Antes de verano fue aprobado en el parlamento español el proyecto de Nuevo Código Penal (NCP), el llamado Código Penal de la Democracia. El citado texto prevé un nuevo paquete de fórmulas represivas, de estilo moderno, que aunque sea de manera resumida las explico a continuación:
Insumisión a la mili: se enmarca dentro de los delitos contra la Paz y la Seguridad del Estado. Se imponen las penas de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, cobrar ayudas del Estado, etc. También se mantienen las penas de cárcel con condenas de 6 a 24 meses, teniendo en cuenta que la remisión condicional también sube de 1 a 2 años, los objetores que no tuvieran antecedentes penales tendrían la opción de no ir a la cárcel. (esto venía sucediendo de forma similar en los casos de los insumisos a la mili de antes del cambio de la Ley del Servicio Militar de Enero de 1.992).
Insumisión a la PSS: Se enmarca dentro de los delitos contra la constitución. Las penas serían de inhabilitación absoluta y de un nuevo sistema de multas a razón de 200 a 30.000 ptas. al día, durante un tiempo de 12 a 14 meses.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo del NCP, lo cual daría para otro artículo, lo que si se puede observar es que el proyecto tiene dos finalidades básicas: evitar las condenas de cárcel para la mayoría de los objetores y buscar una forma de represión individualizada que evite el eco social de los encarcelamientos, a esto último se le viene llamando “muerte social”.
A la hora de poner en marcha el NCP, podemos hacer dos tipos de plazos en el tiempo. Los plazos técnicos los podríamos dividir en las siguientes fases: aprobación del proyecto en el Parlamento (esto fue lo que se hizo en Junio), entrada en el senado, vuelta al parlamento, aprobación definitiva (si se cumplen los plazos del Gobierno esto sucedería a finales de Diciem-bre), publicación en el B.O.E. y puesta en marcha en los juzgados pasados seis meses de su aprobación (junio de 1.996). Los plazos de orden político vendrían marcados por la posibilidad de que el Gobierno del PSOE caiga antes de diciembre, o por que no consiga los apoyos necesarios para la aprobación en el Parlamento. En todo caso en el tema de la insumisión, ya existe un acuerdo entre el PSOE y el PP, lo cual quiere decir que si el PSOE no logra sacar adelante el NCP, el PP lo hará tarde o temprano.
A la hora de aplicarse el NCP a los objetores que se encuentran encarcelados, la posibilidad más real es que los jueces vayan revisando caso a caso todos los expedientes de cada insumiso encarcelado, y luego procedan a la excarcelación previa conmutación del resto de condena de cárcel por las nuevas condenas. En todo caso todo hace pensar que la excarcelación será escalonada en el tiempo y no se producirá en masa.
En este momento el Gobierno pretende generar un falso debate sobre el tipo de castigo que se debe aplicar a la insumisión, de esta manera procura contrarrestar el mensaje de los grupos antimilitaristas que no tiene que ver para nada con el tipo de castigos a aplicar, sino que nuestra única finalidad es la extensión de todo un sistema de valores sociales contrarios a lo militar, cuestionando el modelo de defensa armada, criticando las jerarquías y denunciando un orden internacional injusto basado en el poderío económico construido durante siglos en base a la fuerza militar. Por todo esto, a la hora de valorar políticamente el NCP, es necesario centrar el debate entorno a las necesidades del Gobierno y de el Ejército, los cuales después de varios intentos de anular el movimiento antimilitarista, se han visto obligados a evitar las condenas de cárcel para la insumisión. Centrar las nuestras respuestas teniendo como eje de la denuncia el que este tipo de condenas son desmesuradas, o que lo que realmente queremos es que no nos castiguen, es un tremendo error político, puesto que este tipo de criticas fortalecen la idea que quiere extender el Gobierno, para el cual la insumisión es algo que se solucionará con tratamiento penal adecuado.
Hasta ahora la campaña de insumisión tiene unos momentos concretos en los cuales es posible utilizar los encarcelamientos para poder hacer de éstos un espejo que genere contradicciones en quienes la ejercen (Estado y Ejército). En la actual campaña de insumisión, que al menos impulsa el MOC, entre otras existen tres situaciones concretas que permiten rentabilizar políticamente la represión: las acciones de detención, el plante y la estancia en la cárcel.
