CEPRID

La política económica en Cuba: Valorando lo alcanzado y los retos a enfrentar (2011-2018)

Domingo 4 de noviembre de 2018 por CEPRID

José Luis Rodríguez

Cubadebate

La sesión constitutiva de la Asamblea Nacional celebrada el pasado 19 de abril fue expresión de la continuidad de la obra revolucionaria, pero también constituyó un momento de reflexión, sobre los resultados de la aplicación de la política económica en Cuba entre el 2011 y la actualidad.

En efecto, el discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro fue un balance de los resultados de la política económica aplicada durante los siete últimos años, al expresar: “A pesar de lo ejecutado, que no es poco ni mucho menos, pensábamos que a estas alturas —cuando aprobamos o tomamos las primeras decisiones en el 6to. Congreso del Partido, y en las reuniones posteriores de ese tipo— habríamos avanzado más, que ya tuviéramos, si no resueltos todos los problemas, bien organizado todo, bien planificado y en proceso de ejecución, con diferentes grados de desarrollo.” Más adelante precisaría: “Nunca nos hicimos ilusiones de que sería un camino corto y fácil. Sabíamos que iniciábamos un proceso de enorme complejidad, por su alcance, que abarcaba a todos los elementos de la sociedad, lo que requería vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional.”

“A ello se sumó el ánimo de avanzar más rápido que la capacidad de hacer las cosas bien, lo que dejó espacio a la improvisación e ingenuidades, a causa de una insuficiente integralidad, incompleta valoración de los costos y beneficios y visión restringida sobre los riesgos asociados a la aplicación de varias medidas que, además, no tuvieron la conducción, control y seguimientos requeridos, lo cual determinó demoras y pasividad en la corrección oportuna de las desviaciones presentadas.”

Este medular discurso debe servir para reflexionar sobre lo logrado, pero sobre todo para meditar sobre lo que nos falta por hacer y los errores cometidos, partiendo –como revolucionarios- de la visión de que se trata de un vaso medio lleno y no un vaso medio vacío.

Lo primero que pudiera destacarse es que no se logró avanzar lo suficiente en la creación de las bases para el desarrollo del país –eje central de la estrategia económica implícita en los Lineamientos del 2011- lo cual pudo constatarse cuando en el 2016 se informó que se cumplió el 21% de los lineamientos previstos, quedando un 77% de ellos en proceso y un 2% en los que no se pudo iniciar el avance.

Desde otro punto de vista, para tener una idea de las dificultades basta revisar las soluciones a corto plazo previstas en los Lineamientos del 2011, donde se aspiraba lograr –simultáneamente- respuestas positivas para un mejor equilibrio de la balanza de pagos, eliminar obstáculos al crecimiento de la productividad del trabajo y avanzar en la creación de la infraestructura indispensable para el desarrollo.

El aspecto en el que se alcanzaron los mejores resultados fue precisamente en el proceso de saneamiento de la balanza de pagos mediante procesos de renegociación y pago de la deuda externa , requisito indispensable para obtener financiamiento externo e inversión extranjera directa. Sin embargo, en diversas ocasiones se partió del supuesto de que –una vez normalizada la situación con los acreedores- se recibirían nuevos créditos en una proporción similar a lo pagado, cosa que no sucedió. Por otra parte, la normalización de la deuda externa del país tuvo un elevado costo, ya que su servicio durante el período 2009-2017 alcanzó una cifra estimada cercana a los 23 000 millones de dólares , lo cual limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones o el consumo con recursos propios.

Al partir de un conjunto de premisas que resultaban de difícil cumplimiento, resulta evidente que primó una visión excesivamente favorable sobre las posibilidades objetivas para alcanzar rápidamente transformaciones estructurales en la economía nacional, estableciéndose –entre otros propósitos- metas de crecimiento muy elevadas. Al respecto cabe recordar que se fijó en el 2011 que la economía debía crecer un 4,4% promedio anual hasta el 2016, tasa solamente alcanzada o superada bajo condiciones excepcionales, como cuando se contaba con la colaboración del Campo Socialista a inicios de los años 80, o cuando se logró una relación de intercambio muy positiva con Venezuela, entre el 2004 y el 2008, unido a precios muy favorables para nuestro comercio exterior.

En realidad la economía logró un crecimiento de 2,3% entre el 2009 y el 2016, donde incidieron –además de los errores señalados por el presidente Raúl Castro- otro conjunto de factores que escapan en cualquier circunstancia a las técnicas de pronóstico más sofisticadas. Baste en tal sentido mencionar el impacto de los huracanes de alta intensidad que azotaron en ese período al territorio nacional, donde destaca el nefasto record implantado por el huracán Irma en el 2017, con pérdidas calculadas en una cifra algo superior a los 13 000 millones de dólares, lo que repercutirá durante varios años en el desarrollo económico del país.

Tampoco puede pasarse por alto el recrudecimiento del bloqueo económico del gobierno norteamericano, luego de una efímera expectativa de que se lograría su desaparición bajo la administración de Barack Obama. En efecto, ya desde inicios del pasado año el gobierno de Donald Trump se encargó de borrar esa expectativa, elevando el costo de más de 55 años hostilidad continuada a 130 179 millones de dólares hasta el 2017.

