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Bolivia - Poder constituyente y nueva CPE: apuntes crítico-reflexivos del proceso (y II)

Lunes 30 de marzo de 2009 por CEPRID

Juan Carlos Pinto Quintanilla

CEPRID

La propuesta de la mayoría…

En cambio esa mayoría aún sorprendida por el poder, se debate entre la tradición liberal y el liberarse de las ataduras jurídicas e ideológicas que han hecho a este país. No es fácil, y la dispersión de los liderazgos individuales de la mayoría así lo demuestra; no es fácil por una parte, deshacerse para algunos de la sombra del conquistador y repetir lealtades a un discurso dominante, además de actitudes incorporadas del opresor en su propio comportamiento que no dice demasiado de la transformación en marcha.

Por eso es también comprensible la dispersión de la mayoría, que son la cresta alta de la representación de los movimientos sociales, antes que parte de una organización partidaria que representan intereses sociales, que reciben el mandato de representación, más no de poder… que en definitiva se incorporan al proceso de cambio, y se encuentran con que las reglas siguen siendo ajenas a ellos, que ni la lengua ni el lenguaje utilizado es parte de ellos, que sus sueños y consignas, no construyen un proyecto alternativo, que en definitiva el peso específico del cambio aún recae en la revancha, en lo que no queremos, en lo que sabemos que no funciona; pero aún no en el proyecto alternativo que reconstruya al país y al Estado desde una lógica comunal del servicio desde el poder.

Aún se tiene miedo al poder subyugado por tantos años y generacionalmente, se aprenden habitus del enemigo como forma de sobrevivencia, se continua complotando desde las esquinas, aún cuando se es gobierno y se es mayoría, sin terminar de asumir el peso específico y la responsabilidad que implica ser portador de sueños y utopías de los muchos que nunca tuvieron la oportunidad de decir su palabra.

También en los espacios gubernamentales y estatales, aún existe la corrupción como muestra de que vivimos en una transición en la que “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Es todavía un proceso construir un nuevo habitus de la política como servicio, cuando las viejas prácticas han moldeado al actual Estado y además muchos de sus funcionarios, aquellos que se quedaron “para contribuir a construir un Estado eficiente”, todavía son capaces de multiplicar las viejas formas de hacerse del dinero del pueblo de forma individual. A ello contribuye la falta de organicidad estatal y del Instrumento, que todavía no logra ampliar la revolución cultural a las esferas del ámbito de la responsabilidad estatal.

Los sueños- realidades del camino…

Aún en medio de la dispersión, sin embargo, asoma el sentido comunitario y transformador del proceso, cuando en los talleres, foros, asambleas y encuentros territoriales, las mayorías propusieron los principales temas de la actual Constitución, recomendaron a sus constituyentes y los obligaron en casos a un compromiso de construcción democrática diferente en relación con los mandantes, que se traducen en una nueva forma de entender la democracia y la participación en el Estado.

Más allá de los conceptos que ayudan a sintetizar los sueños, están las realidades en construcción, y las que ya existen desde tiempos ancestrales, que hacen a la presencia multitudinaria de las naciones y pueblos indígenas en el nuevo Estado, la forma en la que han sobrevivido cientos de años a pesar de la colonización permanente; la de los sectores populares que han vivido las masacres por oponerse en anteriores gobiernos a la transnacionalización de nuestros recursos naturales, a la exclusión estructural de los sectores oprimidos de obligaciones estatales en salud, educación, alimentación y otros.

Todo esto y mucho más, que los sectores populares conocen y han inscrito en documentos presentados por los movimientos sociales; que han sido demandas permanentes en la lucha; el mandato que los constituyentes de la mayoría han convertido en texto constitucional, pero aún más allá, han dado forma unida y al mismo tiempo desconcentrada a un Estado que históricamente sólo ha provocado la dispersión y la exclusión. Hoy el nuevo Estado Plurinacional tiene como esencia organizadora a la diversidad mayoritaria que somos, dando su lugar también a las hoy minorías que deben asumir el proceso de transformación para ser tomadas en cuenta con su propia opinión y participación.

