CEPRID

El estado colombiano y su Guerra contra la Paz

Lunes 22 de noviembre de 2010 por CEPRID

Aníbal Garzón

Kaos en la Red/CEPRID

En el Departamento de Arauca el 14 de octubre tres niños entre seis y catorce años fueron secuestrados, torturados, abusados sexualmente y asesinatos con cuchillos por soldados de la octava división del ejército colombiano. Elizabeth Silva Aguilar, presidenta de la Asociación Sin Techo y Desplazados de un asentamiento en Bucaramanga fue asesinada por encapuchados. En el pueblo de la Macarena del Departamento Meta, a 200 kilómetros de Bogotá, se detectó la mayor fosa común de América Latina con 2000 cadáveres de líderes sociales y campesinos asesinados por militares y paramilitares. Algunos casos concretos de las cifras totales. En los últimos 3 años han desaparecido en Colombia 38.255 personas según el informe del instituto público de Medicina Legal. Las asociaciones de la sociedad civil afirman que la causa proviene por las accionas armadas del mismo ejército colombiano y los actores paramilitares. Cómo afirma la directora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asafaddes), Gloria Gómez, “los funcionarios estatales han participado directamente en las desapariciones tolerando las actividades de los paramilitares para reprimir parte de la población opositora del gobierno colombiano”. En Argentina, según las Madres de la Plaza de Mayo desaparecieron 30.000 personas por las represiones de la dictadura militar entre el 1976 y 1983. Mientras estos datos son recordados, los de Colombia, a pesar de ser más elevadas en un tiempo más corto, son ocultados a la opinión pública internacional. Posiblemente, fuera de los datos cuantitativos, la causa principal sea el etiquetaje del sistema colombiano como “democracia pluripartidista”.

Los “falsos positivos”

Colombia mantiene el actual conflicto armado desde en el año 1964 con el nacimiento de las guerrillas de inspiración marxista, las Fuerzas Armadas revolucionarías de Colombia (FARC), fundadas como defensa campesina contra los ataques de los terratenientes con el llamado “Plan Laso” con ayuda de los Estado Unidos, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inspiradas en las estrategias del foco revolucionario de Che Guevara. Con la ausencia del estado en las regiones rurales las guerrillas ganaron fuerza con el respaldo de la población civil. Contrariamente, en los años 80 los grandes propietarios agrarios para hacer frente a este fenómeno fundaron grupos paramilitares, formalizándose en una única organización nacional de extrema derecha, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los Paramilitares de las AUC no solamente se enfrentaron a las FARC o ELN, sino que fue un actor principal en el narcotráfico de la cocaína, autor de miles de asesinatos de campesinos de izquierdas con métodos inhumanos de descuartizamiento, y produciendo desplazamientos forzados de centenares de miles de personas robándoles las tierras. La fuerza del paramilitarismo creció por el apoyo de grandes propietarios agrarios, y también por actores políticos, bautizándose, así, un nuevo concepto en Colombia, la “Parapolítica”. Después de un proceso de una falsa desmovilización de miembros de las AUC en el 2003, con la llegada al gobierno del presidente Álvaro Uribe en agosto de 2002, se creó un escándalo político por documentos revelados y afirmaciones de los líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso o del alías Jorge 40 en los juicios, sobre altos cargos políticos que cooperaron con las AUC. En agosto de 2008 se llegó a encarcelar a 33 parlamentarios, la mayoría de la formación uribista del Partido de la U, y otros partidos asociados. El senador y primo de Uribe, Mario Uribe también fue acusado. Aun así, con la reducción, no desaparición, del paramilitarismo, dado que fueron refundadas las organizaciones “Águilas Negras”, en Colombia han aumentado los asesinatos contra miembros de asociaciones o movimientos sociales con la nueva estrategia de represión cometida por el ejército, los “falsos positivos”. Estas acciones militares fueron lideradas por el Ministro de Defensa de julio de 2006 a Mayo de 2009 durante el gobierno de Uribe con su política de “Seguridad Democrática”, y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los “falsos positivos” fueron centenares de asesinatos del ejército contra campesinos haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, para aumentar el miedo político en la población civil. El 98,5 % de estas ejecuciones extrajudiciales han pasado en impunidad, según el informe de Philip Alston, relator de la ONU.

