CEPRID

Venezuela: capitalismo rentista y proyecto de cambio (I)

Martes 31 de enero de 2023 por CEPRID

Carlos Dürich

Alai

«Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro».

Walter Benjamin, Tesis VI, Tesis sobre la filosofía de la historia.

La emergencia del capitalismo rentista

Todo movimiento revolucionario, parafraseando a Marx, le toca trazar tácticas y estrategias para lucha desde un escenario histórico que le es legado. Solo a partir del entendimiento de eso que le es legado, que no es otra cosa que su presente histórico, puede convertirse al mismo tiempo en referente y en fuerza motora de los cambios que ocurren en las entrañas de la sociedad que lo acoge.

La Venezuela que arribaba al final del siglo XX se encontraba atravesada por la más profunda crisis política- social de su historia reciente. El llamado puntofijismo se hundía bajo acusaciones de nepotismo y corrupción, y junto con él la democracia representativa era fuertemente cuestionada y deslegitimada públicamente. Sin embargo este cisma era síntoma de un problema mucho mayor, uno que hasta el día de hoy y muy a pesar del sinfín de advertencias recibidas no comprendemos del todo. Se trataba del agotamiento de una forma histórica de hacer las cosas económicas, en definitiva del colapso del capitalismo rentístico.

Economía política del colapso

Para la economía política lo fundamental al momento de analizar una determinada formación histórico social es desentrañar en un primer momento la trama de relaciones sociales que generan la producción de los recursos excedentarios. Es decir, la división social del trabajo. También, resulta imperativo analizar la posterior distribución de dicho excedente en la sociedad mediante un determinado régimen de propiedad y con esto último determinar las formas de reproducción o de acumulación mostrando la lógicas del crecimiento económico en dicha formación histórico social.

En Venezuela históricamente se ha combinado una fuerte concentración de la propiedad de los medios de producción, específicamente la tierra y la manufactura, con un nivel muy bajo de ingreso para las mayorías con exigua capacidad de ahorro. Promoviéndose una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza producida socialmente. Generando una demanda interna deficiente y constreñida. De esta manera, Venezuela se fue configurando como un país de masas miserables y de minorías muy ricas.

La dinámica del capitalismo rentista reflejo esta lógica. Aunque formalmente el Estado figuraba como el gran propietario de la renta internacional del petróleo (renta en origen) quien termino realmente apropiándose de ella en mayor porcentaje fue la burguesía trasnacional y nacional (renta en destino). Esto fue posible por medio de 3 grandes mecanismo de distribución: en primer lugar, bajo el mecanismo de la circulación de importaciones en el mercando interno y la consiguiente afectación del nivel de precios prefigurando monopolios de la importación y distribución; en segundo lugar, imponiendo la captación de cada vez mayores volúmenes de renta por medio del manejo indirecto de la tasas de cambio de la divisa internacional; y finalmente, exigiendo cada vez menor presión fiscal y cada vez más proteccionismo para sus industrias.

Como consecuencia de los anteriores, la caída del salario real de los trabajadores, el encarecimiento de los bienes de consumo y las bajas tasas de inversión en el sector privado configuraron el agotamiento del modelo de acumulación rentista.

Este colapso interno del modelo de producción y reproducción de capital -tanto simple como ampliado- configuro y sigue configurando las condiciones objetivas de la crisis económica y social venezolana, trastornando en distintos grados y rigor las diferentes clases sociales configuradas bajo el modelo histórico social concreto venezolano.

Parafrasean a Lenin, solo una crisis de la nación entera donde las capas inferiores de la sociedad ya no soporten vivir bajo el modelo antiguo de reproducción y donde sus elites ya no puedan configurar el dominio que ejercían sobre ellas hace posible una revolución. Ante tal nivel de confusión solo las vanguardias organizadas son capaces de configurar proyectos emancipadores. Siempre y cuando tengan la firmeza y audacia necesaria para responder a una emergencia histórica de tal naturaleza.

Esta emergencia histórica obligo el planteamiento de nuevos modelos nacionales de desarrollo. En un primer momento las fracciones de las clases dominantes fuertemente conectadas con el mercado mundial plantearon la anexión al modelo neoliberal, proyecto auspiciado y promovido desde el norte hegemónico global. Modelo que termino imponiéndose circunstancialmente en Venezuela durante los años 90. El neoliberalismo por lo tanto se presentaba como alternativa a este agotamiento. Una alternativa antipopular y elitista. Pero alternativa al final.

