Las representaciones del enemigo y las visiones de un futuro amenazante desde siempre han tenido una importancia central para los aparatos represivos del Estado -militares, policía y, naturalmente, servicios secretos-. No sólo legitiman su misma existencia, sino también el mantenimiento de una especial vigilancia y disposición para la defensa, incluso en tiempos de normalidad. Los aparatos represivos estatales se alimentan, por un lado, de las imágenes del enemigo que, por otro lado, reproducen a través de su actuación.
En la fase álgida de la guerra fría todos los Estados de la Europa Occidental cultivaban una imagen del enemigo claramente definida: el enemigo -ideológicamente personificado por el comunismo, militarmente en forma del Pacto de Varsovia- se encontraba al otro lado del Elba. La oposición interior aparecía como la quinta columna del enemigo exterior en el interior y, por consiguiente, era vigilada y perseguida por la policía política y los servicios secretos. La perspectiva de estados de emergencia, y la expectativa de levantamientos armados de la clase trabajadora infiltrada por comunistas, por otro lado, justificaban el mantenimiento de policías armadas militarizadas.
A partir de los años 70 la imagen del enemigo de Estado se ha vuelto más difusa. A ello contribuyó, desde el punto de vista de la política exterior, la política de distensión. Desde el punto de vista de la política interior, había quedado claro desde el movimiento estudiantil de finales de los años 60, que la izquierda ya no se podía encasillar claramente en el comunismo de modelo soviético. El enemigo en el interior del Estado no se percibía únicamente como una representación del enemigo exterior, sino que pasó a convertirse efectivamente en el auténtico enemigo. En la “década socialdemócrata” la vigilancia por parte de los servicios secretos y de la policía política no desapareció, sino que se extendió, obteniendo con el terrorismo nuevo alimento legitimatorio. No únicamente en Alemania el terrorismo constituyó la justificación para remodelar todo el sistema policial y de los servicios secretos, así como el proceso penal.
Más tarde, el terrorismo de los años 70 ayudó en el nacimiento de la colaboración policial en Europa. El trasfondo no lo constituía sólo la advertencia de que los fugitivos podían pasar a la clandestinidad en países vecinos, sino también la construcción de una especie de internacional terrorista, la unificación de los más diversos grupos armados de Europa -desde la RAF y las Brigadas Rojas, pasando por la Action Directe francesa y las CCC belgas, hasta IRA y ETA. Debido a que en aquel tiempo la colaboración en cuestiones de derecho penal político quedaban fuera del marco de INTERPOL, las policías buscaron nuevos foros. A ellos pertenecen, a parte los los “clubes” surgidos en 1978 -el de Viena y el de Berna, que unían a los servicios de seguridad de los países alpinos- también TREVI con sus oficinas de enlace creadas en 1977 y el análisis de amenaza en asuntos de terrorismo que se elaboraba anualmente. Al margen de la CE de entonces, desde 1983 se cooperaba, además, en el marco del Police Working Group on Terrorism.
Desde el punto de vista político, la amenaza del terrorismo a partir de principios de los años 80 ya no tenía un efecto tan fuerte. Las organizaciones armadas empezaron a disgregarse una a una -excepto ETA e IRA, los dos grupos que habían surgido de un conflicto político y social más amplio y que permanecieron unidos a él-. Los diseñadores de la política policial debieron reconocer que una parte importante de la población ya no percibía la amenaza del terrorismo como antes. Así, mientras que a nivel policial continuó la colaboración establecida, políticamente paso a un segundo plano.
