CEPRID

Nacionalización petrolera y YPFB: luces y sombras

Sábado 2 de mayo de 2009 por CEPRID

Petropress

En el anterior Nº 13 de nuestra publicación, Petropress señalaba tres sombras alrededor del proceso nacionalizador y de la joya de las empresas estatales; YPFB. La primera apuntaba a la sistemática campaña de la derecha así como de las transnacionales dirigida contra la nacionalización y contra YPFB, con la finalidad de revertir el proceso nacionalizador y abogar por la privatización de la empresa estatal, (señalamiento anterior al escándalo de corrupción de Santos Ramírez). La segunda sombra que se resaltaba, se refería a la notable corrupción en el seno de YPFB, denunciadas nada menos que por el Presidente de la Republica y el entonces Presidente de la entidad estatal, Santos Ramírez. Petropress se interrogaba cómo el propio Presidente Evo Morales advertía a los funcionarios corruptos; “Que sepan esos funcionarios que el Gobierno los tiene identificados”, pero finalizado el año 2008, no se tenía conocimiento de que ni uno solo de estos corruptos haya sido acusado oficialmente. Y, en tercer lugar, por encima del lenguaje oficial, tanto de la de parte boliviana, como de la parte brasileña, se hablaba de integración energética regional, pero lo real es que no existe tal integración, sino una relación asimétrica demasiado desequilibrada a favor de la parte hegemónica que es Brasil.

En los primeros dos meses de éste año 2009 (tan crucial para el presente y el futuro de Bolivia porque en enero se aprobó, por primera vez, la Nueva Constitución por el voto popular directo y en diciembre se esperan elecciones generales que culminen el proceso de la Constituyente), éstas tres sombras, y los sujetos de las mismas, se han entrecruzado como se han entrecruzado los intereses en juego y las acciones en éstos tres niveles de sombras, manipulaciones y deseos inconfesables.

Las Sombras

No fue el control y la fiscalización de parte del legislativo, ni del ejecutivo, menos de “la unidad de transparencia” recién creada en YPFB, ni el control social, sino un crimen el que ha puesto al descubierto una madeja de corruptelas ya instalada entre un sector público (YFFB) y un sector privado, que incluye varios miembros de la oligarquía de derecha. Es más, de acuerdo con las denuncias gubernamentales, también ha estado la Central de Inteligencia (CIA) detrás de la corrupción y la desestabilización a la que el proceso de cambio se encuentra sometido. No es pretensión de Petropress entrar en los detalles de un culebrón que se sabe dónde y cuándo empezó, pero nadie sabe cómo va a terminar, sino situar los acontecimientos en el contexto nacional y regional.

Lo que se debe destacar es que el gobierno no debe sorprenderse de encontrar a instancias del gobierno de EE.UU. encargadas de la subversión y desestabilización actuando en Bolivia. Este tipo de acciones ha sido constante en la política de Washington, independientemente del signo político de su administración, sea republicano o demócrata. Lo que si sorprende, es que el Ejecutivo Nacional no haya tomado las medidas apropiadas para preparar a su amplia base popular para éste tipo de acciones del Imperio del Norte, ni haya tomado todas las medidas preventivas, de modo tal, que se ha hecho factible la acción desestabilizadora del Imperio y de sus alfiles locales.

En este contexto, conviene arrojar luz a ciertos aspectos de cómo se concatenan las acciones de la desestabilización del proceso de cambio, como el de la nacionalización petrolera; por un lado las transnacionales petroleras congelaron sus inversiones a partir del momento en que era claro el advenimiento de la nacionalización, con lo cual se logró congelar la producción en un nivel concreto para que disminuya posteriormente, al tiempo de frenar las necesarias prospecciones y el aumento de reservas del país. Para culminar esta acción, que pretende provocar una crisis de escasez de producción petrolera para el mercado externo, pero sobre todo en el interno para generar el descontento popular contra la nacionalización y contra la empresa estatal YPFB, se logra colocar al sospechoso de ser agente de la CIA, Rodrigo Carrasco Jhansen, en el puesto estratégico de dirigir el área de comercialización de la empresa estatal, puesto apropiado para sabotear la distribución, tanto del gas natural, como del gas licuado de petróleo, afectando la tanto la producción industrial en el país, como a la economía doméstica de los sectores populares.

