Nuevos pasos en el movimiento por la vivienda en Catalunya

A finales del pasado año, en Barcelona tuvo lugar el Primer Congreso de Vivienda de Cataluña, un encuentro clave del movimiento por la vivienda que debe marcar un antes y un después en su evolución. Para entender su papel, os presentamos tres textos que tratan de contextualizar su función en el proceso de organización de la clase trabajadora en Cataluña. El primero es un análisis de la relación entre la vivienda y el sistema capitalista, presentando las características principales a nivel general y en el contexto estatal. El segundo es un repaso de la historia del movimiento por la vivienda en Cataluña y de los principales colectivos que lo forman. Finalmente, el tercero trata de establecer las claves del Congreso.

Nota: Los tres textos que presentamos a continuación han sido redactados por un militante en el movimiento por la vivienda en Barcelona.

La vivienda y el capitalismo

La cuestión de la vivienda y las problemáticas asociadas a su acceso por parte de la población han sido un elemento de creciente interés en los últimos años. Este interés viene determinado por dos motivos principales. El primero es el relacionado con las consecuencias sociales que la crisis de las hipotecas ha tenido para nuestra sociedad. La necesidad de un techo bajo el que desarrollar la propia vida es una necesidad básica de la población. Por lo tanto, la exclusión de parte de la población de una vía de acceso adecuada a esta necesidad se convierte rápidamente en una problemática social de primer orden. Aun así, respecto a la rápida mediatización de la problemática hay que otorgarle los créditos merecidos a los movimientos sociales que han tratado de forma exclusiva esta cuestión y que, mediante la autoorganización y la apuesta por iniciativas legislativas, han puesto la vivienda en el foco de la opinión pública.

El segundo motivo de su interés, causa del gran alcance de la problemática, es la importancia que el sector inmobiliario tiene, no solo para la economía española en su conjunto, sino para el capital internacional en el periodo neoliberal. Para comprender la relevancia de su papel en el contexto catalán, cabe hacer referencia al proceso histórico precedente, a nivel europeo y del estado español, que ha situado este sector, junto al turístico, en el centro de la economía estatal.

La revolución neoliberal, clave en la vivienda

Como consecuencia de la expansión económica que se produce en las diversas potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, del crecimiento demográfico consecuente, concentrado en las grandes urbes, y, finalmente, siguiendo los consensos de posguerra, con una clara hegemonía de las tesis socialdemócratas, el papel de la política de la vivienda en Europa empezó a tener un peso importante a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.

A finales de los setenta, sin embargo, los consensos de posguerra fueron fuertemente cuestionados como consecuencia de la crisis del modelo socialdemócrata, que muestra sus límites de forma clara en las crisis del 73 y 79, y las políticas de vivienda, como el conjunto de políticas públicas, cambiarán su rumbo. Como reflejo de la crisis del Estado del Bienestar, se apostará por la disminución del gasto público y esto se traducirá en una reducción de la inversión en vivienda pública y en una privatización creciente de las viviendas sociales, extendiéndose, de igual modo, la tenencia en propiedad de las viviendas.

A grandes rasgos, hay que situar la transformación neoliberal como la evolución de la economía fordista. Este modelo, difundido a partir de los años 20 y acentuado a partir de la Segunda Guerra Mundial, basaba sus tesis en la defensa de un crecimiento prolongado e ilimitado a partir de la producción industrial de bienes materiales, crecimiento que en Europa se sitúa entre 1946 y 1975 y que en España no se introduce, con grandes matices por el propio contexto, hasta los años sesenta. A nivel europeo, este modelo va ligado a la difusión del Estado del Bienestar, el cuál, como consecuencia de la presencia de un modelo contrahegemónico al del capitalismo como fue la experiencia de la Unión Soviética y gracias a la existencia de un crecimiento prolongado que facilita la acumulación del capital, permite a las burguesías europeas sobornar a la clase trabajadora con parte de su ganancia para asegurar la estabilidad del modelo.

En los setenta, sin embargo, este crecimiento llega a su fin como consecuencia de una serie de elementos, entre los que hay que situar la recuperación y crecimiento de otras economías del planeta después de la posguerra y, como consecuencia de este hecho, la crisis de sobreproducción europea que se deriva, pero también de las propias limitaciones del capital para asegurar una reproducción constante debido, en parte, a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esta situación eclosionó con las crisis del petróleo del 73 y 79 y dejó al capital un escenario de dificultades a la hora de apostar por inversiones seguras.

En este escenario, el capital busca constantemente su reproducción y, por este motivo, el neoliberalismo supone una expansión de los espacios de acumulación. A partir de los trabajos de David Harvey1, sabemos que esta expansión se produce en dos direcciones. Por un lado, se produce de forma horizontal, con la búsqueda de inversiones en nuevos espacios geográficos. Esta dinámica ha supuesto una nueva división internacional del trabajo, con un proceso productivo que se segmenta geo­gráficamente en función de la posibilidad de reducción de los costes de producción y la flexibilidad de las legislaciones laborales y ambientales de cada país. Esta nueva organización se caracteriza por una disminución notable del proletariado industrial en las economías del Norte global, que se tercerizan, con el predominio del sector servicios. Por otra parte, la expansión también se ha producido de forma vertical. Esto supone que el capital ha entrado en sectores que hasta entonces habían sido vetados a la intromisión directa del mercado, como son la educación o la sanidad, o como es la vivienda.