LOS AÑOS 80
A partir de mediados de los años 80 el punto de referencia central de la política de seguridad interior -tanto en el marco nacional como en el europeo- fue la lucha contra el tráfico de drogas y la llamada criminalidad organizada. El gobierno de los EEUU, bajo la presidencia de Ronald Reagan, declaró por primera vez en 1986 y nuevamente en 1989 la War on Drugs, que efectivamente llevó a cabo en Panamá y Colombia con medios militares. Como tantas otras veces, el discurso de las autoridades de seguridad de los EEUU influyó en la Europa Occidental. El mercado único europeo y la consiguiente supresión de los controles en las fronteras interiores harían de Europa “la meca de la criminalidad organizada”, un espacio en el que las drogas se moverían a través de las fronteras de forma libre e incontrolada (así se pudo leer cientos de veces en publicaciones ministeriales y policiales). Las drogas y la criminalidad organizada no sólo justificaron la creación de Europol, sino que también tuvieron un papel importante en el contexto de la cooperación Schengen. La fórmula de Schengen -ninguna supresión de fronteras sin medidas compensatorias para la “pérdida de seguridad”- actúa hasta hoy como un perpetuum mobile y además se encuentra legalmente anclada en el Protocolo Schengen del Tratado de Amsterdam. La mención de supuestas o verdaderas estructuras organizativas criminales, que está recogida en la norma sobre competencias de la Convención Europol, es tan trivial como inconcreta: toda forma de actuación ilegal es por definición organizada. Por este motivo resulta posible extender contínuamente el concepto de criminalidad organizada a nuevos campos. Ya en 1995 y 1996 a la Unidad de drogas de Europol le fueron atribuidas competencias en cuestiones de tráfico ilegal de vehículos, trata de seres humanos, comercio de sustancias radioactivas e introducción clandestina de inmigrantes. Absurdamente, la unidad conservó el mismo nombre hasta 1999. La amenaza de bandas dedicadas a la introducción clandestina de inmigrantes justificaba, además, políticas de inmigración y asilo restrictivas, así como el intento de cerrar las fronteras. La espiral de criminalización eximió a la política de la tarea de buscar proyectos reales para los problemas sociales de base. A partir del 11 de septiembre de 2001 el tema del terrorismo ha vuelto definitivamente al escenario de la política de seguridad interior de la UE. Sólo una semana después de los atentados en EEUU la Comisión de la UE presentó propuestas de acuerdos marco para una definición conjunta de terrorismo y para una orden de detención europea. El 20 de septiembre se reunieron los Ministros de Interior y de Justicia de la UE. De de dicha reunión surgió un “mapa del antiterrorrismo” de 64 proyectos, que desde entonces se están trabajando.
Constantemente se van añadiendo propuestas sueltas, -como la creación de un archivo de visados, la orden de detención europea y similares- que no tienen nada que ver con la lucha contra el terrorismo en sentido estricto, pero que bajo su fan tasma se introducen sin mucha resistencia.
El acuerdo marco para una definición de terrorismo de la UE, que entró en vigor en junio de 2002, con las correcciones introducidas por los ministros a raíz de las protestas de organizaciones de derechos civiles, comprende no únicamente atentados, secuestros o aquellas actuaciones similares, que por lo general se entienden por “delitos de terrorismo”. Elementos como la “intimidación de la población” o coacciones ilegales a “organismos públicos u organizaciones internacionales” para que hagan o dejen de hacer algo, pueden darse fácilmente con ocasión de huelgas o protestas militantes en la calle. También forman parte del catálogo de delitos “daños graves… causados en lugares públicos… que puedan poner en peligro vidas humanas o conducir a pérdidas económicas considerables”.
Otras medidas también constatanque la lucha contra el terrorismo en la UE después del 11 de septiembre, una vez más, se ha convertido en un instrumento de criminalización de las protestas sociales. El ámbito de influencia de los servicios secretos en los grupos de trabajo del tercer pilar se amplió mucho. Surgieron nuevos grupos de trabajo sin ninguna base legal, como la Task Force de los servicios secretos. Otros como la Task Force de los jefes de policía van a obtener, gracias a la lucha contra el terrorismo, la bendición legal a posteriori. La UE no sólo asume el señalar administrativamente organizaciones y personas individuales como terroristas, con las considerables consecuencias que ello comporta (confiscación del patrimonio, denegación de asilo…) a las presiones de los EEUU, sino que también produce listas propias. Mientras que las nuevas leyes sobre terrorismo aprobadas por los Estados miembros al menos se han encontrado con débiles protestas de la opinión pública nacional, y a menudo no se ha prestado casi ninguna atención a las medidas y acuerdos adoptados a nivel de la UE.
Conclusión: La fabricación permanente de imágenes de enemigos exageradas y de amenazas imaginarias crea miedo e inmuniza a la sociedad y a la política contra los cambios políticos. Los diseñadores de las políticas policiales y de seguridad se adjudicaron a si mismos el encargo de la defensa del estatus quo. Las nuevas competencias de intervención conducen a ejercer permanentemente el poder político policial y de los servicios secretos desligada de la realidad y de peligros inmediatos demostrables.
Heiner Busch y Wolfgang Kaleck
(Extracto del artículo “La policía europea: ¿Un peligro para la democracia?”, dentro de las ponencias del encuentro “Derechos fundamentales y mundialización. Nuevos ataques nuevas respuestas”: http://www.globaldr.org)