El proyecto modernizador ha arrancado a lo largo de los últimos 150 ó 200 años a la población de las áreas rurales, destruyendo su capacidad de sustento más o menos autónoma; y privatizando, mercantilizando y monetarizando unas riquezas de carácter comunal sobre las que en gran medida se basaba su subsistencia. Lo cual posibilitó recluir a esta fuerza de trabajos en las áreas urbanas donde, en un primer momento, se les garantizaba, mal que bien, el trabajo asalariado fijo, generado a partir de inversiones industriales hacia donde se destinaba la riqueza monetarizada, que crecientemente quedaba acumulada en menos manos. La venta de la fuerza de trabajo permitía a la población asalariada acceder a la compra de bienes y servicios para desarrollar su vida cotidiana y reproducirse socialmente. Más tarde, la propia evolución del proyecto modernizador, especialmente en su fase actual de globalización, está significando no sólo la destrucción y precarización de gran parte de este empleo asalariado, sino el paralelo aniquilamiento del empleo autónomo y pequeña actividad productiva que aún perduraba. De esta forma, se genera un excedente de fuerza de trabajo que el modelo es incapaz de incorporar a su estructura productiva, y al que se ve crecientemente imposibilitado de atender ni siquiera a través de políticas asistenciales. Ello choca con el carácter dependiente de esta población, a la que se le ha expropiado su capacidad de mantenimiento autónomo, máxime en los espacios metropolitanos, donde principalmente se almacena este excedente, que se configuran como los espacios centrales de la fragmentación, exclusión y marginación social.
Globalización y construcción de infraestructuras «versus» precarización laboral y social
Dentro de este esquema general es preciso comentar dos aspectos, lo que significa la reforma del mercado laboral y la necesaria creación de infraestructuras que parece que nadie pone en cuestión. La reforma del mercado laboral va a suponer, a medio plazo, la práctica total precarización de los contratos y una reducción drástica de la inmensa mayoría de los salarios, tanto por la política de la disminución de las rentas salariales reales que se contempla, como por los efectos de la desregulación absoluta que se persigue a medio plazo (despido libre, eliminación del Salario Mínimo Interprofesional, supresión de convenios colectivos…) y las consecuencias adicionales que se derivan sobre el mercado de trabajo de la estratificación salarial del mismo sobre una base étnica, al igual que en otros «países de nuestro entorno». La segmentación salarial dependiendo del color de la piel o la procedencia ya es un hecho, entrañando no sólo un enorme ahorro de masa salarial para el empresariado, pues amén de los bajos, o bajísimos, niveles retributivos, es una fuerza de trabajo en general sin coste social -en concreto, S.S.-; sino que está haciendo saltar por los aires las relaciones contractuales, tirando por los suelos todo el marco de venta de la fuerza de trabajo -doméstico, agrícola, industrial, construcción…-
Finalmente, parece también como si uno de los objetivos indirectos de la reforma laboral fuese disminuir el paro estadístico, ya que la puesta en marcha de los contratos a tiempo parcial está permitiendo que se reduzcan, o que no crezcan, las cifras de parados de la EPA; debido a que un trabajo de sólo pocas horas a la semana posibilitará no contabilizar como parados a aquellas personas que accedan a este tipo de «empleos». Hecho que faculta los mecanismos oportunos de simulación mediática de que se «soluciona» el problema del paro.
Los resultados sobre el tejido social y productivo de la «reforma laboral» no se están haciendo esperar, y eso que solamente estamos en los inicios de su aplicación y en la antesala de mayores desregulaciones. Así, la destrucción de empleos afecta especialmente a los contratos indefinidos y «bien pagados», mientras que la creación de empleos se manifiesta casi exclusivamente en el ámbito de los llamados «contratos basura». Lo cual ocasiona que la mitad de la población trabajadora tenga un empleo precario. La caída de ocupación principal se está dando en el sector industrial, al tiempo que los contratos más en precario se concentran fundamentalmente en el terciario de baja (o bajísima) cualificación. Las nuevas «colocaciones» afectan más a sectores jóvenes, pero no tocan el llamado paro de larga duración, que se ceba principalmente en sectores de población maduros. Las prestaciones de desempleo han experimentado una brusca caída en la tasa de cobertura, la duración y la cuantía percibida. Hecho que afecta proporcionalmente más a la población activa femenina, profundizando las tendencias hacia la feminización de la pobreza. En un millón de hogares españoles no entra ningún sueldo, con las consecuencias sociales que de ello se deriva. Todo ello ha hecho exclamar, no sin razón, que con la «reforma laboral» se han perdido las conquistas alcanzadas en un siglo de luchas obreras, condenando a la población que permanece fuera del mercado de trabajo, a la exclusión y a la marginación.
