpos de las personas.
Emerge ahí una cuestión que supone un salto cualitativo en cuanto a la concepción misma de la condición humana, superadora de la condición proletarizada y que bajo la denominación del transhumanismo es la base del proyecto de progreso de la clase dominante, ya plenamente consciente de la insostenibilidad de la vida humana en un mundo marcado por la creciente producción de nocividad.
La perspectiva de un ser humano artificializado, dependiente cada vez en mayor medida de la producción bioquímica para compensar la reducción de su capacidad de autoinmunización, es la que inspira el actual sistema tecnosanitario, destinado a consumidores –quienes puedan sufragarlo– de un floreciente mercado de la salud medicalizada. Es algo a lo que no se presta demasiada atención, a pesar de sus consecuencias.
La vacunación masiva, ahora ya consagrada como táctica de mercado, ¿hasta qué punto no atenta contra el sistema inmunológico de las personas, atenuándolo, o sea, a su capacidad de generar anticuerpos por sí mismas, creando así una dependencia de las sucesivas versiones de vacunas que hagan frente a las eventuales mutaciones del virus? Eso explica las más que justificadas reticencias a la vacunación infantil.
En las crisis cíclicas capitalistas el sacrificio de una generación de seres humanos para el reinicio de un ciclo expansivo de acumulación de capital ha sido condición necesaria; las dos guerras mundiales lo atestiguan. En este sentido puede entenderse el sacrificio de las generaciones actuales de más edad, al someterse a las vacunas, pero las imprevisibles o previsibles consecuencias sobre el sistema inmunológico de las jóvenes generaciones es algo que debería ser objeto urgente de aclaración.
Sea como fuere, es un motivo más para pensar en una acción recuperadora de la autonomía en el ámbito de la salud y de la gestión de la atención, comenzando por la ambulatoria (y preventiva) que impulse la acción colaborativa del personal sanitario y usuarios. ¿Qué fue de las experiencias resistentes en este sentido de las mareas blancas contra los recortes de la segunda década del s. XXI? ¿Qué evaluación se ha hecho de sus logros y fracasos? ¿Qué ha sido de la reciente experiencia griega de asistencia sanitaria autoorganizada?
Acerca de la pasividad social
Como se decía más arriba, nuestra integración como sujetos en el orden del capital no es solamente conflictiva, sino también conscientemente construida a cambio de bienestar y seguridad, como lo prueba el pacto social del estado de bienestar. Por eso la disyuntiva economía/vida que plantea de forma dramática la pandemia significa igualmente la puesta en cuestión de nuestra existencia en una formación social que ya no ofrece las garantías del pasado.
De ahí la necesidad de pasar de la sociología descriptiva hacia la sociología autocrítica que incorpore la pasividad y el consenso sanitario de la actual coyuntura no solamente como expresión subjetiva de la población proletarizada de los países desarrollados que cierra filas con la clase dominante en la preservación de un bienestar cada vez más erosionado.
Puesto que pasividad social y bienestar van unidos, hay que contemplar las bases materiales y no solo psicológicas, subjetivas (miedo), de ese renovado pacto social que conlleva sacrificios (austeridad, reforma laboral), claudicaciones en la esfera política (pasaporte covid, control, privacidad), precisamente para desentrañar la consistencia del mismo; sus limitaciones. Entonces la pasividad actual de la sociedad de consumidores adquiere otra dimensión.
Así, por ejemplo, el hecho de que las familias españolas tuvieran setecientos mil millones de euros22 en sus cuentas de ahorro, da idea igualmente de una capacidad de aguante en los estratos de la población asalariada estable, (funcionariado, trabajo cualificado), profesiones liberales y pequeña burguesía rentista, comercial, industrial y agraria, cuyos ahorros mitigan los efectos de proletarización y empobrecimiento de la reestructuración capitalista. Es decir, la tendencia a la descomposición social encuentra aquí un amortiguador coyuntural que no corrige esa tendencia, como muestran los informes sobre la pobreza (ver nota 13), pero la ralentiza.
Que, al mismo tiempo se promueva desde las propias instituciones estatales la implantación de una Renta Mínima de subsistencia, etc., es una muestra del cada vez más inestable equilibrio de la sociedad de consumidores, que combina medidas de contención social suaves (rentas y subsidios) y duras (mayor dotación de cuerpos represivos y tecnología de control), cuya base de sustentación es el gasto (y déficit) público; una causa de desequilibrio estructural.
