CEPRID

Inquietantes revelaciones respecto las bases militares de EE.UU. en Colombia

Lunes 23 de noviembre de 2009 por CEPRID

Christina Esquivel

COHA

Traducido para Bolpress por Osvaldo Calle

El viernes 30 de octubre, funcionarios colombianos y EE.UU. firmaron el polémico Acuerdo de Cooperación de Defensa (DCA), que da al ejército estaodunidense acceso a siete bases militares colombianas por los próximos diez años. El acuerdo ha sido tema de especulaciones y un acalorado debate desde que las las negociaciones fueron confirmadas durante el verano; ahora responsables políticos del hemisferio están lidiando con la realidad de una mayor presencia militar de los EE.UU. en Suramérica.

Aunque los detalles no fueron revelados al público antes de la firma del acuerdo, en sus declaraciones oficiales ambos gobiernos han afirmado continuamente que las instalaciones arrendadas serían utilizadas exclusivamente para apoyar iniciativas contra el narcotráfico y la guerrilla dentro de Colombia. Sin embargo, la reciente publicación de un documento de la Fuerza Aérea de los EE.UU. presenta una explicación mucho más ominosa para obtener financiación del Congreso destinado a las construcciones militares próximas a las bases de Colombia. El documento hace énfasis en la "oportunidad para la realización de operaciones por toda Suramérica", contra las amenazas no sólo del tráfico de drogas y movimientos guerrilleros, sino también de los gobiernos "anti Estados Unidos" de la región.

El día después de la firma de la DCA, el semanario colombiano Semana difundió el documento que fue presentado al Congreso de los EE.UU. en mayo. La justificación de los datos del presupuesto para el Programa de Construcción Militar de la Fuerza Aérea de los EE.UU. tenía por objeto defender el crédito de 46 millones de dólares destinados a equipar y actualizar la base aérea de Palanquero, la instalación militar más grande en Colombia y una de los siete que se alquilan a través del DCA. Enviado mucho antes que el acuerdo fuera alcanzado a mediados de agosto, el documento de justificación del presupuesto de la Fuerza Aérea constituye la primera declaración oficial acerca el análisis utilizado para el acuerdo con Colombia, una declaración del intenciones que recibió la aprobación del Congreso de EE.UU. El documento parece validar la persistencia de las reservas expresadas a Colombia por sus vecinos, particularmente Venezuela, en lo que respecta a la verdadera motivación y el alcance potencial del DCA, y ha añadido más tensión a las ya tensas relaciones que EE.UU. y Colombia con otros países de América del Sur.

Detrás de puertas cerradas: El acuerdo de cooperación de defensa Los detalles del acuerdo entre los Estados Unidos y la Colombia se han mantenido secreto desde el verano, cuando un artículo de la revista colombiana Cambio llamó la atención internacional a la asignación 46 millones de dólares destinada por la Cámara de Representantes para la base aérea de Palanquero, señalando posibilidad de un acuerdo militar entre los dos países. En respuesta al artículo, tres ministros colombianos convocaron a una rueda de prensa en Bogotá que sería la primera de una serie de tentativas de contrarrestar las especulaciones que hablaban de la posibilidad de que las operaciones del personal militar de EE.UU. y de los contratistas civiles en las bases arrendadas puedan no seguir limitadas a contrarestar las amenazas a la seguridad dentro de Colombia. La sesión también fue pensada para tranquilizar al público diciendo que el acuerdo no permitiría operaciones unilaterales de EE.UU. ni la creación de las nuevas bases estadounidenses. Los ministros confirmaron que las siete bases colombianas existentes -arrandadas como resultado del acuerdo Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga- permanecerían completamente bajo jurisdicción colombiana. Días después que se alcanzó el acuerdo de 14 de agosto, el Departamento de Estado emitió una declaración confirmando que el DCA, que entonces era objeto de examen, tendría como propósito "facilitar la cooperación bilateral eficaz en materia de seguridad en Colombia, incluyendo la producción de narcóticos y el tráfico, el terrorismo, el tráfico ilícito de todos los tipos y humanitarias y desastres naturales".