Por otro lado, está la cantinela de la «enorme» penuria del Estado español en materia de infraestructuras, en concreto de transporte, y la inexcusable actuación del Estado en este campo, a la que es preciso supeditar todo tipo de consideraciones. Mensaje que encuentra justificación en una supuesta creación de empleo. Esto último es absolutamente falso. No hace falta sino reflexionar sobre el caso español. En la actualidad hay casi 2,5 veces más kms. de autopistas que hace quince años, entre otras actuaciones y mejoras de la red viaria, y hay menos empleos que entonces.
Además, es preciso resaltar que tal inversión propiciará un mayor crecimiento aún y dispersión de los espacios metropolitanos, ya que se orienta principalmente hacia la interconexión de estos territorios y a garantizar la «fluidez» interna (y periférica) de los mismos, lo que agudizará la problemática, el coste de mantenimiento y el impacto ambiental de estos enclaves.
Uno de los elementos trascendentales del Plan Delors, también, es la creación de infraestructuras de transporte (grandes redes viarias, superpuertos, trenes de alta velocidad…) a escala europea, junto con las energéticas (gaseoductos, redes eléctricas…) y de telecomunicación (autopistas de la información, telepuertos). Entre las nuevas infraestructuras de transporte que se contemplan resalta la construcción de más de 12.000 nuevos kms. de autopistas transeuropeas en un plazo de diez años de los que casi la mitad sería en territorio español.
El desempleo, pues, seguirá creciendo y el dumping social en el que nos estamos instalando, con el fin de atraer inversiones, agudizará hasta extremos inconcebibles hoy en día la degradación y la desintegración de la sociedad española, incrementando de una forma exponencial los comportamientos desordenados, tanto delictivos como patológicos o desviados, disparando los niveles de violencia existentes en la sociedad. Ya no sólo se nace pobre, sino que se puede uno convertir en pobre. Es un proceso que puede afectar a cualquiera que no tenga un patrimonio más o menos elevado, generando una gran inseguridad vital, así como la imposibilidad de planear el futuro. Esta circunstancia incrementa la angustia, la desconfianza, la inestabilidad, el desvalimiento y el aislamiento ante un mundo exterior desconocido, porque no se comprende, y que es percibido como peligrosamente amenazador. Se produce así una mayor desestructuración del espacio social, introduciendo, paralelamente, una aceleración en la variable tiempo que hace que lo que ayer era cierto hoy no valga, vaciando al mundo de contenidos reales. Cuando el individuo no dispone de un marco de referencia sociocultural fiable y estable, se despiertan, con la ayuda de los mass media, los posibles deseos de respuestas violentas y vengativas.
Aquí también, en el Estado español, se asiste, desde principios de los 80, a una rápida expansión de los comportamientos desordenados (especialmente de tipo delictivo -en gran medida relacionados con el consumo de drogas duras-, pero igualmente de aquellos caracterizados como desviados o patológicos), que se recrean principalmente en los espacios metropolitanos. Ello tiene su reflejo tanto en el importantísimo crecimiento de las fuerzas policiales, públicas y privadas, en concreto en las grandes concentraciones urbanas, como en la progresión imparable de la población reclusa, que pasa en los últimos veinte años, coincidiendo con la mundialización económica, de unos 12.000 presos en el tardofranquismo a 50.000 en la democracia actual. Internos que en su mayoría proceden, asimismo, de dichos territorios, en concreto de las periferias metropolitanas. Se puede afirmar, pues, que durante los años de auge se va incubando el desastre social. Con lo que es más fácil imaginar cuál será la evolución de estas variables dentro del marco económico y social que se está adoptando para salir de la crisis. Esto es, para seguir profundizando en la globalización.
