CEPRID

La lucha de clases en Bolivia adquiere las formas de una confrontación agraria: Tierra, élites, pueblos originarios (II)

Lunes 1ro de diciembre de 2008 por CEPRID

Carlos Antón

DATOS & ANALISIS

El gobierno del MAS y la Reforma Agraria

La propuesta de Reforma Agraria no es un aspecto aislado dentro de la política general del gobierno; por el contrario es una demanda de los sectores indígenas y campesinos y forma parte de un proceso histórico de cambios políticos, sociales y económicos que impulsa el gobierno. En ese marco, el modelo agrícola que promueve el MAS se asienta en el papel protagónico de las comunidades o ayllus, por sobre el de las grandes haciendas de terratenientes privados. Por esta razón es que se impulsa la diversificación productiva y la política agropecuaria se orienta a satisfacer la demanda nacional de productos alimenticios, en primer lugar, para exportar luego los excedentes. Esta actitud se opone a la creciente exigencia de los mercados internacionales —con precios cada vez más elevados— para producir soja y caña de azúcar con destino a la producción de los agro combustibles; esto a su vez determina el alza del precio de la tierra en el oriente y alienta la especulación inmobiliaria en la región.

A mediados de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales anunció su decisión de revertir los latifundios improductivos del oriente y entregar gratuitamente tierras colectivas exclusivamente a campesinos e indígenas que no las poseyeran. El lanzamiento de esta Segunda Reforma Agraria se hizo en el marco de la Ley INRA con modificaciones en aspectos básicos, referidos principalmente a la capacidad del Estado para recuperar tierras ociosas (latifundios) que no están cumpliendo la Función Económica Social (FES).

El 3 de junio el Presidente anunció el inicio de la Reforma Agraria mediante siete Decretos Supremos en los que se disponía que todas las tierras fiscales del país serían entregadas en forma colectiva exclusivamente a indígenas y campesinos; al mismo tiempo se establecía el saneamiento de tierras como prioridad nacional.

El 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley Nº 3545 de “RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA” —modificatoria de la Ley INRA— que fue concebida como transitoria hasta que la ASAMBLEA CONSTITUYENTE definiera el marco constitucional para el tratamiento del tema tierra. Esta nueva ordenanza legal establece que las familias o empresas privadas, nacionales o extranjeras ya no recibirán del Estado en forma gratuita ni onerosa, ni un metro cuadrado de tierra. Solo podrán ser beneficiarios de las dotaciones de tierra o territorio las comunidades o pueblos indígenas pero exclusivamente en propiedad colectiva. Esta decisión del gobierno central, de otorgar títulos de propiedad a los pueblos indígenas del oriente no solo entró en conflicto con las medianas y grandes haciendas sino también con indígenas del occidente que emigraron al oriente en busca de tierras y no las encontraban. En el caso de estos últimos, como veremos más adelante la Nueva Constitución, tiene en cuenta que en Oriente se pueden considerar Territorios Comunitarios de Origen para aymaras y quechuas, que hayan emigrado del altiplano y que estén dispuestos a acceder en forma comunitaria a la tierra.

A diferencia del ´53 ahora no se trataba sanear las haciendas feudales en el altiplano y valles sino los nuevos latifundios en las tierras bajas. Cuando los funcionarios del INRA comenzaron su trabajo se encontraron que las extensas tierras del oriente habían sido acaparadas por unas minorías y que no quedaban tierras disponibles. Incluso aquellas donde se encuentran asentadas las comunidades de los pueblos indígenas del oriente tenían nuevos dueños, a menudo con títulos fraguados dada su relación con las autoridades de los Estados orientales.

Uno de los puntos más contradictorios de la ley INRA, es que reconoce legal la propiedad de hasta 50 mil hectáreas, pero además no existe ni la definición ni la condena al latifundio. Por esa razón la Nueva Constitución del Estado, ha propuesto que las propiedades tengan como máximo 5 mil ó 10 mil hectáreas. Uno de los referéndum que se realizarán el 25 de enero de 2009, será para dirimir entre ambas propuestas.

En tanto, pasados poco más de dos años del inicio de la Reforma Agraria lo cierto es que esta se encuentra estancada. A pesar de ello el gobierno del MAS está desarrollando una política tendiente a afectar la base material que sustenta el poder político de las oligarquías agroindustriales del oriente, mediante el progresivo debilitamiento del monocultivo de la soja.