Los movimientos sociales junto al liderazgo de Evo asumen que vivimos un proceso y que se ha cumplido una etapa más en la marcha histórica por cambiar el país. Este es un punto fundamental de la reflexión, el que la llamada “hegemonía indígena” no se refiere tan sólo a cuantos indígena-originarios ahora son partícipes de la responsabilidad pública, sino fundamentalmente a la perspectiva diferenciada e integrativa con la que se quiere construir la democracia en el país. Esta mayoría es una suma pluriversa y orgánicamente sindical-comunitaria, que está aprendiendo a convivir y construir un horizonte colectivo intercultural para todos.

En cambio, las minorías hoy enfrentadas con el proyecto de cambio, hicieron del Estado su patrimonio y razón de Estado de la discriminación, no aceptan ser minorías y plantean la confrontación como reivindicación y bloqueo, no al gobierno sino a la democracia que antes ellos mismos administraban. Este es el contexto real de la construcción de nuestra propia democracia, que sea heredera por supuesto de la historia universal pero principalmente sea capaz de aprehender de los procesos reales que han transcurrido en estas tierras y que han hecho posible la pervivencia de nuestra diversidad.

La derrota cívico-prefectural…

En este contexto, Bolivia ha vivido un escenario de enfrentamiento que buscaba ser radicalizado por la alianza cívico-prefectural, no por la fuerza de las ideas, sino de la provocación y la violencia como estrategia, que “evidencie la acción represiva y dictatorial del gobierno” frente a la población de las ciudades y de la opinión pública internacional. El sinsentido como argumento de la apelación a la fuerza contra los que piensan distinto, contra los que son distintos por su vestimenta y color de piel; la violencia contra las instituciones públicas, el saqueo de recursos que son nacionales y regionales, sólo dejaron ver la carencia de argumentos políticos para ofrecer algo diferente al país.

Sin embargo y a pesar de que estos dirigentes cívico-prefecturales se dieron cuenta de este vacío político, ya tenían libres a sus “perros de la guerra” que ellos mismos ya no controlaban: juventudes cruceñistas y grupos neofascistas, junto a mercenarios y sicarios pagados, a la par de personajes lumpen contratados, actuaron con objetivos muy propios al margen de las consignas autonómicas. Los resultados no se hicieron esperar, con decenas de heridos y destrozos en los departamentos de la media luna, y finalmente la masacre del porvenir, que puso en evidencia que el levantamiento cívico-prefectural contra el Estado boliviano, no era contra un presidente tan sólo sino contra la mayoría humilde de este país, que tercamente cree que el cambio es posible.

Este contexto de violencia provocó el resquebrajamiento del CONALDE que reunía los intereses mezquinos de estos grupos de poder. Fueron los grupos de poder de Tarija los que avizoraron el principio del fin, antes de la masacre de Pando, y buscaron desesperadamente abrir espacios de diálogo, nombrando para el efecto un delegado de contacto. No fue casual por tanto que a pesar de la conflictiva situación que ocurría en el país, el prefecto de Tarija buscara posicionarse en el nuevo escenario del diálogo.

Tampoco nos extraña, a continuación, la actitud de sus aliados del CONALDE, que derrotados por su propia acción autodestructiva, se quedaron sin argumentos frente a la masacre. No atinaron a defender al prefecto Leopoldo Fernández preso por sus propios excesos en la masacre de El Porvenir. En el caso cruceño, el prefecto Costas fue presionado por la logia “Toborochi”, la más importante de ese departamento gestora y organizadora de la Feria Internacional, a bajar el tono de agresividad y a ceder en el cuarto intermedio para que los negocios regionales no “fueran perjudicados”.

Así se creó el escenario de diálogo en Cochabamba, donde en pocos días, la comisión técnica de autonomías, lograron concertar en un 95% de contenidos, demostrando que la interpelación autonómica a la NCPE era fundamentalmente política y que tras el mutuo reconocimiento de la CPE y los estatutos departamentales, los acuerdos fueron posibles. Sin embargo, de este gran avance, los prefectos una vez más se negaron a firmar el acuerdo para no poner de manifiesto que el escenario de violencia y muerte armado por ellos, había sido insulso y expresaba que sus mezquinos intereses habían sido puestos con prioridad a la del conjunto de los bolivianos.