Esta voluntad de crecimiento continuo de un capital que con la crisis de los años setenta vio reducidos sus beneficios también llevó a una reducción del peso del capital productivo, que tiene como objetivo la creación de bienes materiales, en provecho de los mercados financieros, que progresivamente se iban desregulando. La apuesta por el capital financiero por parte de las burguesías centrales, con la ayuda de las nuevas tecnologías, ha supuesto una diversificación e intensificación de la acumulación sin precedentes. En los años noventa, el capital financiero apostó por lo que se conoció como la «nueva economía», basada en la especulación con el conocimiento e internet, pero la burbuja estalló y el capital tuvo que buscar nuevos nichos para seguir acumulando. Este nuevo espacio fue, principalmente en EE.UU., el Reino Unido y en España, el sector inmobiliario y de la construcción, y actualmente se ha acentuado la apuesta.

Esta expansión en busca de beneficios a través de la apertura de nuevos nichos de negocio es lo que Harvey llamó «acumulación por desposesión», ya que los beneficios se extraen del despojo o mercantilización de aquellos elementos que se mantenían al margen del control directo del mercado, como es el caso de la vivienda.

Por otra parte, la tercerización de las economías ha supuesto que las ciudades sufran una transformación de sus fuentes de producción de beneficios para el capital, que se desplazan del trabajo a los beneficios que aporta la especulación a partir del suelo. Esto provoca que el objetivo de las ciudades sea el de atraer inversores extranjeros creando un buen clima de paz social para los negocios. Aunque este cambio sea clave, esto no quiere decir que la contradicción capital-trabajo se diluya, sino que es precisamente el capital derivado del trabajo acumulado el que se reinvierte y financieriza para profundizar en la acumulación.

Estado español, ejemplo del modelo

En el caso español, hay que tener en cuenta las circunstancias particulares del estado y su evolución histórica concreta para entender qué proceso experimenta respecto a la aplicación de políticas de vivienda. Pese a situarse en un contexto geopolítico determinado, que influenciará sus apuestas y por ello hay que situarlas como marco general, la historia del siglo XX de España lo sitúa en una tesitura diferente al de otros estados centrales europeos, que será más evidente durante el primer periodo del régimen franquista, en el que la apuesta por un modelo autárquico limitará los contactos con el exterior en términos económicos.

Para comprender las necesidades habitacionales y la política de vivienda realizada durante el siglo XXI, es necesario comprender las etapas previas del proceso y, por tanto, hay que situar las apuestas y carencias de la política del régimen franquista y de los gobiernos posteriores a la Transición en esta cuestión2.

Al finalizar la guerra civil, el parque inmobiliario español se encontraba en grave deterioro como consecuencia del conflicto, que agravó el déficit de viviendas que arrastraba el país. Este hecho provoca que, a partir de 1939, el Instituto Nacional de la Vivienda emprenda una política de construcción intensiva. El contexto económico de posguerra y la apuesta por un modelo autárquico en un momento de escasez de algunos materiales de construcción provocaron que esta apuesta se materializara de forma muy débil. El abandono progresivo de este modelo durante los años cincuenta y, sobre todo, a partir de la aprobación del Plan de Estabilización y Liberalización de 1959 facilitará la introducción de las burguesías locales en el crecimiento económico presente en el resto de países europeos y este elemento, junto con el mejor conocimiento de la cuestión habitacional a partir de la realización de censos entre 1950 y 1960, provocará una expansión de la construcción de viviendas. El Plan Nacional de la Vivienda de 1956-60 es el primer ejercicio de planificación con el objetivo de establecer las ayudas públicas dirigidas a la cuestión de la vivienda. Este Plan logró dar un impulso importante a la construcción de viviendas en España y se convirtió en un modelo de planificación para la gestión de la política de vivienda posterior 3.

Así, las políticas realizadas sobre la cuestión habitacional en la etapa anterior a la Transición se pueden describir en los siguientes términos. Entre 1961 y 1976, encontramos una fuerte intervención del Estado en la promoción de viviendas de protección oficial y una creciente incorporación de la iniciativa privada, mínima durante el período de la autarquía. El sistema establecido ofrecía una serie de incentivos a la promoción privada de viviendas a partir de las «ayudas a la piedra». Subvenciones, acceso privilegiado a la financiación y exenciones fiscales eran los principales recursos para favorecer a ciertos empresarios. La aportación de los recursos financieros, por otra parte, recaía sobre las Cajas de Ahorros, que estaban obligadas a invertir el 40% de sus recursos. Este sistema permitió un gran crecimiento de la construcción, pero la calidad del parque construido no era la adecuada y los destinatarios de las viviendas construidas tampoco eran aquellos que más lo necesitaban, sino que se dirigió a la clase media, principalmente.