De esta manera, los grupos agroindustriales del departamento de Santa Cruz, antes privilegiados por políticas públicas de apoyo y subsidios están viendo como progresivamente se les retiran estos beneficios. Por otra parte, ha concluido el periodo de 10 años de preferencias arancelarias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la soja boliviana. A pesar del notable incremento del precio internacional de la oleaginosa, dado que los “sojeros” bolivianos deben competir con los productores brasileños, argentinos o norteamericanos a lo que se suma los altos costos del flete de transporte en Bolivia, es previsible que el ritmo de ampliación de la frontera agrícola de la soja y oleaginosas (1 millón de hectáreas el año 2008) tienda a estancarse, con todos los efectos de desaceleración de la economía en la región oriental.

A pesar de las medidas enunciadas y aunque la voluntad política del gobierno de Evo Morales es clara, la iniciativa de la Reforma Agraria sólo se está intentando llevar adelante en el Oriente y marcha mucho más lentamente que lo que se esperaba. Atrincherados en sus prefecturas, y enarbolando la bandera autonomista, los latifundistas han logrado detener en muchas zonas la aplicación la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. A dos años del lanzamiento se percibe que los terratenientes que han logrado nuclear a productores del oriente desde una ideología étnica-regionalista anti-colla y anti-indígena.

La aplicación de la Nueva Constitución del Estado, implicará la muerte del latifundio, de allí la oposición a ella por parte de las élites y su defensa de los Estatutos Autonómicos.

Los estatutos autonómicos defienden el latifundio

La contraofensiva oligárquica al saneamiento de tierras se plasmó, en el terreno jurídico-constitucional, en los Estatutos Autonómicos.

Formalmente el artículo 104 del ESTATUTO AUTONÓMICO DE SANTA CRUZ afirma que "El latifundio, entendido como grandes extensiones de tierras improductivas, no está reconocido por el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, se lo persigue y sanciona por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económica social", sin embargo otros artículos contradicen a este.

El Estatuto confiere al Gobierno Departamental, en verdad a su Gobernador, la potestad de definir sobre "la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del Departamento" y en la práctica elimina la figura de la reversión del latifundio (expropiación sin indemnización) vigente en la actual CPE y en la propuesta de NCPE. Al mismo tiempo crea un Consejo Agrario Departamental (CAD) cuyos miembros serán acreditados por el Gobernador y un Instituto Departamental de Tierras (IDT), para el saneamiento de las tierras, cuya máxima autoridad será designada por el Gobernador de una terna propuesta por el CAD. Además establece que será el Gobernador quien firmará todos los títulos de propiedad de las tierras del Departamento de Santa Cruz, en lugar del Presidente de la República.

También, entre otros puntos, el Estatuto establece que el Departamento de Santa Cruz elaborará y aprobará su propia ley de tierras.

En síntesis, el gobernador tendrá un poder prácticamente absoluto para resolver en el tema de tierras. Poder que inclusive estará por sobre el del presidente de la república. Al tiempo que niega el derecho a la tierra a sectores importantes de campesinos indígenas ya que sólo se reconoce a los pueblos indígenas oriundos del departamento el derecho a las Tierras Comunitarias de Origen, excluyendo así a la población migrante Quechua y Aymara, que constituye la mayoría indígena y campesina del departamento de Santa Cruz (los Quechuas y Aymaras son el 56 % del total de indígenas del departamento de Santa Cruz).

Referéndum revocatorio: las élites acusan el golpe

En el marco de la aguda lucha de clases y después que los Departamentos de la Media Luna realizaron sus referéndum –inconstitucionales- donde fueron aprobados los Estatutos Autonómicos, el presidente Morales promulgó la ley del Congreso que llamaba al referéndum revocatorio. Ese acto de singular valentía política, fue una respuesta inesperada para los prefectos fascistas y el imperialismo. En medio de rumores y acciones desestabilizadoras de todo tipo, de amenaza de los prefectos de no acatar el “revocatorio”, de ataques de las bandas fascistas parapoliciales como la Unión Juvenil Cruceñista, se llegó al domingo 10 de agosto.

Ante el estupor de la oligarquía ese día, el 67,7 % de los bolivianos refrendó al presidente Evo Morales y su vice, Álvaro García Linera, en un acto que fue sin duda una victoria del pueblo. No terminó allí la victoria popular, la oposición derechista sufrió una considerable pérdida de su legitimidad en las regiones de la Media Luna y dos importantes aliados en el Altiplano, los prefectos de Cochabamba y La Paz, fueron revocados por el voto popular. Las oligarquías pasaron a enfrentar a partir de ese domingo a un gobierno apoyado por dos tercios de la población nacional y que mantenía todos sus prefectos.