La deslegitimación de lo político puede abrir posibilidades de recomposición de lo social
En contexto de bajo crecimiento que se avecina, con la paralela destrucción de empleo que se producirá; el desmontaje de los dispositivos protectores e integradores del Estado de Bienestar, necesario para impulsar el crecimiento; la debilidad política del Gobierno, las crecientes tensiones interregionales; la progresiva dificultad de mantener y legitimar una política inversora en obras faraónicas (autopistas, trenes de alta velocidad, trasvases…) mientras se recortan los gastos sociales; las críticas en aumento por la implicación del Ejército español en operaciones internacionales arduas de justificar ante la llamada «opinión pública», y el cada día mayor coste económico y político de las mismas; el anunciado incremento de las corrientes migratorias, a pesar de la política represiva estatal en este terreno; el imparable aumento de los impactos ambientales y la creciente escasez de recursos; la progresiva infiltración de las instituciones por la corrupción política y el dinero del narcotráfico; y el incremento de la tensión social por la previsible quiebra de los instrumentos de mediación y consenso; hacen que se empiecen a descolocar las piezas del complicado rompecabezas, que de puertas afuera finge todavía funcionar y ser potente, que es la actual estructura de dominación.
La «europeización» y globalización agudizan la crisis de lo político
El símbolo principal de los mecanismos de simulación, la construcción europea, que es también la piedra angular del mantenimiento de los procesos de concentración y acumulación, se viene abajo por momento como artilugio para concitar consenso e ilusión colectiva, difuminándose bruscamente el entusiasmo que el Poder logró despertar, en un principio, en torno al mismo. Tanto es así que en la actualidad su mención en los discursos oficiales se hace de forma subrepticia, eso sí, para afirmar con contundencia que la creación de la Unión Económica y Monetaria, así como su vertiente política, la Unión Europea, definida también en Maastricht, no se pone en ningún caso en cuestión; aunque se puedan reconsiderar los plazos si los grandes centros de poder europeos así lo deciden. Pero el «proyecto europeo» no se utiliza ya, o al menos de la forma en que se ha manejado como señuelo durante los últimos años, para justificar las políticas de ajuste, no vaya a ser que se despierten aún muchas susceptibilidades en su contra y acabe siendo la «bestia negra» contra la que se aúnen multitud de voluntades. En todo caso, se menciona su utilidad como vacuna para que no acontezca aquí lo que ocurre en la ex-Yugoslavia, o para que no nos alcance la desintegración del Este o la desestabilización del Magreb. Le va a resultar, pues, muy difícil al Poder justificar el progresivo endurecimiento de unas políticas que en ningún caso se garantiza que puedan crear empleo; antes al contrario lo seguirán precarizando.
Una situación así, con un número de parados y excluidos en ascenso, no se puede mantener, sin cambios profundos, por mucho tiempo. Sencillamente no hay mecanismos de simulación capaces de ocultar que se camina hacia una situación explosiva.
Un elemento adicional que contribuirá de forma importante a la deslegitimación de lo político será la consolidación de la tendencia, para los pequeños usuarios, de incremento en la subida de los precios de los servicios públicos (desde el agua, hasta el precio de los combustibles, los transportes colectivos, las recogida de las basuras, las tasas universitarias o la sanidad pública) debido a la privatización en la gestión de los mismos.
Crecimiento y entorno ambiental
La situación de penuria de agua está afectando ya al abastecimiento humano de grandes poblaciones. El Plan Hidrológico Nacional no es sino un intento de superar los condicionantes climatológicos y físicos que se dan entre la llamada «España húmeda» y la «España seca» con el fin de bombear 4.000 Hm3 de una a otra atravesando cordilleras, y a costa de un alto precio económico y ambiental, para que éstos no sean un freno a las tendencias que impone el mercado.
Según la Comisión Nacional del Clima, la temperatura media en el Estado español subirá 2,5° en los próximos 50 años. Las precipitaciones se reducirán un 10%. La subida del nivel del mar puede hacer peligrar la totalidad de las playas turísticas y el daño alcanzará a los acuíferos costeros, al empeorar la calidad de sus aguas y aumentar su salinidad. Esto debería hacer recapacitar acerca de la necesidad de acometer reducciones drásticas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo cual choca con las determinaciones del Plan Energético nacional de 1991, que contempla un incremento del 25% de las emisiones de CO2 para el año 2.000, resultado directo de las crecientes necesidades de consumo energético, y movilidad motorizada, que impone un modelo basado en la gran producción y distribución.
