Sigue en pie la lucha de los electricistas en México (I)

Manuel Pérez-Rocha

Progreso Semanal

El descontento social crece día a día en México y se manifiesta en la aglutinación de diversos movimientos sociales en torno a la lucha de los trabajadores de la electricidad que fueron despedidos arbitraria y autoritariamente por medio de un decreto presidencial que viola diversos artículos de la Constitución Mexicana y diversos convenios internacionales, entre ellos los de la Organización Internacional del Trabajo. La lucha inmediata de los trabajadores del SME es por que se restituyan sus puestos de trabajo, pero es a la vez la lucha de todos los que queremos recuperar a México como un país soberano en el cual el gobierno respete el orden constitucional y los derechos humanos. Este 10 de diciembre se cumplieron dos meses del cierre de la compañía de Luz y Fuerza del Centro -un sábado por la noche- que envió al desempleo a 44,000 trabajadores y dejó en la indefensión a 22,000 jubilados. Hasta ahora no se ve que el gobierno de Calderón haya triunfado en su estrategia antisindical de corte eminentemente tatcherista. Ya lo advertía la misma agencia de inteligencia Stratfor cuando se ejerció el golpe a los trabajadores: “Existe un alto nivel de insatisfacción con la economía en México y, aun en un buen día, el potencial para un malestar social es alto. Pero si Calderón está creando una política de clausurar compañías estatales y de enfrentarse a los sindicatos en lucha libre, México puede esperar una gran cantidad de malestar en el futuro”.

En efecto, cientos de miles de personas de cientos de organizaciones sociales han protestado en la capital y otros puntos del país; han realizado un Paro Cívico Nacional y tomado la ciudad de México de manera simbólica, todo en plena solidaridad con los trabajadores de la electricidad despedidos. La Red Todos los Derechos para Todos, que aglutina a 68 organizaciones de derechos humanos en el país, ha descrito que:

“La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los Derechos Humanos de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En primer lugar, porque se viola su derecho a la Estabilidad en el Empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se violan el resto de los Derechos Humano derivados del trabajo, como el Salario y el Derecho de Huelga”. Estas violaciones son justificadas por el gobierno del Calderón mediante un despliegue propagandístico apoyado por el duopolio televisivo en el país, en el que se acusa a los trabajadores de “ineficientes” y de ganar sueldos desmedidamente altos. Sin embargo, como el mismo secretario del trabajo ha tenido que reconocer, los trabajadores ganan en promedio menos de 600 dólares al mes. En cambio, los altos mandos de la extinta compañía que son los verdaderos responsables de su estado financiero reciben salarios superiores a los 100,000 pesos mensuales (unos 8,000 dólares mensuales) y en el caso de los mandos directivos hasta 200,000 pesos al mes (unos 16 mil dólares). Pero la principal causa del hoyo financiero en el que se encuentra la extinta Compañía de Luz y Fuerza son los subsidios a las grandes empresas y al gobierno federal mismo mediante “cuentas especiales” con las que simple y llanamente no pagan la luz.

Como bien dicen los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se debe responsabilizar a los altos mandos administrativos de la ineficiencia de la compañía y también a la política energética gubernamental que desde hace varios sexenios esta dedicada a boicotear y a desmantelar al sector con el propósito de privatizarlo. A pesar de la creciente pobreza y el desempleo en México, y de que hoy en día es el país más desigual del mundo, el gobierno en turno se empecina con continuar el proceso fallido de “reformas estructurales” desmantelando a la industria energética nacional. El propósito es entregarlo a las corporaciones transnacionales, en su mayoría estadounidenses y europeas, para lo cual los sindicatos democráticos como el SME son un estorbo.

Manuel Pérez-Rocha es Investigador Asociado del Institute for Policy Studies en Washington D.C. y miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).