I
¿Pero qué esperamos? Vivimos en un Estado, el español, en el que representar unos guiñoles en los que aparece una pancarta que pone «Alka-eta» puede conllevar la detención incomunicada de los guiñolistas… así que teniendo en cuenta esto ¿qué esperábamos que hiciese ese Estado con los miembros de los movimientos antiautoritarios que luchan cotidianamente por construir una sociedad alternativa?
Recapitulemos los acontecimientos de los últimos años, en lo que se refiere a la represión de los miembros de esos movimientos:
– 13 de noviembre de 2013: «Operación Columna», 5 personas fueron detenidas, a dos de ellas se las acusaba (y se las acaba de condenar) por la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica de El Pilar mientras que a las otras tres se las acusaba de colaborar con este acto.
– 16 de diciembre de 2014: durante la «Operación Pandora» son detenidas 11 personas en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid por parte de los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía, por orden de la Audiencia Nacional, de las que 7 son enviadas a prisión preventiva,de permanecen más de un mes.
– 30 de marzo de 2015: 39 personas son detenidas en Madrid, Barcelona, Granada y Palencia durante la «Operación Piñata», que se completa con el registro de 11 domicilios y 6 centros sociales. De las detenidas, 15 lo fueron por orden directa del Juez Eloy Velasco acusadas de «pertenencia a organización terrorista«. Otras 14 personas fueron detenidas por resistencia y/o usurpación, a lo que hay que añadir 6 detenciones más ocurridas en Iruña y Madrid los días siguientes por mostrar su solidaridad con las encausadas. De estas 45 personas, 40 quedaron en libertad con cargos y 5 fueron enviadas a prisión preventiva durante meses, aunque ahora están en libertad a la espera de juicio.
– 28 de octubre de 2015: «Operación Pandora II», 9 personas más son detenidas en Barcelona y Manresa como continuación de la primera Pandora. De estas nueve personas una pasó un mes en prisión preventiva.
– 4 de noviembre de 2015: «Operación Ice», la Policía Nacional detiene a 5 personas del colectivo Straight Edge Madrid, dos de las cuales pasaron a prisión preventiva (una fue puesta en libertad a la semana).
La prensa afín al régimen político actual, repitiendo la versión policial, y las proclamas al uso en estos casos, presenta a estas personas directamente como culpables de «integración en organización terrorista de tipo insurrecionalista-anarquista». Esa misma prensa ha pasado de puntillas por las sentencias absolutorias (como la del pasado junio, en un auto de la Audiencia Nacional que archiva todas las actuaciones de la operación Pandora II porque no se ha relacionado a ninguna de las personas acusadas con «acciones concretas constitutivas de delito»). Ya se sabe, que la realidad no te estropee una buena noticia, más cuando esta responde a los intereses de las clases dominantes.
II
Los múltiples objetivos de la represión quedan al descubierto con las operaciones antes mencionadas, así como con muchas otras que no hemos mencionado, y con el tratamiento que la prensa oficial hace de ellas: ante todo se busca educar en el miedo. Y el miedo que se pretende inculcar en la sociedad busca aleccionarla sobre el «terrorismo anarquista», para aislar a la sociedad del mensaje libertario, pero, por otro lado, también busca aleccionar al propio movimiento anarquista, al que se le indica el tratamiento que va a recibir cualquier persona que se movilice en pos de esos ideales.
Es más, informes policiales conocidos últimamente y redactados en 2014 ya hablaban de que «los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) son una organización con fines terroristas», planteando el «extremismo violento» de estos grupos, desde la idea básica de que «el anarquismo insurrecionalista o anarconihilista es una práctica terrorista». La verdad es que no se puede decir más claro. ¿Con qué pruebas se hacen estas afirmaciones? Pues la verdad es que pruebas no se aportan, pero sí se dice aportar indicios, porque pese a que no se han localizado armas ni explosivos y aunque no se ha reivindicado ninguna acción, los Mossos d’Esquadra que redactan el Expediente 2514/14, en el que se vierten estas acusaciones, asumen que la existencia de boletines internos, el uso de comunicaciones cifradas a través de Riseup, así como la búsqueda de desestabilizar el Estado, indican la finalidad «terrorista» de los GAC. Evidentemente, habría que preguntar a los redactores de este informe por su definición de terrorismo, puesto que no creo que coincida con la que podamos tener otras personas, así como por su definición de indicio, dado que el uso de comunicaciones seguras, en otros ámbitos, se considera el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero claro, no se piensa lo mismo cuando el cifrado, en vez de una administración, lo usa la ciudadanía… en fin.