Durante meses, se anunció el apocalípsis y la casi inminente partición de Bolivia; inclusive se criticó la táctica gubernamental de llamar al referéndum del 10 de agosto, con el argumento de que el “electoral” es el terreno en el que mejor se mueve la burguesía. En el mes de mayo hubo una primer señal de que la derecha tenía problemas para encolumnar detrás de sí a una base de masas importante, cuando en los referéndum autonómicos, el abstencionismo y los votos por el NO igualaron o se acercaron en varios Departamentos a los votos por el SI.

El 10 de agosto la subjetividad de la élite señorial boliviana fue duramente castigada, aunque aún no ha sido derrotada definitivamente y por eso es más peligrosa.

La investigadora Ximena Sorucco afirma: “La élite hoy grita que lo único que tiene -–y que defenderá hasta la muerte— es la tierra porque simboliza la hacienda, la relación con el indígena, el control político del poblado a látigo y pistola. También grita su odio al otro, al indio, porque no lo obedece más, porque ya no le tiene miedo; pero sobre todo porque no quiere ser como él, porque al no querer ser como él ha desquiciado su mundo, lo ha destruido”

Y es que los “barones” latifundistas a pesar de “no entender” a esa masa humana que se le opone tenazmente, si comprendieron con claridad lo que cualquier ser humano se da cuenta sólo con proyectar los guarismos del 10 de agosto: en el próximo referéndum la NCPE elaborada por la Asamblea Constituyente sería aprobada. Esto implica lisa y llanamente la muerte del latifundio, y por eso las élites de Oriente huyeron hacia delante e impulsaron el golpe y la intentona de guerra civil que fue abortada por acción decidida la movilización de masas y del equipo gobernante. Sin embargo no se pudo evitar la masacre de Pando.

Pando, la enajenación oligárquica

La masacre de campesinos y estudiantes perpetrada el 11 de septiembre en El Porvenir a pocos km. de Cobija, capital del departamento de Pando, fue sin duda un acto de total enajenación de clase. Los prefectos de la Media Luna, Leopoldo Fernández entre ellos, no pueden concebir como se dice más arriba que “los collas” rompan la sumisión que se pretende de ellos.

El punto culminante de la escalada que buscaba lanzar a Bolivia a la guerra civil fue la emboscada a un conjunto de pobladores y el asesinato, en ella, de los 18 campesinos, campesinas –-entre los que encuentran niños— y estudiantes que marchaban a Cobija a participar de un acto en apoyo al presidente. Además continúa existiendo la certeza, que hasta la actualidad hay varios desaparecidos, presumiblemente muertos en las aguas del río Tahuamana o perdidos en la selva. La escalada desestabilizadora, había comenzado tres semanas antes con la toma violenta de instituciones de la administración pública en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pasando por el cierre de válvulas de los gasoductos de Brasil y Argentina, y que bien pudo haber culminado con un enfrentamiento entre bolivianos de proporciones inimaginables. Sin duda ese era el objetivo buscado por la oligarquía para que los EEUU impusieran algún tipo de condicionamiento al gobierno nacional, a través de la OEA, o en su defecto terminaran reconociendo la “independencia” de la Media Luna.

La respuesta del gobierno, fue contundente declarando el Estado de Sitio en Pando y enviando al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana que dirigió el 16 de septiembre, la captura del Prefecto pandino y no precisamente por la masacre de El Porvenir (donde Fernández actuó sin duda alguna al menos como directo autor intelectual, hecho que justamente deberá establecer la Fiscalía); si no por haber organizado actos y reuniones para atacar el gobierno central, en la ciudad de Cobija, en pleno Estado de Sitio que restringe ese tipo de actividades. Este hecho sumado a la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, el respaldo de UNASUR al gobierno boliviano, y la movilización de masas en apoyo al gobierno abortaron la escalada desestabilizadora y el intento de instaurar la guerra civil.

Luego de instaurar el Estado de Sitio en Pando, Evo Morales convocó a la oposición a dialogar, y buscar una salida al enfrentamiento. En tanto los sindicatos agrarios y urbanos, junto a movimientos sociales marcharon sobre Santa Cruz para cercarla y exigir entre otros puntos a los participantes del diálogo “aprobar la convocatoria a Referéndum por la Nueva Constitución Política del Estado para la refundación de la Patria”.