En adelante toca clarificar la alternativa popular que se planteó desde el movimiento bolivariano, quienes como ya dijimos heredaron la responsabilidad de proponer tanto una alternativa al neoliberalismo como al capitalismo rentista.

El nacimiento del movimiento bolivariano

La primera parte de este escrito estuvo dedicado a bosquejar las dinámicas económicas y sociales que le dan ánimo y vida al alumbramiento del movimiento bolivariana. Parafraseando a Marx, al movimiento bolivariano le tocó enfrentar circunstancia que le habían sido legadas y afrontar desde allí la elaboración de tácticas, procederes, métodos y estrategias dirigías a la toma del poder y a la trasformación total de la nación y la sociedad.

El movimiento bolivariano, tanto a su ala civil como militar, nace desde lo que Margarita López Maya y Luis Lander han definido como sociedad con fatiga de ajuste. Entendiéndose por esta a una sociedad que, por lo reiterado de los intentos fallidos de resolver una situación límite que la configuran, pierde la confianza en la capacidad de un determinado proyecto para superar la crisis que le aquejan.

El movimiento bolivariano emergió como muestra y resultado de esa configuración irresoluta, empujando y delineando un nuevo proyecto definido a través de la integración más amplia de la base popular, con la ambición de construir un nuevo consenso en torno a una alternativa al neoliberalismo. Respondiendo con esto al anhelo de las grandes mayorías de ser sujeto y objeto de su historia.

Este proyecto surge con la meta de afrontar las ya sabidas condiciones estructurales de concentración de propiedad, rigidez de la oferta, baja remuneración y estrangulamiento del consumo. Sumado a los problemas generados por las políticas de ajuste neoliberal de los años 80 y gran parte de los 90.

En materia de empleo, para el año 1998 más del 48% de la fuerza económicamente activa del país se encontraba en el sector informal de la economía y 11% se encontraban desempleadas. Con el 5% más rico apropiándose anualmente de más del 53% de la riqueza total y el 5% más pobre a penas disfrutando del 0.6% de la riqueza nacional, con más de 4.5 millones de hogares viviendo en la pobreza y con la pobreza extrema rondando el 27% de los hogares del país. Pensamiento económico del proceso bolivariano balance y perspectiva

Antes de comenzar con el balance es necesario realizar algunas aclaratorias. Un balance económico no solo debe obedecer a los índices econométricos referidos a la macroeconomía y microeconomía. Particularmente como analistas de izquierda y específicamente como marxistas es importante verificar: el impacto que los nuevos métodos o formas de reproducción social tienen sobre las diferentes clases y si estas medidas le otorgan la iniciativa política a una clase u otra.

En última instancia, datos como el producto interno bruto, el coeficiente Gini, tasas de inflación o de inversión, volatilidad del sistema crediticio, la calificación de masa monetaria o la tasa de desocupación o empleo nos dicen poco sobre la volatilidad de la lucha de clases. Lo que realmente informan es sobre la salud del sistema liberal burgués, del régimen de propiedad y del nivel de explotación del trabajo asalariado.

Esto no quiere decir que los indicadores sean innecesarios para la valoración de las políticas económicas de un proceso de revolución. Sino que estos deben verse dentro de la totalidad de lo social: entendidos bajo las aspiraciones de cambio y transformación de la sociedad que da origen a estos indicadores.

Es precisamente el pensamiento económico como totalidad lo que debe matizar el alcance y los logros que determinados indicadores señalan. De lo contrario la lectura y la reflexión económica se convierte en un ejercicio tecnócrata de valores funcionales al gran capital, alejadas de las reales necesidades del pueblo. En resumidas cuentas, una economía puede mostrar indicadores “estables y prometedores” de cara a su crecimiento, pero eso no significa que tan solo con el crecimiento se realicen los necesarios cambios estructurales que la economía amerita. Ni mucho menos que las grandes mayorías sociales vean reproducirse en sus cotidianidades esas sanas y prometedoras preceptivas.