Pero los vecinos de Colombia seguían escépticos en cuanto a los objetivos del acuerdo, y a pesar de la presión internacional para publicar las condiciones del contrato durante la fase de negociaciones, la transparencia faltó. El DCA fue lanzado al público el martes 3 de noviembre, casi tres meses después de que el acuerdo había sido alcanzado y días después de que fuera firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores colombiano Jaime Bermúdez y el embajador de los EE.UU. a Colombia, Guillermo Brownfield. El presidente Álvaro Uribe envió el acuerdo para ser revisado por el Consejo de Estado, una institución independiente de asesoría del estado. Sin embargo, Uribe no hizo caso de la recomendación del Consejo abrir el DCA a la discusión en el Congreso, a pesar de que el acuerdo disfruta indiscutiblemente del apoyo de la mayoría de colombianos. El Consejo impulsó la revisión adicional para resolver las preocupaciones críticas que hacen el acuerdo excesivamente "vago y desequilibrado", así como potencialmente problemático para Colombia. Entre éstas preocupaciones está la fraseología ambigua del acuerdo con respecto a la relación cooperativa, el marco de tiempo, la personalidad jurídica del personal de EE.UU. colocados en el país, el uso de satélites, y el papel de los terceros países. El rechazo a lanzar el DCA al público colombiano generó aún más la suspicacia respecto a la administración de Uribe.

Justificar intereses estratégicos: La previsión presupuestaria militar de construcción

El presupuesto de la Fuerza Aérea de los EE.UU. para la construcción de la base de Palanquero, publicado por la revista Semana, el sábado 31 de octubre, parece validar inquietudes regionales existentes en cuanto al alcance del tan oscurecido acuerdo. El documento de la justificación de la previsión presupuestaria, que describe el destino y el propósito específico de los fondos, dio peso adicional a las preguntas planteadas en julio en relación al reparto pendiente y el propósito de la financiación militar de EE.UU. destinado a las bases colombianas. En contraste con el acuerdo de cooperación de la defensa, este documento es la declaración de intenciones más concreta sobre la presencia militar de los EE.UU. en Suramérica, y la define como "oportunidad para realizar operaciones de amplio espectro en toda Suramérica". Al contrario a las declaraciones públicas de ambos gobiernos, este documento confirma el potencial de la cooperación militar para extenderse más allá de las fronteras colombianas. Además, sugiere que la base podría utilizarse para las operaciones de combate continentales y neutralizar a gobiernos regionales considerados "anti-estadounidenses", probablemente Venezuela pero también es probable que entre ellos se incluya a Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua.

Situado cerca del río Magdalena, 100 kilómetros al noroeste de Bogotá, la base de Palanquero tiene la capacidad para albergar a más de 2.000 personas, espacio de hangar para 50-60 aviones, y la pista más larga del país, Palanquero ya es la mayor base militar de Colombia y una de los más avanzadas en América Latina. El arrendamiento de este servicio colombiano proporcionará a la Fuerza Aérea de los EE.UU. el "acceso a todo el continente". De acuerdo al documento de justificación del presupuesto, las mejoras previstas de estructura y funcionamiento servirán para "aprovechar la infraestructura existente en la medida de lo posible, mejorar la capacidad de EE.UU. para responder rápidamente a las crisis y asegurar el acceso y la presencia regional a un costo mínimo". La actualización también tiene el propósito de "aumentar la capacidad de llevar a cabo la Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) [de la Fuerza Aérea de EE.UU.]". Dentro de esta justificación de presupuesto, se señalan intereses relacionados a operaciones antinarcóticos y contrarinsurgencia dentro de Colombia, al margen de la promoción de estrategias militares y seguridad en todas partes del hemisferio.

Esta explicación muestra un cambio fundamental de la presentación pública del acuerdo plasmada en las declaraciones oficiales que se han hecho desde el verano, así como en el recientemente publicado DCA. El portavoz del Comando Sur de EE.UU., José Ruiz, calificó el documento como "presupuesto, no política", manteniendo que el DCA sólo regiría las actividades de los militares de EE.UU. en Colombia. Sin embargo, en tanto dejan a la interpretación el DCA en sí, el documento de justificación del presupuesto puede representar "una declaración de intenciones más franca", dice John Lindsay-Poland, co-director del Movimiento de Reconciliación Grupo de Trabajo sobre América Latina y el el Caribe. Más que un marco político firme, Lindsay-Poland, explica que el DCA es un "recipiente vacío que proporciona una estructura para la cooperación militar, mientras que el documento del presupuesto es una declaración de intenciones de los militares acerca el cómo se utilizará la infraestructura". Argumenta que el Pentágono está tratando de obtener la capacidad estratégica en la región para el largo plazo. Débiles disposiciones de no injerencia en el DCA son poco probable que tengan éxito donde los acuerdos de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han fracasado, como en el caso de las respaldado por Estados Unidos ataque a Ecuador por fuerzas colombianas en 2008. Los términos vagos de la DCA, así como el secreto de las conversaciones que la rodean han levantado preguntas no sólo que conciernen su intención presente, pero también su futura explotabilidad sobre su duración de diez años.