Hasta dónde será sostenible el chantaje de la pandemia y, especialmente, los costes añadidos en términos de paz social subvencionada y desarrollo de nuevos dispositivos de control social tecnocientífico, dependerá fundamentalmente de dos factores: el agravamiento de las condiciones de acumulación de capital (producción de riqueza, crecimiento económico, etc.) como consecuencia de la imparable crisis estructural capitalista, y de las formas de resistencia y de subsistencia que sean capaces de recuperar márgenes de autonomía comunitaria como, por ejemplo, en el ámbito de la salud o en el de la energía antes aludidos, por parte de la población proletarizada.
Corsino Vela
Enero-marzo 2022
NOTAS:
1. El colapsismo es ya casi un tema de actualidad. En cualquier caso, es suficiente acudir a los trabajos de Ramón Fernández Durán, Antonio Turiel o de Ecologistas en Acción sobre la posibilidad del colapso para hacerse una idea de la inevitabilidad del agotamiento de recursos energéticos fósiles.
2. En diciembre de 2021, las principales organizaciones del transporte por carretera españolas anunciaron la convocatoria de huelga durante las navidades, entre cuyas reivindicaciones destacaba el fuerte aumento del precio del combustible. Aunque alcanzaron un acuerdo con el Gobierno, la imparable subida del combustible, que fue del 32% en el año 2021, hace presagiar que los problemas de fondo no están resueltos. Posteriormente, en marzo de 2022, los problemas derivados del suministro de combustible a causa de la invasión del ejército ruso en Ucrania y las maniobras especulativas de los oligopolios de la energía, hicieron saltar otra vez la huelga del transporte que obtuvo algunas concesiones del Gobierno. De todos modos, se trata de parches ya que el trasfondo de la huelga tiene que ver con profundas razones estructurales cuyas implicaciones abarcan mas allá de la simple subida del combustible y que exigirían un tratamiento específico que excede el ámbito de este artículo.
3. Los conflictos de los repartidores (Glovo, Deliveroo, etc.) son solo un aspecto de la convulsión laboral y degradación del servicio que se observa a medida que se alarga la cadena de subcontratación en la prestación efectiva del mismo, ya se trate de un traslado de muebles o de reparaciones domésticas.
4. La nueva PAC, para el acceso a las subvenciones, impone unas condiciones en materia medioambiental y en cuanto a modernización/digitalización de las explotaciones agrarias para mejorar la productividad que, en pocas palabras, supone mayores inversiones para recibir menguantes ayudas comunitarias.
5. Algunos de estos argumentos han sido desarrollados en el artículo «Un campo revuelto, de la revista Libre Pensamiento, primavera 2022.
7. El presidente del gobierno de Madrid anunció el 28 de marzo un plan de urgencia que contempla la disposición de 16.000 M euros (6.000 millones en ayudas directas y 10.000 millones en créditos ICO), además de limitaciones en la subida de alquileres, etc. Las reducciones del precio del combustible favorecen una vez más a las grandes empresas oligopolistas, que contribuirán con 5 cts/litro, mientras que los restantes 15 cts/litro corren por cuenta del presupuesto público, o sea, nosotros.
8. En este sentido de nueva organización del trabajo del capitalismo globalizado, las startups, además de ser las animadoras de la Bolsa y de nuevas burbujas, se ubican en los últimos peldaños de la jerarquía de la subcontratación digital, dentro del régimen de dependencia que dicta el oligopolio que hegemoniza el universo digital. Ver, Tecnofeudalismo, Cédric Durand, edición La Cebra/Kaxilda, 2021.
9. El Plan es una nueva orgía financiera que, con la excusa de combatir el cambio climático y los efectos de la pandemia, beneficiará prioritariamente a las grandes firmas tecnológicas de la energía que son las que reúnen mejores condiciones para la presentación de proyectos a la UE donde, además, son un lobby de potente presión. Y lo mismo puede decirse de las grandes firmas que dominan el sector de las telecomunicaciones y los servicios digitalizados (Amazon, Google, Apple, Microsoft).
10. Un caso ilustrativo son los recortes asistenciales de la sanidad pública cuyos recursos financieros se desvían a la compra de vacunas, es decir, a favorecer un determinado segmento del capital (farmacéutico) en detrimento de la atención a la población y de otros segmentos del capital.
11. Para un análisis más completo de las causas que están provocando la liquidación del estado de bienestar recomendamos la lectura del artículo «Crisis económica y quiebra de la relación social del capital» publicado en 2014 por el mismo autor en el n.º 41 de esta revista.