De la Agenda Alternativa Bolivariana a la lucha por el gobierno

El primer programa económico-político desarrollado por el movimiento bolivariano fue la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB) en el año 1996. La misma se presentaba como una ruptura fundamental frente al neoliberalismo, la internacionalización de los capitales, las medidas del Consenso de Washington y los planes de ajustes del FMI.

Sus premisas podrían resumirse de la siguiente forma: entendimiento de lo económico y lo político como elementos integrales de una realidad totalizante y holística, donde “las políticas macroeconómicas se subordinan a las políticas macrosociales, siendo consecuencias de estas y no causas”. Entendiendo que “la mejor política social es la que satisface las necesidades de la población” de la forma más digna y que permitan la consolidación de un futuro independiente y soberano para la totalidad del pueblo venezolano.

Para lograr lo anterior, la agenda estableció 2 pautas que resolver: la pobreza y la desnacionalización. Para el caso de la pobreza se establece como objetivo lograr la democratización de la economía por medio de una apertura del régimen de propiedad del aparato productivo. Para ello se establece un modelo de trabajo endógeno -desde adentro y por dentro- con miras al fortalecimiento del poder nacional, es decir: fortalecer el mercado interno frente al modelo globalizador de exportación extractivo.

Para combatir la desnacionalización, la agenda establece diseñar un estado propietario, promotor y regulador de la actividad económica. Que coloca especial énfasis en la revisión de la política de internacionalización de la industria petrolera. Este proceso tiene por prioridad la disminución de los precios en la producción del barril del petróleo, la ampliación de su aporte fiscal y la reformulación de sus proyectos de inversión.

Para evitar que la carga del déficit fiscal cayera en los sectores más vulnerables de la sociedad, se estableció como estrategia el refinanciamiento de los servicios de la deuda externa, permitiendo ahorrar recursos de la nación y dirigirlos a las emergencias sociales existentes. Esto último, se combino con una política macroeconómica expansiva en la inversión productiva.

Como puede verificarse, el movimiento bolivariano desarrolló una estratégica programática en lo económico dirigida a combatir y revertir el proceso neoliberal ejecutado en Venezuela desde los años 80, cuyo mecanismo más adverso había sido la desnacionalización del aparato productivo.

Al mismo tiempo, al colocar especial énfasis en la democratización de la economía, revelaba una potencial disposición a problematizar la alta concentración de la propiedad dentro del aparato productivo venezolano, aunque sin cuestionar la propiedad privada instalada en el mismo. En tal sentido, si bien la AAB no resulta un programa revolucionario en el sentido tradicional del término, sí representa un salto cualitativo con respecto el anterior entendimiento del problema económico- social venezolano.

Este primer programa económico se transforma en táctica de gobierno al ser recogido en el documento “La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela: Una revolución democrática de 1999”, allí se desarrolla con mayor profundidad parte de lo establecido en la AAB (Agenda Alternativa Bolivariana).

Cabe resaltar dos elementos de ese documento. El primero es la vinculación entre la transformación económica y el proceso constituyente, reforzando en tal sentido la idea del pacto social como forma de dirimir el conflicto económico. El segundo, es la idea de la economía humanista, autogestionaria y competitiva. La cual era definida como la auspiciadora fundamental del proceso de cambio.

Todo esto con el objetivo de “desarrollar un modelo económico que permita la producción global de la riqueza y la justicia de su disfrute”. Poniendo especial énfasis en el ordenamiento de las fuerzas productivas y la participación del pueblo en la riqueza social, más no en la propiedad de los medios de producción. Lo cual refuerza las aspiraciones reformistas de este primer periodo del proceso bolivariano.

La constitución y el nuevo marco económico

El proceso constituyente del año 1999 tenía por objeto satisfacer las aspiraciones de los grandes sectores sociales del país que se habían mantenido movilizados en torno a la agenda de los pueblos. La cual podría resumirse en las aspiraciones antineoliberales que se esgrimían en las protestas de los años 90 y que terminarían siendo parte del debate constitucional. Estas reivindicaciones giraban en torno a la protección del salario, la protección de los derechos humanos, la formalización de los derechos económicos y las garantías de acceso a la salud y la educación para los sectores de menores ingreso.

