CEPRID

Degradación de la seguridad

Domingo 11 de enero de 2009 por CEPRID

CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

Voz

Los falsos positivos

Los recientes «falsos positivos», -eufemismo utilizado para mencionar los crímenes atroces perpetrados por las Fuerzas Armadas- muestran el grado extremo de la degradación a que ha descendido la política de seguridad del régimen presidido por el señor Uribe Vélez. Esos hechos reiteran de manera violenta la decisión de mantener las consignas de la guerra, así sea presentando engañosamente los cadáveres de ciudadanos ajenos al conflicto como su fueran adversarios caídos en combate. Pretende hacer creer que las fuerzas gubernamentales logran éxitos a lo largo y ancho del territorio nacional y que los crédulos fieles de las encuestas pueden seguir creyendo en la perpetuidad del poder fascistoide. Premia los asesinatos con recursos del erario público, delatando que esta guerra es muy sensible a las apetencias de los bolsillos. Las «primas» con que se paga a los autores de los asesinatos corresponden a «un sistema organizado al nivel más elevado». La directiva ministerial permanente 029 de 2005, expedida por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, fijó los criterios para el pago de recompensas por «la captura o abatimiento de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley».

Hoy sabemos que la carnada del dinero oficial llevó a los militares más allá de lo anunciado, pero no de lo previsible. En estos tiempos en que se adora a los dioses monetarios, sucedió lo que tenía que suceder, por sórdido que parezca. Ciudadanos de estratos populares fueron llevados lejos de sus hogares y asesinados por agentes de las Fuerzas Armadas; luego fueron presentados con atuendos castrenses y calificados como guerrilleros muertos en combate. Personas inocentes que creyeron en la palabra de los delincuentes uniformados, pensando en que al fin iban a tener un empleo, viajaron al lugar donde los esperaba la muerte, procurada por armas puestas en manos de unos agentes del Estado para que defendieran los derechos de los colombianos y no para la ejecución de crímenes execrables. Pero si la conducta de los autores de múltiples asesinatos es condenable y exige un castigo ejemplar, la de los altos funcionarios del poder ejecutivo no es aceptable. A fines del mes de julio, el Presidente de la República dijo que cada vez que se da de baja a un guerrillero «se movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial». El Ministro de Defensa afirma que se inflan las cifras con la intención de desacreditar a la Fuerza Pública.

No se ignora que a raíz deplorables hechos de Soacha y de Ocaña fueron destituidos tres generales, once coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo. Pero incluso los medios de comunicación ligados a lapolítica gubernamental denuncian que los culpables no han sido aun llamados a los estrados judiciales y que además de la destitución deben ser juzgados y condenados por las autoridades competentes. Las ejecuciones extrajudiciales vienen en aumento. Solo entre julio de 2002 y junio de 2007 hubo más de 950 casos. La señora Navi Pillay, alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex jueza de la Corte Penal Internacional, al visitar a Bogotá, se mostró alarmada Alarmada por el crecimiento de homicidios fuera de combate de que son autores agentes estatales.

Estado y seguridad en el foso de la degradación

«El Estado, enseñó Engels, no es un campo independiente, con un desarrollo propio, sino que su existencia y su desarrollo se explican en última instancia, por las condiciones económicas de vida de la sociedad … El Estado no es, en general, más que el reflejo en forma sintética de las necesidades económicas de la clase que gobierna la producción». La oligarquía colombiana, la coalición contradictoria de la burguesía y de los terratenientes, afronta serias limitaciones, propias de una economía dependiente que no consigue elevar el nivel de desarrollo sino ensanchando la plus valía absoluta, principalmente. De ahí las calamidades que padece la clase trabajadora en el marco de la política laboral y del empleo. En la lucha de clases el conflicto ha asumido los caracteres de una guerra bárbara y para llevarla adelante el Ejército institucional ha apelado a dos modalidades: por una parte, los métodos diseñados por el imperio norteamericano para combatir a los llamados «enemigos internos», es decir a los trabajadores y a sus organizaciones sociales y políticas, y, por otra, la organización de bandas paramilitares financiadas por la misma oligarquía, adiestradas por especialistas en los sistemas de la guerra sucia y distribuidas por todo el territorio nacional.

Las ejecutorias paramilitares avanzaron más allá del exterminio de militantes de la izquierda y de defensores de los derechos humanos. Llegaron a desempeñarse como orientadores del electorado y es por ello que abundan los beneficiarios de la presión ejercida sobre la ciudadanía para que, so pena de perder la vida, depositaran votos favorables a la causa oligárquica y a sus amigos paramilitares. El Gobierno adquirió así el perfil que supieron imprimirle los grupos del crimen organizado. He aquí el medio ambiente en que se produjo la directiva 029 de 2005. Los autores de las ejecuciones extrajudiciales no esperaron la oportunidad de dar muerte a guerrilleros en el campo de batalla. Formados en el ambiente ya descrito, decidieron cobrar recompensas por la muerte de ciudadanos pacíficos e inermes, presentados como si fueran guerrilleros.


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