Podemos concluir que la política de vivienda del Régimen durante los años sesenta y setenta se caracterizó por una gran intervención del Estado en la construcción de viviendas, principalmente de protección oficial. Sin embargo, la iniciativa privada se iba incorporando de forma creciente. El sistema de protección oficial facilitaba la construcción mediante promoción privada a partir de la ayuda a la piedra, pero no significaba una ayuda directa a las familias con rentas más bajas, que seguían viendo dificultades en su acceso a una vivienda. Este sistema redujo de forma importante el déficit crónico de viviendas en España, pero, aparte de las dificultades de acceder económicamente, la calidad de las promociones construidas a menudo fue un problema que se fue mostrando de forma evidente durante los años siguientes. Además, la política de vivienda activa descrita contrasta con la inacción evidente de las instituciones en el resto de sectores de la política urbana, entre los que cabe destacar la creación de equipamientos públicos, la facilitación de espacios verdes o la organización de transportes eficientes para la creciente periferia4. La evidencia de esta situación se irá explicitando a medida que los nuevos barrios vayan tomando conciencia de la situación y vayan conformando sus demandas, origen del movimiento vecinal, una de las tres patas de los movimientos sociales antifranquistas, junto al obrero y al estudiantil.

A partir del análisis de las políticas económicas respecto a la vivienda que se aprueban durante la Transición, podemos caracterizar el período como momento de cambio por dos motivos. Estos cambios tendrán grandes consecuencias en el desarrollo posterior de las políticas de vivienda y del sector. Por un lado, por la liberalización del mercado inmobiliario que supone, que sigue la lógica neoliberal descrita más arriba. Históricamente, la política respecto a la vivienda se ha considerado política económica antes que social, ya que otorga al sector el papel de impulsor de la recuperación económica, como consecuencia de su importancia en las economías del sur y del gran número de sectores vinculados a su actividad. Durante los períodos más intervencionistas del régimen franquista, esta dirección se realizaba mediante la regulación directa del sector, mientras que, con el proceso liberalizador iniciado en 1959, se dirigirá con medidas más indirectas como las ayudas a la construcción. Este papel primordial en las políticas económicas facilitará que la construcción sea uno de los primeros sectores que se liberalizará, acentuándose ésta durante la Transición al sumarle el proceso liberalizador de las finanzas. La apuesta de liberalizar los sectores clave será la elegida para hacer frente a las crisis de los setenta y, como sector principal en la economía española, hay que entender su liberalización como medida consecuente con el contexto neoliberal y con las necesidades de las burguesías presentes en el Estado.

Por otra parte, a pesar de esta liberalización y el papel primordial de la construcción en el crecimiento económico español, los gobiernos posteriores a la Transición tratarán de dotar discursivamente de un contenido más social a la vivienda. Por este motivo, ya desde el inicio apostarán por políticas dedicadas a prestar ayuda financiera a la persona y no a la piedra, como se había estado realizando durante el franquismo, con el objetivo de facilitar el acceso de las rentas más bajas a las nuevas viviendas. Su objetivo, sin embargo, seguirá siendo el de promover el acceso a la propiedad de la vivienda a la clase trabajadora. Este objetivo tendrá dos motivaciones. Por un lado, promocionar la adquisición de un crédito o hipoteca para acceder a la vivienda y, de esta manera, impulsar el sector financiero. Por otro lado, la política llevada a cabo por los diferentes gobiernos ha seguido una lógica de aburguesamiento de la sociedad que ya se había planteado durante el franquismo. Luis Arrese, ministro de la vivienda entre 1957 y 1960, dijo en un discurso frente a los agentes de la propiedad el año 1959: «No queremos una España de proletarios, sino de propietarios». Esta frase, dejando de lado la imposibilidad estructural de su cumplimiento total, esconde una realidad concreta: la necesidad de dedicar un alto porcentaje del salario, ya sea en forma de hipoteca o de alquiler, a la vivienda no solo reintroduce en el circuito del capital una parte del salario que se dedica a un bien no consumible, sino que desarrolla una función disciplinadora de la clase trabajadora, ya que es más difícil jugarse el sueldo en un conflicto laboral cuando hay más cosas en juego. Además, la compra de una casa añade un componente de conservadurismo extra, al asemejar los intereses de esa pequeña propiedad con la defensa de la propiedad privada en términos generales. Este es un fenomeno que se da sobretodo en el estado español, donde el porcentaje de viviendas en régimen de propiedad es mayor al del resto de Europa.

Con este análisis vemos, por lo tanto, que la vivienda es un factor de las políticas económicas clave para entender el desarrollo histórico de la economía española a lo largo del siglo XX y XXI y su tratamiento por parte de los diversos gobiernos, influenciado a su vez por el contexto económico internacional, nos muestra elementos no sólo coyunturales sino también estructurales de la economía del Estado.

Este modelo descrito mostrará sus límites con la crisis del 2008, en la que la eclosión de la burbuja de las hipotecas, uno de los espacios principales del sector donde los grupos financieros obtienen sus beneficios, mostrará hasta qué punto la especulación con esta necesidad básica había llegado a niveles extremos. Esta crisis ha tenido consecuencias nefastas para la clase trabajadora, con un efecto claro como ha sido la oleada de desahucios masivos que se ha ido produciendo. Aun así, el capital obviamente sigue apostando por un sector que, sobretodo en el contexto sudeuropeo, es uno de los únicos que actualmente permite unos ritmos de acumulación aceptables para los grandes inversores. Por este motivo, en las grandes ciudades la extracción se ha redirigido hacia los alquileres y la especulación con la rehabilitación de edificios, sectores que permiten una mayor flexibilidad.