Otro problema es el de la deforestación, al que el Gobierno aparentemente trata de hacer frente con el llamado Plan Forestal Nacional. Este va a ir dedicado en un 80% a tierras que ahora se cultivan con el ánimo de sustraerlas a la actividad agraria convencional. En este sentido, preocupa extraordinariamente que el bosque por venir sea a costa de desmantelar todavía más el sector primario de nuestra economía y de una aún mayor expulsión de población de la áreas rurales, lo que significará la puntilla para lo poco que queda de cultura campesina. Además, la masa forestal española presentaba un proceso de deterioro importante por la lluvia ácida, encontrándose más de un 12% de la cubierta arbórea seriamente afectada. Curiosamente, este fenómeno se consideraba, hasta ahora, marginal en nuestro territorio y que sólo azotaba a Centroeuropa, pero el desarrollo de la movilidad motorizada y el creciente consumo energético hacen que, también aquí, se esté convirtiendo en un problema de primera magnitud.
En resumidas cuentas, la repoblación que se pretende impulsar -que en gran parte los mecanismos de mercado orientarán hacia especies de crecimiento rápido, con las consecuencias sociales, ambientales y de riesgos de incendios que entrañan- no hace frente al proceso de deterioro actual. Mientras, seguirá produciéndose el encogimiento anual de la masa forestal, acosada por los incendios -que tenderán a multiplicarse por el incremento previsto de las temperaturas- y por la construcción de infraestructuras. Todo ello acelerará la degradación del suelo, acentuando las actuales tasas de erosión. Es por ello por lo que será imprescindible hablar no de repoblaciones, sino de la necesidad de reconstruir la cubierta vegetal del suelo.
Quiebra de los cauces de consenso y convivencia
Todo este proceso derivará en una quiebra progresiva del consenso social, al agrietarse los instrumentos que garantizan la paz laboral: los sindicatos. UGT y CCOO están presos del discurso del Poder, imbricados de forma subalterna en sus redes de privilegio y hasta empantanados en escándalos de corrupción -ENATCAR, PSV,…; que el Gobierno ha estado utilizando para forzar el pacto social y la sumisión a sus estrategias.
Además, las reformas laborales y estructurales emprendidas y las que están en cartera, dan mayor poder a los empresarios y sus organizaciones en las relaciones capital-trabajo. Lo cual se traducirá en una puesta en cuestión de la figura del empresario, en contra de lo sucedido en la mitad de los ochenta, cuando su papel, en un momento de reactivación y euforia económica, llegó a alcanzar un cierto prestigio social. Este derrumbe del consenso se acrecentará seguramente por la proliferación de escándalos de todo tipo que vinculan al empresario con el enriquecimiento rápido, la disminución de plantillas, la precarización, la sobreexplotación y la reducción de salarios, y no con la creación de empleo y la generación de riqueza social. También es de esperar que, a pesar de la desintegración de la actual clase trabajadora, surjan estructuras organizativas al margen de los grandes sindicatos burocráticos que impulsen la resistencia a los planes del poder.
A ello se añade la necesidad que manifiesta el Estado de amputar aún más su componente social, tal y como lo demandan las instituciones económicas y financieras internacionales -FMI y BM-, y que en el Estado español ha estallado claramente el debate originado por la incapacidad del llamado sector público para hacerse cargo de las pensiones a medio plazo, y la necesidad, a corto plazo, de reducirlas sustancialmente. O aspectos tales como la modificación de marco que regulaba el marco de la vivienda en alquiler, que va claramente en detrimento del inquilino y a favor del propietario. O la práctica ausencia de una política estatal de vivienda, un bien absolutamente básico para los sectores de ingresos más bajos o sin ingresos. Se puede afirmar, sin caer en la demagogia, que los procesos de globalización económica, que hoy en día exige el capital, están dinamitando los instrumentos de consenso y la convivencia característicos de la época fordista.