El escenario parlamentario…

En estas condiciones, el espacio político de decisión se trasladó al parlamento, con un importante componente nuevo, el gobierno decidió, que aunque no se firmara acuerdo con las regiones, los cambios que habían sido propuestos y acordados en el tema de autonomías, se incorporaban al nuevo texto constitucional.

Existían esta vez dos elementos definidores del momento político en caso de que ocurriera el bloqueo esperado por parte de las minorías encabezadas por PODEMOS en el Congreso Nacional. El primero, el de la marcha nacional convocada por las organizaciones y movimientos sociales aglutinadas en el CONALCAM, que recuperando el sentido histórico de la marcha del pueblo boliviano para llegar hasta la aprobación de la NCPE, quería decirle al país y al mundo de que Bolivia ha decidido construir una nueva historia, y que recuperaba el símbolo de la marcha indígena de los 90 para expresar que los diversos rostros de la plurinacionalidad están presentes y la NCPE es la expresión del camino recorrido.

Por eso la multitudinaria manifestación que culminó el 21 de noviembre, era demanda y fiesta al mismo tiempo, como ha sido la vida de la mayoría de este país, que no sólo tuvo que soportar la explotación y la discriminación a lo largo de tanto tiempo, sino también la permanente reconstitución de las razones de la esperanza del encuentro, en las comunidades, en los espacios de lucha y ahora por una visión de país conjunta expresada en la NCPE.

La segunda alternativa, frente a la posibilidad del bloqueo del Senado, era la de desarrollar un proceso de iniciativa legislativa ciudadana para la aprobación del referéndum constitucional que desde las organizaciones sociales movilice a la población para otorgar un mandato al congreso que apruebe el referéndum y la fecha de su realización. El congreso, ratificando una actitud política de la mayoría a lo largo del proceso constituyente, optó una vez más por abrir un proceso de diálogo con la oposición, que permita la ratificación de un principio acordado en Cochabamba, de que tanto la NCPE como los estatutos debían concordarse en el marco de un proceso de pacificación y acuerdo político.

Se realizaron más de 147 modificaciones al texto aprobado en Oruro, casi todas ellas en la redacción y 6 importantes de contenido, la principal referida precisamente a las autonomías en las que se incorporaron los acuerdos de Cochabamba. Otras importantes se refieren a la reaparición de los congresistas plurinominales, a la no retroactividad en la aplicación de los limites del latifundio después del referéndum dirimitorio, a la inclusión del concepto de República en la definición de país, a la incorporación del concepto de nación boliviana dentro la plurinacionalidad, a la jurisdiccionalización de la justicia comunitaria y algunas otras que mantenían una definición taxativa en el texto de Oruro, se las pospone para una mayor definición en la posterior discusión sobre las leyes de adecuación, como es el caso de los transgénicos.

El texto de la NCPE con estas modificaciones fue el aprobado en el congreso por amplia mayoría, es el que desató la algarabía nacional y de los miles de marchistas que aguardaban en vigilia, que en su gran mayoría desconocían los cambios realizados en la NCPE.

Victoria o derrota?...

Las repercusiones no se hicieron esperar, muchos dirigentes manifestaron su desconcierto e incluso algunas organizaciones expresaron su oposición inicial. Por el otro lado PODEMOS terminó por pulverizarse y la bancada de Santa Cruz, sin mayor argumento se opuso y manifestó que sus estatutos no estaban considerados en la NCPE consensuada. Sin embargo el escenario estaba marcado, una larga y tenaz lucha de los movimientos sociales para dotar al pueblo boliviano de un nuevo proyecto de país estaba concluida en esta etapa y el referéndum se realizaría el 25 de enero del 2009.