De este modo, la Cámara Nacional de Industria (CNI), informa el día 21 de febrero pasado, de que la industria situada en Cochabamba, La Paz y Oruro, para ser la parte pasiva que tiene que aceptar la privación de cualquier seguridad jurídica y que tiene que resignarse al saqueo de sus propios recursos naturales a favor del enriquecimiento ajeno y al propio empobrecimiento. Para rematar, el presidente de la CBH, Magela Bernardes, señaló de acuerdo con El Deber del 25 de febrero, que la Nueva Constitución Política del Estado, ya en vigencia, iba a demorar las inversiones. Obviamente Bernardes omite la referencia de que tales inversiones no son un derecho a ejercitar o no ejercitar por el motivo que sea, de parte de las petroleras, sino una obligación contenida en los contratos que firmaron con el gobierno, y el no cumplirlas, es motivo suficiente para anular estos contratos. Lo que es obvio en este marco de referencia, es que por encima de la insistencia del Presidente Evo Morales, de buscar y ver en las transnacionales posibles “socios” y no “patrones”, en los hechos, las mismas se encargan de decirle, con toda claridad, que no son socios, sino amos, como siempre lo han sido.

En este lapso de tiempo, el repentino anuncio de parte de una comisión técnica brasileña, de bajar la importación del gas boliviano de 30 millones de metros cúbicos diarios (mmcd) a 20 mmcd, causó gran revuelo y una renovada campaña de los medios de información de la derecha, así como de sus “expertos” sobre el fracaso de la nacionalización petrolera y la ineficiente empresa estatal YPFB. La crisis Brasil – Bolivia, se solucionó relativamente con los resultados de una reunión entre las autoridades del sector energético de ambas partes. La reducción en un principio de 10 mmcd de la demanda brasileña, quedó en 6 mmcd, quedando finalmente la demanda brasileña en 24 mmcd. En éste contexto cabe resaltar que el acuerdo firmado entre ambos países vecinos, fija el cubo de 24 mmcd como minima demanda brasileña, debajo el cual, Brasil se ve obligado a pagar lo que no consume.

También llama la atención, que el precio del gas boliviano que pagaba Brasil durante el 2008, era de 8 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU),y ya era inferior al precio internacional, pero a partir del 1º del pasado enero, bajó a 6,2 dólares por el millón de BTU. La asimetría entre la pequeña y pobre Bolivia, con su gigante y rico vecino, Brasil, sigue siendo chocante y Bolivia sigue vendiendo su gas a un precio “solidario” con la potencia regional brasileña.

Las Luces

A finales de enero y frente a la reticencia de Pan American Energy (controlada por British Petroleum), de aceptar 4,8 millones de dólares por el 1% de acciones necesarias para que YPFB tenga la mayoría simple de las acciones en la privatizada Chaco, el Ejecutivo Nacional tomó la decisión de nacionalizar la empresa, de modo que YPFB quedó con el 98% de esas acciones. Con este hecho, el proceso de de las empresas petroleras privatizadas por los anteriores gobiernos neoliberales se culmina, costando al Estado el importe de 352,15 millones de dólares, de acuerdo con el DS que autoriza a YPFB el incremento para el pago justo y adecuado a los ya ex propietarios de las empresas ex privatizadas. Al respecto se puede señalar que con ingresos petroleros para el país, como los del año 2008, que se espera superen los 2 mil millones de dólares, la recuperación de éstas empresas petroleras ha sido totalmente beneficioso para el país y la sociedad.

Es menester señalar que si bien el DS de Nacionalización, señala la apropiación de una simple mayoría de acciones (50% está sufriendo racionamiento de gas natural, afectando a la baja, su capacidad productiva. Con anterioridad la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las transnacionales petroleras e integra el Comité Cívico de Santa Cruz, con sospechosa cara de inocencia, apuntó el 9 de noviembre pasado, a que “grandes inversiones (son) necesarias no sólo para incrementar la capacidad de producción requerida en 2010 sino para sustentar los actuales volúmenes de producción, y la inexistencia, por ahora, de algún indicio concreto de reactivación de las actividades de exploración y desarrollo en el país hacen prever que Bolivia puede aún no haber enfrentado los momentos más incómodos y difíciles de su actual coyuntura petrolera”.