Barcelona, la gentrificación como consecuencia

En el caso del Área Metropolitana de Barcelona, uno de los fenómenos asociados con la vivienda que más repercusión ha tenido, sobretodo en los barrios centrales, en los que el sector del turismo como motor de la economía se solapa con el inmobiliario, es lo que se conoce como gentrificación. Actualmente, la gentrificación es un fenómeno en expansión y sus efectos se están viendo en barrios más allá de los centros históricos. Como consecuencia de esto, en algunos casos se da una expulsión en cascada, ya que los antiguos barrios receptores de vecinos desplazados por la gentrificación están empezando el mismo proceso.

La autora de la palabra «gentrificación» es la socióloga marxista Ruth Glass, que la empleó para describir lo que estaba sucediendo en el centro de Londres en 1964, zona progresivamente invadida por clases medias provenientes de las afueras de la ciudad. Etimológicamente se derivada de la palabra inglesa gentry, que era el estamento de la nobleza inglesa formado por los gentlemen. Este concepto, por tanto, hace referencia al proceso de desplazamiento de la población de clase trabajadora originaria de una zona por población más acomodada, y al cambio de carácter del barrio que conlleva la transformación de los comercios y servicios que se derivan de esta sustitución, así como al aumento de los precios de las viviendas de la zona, que filtran los recién llegados y empujan hacia fuera a los residentes anteriores. La composición social del barrio, por lo tanto, cambia y los ingresos medios aumentan.

Los diferentes estudios que han tratado el fenómeno han consolidado dos explicaciones de las causas de la gentrificación que son complementarias. La primera se basa en el comportamiento del capital inmobiliario y del mercado del suelo. Según el geógrafo Neil Smith, uno de los principales investigadores de la gentrificación, llega un momento en que determinadas zonas degradadas de la ciudad tienen un potencial económico inmobiliario tan grande que intencionadamente se impulsa el proceso de gentrificación por parte de inversores o promotores.

La otra explicación, con David Ley como teórico principal, hace hincapié en el cambio de las ciudades hacia una economía basada en los servicios y los negocios que conlleva un aumento de profesionales en estos sectores, que forman parte de las nuevas clases medias. Es decir, se centra no tanto en aspectos referentes a las estrategias de acumulación de capital y el mercado de la vivienda, sino en las preferencias residenciales, de ocio y consumo de estas nuevas clases medias.

Sin embargo, ambas aproximaciones tienen un marcado carácter anglosajón y las hemos de tomar críticamente en el contexto catalán, ya que no tienen en cuenta, por ejemplo, la morfología y las dinámicas urbanas en las ciudades mediterráneas, el importante peso que el turismo tiene en ciudades como Barcelona o la precarización que viven muchos de estos nuevos profesionales. Aun así, nos permite describir el fenómeno de expulsión de la clase trabajadora que se está produciendo en buena parte de la ciudad, y que está determinando la acción del movimiento por la vivienda.

NOTAS:

  1. Harvey, David (2004). La Condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires; Madrid: Amorrortu, 2004.
  2. Fernández Carbajal, Alfonso (2004). Veinticinco años de política de vivienda en España (1976-2001): una visión panorámica. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, Nº 816, 2004, pág. 146-8.
  3. Van-Halen, Juan (2016), La política de la vivienda en España: una aproximación histórica. Febrero Devesa, Ramón, dir. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, pág. 198.
  4. 4. Adelantado, José i Gomà, Ricard (2000) La política de vivienda. Adelantado, José, coord. Cambios en el Estado del Bienestar, Icaria, pág. 314-5.

El movimiento por la vivienda en Catalunya

Como hemos visto en el artículo anterior, en el capitalismo no hay lugar para un control directo de los medios de reproducción de la vida por parte de la clase trabajadora y, como consecuencia de ello, la mercantilización de la vivienda, que se ha acentuado con el modelo neoliberal, ha afectado de forma evidente al nivel de vida de los trabajadores. El coste de las viviendas, la calidad de ellas y su localización son tres elementos que determinan enormemente este nivel de vida.

Progresivamente, hemos visto como no solo aumentaba el porcentaje de unos sueldos cada vez más precarios e inestables que se dedicaban al techo donde vivir, sino que, como consecuencia de la especulación inmobiliaria, los centros urbanos de las grandes ciudades eran espacios que se iban vetando al proletariado, que eran sustituidos por la clase media mediante los procesos de gentrificación. Esto ha provocado que el nivel de vida no solo haya disminuido por el aumento de las dificultades a la hora de acceder a una vivienda, sino que esta se sitúa en la periferia de las ciudades, centros capitalistas, obligando a gran parte de los trabajadores a pasar largas horas de su vida en transportes públicos que, por otro lado, también han sufrido grandes desinversiones publicas y privatizaciones siguiendo la lógica neoliberal descrita. A todo esto hay que añadir las consecuencias de la crisis de las hipotecas y la oleada de desahucios.