La estrategia de la resistencia activa de los movimientos sociales y el gobierno, había tenido el logro histórico de poner en evidencia la no-propuesta de la oposición que durante siglos se mantuvo en el poder sustentada en la exclusión y en la represión de las mayorías, para preservar lo que ellos consideraban sus bienes patrimoniales que son en realidad propiedad de todos los bolivianos. Pero también expresó las limitaciones de la democracia formal construida en años de neoliberalismo y heredada al actual proceso de cambio, y donde las minorías a pesar de su derrota en las calles y en las ánforas, mantienen un poder de veto y de bloqueo, que buscaron utilizar para derrotar el proceso de transformación decidido por las mayorías.

Se priorizó la victoria estratégica sobre la oposición, la que nos permite seguir acumulando fuerzas y avanzando en el camino, al ritmo del movimiento popular en su proceso de apropiación de las conquistas logradas. Se ajustaron varios temas constitucionales y se retrocedieron en otros, pero en definitiva, en la memoria larga del proceso, se llegó hasta donde se pudo llegar con esta correlación de fuerzas y en el contexto de esta democracia formal hecha a medida por los neoliberales.

Los Referéndum Constitucional y Dirimitorio…

En estas condiciones nos dirigimos al referéndum Constitucional y dirimitorio, con una oposición sin argumentos que en su representación congresal optó por apoyar la decisión de que el pueblo decida sobre la propuesta de nueva CPE y además dirimir sobre los límites a poner al latifundio, de 5000 o de 10.000 hectáreas.

Se agotaron los argumentos técnicos y, las razones políticas de la oposición habían fracasado en medio de la violencia desatada y su dispersión. El líder de la oposición, Tuto Quiroga y otros dirigentes regionales se sumaron a la campaña con el argumento de que habían cambiado “el radicalismo masista”, porque en definitiva en un primer momento definieron que políticamente debían abanderarse de la nueva CPE. Sin embargo no tardaron mucho tiempo en cambiar de parecer y sumarse a la corriente radical encabezada por la prefectura y el comité cívico de Santa Cruz, que planteaban en definitiva, la oposición al cambio como principio.

No encontró otro argumento el bloque opositor que el de oponerse al proyecto de cambio, bajo la perspectiva política de empezar a aglutinar una fuerza que enfrente el liderazgo nacional de Evo Morales en las elecciones de Diciembre del 2009. Por eso la campaña del NO, contaba con ingentes recursos provenientes de los grupos de poder del oriente y sus medios de comunicación distribuidos en todo el país que desataron una feroz campaña mediática en torno a temas sensibles para la población, principalmente en las clases medias urbanas.

De forma permanente se multiplicaron las mentiras en torno al contenido del texto constitucional, afirmando que éste promueve la dictadura “evista” a través de la reelección “permanente”, cuando el texto es explícito cuando permite una sola reelección. Se hizo una campaña religiosa-ideológica que contó con el apoyo de sectores jerárquicos de la Iglesia Católica institucional, con la interpretación distorsionada de que la separación entre iglesia y Estado, es una imposición negadora de la religión popular siendo que a la par de la libertad religiosa proclamada en el texto, el país finalmente se hace parte de un proceso liberal que ha sido parte de la historia pasada de la mayoría de los pueblos latinoamericanos y del mundo.

Se mintió sobre la expropiación de la propiedad privada, siendo éste un derecho fundamental en la nueva CPE que protege y no pone en peligro las posesiones logradas de forma legítima. Se insistió en que los pueblos indígenas tendrían la preponderancia de avasallar a los otros sectores, cuando en realidad históricamente los grupos de poder siempre propugnaron dos tipos de ciudadanía e hicieron miserable al país y a la mayoría de su pueblo. La propuesta de integración de la mayoría no se basa en la venganza sino en el asumir la diversidad de identidades en el marco de la construcción del Estado Plurinacional, por eso los derechos liberales y los comunitarios son parte de esta convivencia diversa que los bolivianos hemos decidido construir en democracia y como lección para el mundo.