Dentro de estos debates constituyentes se encontraron en diputa también la agenda de los sectores empresariales que esperaban un mayor reconocimiento por parte del estado, a la vez que buscaban mejores instrumentos para mejorar sus niveles de ingreso y ganancia. Sin embargo, los empresarios se encontraban divididos con respecto al nuevo marco de derecho. Dentro de los sectores no monopolistas existía un consenso respecto a la necesidad de constituir un sistema proteccionista frente a los procesos de globalización, junto a mecanismo que permitieran equilibrios económicos, presupuestarios y financieros por parte del estado para fortalecer el desarrollo del sector empresarial. Por otro lado, los sectores monopolistas, exigían menor regulación y mayor apertura pero con mecanismo de rescate gubernamental que resguardaran las inversiones nacionales e internacionales. Con un especial interés en la privatización de sectores claves de la industria petrolera.

El marco ideológico del consenso constituyente en materia económica se concebía, por lo tanto, como un keynesianismo que bajo un movimiento pendular se acerca más a su variable de izquierda o de derecha dependiendo de su punto de enunciación (popular o empresarial). Incluso en variadas ocasiones imbricados el uno en el otro.

En consecuencia, para analizar la propia constitución y sus posibilidades se debe tener claro que su redacción obedece a una relación de fuerza entre clases dentro y bajo las condiciones objetivas que significo el agotamiento del modelo económico y político de acumulación desde la decada de los ochenta. Este primer esfuerzo por parte del proceso bolivariano de crear un nuevo marco de acción política se formulaba bajo la necesidad de reorganizar una nueva estructura de acción y participación política. Rescatando la figura del estado burgués liberal pero vinculando en su seno mismo a las clases populares como referentes de la acción política. Diseñando una serie de palancas que permitirían a estos sectores hacer presión y forzar acciones dentro de la estructura política nacional.

Un repaso al interior de la constitución

El marco económico presente en la constitución puede entenderse analizando el Título VI referido al sistema socioeconómico que rige la conducta económica de la nación. Entendiendo por conducta económica como un sistema complementario entre la iniciativa privada y el estado, bajo el principio de libre competencia y seguridad jurídica (Art 229) con un estado proteccionistas que utilizaría su monopolio comercial para defender a las empresas públicas y privada frente a la competencia extranjera (Art 301).

El equilibrio fiscal sería el centro y fundamento de la gestión macroeconómica (Art 311). Basado en el principio de promoción y defensa de la estabilidad económica, evitando a toda costa su vulnerabilidad, velando por la estabilidad de la moneda y los precios asegurando con ello el bienestar social. (Art 320).

También se ratifica la defensa de la propiedad privada. Dejando prácticamente intacto lo dispuesto en la constitución de 1961 (Art 99 y Art 101) aunque valorando su vigor a partir del interés social (Art 115). Esta valoración permite un campo de posibilidad para tencionar esa defensa de la propiedad privada.

En esta constitución, se establece como ilícitos económicos: la especulación, el acaparamiento, la usura y la cartelización (Art 114). Obligando al Estado a ejercer un rol activo frente a estos flagelos, marcando una diferencia cuantitativa con lo dispuesto en la constitución de 1961, donde el Estado fungía como un regulador pasivo sobre esas actividades (Art 96).

De igual manera, el latifundismo es considerado contrario al interés social, al igual que en la constitución de 1961 (Art 105). Sin embargo, la nueva jurisprudencia complementa lo anteriormente estableciendo. Por una parte, garantiza el derecho de los campesinos y productores agrícolas a la propiedad sobre la tierra. Mientras que, por otro lado, establece la responsabilidad del Estado en la creación de fondos de financiamiento que promuevan la competitividad y productividad del sector agrícola (Art 307).

Es meritorio resaltar la diferencia que se establece en ambas constituciones en lo referente al salario mínimo. Mientras que en la anterior ordenanza se establece simplemente la responsabilidad del Estado en la creación de los medios conducentes a la obtención de un salario justo (Art 87), en el nuevo orden jurídico se establece el derecho a un salario suficiente para el trabajador/a que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (Art 91). Quedando el Estado obligado por fuerza de ley a desarrollar la ejecución de tal derecho.

También se define el trabajo como un derecho social en contraposición a la anterior noción exclusivamente comercial. Quedando el Estado obligado a establecer garantías firmes en cuanto a la progresividad de los derechos y beneficios laborales (Art 88).