Este contexto es en el que debemos situar la aparición de un nuevo movimiento, heredero de otros anteriores como el vecinal: el movimiento por la vivienda. Este espacio, sin embargo, no aparece en el vacío, sino que bebe de la experiencia del movimiento okupa y, en parte del antiglobalización, a partir de un conjunto de activistas que establecen el nexo. A principios del 2000, la tradición de un movimiento crítico con la propiedad privada como es el okupa se imbrica con otras experiencias como son la crítica al urbanismo capitalista desarrollada por parte del movimiento vecinal y con nuevos espacios aparecidos sobretodo en los años 2004-2005 que se dedican a cuestiones centradas en la contradicción capital-trabajo, principalmente tratando las deslocalizaciones de empresas y la precariedad laboral creciente. Así, las okupaciones protagonizadas por el movimiento estudiantil (caso de la Rimaia en Barcelona), las okupaciones simbólicas realizadas en defensa de la población migrante (tancada a l’Església del Pi en el 2001), las okupaciones de huertos urbanos por parte de grupos heterogéneos de vecinos, los diferentes CSO que se mantienen (como Can Vies) o las numerosas okupaciones realizadas por asambleas de jóvenes de l’Esquerra Independentista en todo el territorio catalán establecen un buen precedente del movimiento, principalmente en sus acciones y discurso.

Con estos precedentes, la situación de la vivienda acentúa su gravedad a partir de la segunda mitad de la década. El elevado precio del alquiler, principalmente en el Área Metropolitana de Barcelona, y de la compra de vivienda dificulta su acceso. A partir del 2005 el porcentaje de los ingresos dedicados al hogar superaba el 50%. Además, el enorme parque de pisos vacíos, fruto de la especulación inmobiliaria, no ha hecho más que crecer desde entonces, doblando su cifra entre el censo del 2001 y el de 2011. La temporalidad de los contratos laborales y las altas tasas de paro (de mas del 25% y mas del 40% entre los jóvenes) forman parte también de este contexto de dificultad de acceso a la vivienda, fruto del modelo de crecimiento económico español basado en el sector inmobiliario.

Como consecuencia de esta situación, el 14 de mayo de 2006 se convoca una de las primeras movilizaciones por la vivienda, consistente en unas sentadas en diferentes ciudades del estado que acaban desembocando en manifestaciones y asambleas espontáneas. En estas participaron activistas del movimiento okupa, del movimiento vecinal y de diferentes espacios de la izquierda anticapitalista, pero también una gran masa de personas que se acercaban al movimiento por primera vez, como consecuencia de las dificultades descritas. A finales del mismo año (30 de septiembre y 23 de diciembre) hay nuevas convocatorias seguidas con gran éxito pero las reformas realizadas por la Generalitat (Ley de vivienda) y las ayudas al alquiler de Zapatero rebajan el nivel de las convocatorias de 2007 y 2008. Aun así, de la misma manera que pasará posteriormente con el 15M, los diferentes grupos creados a partir de esta experiencia se descentralizarán y aumentarán en autorganización, algunos de ellos desapareciendo y otros convirtiéndose en nuevos grupos como V de Vivienda, núcleo fundacional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), o plataformas locales por la Vivienda Digna y Plataformas de Afectados por la Violencia Inmobiliaria.

La PAH

Con la eclosión de la crisis de las hipotecas, se creará la PAH, que nace en febrero de 2009. En 2013, la PAH ya tendrá más de 40 núcleos en Cataluña, completando un gran crecimiento gracias al trabajo realizado en los numerosos casos de impago que llegan como consecuencia de la crisis. Desde el inicio, el repertorio de acciones colectivas que se realizan en las diferentes PAH’s combinan elementos de negociación política con las administraciones y las entidades financieras con acciones de presión a entidades o personas físicas, principalmente campañas de boicot con el objetivo de afectar la imagen pública de las entidades o, una de las que se hará más mediática por su repercusión, los escraches a políticos. La PAH también ha utilizado la vía legal, acudiendo a los juzgados en defensa de las personas hipotecadas. Más adelante, también apostó por la vía legislativa, con la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago. Esta ILP fue presentada con más de un millón y medio de avales y su tramitación, aprobada in extremis, fue rechazada finalmente en el Congreso.

Debido al contexto de su aparición y a su proyecto político, la acción de la PAH se centrará en tres reclamaciones principales. En primer lugar, la paralización de los desahucios como lacra social consecuencia de la crisis. En segundo lugar, la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda suponga saldar la deuda contraída para su adquisición. Esta reclamación se realizará en un plano institucional y también mediante la acción directa, presionando a las entidades y negociando la salida del piso. En tercer lugar, su acción se centrará también en la denuncia de los pisos vacíos en manos de entidades financieras, rescatadas posteriormente por el estado, y grandes fondos inversores, reivindicando que se priorice el uso social por delante del uso especulativo. Frente a esta situación, la PAH reivindica el alquiler social de un máximo del 30% de los ingresos familiares. Debido a la lógica inacción por parte de las instituciones, la PAH empieza a okupar inmuebles vacíos que pertenezcan a estas entidades. Es principalmente en este caso que la PAH legitima el uso de la okupación.

El primer caso de reapropiación por parte de la PAH se realiza cuando una familia de Montcada i Reixac, que después de aplazar cuatro veces su desahucio y no parar el último, decide volver a entrar en el mismo piso al no recibir ninguna solución por parte del ayuntamiento.

En este sentido, se ha presentado la actividad de la PAH como una “vulgarización” de la okupación al legitimarla frente a un perfil de población que en otro contexto no la habría aceptado, aunque esta legitimación se da en casos muy concretos y como crítica a un estado de las cosas en la que las instituciones públicas no están efectuando un repartimiento de la riqueza aceptable, en este caso del acceso a las propiedades inmuebles como lugar de reproducción de nuestras vidas, por parte del sector que representan y, por lo tanto, la crítica a la propiedad privada es parcial, centrándose en el uso que se le da.