La desestructuración, fragmentación e individualización de la dinámica propias de los procesos de modernización-globalización actuales, están obligando a una recomposición del discurso del poder con el fin de lidiar con los conflictos sociales que se vislumbran en el horizonte, al tiempo que se intenta aglutinar a aquella parte social que se «beneficia» del presente estado de cosas, en la defensa, o mejor dicho aceptación -pasiva-, de las estrategias de las fuerzas económicas hegemónicas. Por un lado, se asiste a la confección de «un discurso sofisticado en el que cada cual tiene su parte de culpa: los parados son unos vagos que sólo quieren chupar del presupuesto o unos defraudadores que combinan dos fuentes de ingresos; los trabajadores fijos unos egoístas que, al encarecer el coste del despido o exigir mayores salarios, impiden la creación de empleo; el funcionariado, en su conjunto, una casta de mandarines que mama del presupuesto público y atenta contra la economía productiva; los sindicatos unos enemigos naturales de la clase trabajadora por imponer rigideces destructoras de empleo». En fin, se intenta desagregar a la clase trabajadora, con el objetivo de ayudarle a leer su situación en clave individual.
En este marco, se desarrolla, dentro de los sectores de rentas medias, un «individualismo radical, un individualismo egoísta e insolidario, atento de manera exclusiva a la defensa de los espacios e intereses privados, prácticamente despreocupado de los derechos colectivos. Por otro lado (se genera en dichos sectores) un sentimiento de distancia y resistencia -frecuentemente cargado de una buena dosis de hostilidad- frente al conjunto de las instituciones del Estado democrático. Y en la articulación de ambas perspectivas aparece el carácter eminentemente precario y vacilante de los valores sociales democráticos» (De Lucas). Ello hace que estos sectores se vayan decantando por posturas políticas cada vez más autoritarias, apoyando pasivamente las estrategias del poder a partir del miedo que se da en este colectivo a perder sus posiciones de «privilegio».
Este es el sistema de valores que se va desarrollando poco a poco dentro de aquello que se ha venido a denominar «opinión pública», es decir, los sectores sociales medios y normalizados que todavía «participan» en la cosa pública. Los sectores que todavía votan y que hacen que las diferentes fuerzas políticas se vayan adaptando (y conformando) su mensaje para captar el voto de esto que se considera el Centro. El resto de la población que va quedando progresivamente precarizada, excluida o directamente marginada, sencillamente va dejando de votar, pues pierde totalmente la fe en que su situación personal se pueda resolver a través de las instituciones.
En este sentido es curioso observar como la abstención va adoptando una componente fundamentalmente urbana y se va adueñando de los barrios donde habita el antiguo proletariado industrial fordista, es decir, aquella parte de la población trabajadora más afectada por los actuales procesos de reestructuración económica. Y como el resto del voto urbano se va decantando, cada vez más, hacia opciones progresivamente autoritarias e insolidarias, especialmente en los sectores más jóvenes de las llamadas «clases medias», la democracia formal como un reducto progresivamente limitado, en el que «participan» sólo los sectores de la población que se «benefician» del presente estado de cosas. Los partidos intentan captar el voto de los ciudadanos que votan, para lo cual es preciso incidir cada vez más en la defensa de los intereses de las «clases medias»: fomento de la iniciativa privada, limitación de los impuestos directos, valores de la familia, defensa del orden…; mientras que se da un progresivo desentendimiento y control de todo aquello que se sitúa en los márgenes de la sociedad formal. Para lo cual se propugna el abandono de políticas asistenciales, muy costosas y que tienen que ser sufragadas por los sectores de «clases medias», sobre los que se ceba crecientemente la recaudación del Estado.
Desarrollar formas de resistencia social
Se acerca pues una época turbulenta, en la que es de esperar que, en paralelo con la creciente desintegración social y el incremento de los comportamientos desordenados no antagonistas, vaya despertándose en ciertos sectores sociales no afectados por dichos procesos o no alcanzados de lleno por los mismos, la necesidad de algún tipo de reacción ante lo que se avecina. Esta reacción permitirá, junto con la progresiva quiebra del discurso del poder, que vaya desarrollándose, quizás, poco a poco, una subjetividad antagonista a la que será preciso dedicar todos nuestros esfuerzos, en paralelo con la impulsión de la organización de lo social al margen de lo político.
El mensaje mediático intentará convertirse en un auténtico antídoto para cualquier organización autónoma de lo social, procurando abortar la más mínima capacidad de reflexión que ponga en cuestión el discurso del poder. De esta forma, el poder, una vez que entra en crisis lo político, es decir, las instituciones vaciadas de contenido por los procesos de globalización, intentará refugiarse tras la capacidad de control que le permite el manejo de los mass media. Tal vez bajo la forma de un mensaje pretendidamente desideologizado o «apolítico», como ha sucedido en el caso italiano. Intentando entroncar, de esta forma, con la situación de gran parte de la sociedad y en especial de la juventud que se caracteriza, en general, y salvo muy honrosas excepciones, por su falta de interés en la política.