Las ideas en las que se basan los Mossos para definir como terroristas a los GAC son, entre otras, que en las actas de las asambleas pueden leerse frases como: «luchamos contra los sistemas de dominación», o que la organización sea con «relaciones horizontales, no jerárquicas», que las decisiones sean consensuadas «y sean sólo vinculantes para quienes las acepten», además se aportan planteamientos tan peligrosos como el que dice que «concebimos la autogestión como manera integral de llevar nuestro asuntos». Y no, no es todo tan inocente, porque explícitamente las actas recogen un párrafo donde se habla abiertamente de la violencia: «Nuestros principios rechazan la violencia. Sin embargo, en la sociedad actual y dados los mecanismos de dominación que gobiernan nuestra vida, consideramos indispensable la práctica de la autodefensa».
Además de las actas, muchos de los detenidos tenían (o no, pero se les acusa de tenerlos o redactarlos) libros como Contra la Democracia, de los propios GAC; El Placer armado, de Bonanno; La sociedad industrial y su futuro (Manifiesto Unabomber), de Ted Kaczynski o La Insurrección que viene, del Comité Invisible. El mero hecho de considerar la posesión de un libro, el que sea, justificación para una detención nos habla del grado de autoritarismo de la sociedad en que vivimos… pero ¿nos sorprende?1
Al final, se trata del principio de que si no hay terroristas habrá que inventarlos… y si no se nos ocurre nada, siempre queda volver a desempolvar el tan histórico y socorrido terrorismo anarquista: la mano negra, Casas Viejas, caso Scala… qué más da la verdad histórica o que muchos de estos montajes ya se hayan desmontado, el terrorismo anarquista ha sido tatuado a fuego en el subconsciente colectivo de la sociedad liberal-burguesa, basta con decir «anarquista» y toda la gente biempensante pensará lo mismo: en un señor con barba vestido de negro que lleva una bomba redonda con una mecha encendida en la mano (el rabo y los cuernos son opcionales).
Los mass-media están ahí para ratificar lo dicho por la policía, como en los casos aquí comentados, de los que El Mundo decía que los GAC eran una «banda terrorista» en noviembre de 2015, y los consideraba responsables de las bombas de El Pilar y La Almudena antes de cualquier sentencia judicial (¿acaso hacen falta?). Mientras tanto, El País publicaba en abril de 2015 un artículo titulado «Radiografía de anarcoterrorismo», en el que se hablaba de centros sociales ocupados y ateneos libertarios como la infraestructura de los GAC, la «franquicia española» de las FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional).
Y no es casualidad nada de lo ocurrido en el último trienio… para empezar coincide con un Gobierno del PP que ha tenido que afrontar una movilización social heredada del último Gobierno de Zapatero y de la mal llamada crisis económica, y que lo ha hecho siguiendo sus pulsiones franquistas, que hacen de la vuelta de tuerca represiva la respuesta a todos los males: en 2014 se aprobó una nueva Ley de Seguridad Privada a la que en julio de 2015 han seguido una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y una reforma muy importante del Código Penal, añádase una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha entrado en vigor en noviembre de 2015 y un proyecto de reforma de la Ley Antiterrorista que no llegó a aprobarse, pero que sigue en los cajones del Ministerio del Interior, para cuando surja la ocasión.