Eliminar mediadores

El terrorismo de estado no solamente ha sido acompañado de datos mortales internos, también de rechazo a negociaciones con las guerrillas e injerencias regionales. En el caso de la guerrilla del ELN, su líder Nicolás Rodríguez en un vídeo colgado en Internet el 4 de noviembre hizo declaraciones proponiendo un Acuerdo nacional de Paz, impulsando a la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), a la sociedad civil, y a la iglesia pastoral, como participantes en un Encuentro de la Paz. Con Uribe, el ELN realizó mesas de diálogo en Cuba, consiguiendo avances importantes, pero se rompió cuando el Comisionado de la Paz, Luís Carlos Restrepo, exigió que los guerrilleros del ELN se concentraran en un lugar de Colombia para contabilizarlos e identificarlos. Hecho que el ELN no aceptó para considerarlo como estrategia bélica y el gobierno finalmente rompió las negociaciones. Respecto a las FARC, en agosto de 2007 la guerrilla demandó la mediación del Presidente venezolano Hugo Chávez para conseguir un pacto humanitario con el gobierno de Uribe y dar respaldo a la senadora Piedad Córdoba, asignada como facilitadora por el mismo presidente Colombiano. El primer paso de las FARC fue la proposición de un intercambio de rehenes en manos de la guerrilla, entre ellos la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, por presos guerrilleros en las cárceles colombianas. La propuesta tuvo los primeros impedimentos.

El 22 de noviembre Uribe anuló la medición del presidente venezolano criticándolo injustificadamente de comunicarse directamente por teléfono con el General colombiano Mario Montoya sin avisar previamente. Aún así, las FARC liberaron en enero de 2008 dos presos, Clara Rojas y Consuelo González, gracias a las gestiones de Chávez. La respuesta de Uribe, y el Ministro de Defensa Santos fue totalmente contraria. El 1 de Marzo, el ejército Colombiano en la llamada “Operación Fénix” atacó a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, matando a uno de los líderes, Raúl Reyes, 22 guerrilleros más, y a 4 estudiantes mexicanos. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, rompió relaciones diplomáticas con Colombia por la injerencia militar. Las FARC continuaron con las liberaciones para incentivar las negociaciones de paz. El 3 de julio, Betancourt y tres soldados norteamericanos antes de ser entregados por la guerrilla unilateralmente, el ejército actuó militarmente en “la Operación Jaque”, violando los principios de los Convenios de Ginebra al usar en un conflicto bélico a militares disfrazados de periodistas del medio venezolano TeleSur y símbolos de la Cruz Roja. El ejército etiquetó la operación como rescate y no liberación unilateral. Aún así, la guerrilla, gracias a las mediaciones autorizadas de Piedad Córdoba, líder de la Asociación de Colombianos y Colombianas por la Paz, ha continuado liberando a rehenes, como al militar Pablo Moncayo el 30 de marzo del 2010. Sumando finalmente casi una treintena de liberados. Mientras, el estado no ha movido ninguna pieza para liberar a algunos de los 7.500 presos políticos, 500 de ellos guerrilleros. Probablemente la liberación de rehenes en manos de las FARC no guste al estado Colombiano y busquen estrategias de confrontación para ganar credibilidad sobre la existencia de las Fuerzas Armadas en las zonas rurales para controlar a la población civil con los “falsos positivos. La senadora Piedad Córdoba, después de su autorización legal como gestora de la paz y de los intercambios unilaterales conseguidos, ha sido suspendida e inhabilitada por la Procuraduría General por 18 años acusada de ser “colaboradora” de las FARC. Posiblemente no piensen lo mismo los liberados gracias a su mediación. Seguramente molesté al estado colombiano para seguir con su estado de guerra y represión “justificada” contra la población civil.


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