Lo mediático va a independizarse pretendidamente de lo político, aprovechando la capacidad de seducción del discurso electrónico, especialmente en lo que a su componente televisiva se refiere, como última vía para el control de lo social. Y aprovechando el potencial de evasión y entretenimiento que le otorga el mensaje televisivo, tratará de controlar las fugas que se producen en lo social. Intentando, al mismo tiempo, cambiar la percepción popular de los problemas y ocultando, paralelamente, el inminente riesgo de colapso del modelo.
La televisión no sólo se convertirá en el principal artefacto de penetración del proyecto modernizador, especialmente en las áreas no urbanas, sino que se está transformando ya en el principal instrumento de control de lo social. Curiosamente, son lo sectores con menos niveles de ingreso y con más alto grado de precarización los que más ven la televisión. Esto está siendo especialmente grave en el Estado español, tal y como señalaba un estudio de Fundesco (1993), que situaba a la población española a la cola europea del consumo de prensa y a la cabeza del consumo televisivo.
Se hace pues imprescindible centrarse en una serie de tareas
-Ahondar en el desarrollo de una conciencia antagonista elaborando un discurso consistente contra el proyecto modernizador del capital. Esta tarea está sólo en sus inicios y a ella es preciso dedicar esfuerzos considerables, relacionándoles con la actividad práctica que se desarrolla.
– Denunciar las políticas de ajuste y la reforma laboral (las aprobadas y por aprobar), así como sus posibles consecuencias, resaltando los intereses a los que responden. En este sentido, uno de los ejes de la denuncia debería resaltar que si hoy la elevada deuda es una de las principales causas de todos los males, que la paguen las grandes fortunas y los sectores que tienen beneficios y no los grupos sociales más débiles.
– Impulsar el trabajo dentro de aquellos sectores marginados, o en proceso de marginación, como vía para dinamizar su autoorganización y autodefensa en una coyuntura en la que son los principales perjudicados.
– Desarrollar tejidos de solidaridad propios, que logren paliar el retraimiento del Estado de Bienestar, hecho que permitirá hacer frente a los graves problemas sociales que se avecinan, al tiempo que posibilita el crecimiento de la capacidad de organización autónoma, al margen de las instituciones estatales.
– Estimular y apoyar todas aquellas actividades de transformación concreta de la realidad que nos circunda. Desde ocupaciones de inmuebles o tierras hasta la creación de grupos de producción y distribución alternativa, pasando por centros autogestionados de carácter social.
– Dinamizar la oposición a las grandes obras del Plan Director de Infraestructuras -que incluye también el polémico Plan Hidrológico Nacional-, columna vertebral del proyecto modernizador y del crecimiento que se quiere imponer.
– Posibilitar el contacto y debate entre corrientes políticas y organizativas que hoy en día se van decantando por el trabajo en relación a lo social.
– Introducir la reflexión Centro-Periferia, tan olvidada y marginada por estos lares, en el corazón del nuevo discurso antagonista, en nuestra práctica cotidiana y en la actividad de transformación social.
– Impulsar una actividad esclarecedora sobre las consecuencias perversas del proceso de «europeización»-, y la profundización del libre mercado mundial que implican los acuerdos de la Ronda de Uruguay, así como la creación de la OMC.
Todo lo que aquí se ha dicho quizás sea un deseo, pues la dura realidad puede orientar la evolución social por derroteros que hagan inviable cualquier camino de transformación, precipitándonos directamente hacia el caos. Pero «el deseo nada quiere salvo desear, se engendra una y otra vez en un movimiento que alterna, sin tregua, espera, satisfacción ilusoria y de nuevo espera, sin poder jamás salir del círculo (…), al no poder tener la pulsión objeto, se autorreproduce constantemente sin que el abismo y la realidad puedan cerrarse nunca definitivamente. Tendremos que buscar espacios donde poder buscar nuestros deseos, aunque sepamos que los volveremos a perder y así sucesivamente» (Cevedio).
Ramón Fernández Durán
(Extracto)