Pero las leyes por sí solas no tienen ningún valor pedagógico: deben aplicarse de una manera selectiva (Derecho penal del enemigo vs. Derecho penal del amigo) y deben acompañarse de una propaganda que refuerce los aspectos más comprometidos, presentando las nuevas leyes como necesarias para luchar contra los enemigos inventados. En el caso que nos ocupa, para reforzar la idea de que cualquier movimiento organizado que se enfrente al statu quo con estrategias no electoralistas (es decir, no domesticadas o domesticables), es potencialmente terrorista. Pero claro… ¿es que acaso no les infunde terror una sociedad en la que un reparto más equitativo de la riqueza acabe con sus privilegios? ¿no les da pavor que una mentalidad más respetuosa con la humanidad y la naturaleza ponga en riesgo sus negocios? Yo entiendo que sí.
III
Contextualicemos un poco: es evidente que esta ofensiva represiva legislativo-policial está coordinada y no se enfrenta únicamente al «fantasma anarquista», a movimientos independentistas como Resistencia Galega o la Izquierda Abertzale ni a algunos sectores catalanistas que han sufrido en sus carnes en mayor o menor medida este proceso, igual que personas vinculadas a otros movimientos sociales, incluidos algunos que hasta podrían considerarse reformistas y no tanto rupturistas.
Todo lo que está ocurriendo se plantea desde un nuevo modelo represivo que recoge distintas intensidades en su aplicación. En cierta medida, el enemigo interior tradicionalmente definido como «El Terrorismo» a combatir, la lucha armada de ETA, ha desaparecido, por lo que se hace necesario sustituirlo por los nuevos fantasma interiores, al igual que en la política exterior este nuevo enemigo pasa a ser el islamismo radical, bien en forma de ISIS, bien de Al-Qaeda o bien en la forma de cualquier extranjero que parezca árabe o magrebí.
De hecho, en lo que se refiera al «fantasma interior», considero que la mayor contundencia represiva se enfoca hacia los movimientos menos radicales y más pacíficos a los que se ataca económicamente a través de las cuantiosas multas con las que la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona numerosas formas de protesta, especialmente si estas se hacen en «infraestructuras sensibles».
En un momento histórico en el que se incrementa la privatización de lo público, se refuerza la defensa de lo privado y se dificulta la protesta, el Nuevo Orden Represivo busca minimizar la capacidad de movilización y de respuesta de la sociedad civil y, ante todo, persigue dificultar su capacidad de auto-organización. Es más, esta represión busca ser integral y no ataca sólo a aquellas personas que se movilizan o que están agrupadas en torno a ideas afines, puesto que es la propia represión la que cundo lo considera oportuno crea de manera artificial esos grupos, aglutinando individualidades que pueden ser afines, o no, que pueden ser activistas, o no, que sólo pasaban por allí, o no. Esta dinámica se relaciona en parte con el hecho de la privatización de la seguridad y, por ende, de la represión, lo que lleva a hacer necesaria la figura de los nuevos terrorismos que han de alimentar la cuanta de beneficios que espera obtenerse del nuevo orden represivo.
Dentro de estas estrategias, de este nuevo orden, se contempla que hay un grupo de personas que no se va a dejar amedrentar y que va a seguir movilizándose y protestando pese a todo, un grupo de personas irredentas a las que las multas no van a coaccionar y a las que se reserva la represión de mayor intensidad, la que recoge la detención y la cárcel que, por privar de la libertad, son las formas duras del modelo punitivo. Pero este grupo, que recibe la mayor represión cualitativa, se complementa con esos otros grupos que reciben una represión cuantitativa, de baja intensidad, pero igualmente agresiva (especialmente en lo económico). Estos grupos son los enemigos, sí, pero junto a ellos están los amigos, y no podemos olvidarnos de que el nuevo orden también piensa en ellos y les reserva indultos, tratos judiciales favorables (pensemos en la muerte del Raval o en el ojo de Esther Quintana)2, para que quienes tienen que perseguir a los disidentes y aplicar el nuevo orden se sientan respaldados, y no les tiemble la mano a la hora de ejecutarlo.