La escalada de la carrera armamentista en América Latina

En gran parte de América Latina, el Acuerdo de Cooperación de Defensa, ha sido entendido como una amenaza de agresión,

especialmente por el combativo lenguaje utilizado en la justificación del presupuesto. En el artículo de las noticia que reveló la existencia del documento del presupuesto, la revista Semana ha caracterizado el trato con los EE.UU. como una escalada de la carrera armamentista en la región, llamándola el comienzo de una "nueva Guerra Fría". Antes de la ampliación de su asociación estratégica con EE.UU., Colombia carecía del capital para competir con el arsenal de armas acumuladas por sus vecinos, particularmente Venezuela y Brasil. El ex asesor presidencial de seguridad Armando Borrero, señaló que con los recursos y el apoyo a EE.UU., Colombia ya no "tenía que intervenir en la carrera regional de armamentos", que apenas podían pagar. Según Semana, para los jefes militares colombianos que hacía tiempo buscaban un modo de obtener el personal y el equipo para meterse con Venezuela en igualdad de condiciones, este acuerdo "pareció caer del cielo".

Desde que las conversaciones sobre el acuerdo fueron publicitadas durante el verano, el presidente venezolano Hugo Chávez ha percibido la ampliación de la presencia militar de EE.UU. en la región hace de su país blanco de un posible ataque. En la cumbre de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), en agosto, denunció el acuerdo como una señal de que los "vientos de guerra comienzan a soplar". Chávez ha utilizado desde entonces el pacto bilateral, como una oportunidad para cuestionar la soberanía de Colombia, y lo más importante para justificar nuevas compras de armas para Venezuela. En un discurso pronunciado el 14 de septiembre, dijo, "¿Qué podemos hacer si los yanquis establecen siete bases militares?". El Jueves, 5 de noviembre, tras la firma de la DCA, Chávez cumplió su promesa de romper relaciones diplomáticas con Colombia; también se congeló el comercio entre las dos naciones, que ya había perdido casi la mitad en septiembre.

El documento de la Fuerza Aérea de los EE.UU., que pide la financiación para "aumentar nuestra capacidad para llevar a cabo la Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)," le da mucho peso a los temores de desestabilización de Chávez por los EE.UU. y Colombia, en particular a raíz de la reciente acusación del gobierno venezolano de espionaje por la agencia de inteligencia de Colombia (DAS). Hablando ante la Asamblea Nacional el 29 de octubre, el ministro del Interior venezolano, Tarek El Aissami presentó documentos supuestamente procedentes de la DAS, lo que demuestra que Colombia había enviado espías a Venezuela, Ecuador y Cuba como parte de una operación en la que está vinculada la CIA. Colombia negó acaloradamente las acusaciones, pero no refutó la validez de los documentos interceptados a la DAS. Al seguir este ambiguo y ampliable trato con Colombia y aprobado el lenguaje combativo del documento de justificación del presupuesto, los funcionarios de EE.UU. han acelerado el conflicto latente entre los países vecinos de América del Sur, al legitimar las sospechas de Venezuela y precipitando el cierre de los canales vitales de comunicación y el intercambio .

Si bien los organismos internacionales y regionales han dejado de lado su papel de mediación en el rostro de la escalada del conflicto, Brasil ha tomado la iniciativa de llamar a los dos países a un diálogo constructivo. El viernes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva anunció su intención de realizar una cumbre presidencial con Uribe y Chávez el 26 de noviembre en la ciudad brasileña de Manaus.

Sin embargo, para continuar las conversaciones entre Colombia y Venezuela, Estados Unidos debe definir mejor la naturaleza de la relación de cooperación establecida por el DCA y aclarar los intereses estratégicos regionales propuestos en la justificación del documento propuesto por la Fuerza Aérea de los EE.UU. La transparencia hacia adelante es crucial para deshacer la maraña de sospechas y el antagonismo promovido hasta ahora por el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia.

Christina Esquivel es Investigadora asociada de COHA


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