Aun así, como consecuencia de esta cierta difusión de las okupaciones basadas en la pobreza que implica la participación de personas sin recursos económicos que realizan reapropiaciones a causa de una situación extrema de privación de la vivienda y del crecimiento del movimiento en su totalidad, a partir de 2010 se ha ido incrementando la presión policial y judicial contra las okupaciones. En este sentido, en 2010 se aprobó una reforma del Código Penal que incrementó las penas por usurpación y en los últimos años se ha acentuado con la aprobación de una ley para acelerar en casos concretos el desalojo.

El rápido crecimiento de la PAH durante los primeros años de la crisis se ralentizará al cabo de media década de vida, cuando los efectos de las hipotecas no estén tan presentes en el tablero político. Aunque el 15M da un impulso al movimiento entero, en la principal organización aparecen críticas internas por la presencia de diferentes líneas táctico-estratégicas, principalmente alrededor de la cuestión de la okupación, y las diferencias se acaban resolviendo con la aparición de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo (PAHC), siendo las más importantes las de Manresa y Sabadell, que apuestan de forma más clara por la okupación como método de acceso a una vivienda y como medio para poner en cuestión la propiedad. Finalmente, el salto a la política institucional de parte de la generación de activistas que participaron en el 15M, las PAH y las diferentes mareas en mayo del 2015 supuso otro momento clave, al apartar del movimiento por la vivienda a parte de los cuadros que habían participado hasta el momento.

Sindicato de Inquilinos

Como veíamos en el artículo anterior, con posterioridad a la crisis de las hipotecas el capital internacional centra su atención en los alquileres y en la especulación con la rehabilitación de edificios. Esta actividad va acompañada de la correspondiente legislación por parte de las instituciones, con leyes como la de enjuiciamiento civil de 2009 y la de medidas de fomento y agilización del alquiler de 2010, que permiten facilitar la acumulación a los inversores y flexibilizan su gestión acelerando los desahucios. Además, a partir del 2012, el gobierno español puso las bases para facilitar las inversiones de aquellos fondos inversores y bancos que se habían quedado con buena parte de los que llamaban activos tóxicos (paquetes de pisos) mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos, que rebajó los contratos de alquiler de 5 a 3 años, y la aprobación de una ley que eximía a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) de pagar impuestos. Estas entidades son las que los fondos inversores y especuladores han utilizado para actuar en el mercado del alquiler local con el máximo beneficio.

En este cambio de contexto que supone el asalto del capital internacional a los alquileres, un grupo de activistas del entorno del Observatorio Desc, la Hidra, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) deciden crear, en mayo de 2017, el Sindicato de Inquilinos, que centra su actuación en los casos de inquilinos que se ven afectados por esta búsqueda de beneficio por parte de los propietarios, ya sea a través de un aumento del precio del alquiler, de una finalización de contrato sin opción a prórroga o de uno de los diversos casos de mobbing inmobiliario que han sido realizados por parte de las propiedades para vaciar sus edificios y, así, poder especular con su remodelación. Actualmente, presenta ocho núcleos, que se sitúan alrededor del Área Metropolitana de Barcelona, principalmente. El perfil de afectado, por lo tanto, se aleja del caso de familia que se ve con la obligación de okupar por imposibilidad de acceder de otro modo a un hogar, aunque la práctica de la okupación ha sido utilizada con fines de presión en el contexto de negociación con las propiedades. La práctica del Sindicato de Inquilinos, por lo tanto, consiste en la organización de los inquilinos, priorizando la coordinación por bloques de afectados y por propietarios, para ejercer la máxima presión a los propietarios con el objetivo de rebajar los efectos de la especulación inmobiliaria.

Sindicatos de vivienda

Finalmente, en el movimiento por la vivienda existen una serie de sindicatos de vivienda, que fueron formándose hacia mitad de década, con posterioridad al reflujo de las PAH. Algunos de los primeros fueron la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia (actual Sindicat d’Habitatge de Gràcia), el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu o el Grup d’Habitatge de Sants y rápidamente se han ido creando diversos sindicatos en los diferentes barrios de la ciudad de Barcelona, entre los que cabe destacar el Sindicat de Barri de Poble Sec, el Sindicat d’Habitatge de Vallcarca o el Sindicat d’Habitatge del Raval.

Estos sindicatos destacan por una organización territorial muy especializada, centrada en el barrio donde se encuentran, pero con una gran diversidad de casos, con un objetivo de totalidad de las luchas emprendidas y no diferenciando los casos por tipología. Entre los afectados que participan en sus asambleas, por lo tanto, se encuentran personas que están okupando, inquilinos con problemas de alquiler o personas sin casa. A partir de las asambleas abiertas y de las diferentes estructuras populares (entre las que se encuentran escuelas populares, equipos de deporte, clases de idiomas o grupos de mujeres) que permiten trazar una vida comunitaria desde unos valores confrontados a los burgueses, los sindicatos de vivienda plantean una crítica a la propiedad capitalista desde su acción cotidiana.