Complementando lo anterior, la carta magna establece un marco de responsabilidad del Estado frente al derecho a la cantidad y calidad del consumo (Art 117). Mecanismo también inexistente en la anterior constitución. Punto que también desarrolla una tensión entre la iniciativa económica del estado en dignificar el consumo y la contracción natural de la oferta privada doméstica.

Todo lo dispuesto con anterioridad, tanto los derechos de los trabajadores/as, de los campesinos/as y de los consumidores deben matizarse y entenderse apalancados en el principio de progresividad de los derechos (Art 19). Siendo esta normativa transversal a toda la constitución, dotándola de nódulos de tensiones interclasista permanentes.

La nueva constitución y la quinta república nace de la necesidad de reconstituir las estructuras políticas que habían sido profundamente erosionadas por el periodo neoliberal. Proceso el cual convoca a los sectores populares, tradicionalmente apartados, y al conjunto de la pequeña burguesía, en bancarrota tras el proceso de desregulación financiera y comercial de los años noventa. Junto a este bloque se consideraba posible una alianza con la gran burguesía nacionalista, utilizando el estado como aparato regulador de una económica naciente fortalecida y diversificada.

La aspiración principal era regularizar una economía profundamente afectada por el proceso neo liberal. Para ello se formularon convenios interclasistas, donde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sirvieran como herramienta para alimentar las luchas contra la desmesurada explotación del patrón, pero en el marco de un reconocimiento y protección formal de la propiedad privada y de un protagonismo del sector privado dentro de la economía nacional.

Consolidándose formalmente en un Estado que garantizara la estabilidad social y al mismo tiempo protegía el beneficio de los sectores empresariales. Alineándose formal e ideológicamente con los objetivos de la llamada “tercera vía”, con aspiraciones de alto contenido socialdemócrata y reformista, fruto de las coyunturales alianzas con los sectores tradicionales de la política venezolana.

Cumpliendo con estos principios, el equilibrio fiscal y el orden monetario se convertían en las principales labores financieras del Estado. Al mismo tiempo, una alta gama de derechos sociales pasaba a regirse bajo su garantía, lo cual generaba una contradicción con las aspiraciones fiscales de los sectores más conservadores de la ortodoxia económica del momento.

Desde esta temprana etapa quedó en evidencia un elemento que atravesaría el interior de la revolución bolivariana y que se convertiría en un mecanismo que socavaría sus aspiraciones de cambio económico. Al ser una revolución desarrollada al interior y desde el régimen del estado liberal burgués se fomentó una tendencia a subsumir la lucha política al marco del derecho formal. Olvidado que este último carecía de autonomía respecto a la base económica hegemónica.

El campo popular tardaría cierto tiempo en reconocer el nuevo tablero político que surgiría tras la nueva constitución. En algunos casos por la ingenuidad y en otro por análisis errados, se pensó que la revolución se enmarcaría en una revolución democrática y que solo con eso bastaría para cambiar la realidad económica desigual que persistía en el país.

Parafraseando a Marx, lo que el tiempo demostraría era que: las conquistas que los sectores populares lograron en la política institucional abría el terreno para su emancipación por medio de la lucha revolucionaria; pero la emancipación misma no quedaba saldada solo con la conquista institucional.

Los enfrentamientos abiertos en los siguientes años seria los que dinamizaría y agudizaría las contradicciones del marco político social. Obligando a la conservadora revolución democrática a convertirse dialecticamente en una democracia revolucionaria volcada a la igualdad económica.

Las dos inconsistencias expuestas, tanto las técnicamente económicas alrededor del orden fiscal como la estrictamente institucional, manifestaron su tensión de forma estridente tan solo 2 años después de la llegada al poder de la revolución bolivariana durante la crisis política que se extendería desde finales del 2001 hasta mediados del 2004. Esas tensiones darían lugar a una nueva periodización en el proceso bolivariano que analizaremos en una próxima entrega.


Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | Espacio privado | Estadísticas de visitas | visitas: 3637740

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio Territorios  Seguir la vida del sitio Latinoamérica   ?

Sitio desarrollado con SPIP 1.9.2p + ALTERNATIVES

Creative Commons License