12. A la supresión de empleos, por lo demás inútiles e improductivos desde el punto de vista del trabajo socialmente necesario, se une la transferencia de las operaciones de las cuentas a los clientes mediante la conexión online, que es un paso adelante en la externalización de las operaciones ya iniciadas con los cajeros automáticas y las tarjetas de crédito. La paradoja es flagrante hasta el absurdo: el cliente desempeña operaciones de gestión bancarias (trabajo no pagado) y al mismo tiempo paga por ello (comisiones) y no sin cierta satisfacción por la «comodidad» que supone.
13. Que arriesgan, además de su tiempo y esfuerzo, su patrimonio personal/familiar y de quienes apuesten por sus proyectos, sin olvidar las eventuales ayudas y subvenciones públicas. Ver entrevista en eldiario.es con Carme Artigas, secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial.
14. Formado por Endesa, Iberdrola, Naturgy, Total Energies y Repsol, pero con predominio de las tres primeras tanto en la tarifa regulada (más de 11 millones de contratos), como en el mercado libre (más de dieciocho millones). Las cinco firmas mencionadas copan el 80% del mercado eléctrico español.
15. La organización asistencial católica Cáritas y la Fundación FOESSA en su informe «Sociedad expulsada y derecho a ingresos» (2021) reconoce la existencia en España de 11 millones de personas en situación de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. Las personas en «exclusión severa» son seis millones. Los dos factores de exclusión social más importantes que señala el informe son el empleo (paro y empleo cada vez más precarizado) y la vivienda. La pandemia ha acelerado esa tendencia que afecta mayoritariamente a las familias migrantes.
16. La carta enviada en diciembre de 2021 por los representantes de la cooperativa Som Energia a sus socias, llamando a la solidaridad para hacer frente a las necesidades financieras que se derivan de las subidas tarifarias, sin cuestionar el marco comercial impuesto por el oligopolio eléctrico, ilustra claramente las limitaciones de las «alternativas transformadoras» respetuosas de las leyes del mercado.
17. No hace falta recurrir a las autoreducciones de años 1970 en Italia y Francia, por ejemplo; mucho más cercana tenemos la «guerra del agua» que llevaron a cabo los barrios del área metropolitana de Barcelona en la última década del siglo XX, cuando se rebelaron contra los impuestos abusivos sobre el consumo de agua. (Ver, Agua, ¿mercancía o bien común? Alikornio ediciones, abril 2003).
18. Evitar el debate y la libre exposición de argumentos es la estratagema de la clase dominante, incapaz de lidiar realmente con la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas de forma eficiente, para ocultar su incompetencia y sus intereses inconfesables dejando así que las cloacas mediáticas den rienda suelta a la confusión, entremezclando eventuales posiciones consistentemente críticas con todo tipo de especulaciones paranoicas y complicidades de intoxicadores ideológicos de la peor especie.
19. Sirva como muestra la prohibición de la presentación, previamente programada, del libro Covid-19 autoritarismo e izquierda confinada, de la editorial El Salmón, en la feria barcelonesa Literal (2021), «festival de ideas y libros radicales», y la censura de dos artículos de la misma autoría en el periódico El Salto.
20. Por ejemplo, la disminución de la gravedad de la gente afectada por la mutación ómicron, agente causante de la «sexta ola», ¿se debe a los efectos de la vacuna o a una caída de la virulencia del covid, a una reducción de la agresividad de las sucesivas mutaciones? Incluso desde el orden médico-sanitario así parecen insinuarlo (Ver https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/marcos-lopez-hoyos-covid-seguira-mutando-variante-agresiva-convertira-catarro_1_8620679.html).
21. Al colapso de los ambulatorios (agravado por las rescisiones de contratos y el proceso de privatización que se viene arrastrando a lo largo de estos años) también contribuyó el clima alarmista promovido desde el aparato mediático de hacer acudir a cualquiera con síntomas de resfriado a los centros de atención covid-19 para la realización de test con el fin de realizar viajes, asistir a conciertos y otros espectáculos, etc. Las propias medidas institucionales provocan el caos.
22. Según la Central de Balances del Banco de España, a finales del tercer trimestre de 2021, la riqueza neta de las familias españolas ascendía a 1,714 billones de euros, de los que el 41% (702,74 miles de millones de euros) correspondían a depósitos y efectivo bancarios.
[related_posts_by_tax posts_per_page="4"]