La campaña realizada por estos sindicatos que más repercusión ha tenido en el movimiento por la vivienda fue la realizada entre el 1 y el 15 de julio de 2019 por parte del Sindicat d’Habitatge del Raval, con la participación del resto de sindicatos de la ciudad. Durante estas dos semanas, se confrontó el desalojo de fecha abierta contra el fondo inversor más grande del mundo, Blackstone, por el control de un bloque okupado, Hospital 99, en el que vivían 10 familias. Los militantes del sindicato organizaron como respuesta un festival de música que recibió el apoyo de diversos artistas y se organizó un escrache en fecha abierta contra los directivos del fondo en Barcelona, llevando la presión a los barrios altos de la ciudad. Finalmente, la pugna se resolvió con la suspensión del desahucio y la regulación de parte de los inquilinos, convirtiéndose en un antecedente de lo que el movimiento por la vivienda puede conseguir.

Para aumentar el poder y la presencia del movimiento por la vivienda con el objetivo de conseguir victorias como las presentadas e ir más allá, los diferentes agentes que lo conforman se empiezan a plantear la necesidad de unir posiciones para actuar de forma coordinada. Esta voluntad se concreta en la realización del Primer Congrés d’Habitatge de Catalunya los días 16 y 17 de noviembre de 2019, un congreso clave para el movimiento, que será analizado en el siguiente artículo.

El Primer Congreso de Vivienda de Catalunya

Un momento clave en el movimiento

Durante los últimos años, el movimiento por la vivienda ha ido desarrollando herramientas y prácticas nuevas mediante la experiencia cotidiana, a menudo respondiendo con las capacidades precarias que permitía el contexto y saliendo del paso. La cruda realidad de los hogares catalanes como consecuencia de las ofensivas descritas en el artículo anterior, especialmente en el Área Metropolitana de Barcelona, han llevado a la necesidad de responder conjuntamente, a menudo con más sudor y corazón que con cabeza y estrategia. La lucha por la vivienda es un espacio en el que a menudo te lleva la corriente, y la respuesta inmediata a situaciones dramáticas ocupa la mayor parte de la planificación. Por esto, hasta el momento, la organización en cada barrio y ciudad de forma autónoma ha sido la norma general.

Para romper con esta vorágine de inmediatez y parar un momento con el objetivo de repensar las estrategias y prácticas del movimiento, durante prácticamente un año, diversas militantes de diferentes sindicatos planificaron la realización del Primer Congreso de la Vivienda de Cataluña. Este espacio, que reúne por primera vez a los diferentes sindicatos y PAHs de Cataluña, toma como referencia el Congreso de Sants que se realizó en el año 1918, que sirvió para reestructurar el movimiento obrero y hacer un salto cualitativo en términos organizativos. Con este Congreso, el movimiento obrero recibió un fuerte impulso como instrumento de combate de la clase trabajadora, que en los años posteriores presentarían una dura batalla contra la burguesía, culminando el proceso en la Revolución del 36. Salvando las distancias, el Congreso por la Vivienda buscaba un objetivo similar y lo coge como ejemplo.

Es evidente que la etapa actual de desarrollo del movimiento por la vivienda es mucho más embrionaria que en la que se situaba el movimiento obrero de la época, pero esto no impide que el Congreso se situara como un hito histórico que marcaría un antes y un después en el movimiento, con el objetivo de avanzar posiciones para acercarnos al momento en el que la clase trabajadora pueda plantear una ofensiva futura.

Sin embargo, debido a la evolución del movimiento por la vivienda en los últimos años, las dificultades presentes eran múltiples, empezando por la atomización en diferentes organizaciones y espacios, con ámbitos territoriales y formas de plantear la confrontación a veces contrapuestas. Por un lado, teníamos el conjunto de PAHs Catalanas, organización histórica del movimiento con más de 10 años de recorrido y un gran número de experiencias acumuladas. Por otro, las diferentes secciones locales del Sindicat de Llogaters, que han conseguido poner el problema del alquiler encima de la mesa y reflejar una problemática que vive la mayoría de población. Y, finalmente, la treintena de sindicatos y grupos de vivienda y PAHCs arraigadas principalmente en el Área Metropolitana de Barcelona, que han tenido la capacidad de establecer una amplia red comunitaria y generar un gran consenso en las zonas donde operan.

Por este motivo, el Congreso no podía ser un encuentro realizado con una preparación precaria. Hacía falta todo un camino más largo de encuentro, que contara con varias etapas y que culminara con la celebración de una convocatoria de dos días para cerrar todo el proceso. El propio Congreso, por lo tanto, solo era el cierre de todo una serie de debates anteriores.

Un largo camino lleno de etapas

Este proceso comenzó más de un año antes, cuando entre junio y julio de 2018 una serie de militantes se empezaron a reunir, para darle forma a las ideas de lo que debería ser el Congreso y crear grupos de trabajo para empezar a trabajar en ello. Desde este momento se empezaron a incorporar colectivos interesados. A principios de febrero del 2019, se hizo una presentación del proyecto a todos aquellos grupos de vivienda que, por diversas razones, no habían participado en toda la primera fase.

Entre abril y mayo del mismo año, se celebraron toda una serie de debates locales sobre la vivienda. Estos debates tenían el objetivo de acercar la temática a las vecinas de cada grupo y aproximar a otras personas que hasta el momento no hubieran participado en el movimiento, así como hacer difusión del Congreso como herramienta clave.