Para amplificar los temores y las mentiras, se organizaron equipos de “especialistas y analistas políticos” que desfilaron por los medios de comunicación; todos ellos ex autoridades y militantes partidarios del anterior esquema neoliberal que fungieron en el docto papel de legitimar las mentiras de los spots publicitarios de la oposición, a la par de intentar posicionar nuevos liderazgos de cara a las elecciones de fin de año.

Todos estos esfuerzos y recursos no pudieron doblegar la férrea voluntad popular de continuar con el proceso de cambio, y aunque en las ciudades los miedos influyeron en el comportamiento electoral de las clases medias, la gran mayoría finalmente legitimó con su voto en el Referéndum constitucional la propuesta de país que había sido construida con tanta historia encima, con tanta sangre, esfuerzos y humillaciones que hoy cobran un sentido reivindicativo y de proyecto en construcción no sólo por la voluntad de un gobierno, sino de la mayoría del pueblo boliviano.

Con el record histórico de participación de más del 90% del padrón electoral, los bolivianos decidieron en un 87% que el límite al latifundio será de menos de 5.000 hectáreas, no dejando dudas en torno a que el pueblo boliviano está decidido a construir una nueva historia donde la equidad sea el principio de la propiedad y por primera vez opinar a través de su voto en torno al reparto de tierras que desde la colonia y durante la República ha sido un tema exclusivo de los dueños del poder, y más aún durante los sucesivos gobiernos neoliberales que se repartieron la tierra principalmente en el oriente entre complicidades partidarias, padrinazgos y parentelas.

El 61.45% obtenido por el SI en el Referéndum Constitucional, no es ningún “empate técnico” como pretendieron argumentar los analistas de la oposición es en realidad el voto de la legitimidad para seguir avanzando y construyendo el nuevo país. Es también la responsabilidad histórica asumida en democracia de que ese 38.65% que votaron por el NO, en gran parte deseche sus temores y se incorpore al proceso de cambio para dejar finalmente aislada a esa minoría señorial que siempre ha gobernado y que en definitiva no tiene un horizonte de país que ofrecer más allá de la protección de sus mal habidas posesiones a costa de los intereses de todos los bolivianos.

Significa también la necesidad de que a través de la gestión basada en la legitimidad otorgada por la nueva CPE, el gobierno realice de forma cada vez más visible la distribución de recursos para beneficio del conjunto de los bolivianos y que los temas de corrupción sean cortados con absoluta drasticidad para dar lugar a que las organizaciones sociales y el control social permitan la absoluta transparencia de un proceso que no se detiene y ya es patrimonio de todos y cada uno de los bolivianos.

El país que tendremos…

En definitiva, el proceso que vivimos y cuya primera conclusión histórica acabamos de ratificar en su sentido y su rumbo político, incorpora como base esencial a lo comunitario como atributo plurinacional de la sociedad boliviana, junto a aspectos de la tradición liberal que permitan un reencuentro social entre lo diverso y lo boliviano, entre campo y ciudades; entre identidades distintas que son parte de un mismo país. En definitiva a pesar de que lo fundamental está siendo planteado desde la esencia mayoritaria, en esta etapa, aún existe un transcurrir liberal en el camino de la transformación, mientras los movimientos sociales se apropian legítimamente del Estado e imprimen en el proceso su propia forma de hacer un país para todos y todas.

El nuevo texto constitucional aprobado, es por tanto una etapa necesaria pero no concluyente de un proceso constituyente que ya lleva muchos años; y que por la vía democrática liberal ha elegido conciliar intereses en el marco del encuentro democrático; sin olvidar una guerra histórica que aún en pie, nos enfrenta en la cotidianidad de la exclusión y la discriminación, que sólo podrá resolverse cuando la mayoría sea poder real y las minorías asuman su parte en el proceso de construir un nuevo país sin exclusiones, donde los nadies de siempre – la mayoría de hoy- tengan la oportunidad de construir nuevas realidades que permitan que ellos y sus hijos vivan y nazcan en un país que respeta la dignidad de todos y el derecho a “vivir bien” (sumaj khamaña de la cultura aymara que significa aprender a vivir en comunidad con lo suficiente).