La CBH ignora que son sus miembros los que están obligados - por los 44 contratos firmados - a realizar estas inversiones. Carlos Alberto López, ex jerarca del sector en anteriores gobiernos neoliberales y ex ejecutivo de transnacionales petroleras, con ésta capacidad de conjugar lo incompatible entre el puesto público y el privado, se encarga de puntualizar el chantaje que la CBH no se atreve a explicitar; “la solución pasa por promover inversiones en el campo hidrocarburífero, garantizando la seguridad jurídica de las inversiones,…”. Para Carlos Alberto López, lo importante es la seguridad jurídica unilateral de las transnacionales petroleras, en cambio, la parte boliviana, solo cuenta mas uno), en las empresas privatizadas, en lo concreto el Ejecutivo Nacional logró la casi totalidad de acciones en Transredes, CLHB, las dos refinerías y Chaco. Sólo en Andina la parte estatal tiene un 50% más uno de acciones.

La Nueva Constitución Política del Estado que ya está en vigor, introduce y obliga a ciertas novedades en el campo energético al consagrar el acceso a los servicios básicos como derecho humano ineludible. En tal marco de referencia, el Presidente Evo Morales anunció que las empresas de generación eléctrica serán nacionalizadas en un lapso de tiempo de alrededor de un año.

En el marco de esta política, se prevé una inversión de 200 millones de dólares en varios proyectos de electrificación que, entre otras cosas, incluyen una planta termoeléctrica en Entre Ríos de la provincia Carrasco – Cochabamba y el tendido eléctrico Caranavi – Trinidad. Según los planes gubernamentales, se espera elevar la cubertura del servicio eléctrico del 33% al 53% en el área rural y del 87% al 95% en la parte urbana; aunque el hecho es positivo en sí, mantiene la pronunciada asimetría entre el campo y la ciudad, muy característica en Bolivia.

Luces, sombras y conclusión

La prensa nacional ha dado pie a varias noticias sobre potenciales proyectos en el campo de los hidrocarburos, como el inicio de la perforación del campo Víbora, y otros que optamos por abreviarlos debido a la improvisación imperante en YPFB. La mencionada perforación, como ejemplo, ha sido anunciada varias veces durante el año pasado y parece que hasta el momento no se ha hecho realidad. Además, la empresa encargada de la perforación, está envuelta en la corrupción descubierta recientemente.

Como se ha señalado, era de esperar que el Proceso de Nacionalización iba a acarrear las reacciones esperadas de boicot, desestabilización, etc. Asimismo, era de esperar que el Ejecutivo Nacional tomara las previsiones pertinentes, cosa que va haciendo, pero sin planificación a priori, sino tarde y reaccionando a los acontecimientos. Así, frente al constante y persistente boicot a la inversión de parte de las transnacionales petroleras, el propio Presidente reconoció que la debilidad principal de su gobierno es el no haber priorizado desde el primer día la inversión en la exploración de nuevos campos. Igualmente tarde, se ha designado un presupuesto de alrededor de mil millones de dólares para que YPFB invierta en sus actividades y proyectos, ya afectados en su desarrollo por el escándalo de la corrupción, los ajustes y reestructuración a la que está siendo sometida.

Sin perderse en detalles y ramificaciones, a esta altura de los acontecimientos, queda obvio que una nacionalización petrolera no podía limitarse a la emisión de un decreto supremo y las regulaciones pertinentes, sino que tenía que haberse convertido en “Política Nacional”, que implicara a todo el tejido social y a sus fuerzas políticas, movimientos sociales, sindicatos, etc, de modo tal, que entendieran que la nacionalización no es sólo una decisión gubernamental, sino que es decisión de ellos, que está para defender sus propios intereses y satisfacer su anhelo histórico de que al final los bolivianos puedan manejar, administrar y explotar su propios recursos naturales, no en beneficio del desarrollo ajeno, sino en el propio y que reaccionaran en defensa de esta nacionalización, en contra de la corrupción que la empaña y contra los ataques de la derecha y las transnacionales. Dentro de este contexto, los bolivianos habríamos ejercido el “Control Social” a la empresa estatal YPFB, no permitiendo que tenga hasta alrededor de 1.500 funcionarios sin que entre de lleno en las actividades de exploración, perforación y explotación petrolera, que es para lo que ha sido creada y recuperada a costa de luchas populares y un alto precio en vidas, pagado por los bolivianos más humildes.

Del mismo modo, la nacionalización como política nacional, debería haber articulado los demás sectores de la actividad económica, financiera, de desarrollo y planificación, de distribución de las utilidades y las rentas, convirtiéndose en lo que debía ser; el eje y la fuerza motriz del desarrollo de Bolivia, en beneficio de sus hijos y futuras generaciones.


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