El periodista argentino Marcos Salgado que describió con singular belleza épica el cerco a Santa Cruz comienza su nota del 27 de septiembre, en el portal REBELIÓN diciendo: “¿Y cuándo carajo? ¡Ahora Carajo! Así culmina cada grito de los campesinos que marcharon hacia Santa Cruz y conjuraron, junto con otros movimientos sociales, un intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, ratificado hace semanas por el 67 por ciento de la población en un inédito referéndum. Una vez más, ante la coyuntura más difícil, quedó claro que la legitimidad y a la vez la única garantía de éxito del proceso político boliviano es la capacidad de organización y movilización de los postergados. La marcha de los campesinos bolivianos triunfó, pero habrá otras batallas. Por ahora, el proceso de cambios en Bolivia logró algo muy importante: mostró los alcances concretos de su impresionante apoyo popular”.

Una de las consecuencias de esta crisis fue la fractura interna del bloque de los prefectos “autonomistas”, que terminó de consumarse el 20 de octubre cuando además se dividió la bancada parlamentaria del principal partido derechista PODEMOS y ya no existe como agrupación política formal reconocida por la Corte Nacional Electoral. En tanto la derecha autonomista de tierras bajas desconoció a Jorge "Tuto" Quiroga como su representante en el Congreso. Cívicos autonomistas y sus grupos de choque como la Unión Juventud Cruceñista tienen menos apoyo popular y empresarial, y se han distanciado de las esferas políticas de las prefecturas, especialmente en Santa Cruz. En síntesis, en el corazón de la resistencia oligárquica hay una ruptura entre el Comité Cívico (cuyo líder es Branco Marinkovic) y la Prefectura (cuyo líder es el prefecto Rubén Costas), y entre los que continúan la lucha por principios y los que se fijan en sus intereses.

De Pando a Caracollo

“Para que (la Corte Nacional Electoral) no tenga pretextos, estamos enviando al Congreso Nacional hoy el proyecto para que la próxima semana pueda trabajar y aprobar esa ley”, señaló Morales en un mensaje transmitido por televisión, el sábado 6 de septiembre, al enviar la propuesta de ley de convocatoria al referéndum constitucional y el dirimidor.

La actual crisis boliviana y su resolución tiene variadas lecturas y propuestas. Desde aquellos que afirman que Evo Morales es un cretino como lo hizo James Petras en una entrevista con una radio uruguaya, en la semana en que la oligarquía se jugó a fondo. Allí Petras sostuvo que mientras la derecha era dueña de media Bolivia; el presidente boliviano se encontraba en el Altiplano “encastrado, impotente, incapaz de mantener el orden constitucional y la integridad del país. Mientras las masas populares empiezan a tomar su propia acción, independiente de este Presidente que hasta ahora sigue reclamando el diálogo [...]”. “Ese es el cretinismo del Presidente frente a la abierta intervención norteamericana, al golpe de Estado que ya está ocurriendo, la toma de poder por parte de la ultraderecha”

En tanto otros sectores críticos al presidente boliviano –como el portal econoticiasbolivia.org- concluyen que “Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias” [...] y que “Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica”.

A su vez algunas voces del campo popular boliviano condenan “el fundamentalismo indigenista de la Nueva Constitución Política del Estado que otorgaría derechos exclusivos a los pueblos indígenas sobre la totalidad de los recursos naturales renovables en sus territorios indígenas” y la “innecesaria agresividad verbal del gobierno que ayudó a construir una respuesta de parte de quienes controlan comités cívicos, prefecturas, cooperativas de servicios y medios de comunicación”. Además según estos sectores, “el MAS, en lugar fortalecer la alianza de indígenas y mestizos contra oligarcas, aisló a los indígenas al querer enfrentarlos con mestizos y agentes del imperialismo”.

Por su parte desde el gobierno la visión es distinta. En 2007 en Montreal (Canadá) el vicepresidente Álvaro García Linera afirmaba: “los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal”. Dicho en otras palabras a partir de la asunción del MAS lo que ha sucedido en Bolivia es que se le quitó a las élites, que desde la independencia manejaron el país como un negocio propio, el manejo de lo político y ahora las masas populares se están apropiando del espacio democrático burgués”.