La garantía del proceso sigue estando en los movimientos sociales, y el apostar a su proceso deliberativo y de propuesta sigue siendo la apuesta revolucionaria de todos, apostar a la capacidad democrática y revolucionaria de construir el nuevo país no es una opción es una obligación revolucionaria que sostenemos los bolivianos.

Son demasiados años de colonialismo y exclusión, que no se borran en algunos meses, pero el principio de insubordinación, de lucha, nos ha llevado a plantear ser un país diferente. Debemos caminar a sumar nuestras propuestas para que la hegemonía se haga poder, que más allá de la rebelión podamos ser constructores de una nueva forma de relación en Democracia que vele fundamentalmente por los intereses de los que son mayoría social e históricamente en el proceso de construir el Pachacuti andino.

En definitiva, que el nacimiento escrito de un nuevo acuerdo para la convivencia de la diversidad del país, contenido en la Constitución, no es un objetivo en sí mismo, es una etapa necesaria en la construcción de un horizonte colectivo para el país. Su profundización pasa por un proceso participativo y deliberativo de construcción de la nueva democracia que nos permita la profundización de la revolución y su institucionalidad es un instrumento complementario en el que hay que invertir el esfuerzo necesario (pues es un campo de poder en el que las fuerzas opositoras saben moverse). Nuestro objetivo permanente es el de tener una sociedad movilizada, deliberativa, proponente, dispuesta a defender y luchar por lo que considera suyo para sostener la revolución posible.

Prepararnos para el cambio…

Estamos en los albores de un cambio fundamental en el país, al que ingresamos de forma atropellada y con los conflictos propios de una transición que implica un cambio histórico en la estructura de poder, y en el marco de una democracia liberal que aún conserva una institucionalidad acorde a un Estado colonizado y patrimonialista. Las propias reformas liberales, como el tema del acceso a la tierra o la separación entre Estado e Iglesia, son asumidas por la minoría señorial como atentatorios a sus intereses y en consecuencia han planteado el enfrentamiento abierto al proceso de cambio.

Será aún difícil el camino de construir una nueva institucionalidad que no repita los rumbos del pasado, que haga del poder un espacio de servicio no de lucro y aprovechamiento personal, institucionalizado en la corrupción que hoy tiene atisbos de permanencia y reproducción en la nueva estructura gubernamental. La propia Constitución nos otorga nuevas vías a transitar, cuando institucionaliza la participación popular en el control social o cuando descentraliza el Estado a través de las autonomías para permitir que el pueblo sea quien fiscalice a sus autoridades, además de elegirlas en todos los órganos, así como también revocarlas si no cumplen con el mandato popular.

Vivimos una etapa de transición en la que muchos principios y artículos de la Constitución ya son aplicables desde su vigencia, pero que deberán atravesar el manto de la inoperancia y el bloqueo del poder judicial en la demanda de su aplicación; y sin embargo son las organizaciones sociales las que deberán luchar para que una vez más el texto constitucional no se quede en un discurso de intenciones. Además estamos en el curso de un proceso de adaptación legislativa, que mientras dure mantendrá vigentes las antiguas leyes siempre y cuando no contradigan el espíritu de la nueva Constitución; pero que sin embargo implicará no el que los expertos sean los que técnicamente decidan el rumbo de las transformaciones legales sino que de forma coordinada las propuestas de transformación legal puedan ser consultadas, complementadas y propuestas por las propias organizaciones sociales.

Señalar finalmente que el complemento fundamental de un pueblo deliberante y participativo, es un Estado que responde con una gestión consecuente con los principios planteados en la Constitución, por tanto existe la necesidad de realizar una ingeniería institucional en el Estado que permita la aplicación y vigencia paulatina de la nueva Constitución Política del Estado que de paso a la plena participación popular, a la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y a la transparencia en el manejo de la cosa pública que de pie a una nueva ética del trabajo y de responsabilidad con el mandato popular.

Juan Carlos Pinto Quintanilla es Coordinador Nacional de Deliberación Pública y Difusión de la REPAC


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