En cierto modo se está trasladando al movimiento anarquista y a la sociedad en general lo ya experimentado y aprendido en las anteriores luchas «antiterroristas»: atacar las bases económicas, golpear a los apoyos sociales (aunque estos no hayan cometido ninguna infracción) y trasladar las técnicas contrainsurgentes experimentadas en guerras de alta intensidad a situaciones de guerrilla de baja intensidad o incluso a las luchas no violentas, achacando a los grupos disidentes la intención de atacar la «paz social» a través de sus »estrategias terroristas». Es decir, que el Estado legitima su propio terrorismo (el que implementa el derecho penal del enemigo) y el de sus aliados (el gran capital que expolia los derechos sociales y laborales) acusando de «terroristas» a quienes intentan cambiar esta injusticia, pero… ¿acaso no ha sido así siempre? La verdad es que históricamente no, no ha sido siempre así porque no siempre el estado ha tenido la capacidad de reclamar para sí el monopolio de la violencia, ni de una forma práctica (algo que es imposible de conseguir) ni tan siquiera de una forma teórica (si bien nos encontramos en un momento histórico en el que la hegemonía cultural del Estado capitalista está muy cerca de conseguir este objetivo sobre la población en general y sobre la inteligentsia en particular).
IV
En el fondo, el capitalismo está aplicando su hegemonía política, cultural y espiritual, y sigue buscando la consecución de su sueño represivo, que no deja de ser la consecución de un «policía interior» que habite en el subconsciente de cada persona y le impida rebelarse, o simplemente desobedecer. Las pesadillas de Orwell y Huxley resultan no ser incompatibles, y así los sueños más húmedos de quienes diseñan los modelos represivos pueden realizarse: la combinación de la legislación, con la colonización cultural y mental de modelos capitalistas educados desde el sistema educativo hasta la publicidad televisiva, pasando por el desarrollo de nuevas tecnologías de control digital y telemático hacen cada vez más difícil la consecución de espacios de libertad y resistencia. Difícil, sí, pero no imposible.
Porque al tiempo que dificultan la consecución de esos espacios, el nuevo orden represivo nos muestra claramente lo que no debe ser una visión alternativa, así, frente a los procesos que buscan extremar la individualización y el personalismo, debemos oponer visiones colectivas, comunitarias y antipersonalistas. Frente a los modelos penalistas y punitivistas, alternativas de conciliación y consenso. Frente al enriquecimiento de los pocos, la lucha por la colectivización de la producción y el bien común… Pero estas cosas ya las sabemos, la cuestión es cómo construir esa inteligencia colectiva que, con creatividad y apoyo mutuo, nos permita huir de las redes tejidas por el nuevo modelo represivo. Pero esa respuesta ya no la puedo contestar yo, ni nadie, de forma individual, porque esa respuesta tendremos que construirla entre todas las personas que creemos que hay que romper con el actual modelo y construir otro mejor, más justo y, sobre todo, más sano.
Mientras no consigamos esta ruptura, las titiriteras seguiremos siendo represaliadas por parte de quienes dirigen los hilos de la sociedad, una sociedad que es cada vez más una pantomima hecha para los buenos consumidores y en la que, cada vez más, se reducen los espacios para las disidencias de todo tipo.
Carlos «Pote» Hernández
(SalHaketa Bizkaia)
NOTAS:
1. Más in formación sobre el Informe 2514/14 puede consultarse en http://kaosenlared.net/caso-pandora-el-informe-251414-desclasificado/ en castellano, recogiendo la noticia original en catalán de La Directa, que puede consultarse en: https://directa.cat/ informe-251414-desclassificat.
2. El 5 de octubre de 2013, Juan André Benítez murió en el Barri del Rabal de Barcelona al ser violentamente reducido por los Mossos d’Esquadra. Los 6 agentes acusados llegaron a un acuerdo con la fiscalía y eludieron el ingreso en prisión. El 14 de noviembre de 2012, mientras participaba en una manifestación durante una huelga general, Esther Quintana recibió un impacto de pelota de goma a resultas del cual perdió un ojo. Los dos mossos d’esquadra acusados, quienes reconocieron haber disparado a Esther (después de que se negara por activa y por pasiva) fueron finalmente absueltos en mayo de 2