A finales de junio, se realizó un gran debate entre los diferentes colectivos, estableciendo una especie de simulacro de lo que sería el posterior congreso y avanzando en algunos debates. En este espacio se tra­taron el tema de las estrategias a seguir y el de las propuestas de organización para el movimiento, tantean­do así las opiniones de los diferentes grupos y cerrando vías que no eran de consenso.

Entre junio y julio, cada colectivo se reunió para tener su propio debate interno, para reflexionar conjuntamente sobre cómo debería avanzar un futuro movimiento por la vivienda organizado y todas las reflexiones realizadas se recogieron para que la comisión redactora del Congreso, que era la encargada de ordenar y perfilar los documentos, preparara las ponencias o textos base para decidir la hoja de ruta de la lucha por la vivienda de los próximos años.

Finalmente, como última etapa antes del Congreso, en septiembre se realizaron una serie de debates sectoriales, con el objetivo de encarar la lucha por la vivienda como una cuestión clave de la lucha de la clase trabajadora y, por lo tanto, relacionando este sector con otros espacios organizados. Así, se realizaron cuatro debates que debían tejer la lucha por la vivienda con cada uno de los siguientes espacios: mundo laboral, cooperativismo, feminismo y juventud.

El Congreso

Después de todo este proceso, durante los días 16 y 17 de noviembre de 2019 más de 500 personas de las decenas de colectivos de vivienda que participaron en el congreso se reunieron en Barcelona para debatir en un clima fraternal y emotivo las diferentes ponencias en base a las enmiendas que los propios grupos habían realizado previamente.

El documento debatido estaba formado por cinco ponencias. En primer lugar, una ponencia dedicada al análisis de coyuntura del movimiento, donde se exponía un análisis general sobre el problema de la vivienda y se justificaba la necesidad de la realización del Congreso.

En segundo lugar, una ponencia dedicada a la estrategia general del movimiento durante los próximos años y a la necesidad de pasar de una postura defensiva a la acción contra los propietarios, para ir ganándoles terreno. Esta ponencia constaba de dos apuestas estratégicas, que a la vez se dividían en apuestas tácticas concretas. La primera opción estratégica ponía sobre la mesa la necesidad de avanzar en el conflicto colectivo contra los propietarios como herramienta de fuerza para conseguir doblegarlos a favor de las necesidades de la clase trabajadora. La primera apuesta táctica de esta opción, planteaba el despliegue de nuevas herramientas de lucha que debían expandirse a todo el movimiento, entre las que encontramos la organización de vecinas por bloques, la okupación y la huelga de alquileres. La segunda apuesta táctica consistía en la adecuación de los métodos de lucha según la tipología del propietario, para aprovechar al máximo las posibilidades disponibles.

Como apuesta estratégica segunda, dentro de esta ponencia, encontramos la expansión de las estructuras populares, presentes ya en los Sindicats d’Habitatge y las PAHCs, como herramienta de todo el movimiento. Así, se apuesta por crear grupos de mujeres, escuelas populares, grupos de distribución de alimentos y grupos de deporte popular como primera apuesta táctica. Y, como segunda apuesta, se reivindica la propiedad colectiva como forma de tenencia propia del movimiento por la vivienda, reivindicando cada una de las apropiaciones o victorias en pisos del movimiento como resultado de la propiedad colectiva de esos pisos.

En tercer lugar, se dedica una ponencia a las futuras movilizaciones y campañas del movimiento. En este sentido, tras analizar las diferentes campañas realizadas y las posibilidades de la lucha en la fase actual, se decide apostar por una centralización de las fuerzas a nivel nacional con el enemigo común del fondo inversor Divarian como objetivo, ya que está presente en la mayoría de realidades territoriales de los colectivos. Esta apuesta, obviamente, no excluye el trabajo local de cada uno de los grupos, sino que permite visualizar como objetivo conjunto las diferentes apuestas de cada grupo contra la actuación de uno de los fondos que mayor repercusión está teniendo en las condiciones de vida de la clase trabajadora.

En cuarto lugar, se presenta una ponencia con un programa conjunto para el movimiento, en el cual encontramos la lucha contra los desahucios, la oposición a la burbuja de los alquileres, la demanda de la expropiación de pisos de grandes propietarios y la necesidad de la construcción de un movimiento popular fuerte como puntos principales.

Finalmente, en la ponencia cinco se tratan cuestiones organizativas. Teniendo en cuenta los ritmos del proceso de unificación del movimiento, en esta ponencia no se apuesta por la creación de una sola organización, como se había planteado en los debates previos, sino que se inclina por la creación de diferentes comisiones nacionales que permitan el trabajo conjunto del movimiento y profundicen en esta cohesión. Entre estas comisiones, destacan la de una bolsa de formadores conjunta, la creación de un grupo jurídico del movimiento, la comisión de campaña, que se encarga de la apuesta contra Divarian como resultado de los debates o la creación de una base de datos conjunta para el movimiento.

Con la realización de este Congreso, por lo tanto, se asientan las bases para la coordinación de los diferentes espacios políticos que forman parte del movimiento por la vivienda y se establecen toda una serie de líneas de acción que determinarán la práctica posterior de los colectivos. Aún así, debido a que las condiciones actuales derivadas del confinamiento y la crisis que se avecina nos sitúan en un escenario incierto, queda por ver cuál será la evolución del movimiento y los aciertos que, esperemos, lleven a consolidarlo como una herramienta útil para la emancipación de la clase trabajadora.

 

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