En el mismo el vicepresidente boliviano sostuvo “Dicen que ha llegado el momento en que este proceso de insurgencia indígena boliviana se ha gastado, ya no tiene energía, ya no tiene fuerza para continuar avanzando, que la derecha se está endureciendo, se ha reorganizado, que los cambios están siendo frenados por el imperialismo, y que sería tiempo de pactar, de concertar, que sería el tiempo de la madurez, de la inteligencia para pactar” … “Yo –dice Álvaro García Linera- afirmo tajantemente que vamos a dar un paso adelante y nosotros como gobierno no vamos a frenar este proceso, sino que vamos a facilitar la movilización de las masas y serán ellas las que digan hasta dónde ir, nosotros tenemos que seguir hasta donde las masas nos conduzcan, es nuestra obligación como intelectuales, como políticos y como ciudadanos acompañar a las masas hasta donde vayan, facilitar a los movimientos sociales a que den el ritmo del proceso y ojalá que los movimientos sociales nos rebasen”…

Podríamos continuar trayendo citas hasta el infinito de cualquiera de los sectores citados. Sin embargo en los últimos días han sido las organizaciones de masas las que impugnaron en la práctica a los detractores del gobierno. Con el mismo olfato de clase que las llevó a votar masivamente por Evo Morales para la presidencia y a ratificarlo el 10 de agosto, ahora se movilizan cerrando filas junto al gobierno. Como afirma Álvaro García Linera, los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones.

La movilización por el referéndum constitucional

Días más tarde del cerco a Santa Cruz, el lunes 13 de octubre, la COORDINADORA NACIONAL PARA EL CAMBIO (Conalcam) convocó a varios miles de campesinos agrupados en torno a 95 organizaciones sociales y sindicales de todo el territorio nacional, para marchar hacia La Paz. La movilización contó en el inicio con la presencia del presidente Evo Morales y el objetivo era que el Congreso apruebe el llamado al referéndum constitucional. Sin embargo la presencia que mostró un cambio cualitativo, en esta histórica manifestación con respecto a otras, fue la presencia de la COB, con su secretario general Pedro Montes, que afirmó: “Desde la COB, les instruimos a todos los trabajadores del país a concentrarse el día lunes 13 a las 9.00 en Caracollo. Con todos nuestros estatutos vamos a castigar al primer indisciplinado” en obvia alusión a Jaime Solares que no acompañó la movilización. Hay que recordar la COB, tuvo serios encontronazos con el MAS y el presidente Evo Morales, prácticamente desde el inicio de la gestión. El cambio comenzó a darse cuando las organizaciones campesinas e indígenas originarias, a las que se sumo la COB, cercaron Santa Cruz para detener la escalada desestabilizadora.

El 20 de octubre, llegaron a la ciudad de La Paz al menos 30 mil personas, según calculaban algunos legisladores del MAS; otros estiman que marcharon más de 60 mil. Las imágenes áreas difundidas por medios de información mostraban que la densa columna humana, que esa mañana llegó a El Alto, tenía una longitud cercana a los ocho kilómetros. Al saludar la lucha y compromiso de los movimientos sociales, Morales Ayma, expresó: “La refundación de Bolivia nos ha unido…Saludo la decisión de la COB de unirse a la CONALCAM”.

A las 16 horas del 20 de octubre, el pueblo boliviano continuaba descendiendo hacia el centro de La Paz, por la autopista que une la capital con El Alto; pero a esa hora la Plaza Murillo y las calles y avenidas aledañas ya estaban abarrotadas de manifestantes. A las cinco de la tarde los medios comentaban que más de 100 mil personas participaron en la histórica marcha por la constitución plurinacional.

Finalmente, el 21 el Congreso aprobó la ley de convocatoria al referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado, para el próximo 25 de enero. Al promulgar la ley, el propio presidente Evo Morales afirmó: “No volverá el neoliberalismo a Bolivia”.

Por su parte, la oligarquía y sus aliados intentaron, una vez, más desconocer al pueblo que se movilizaba por sus reivindicaciones más profundas y desplegaron una estrategia comunicacional por todos los medios comerciales, en la que afirmaban que sólo pasando por sus cadáveres aprobarían la constitución masista. La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ex masista, dijo. “Los que apoyaron en el Congreso Nacional son traidores. No podemos aprobar esa constitución venezolana, haremos campaña por el no”; en tanto el diputado derechista Pablo Klinsky; del Comité Cívico de Santa Cruz rechazó los acuerdos congresales y declaró: “No fuimos tomados en cuenta [...] el tema competencial las autonomías no fue definido plenamente”

La batalla hasta el 25 de enero será larga y dura.

Carlos Antón es integrante de Bases Socialistas, colectivo militante


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