Con el NCP, al disminuir las posibilidades de ingreso en prisión debemos pensar en las fórmulas que nos permitan seguir llevando la iniciativa.
Desde el punto de vista de la cárcel, con la aprobación del NCP, todavía se mantiene la posibilidad de ingresar en prisión, en los casos de los insumisos a la mili que no firmen la remisión condicional o tengan antecedentes penales y en el caso de los insumisos a la PSS que no paguen las multas. En todo caso la estrategia de la cárcel no debe ser algo que debamos mantener por inercia. Para seguir utilizando la cárcel como una herramienta valida a la hora de rentabilizar la represión, es fundamental realizar una autocrítica, en el sentido de que hasta que punto la cárcel no ha supuesto más sacrificio que el que en un principio pensábamos que podíamos soportar. A menudo en círculos antimilitaristas se ha caído en el error de pensar que el número de presos es proporcional al logro de unos objetivos tácticos, como por ejemplo: la movilización social contra los encarcelamientos, o incluso una salida de todos los presos (tipo amnistía). Y digo error, porque ha la hora de fijar los objetivos, se ha de ser muy caut@, pensar que con 260 presos haríamos la represión imposible y por lo tanto sacarían a los presos a la calle, es totalmente ingenuo. Con todo esto lo que quiero decir es que la estrategia de la cárcel con el NCP, no se debe enfocar bajo el esquema de a mayor número de presos mejor, es importante el número de presos, pero más importante es que los presos que cumplan condenas, sean objetores que se mantengan coordinados con los grupos antimilitaristas.
Las inhabilitaciones tienen como principales características: individualizar la represión y extender la implicación se sectores amplios del Estado en el mantenimiento del Ejército mediante el castigo a l@s que se opongan al mismo desobedeciendo.
Las inhabilitaciones tienden a individualizar la represión, puesto que en cada caso dependiendo de cada insumiso, estas les afectarán de forma diferente, por ejemplo: un insumiso médico no podrá ejercer, un insumiso en paro no cobrará las prestaciones, uno que estudie no tendría becas, etc.. En la medida en la que estas sanciones afectan de muchas formas diferentes a los objetores, éstas se vuelven más difíciles de rentabilizar políticamente y además, para la sociedad el conflicto de la insumisión cada vez va a tener menos que ver con la existencia del Ejército. Al menos esto es lo que pretende el Gobierno.
Por otro lado, hasta la fecha era el estamento judicial el principal encargado de hacer de parapeto entre el Ejército y el sentir antimilitarista. Con el NCP el Gobierno va a necesitar de la ayuda de una larga lista de colaborador@s a la hora de frenar la desobediencia al Ejército. Esto que en un principio podríamos analizar como un problema para el mantenimiento de la desobediencia, también puede convertirse en un arma de doble filo para el Gobierno puesto que durante estos años, la insumisión a conseguido recabar una gran cantidad de apoyos sociales y muchos de estos apoyos provienen de sectores que ahora van a tener la oportunidad de enfrentarse al Ejército, no colaborando con la represión a la insumisión.
Tal y como antes lo hemos mencionado, otro gran objetivo del Nuevo Código Penal, es el de apartar a la insumisión de lo militar. Tenemos que tener en cuenta que el SMO sigue existiendo y mientras exista, las formas de desobediencia podrán variar pero deben mantenerse, porque es en la vía de la desobediencia, en donde hemos conseguido encontrar una forma de cuestionar socialmente al militarismo.
Para finalizar, hoy en día las necesidades de la Defensa española de cara a cumplir con el objetivo de ser una potencia mundial obliga al Estado a incrementar el gasto militar de un 1,2% a un 2% del PIB. El Gobierno necesita dinero para los militares y para conseguir ese dinero el mayor obstáculo que tiene es el de la opinión pública. ¿Como recortar aún más los gastos sociales en favor de los militares, sin que exista una amplia respuesta? Es en este terreno donde debemos movernos, el terreno del mensaje político contra el gasto militar, para ello la desobediencia se muestra como la mejor herramienta de la que disponemos.
Asier Amezaga Albizu
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