Por otro lado, el balance de esta etapa no puede tampoco excluir la existencia de un grupo de errores e imprecisiones, que llevaron a los planteamientos expresados por Raúl en abril.

Reflexionando sobre lo logrado y lo que no se ha resuelto, puede señalarse que la estrategia económica prevista en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el 2011 fue la adecuada. En rigor no había otras alternativas para alcanzar un crecimiento económico sostenible a corto plazo, que resultaran mejores en comparación con las propuestas previstas en los documentos aprobados en el VI Congreso del PCC. Sin embargo, en la implementación de esa estrategia, los factores externos incidieron -con mucha más fuerza que lo previsto- en el desempeño económico del país, a lo que se sumaron las dificultades internas y los errores en la implementación de la política trazada, todo lo cual llevó a resultados por debajo de lo planificado para el período 2011-2016.

En este último aspecto es preciso destacar que no se trata solamente de los aspectos cuantitativos implícitos en las tasas de crecimiento por debajo de lo proyectado que se obtuvieron en estos años, ya que tampoco se lograron superar determinados enfoques conceptuales que permitieran desatar adecuadamente las fuerzas productivas.

Baste analizar dos elementos esenciales para la correcta dirección económica del país.

Un primer aspecto tiene que ver con uno de los temas más complejos en la construcción del socialismo en todas las épocas y que –puede afirmarse sin temor a errar- no se ha resuelto aún. Es el caso de la presencia objetiva del mercado en esta etapa, que se manifiesta en el tratamiento a la contradicción que objetivamente existe entre propiedad privada y propiedad social y también en el diseño de los mecanismos de regulación del mercado en el propio seno de la propiedad social.

En este sentido, si bien se ha reconocido la existencia objetiva del mercado en la construcción socialista a partir del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que limita la expresión del carácter directamente social del trabajo gastado e impone la necesidad de su confrontación a través del mercado, en muchas ocasiones se ignora la acción de las leyes que rigen su comportamiento.

Es así que la ignorancia de las leyes del mercado ha conducido a serios errores en la implementación de mecanismos adecuados para su regulación en las condiciones de la prevalencia de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción a través de la historia de la construcción socialista en diferentes países. [1]

El manejo fallido de las relaciones monetario-mercantiles –también en Cuba- se ha expresado sobre todo a través de regulaciones administrativas para controlar los desequilibrios que se reflejan en el mercado, con decisiones tales como la congelación de precios, la aplicación discrecional de impuestos elevados, la prohibición del acceso a determinados mercados y la competencia monopólica por parte del Estado, entre otros mecanismos, que no han demostrado su eficiencia social a lo largo del tiempo. La mayor parte de las regulaciones empleadas hasta el presente no han logrado impedir la expansión de la economía sumergida, la evasión fiscal y a la ruptura del monopolio estatal de los flujos financieros y comerciales por diversas vías, en muchos casos imposibles de controlar, a lo que se han unido prácticas delictivas que se requiere reprimir también con mayor rapidez.

Por otra parte, la ausencia de mecanismos monetario-mercantiles adecuados en el sistema de dirección económica ha contribuido al empleo preferente de la planificación basada en balances materiales centralizados, en los que no se ha introducido un adecuado análisis de los factores de incertidumbre y riesgo en la toma de decisiones. [2] Como se ha señalado correctamente “… para el modelo cubano constituye un error común asociar la planificación con la administración directa de los recursos escasos que operativamente tiene lugar en nuestro sistema económico. Esta lógica sugiere que habrá más planificación mientras más recursos se encuentren sujetos a la regulación directiva central, generalmente propensa a emplear métodos administrativos. En la actualidad el Plan de la Economía Nacional pretende abarcar de manera directiva casi la totalidad de la actividad económica del país.” [3]

En general, los resultados macroeconómicos del período 2009 [4] al 2016 pueden apreciarse en la siguiente tabla, donde se refleja un avance, sin dudas meritorio, pero insuficiente de acuerdo a lo previsto.

Los nuevos documentos aprobados en el VII Congreso de PCC –por un lado- dieron continuidad a la política económica trazada en los Lineamientos aprobados en el 2011, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que el 77% de los mismos se encontraban en proceso en el 2016. Por otra parte, la profundidad y coherencia de las transformaciones propuestas marcaron sin dudas un momento cualitativamente muy superior en la definición de las vías para el desarrollo del socialismo en Cuba, especialmente si se les compara con los Lineamientos emitidos en el año 2011.

No obstante, la adversa coyuntura económica internacional que el país debió enfrentar a partir del propio año 2016 –que esencialmente provocó que la economía creciera solo 0,5%- planteó nuevos desafíos para la definición de los escenarios futuros, cuestión que se manifestaría con fuerza entre el 2016 y el 2017 cuando se logró un crecimiento promedio anual de solo 1,05%, con una perspectiva algo superior solo al 1,1% en el actual año[4].

La contracción en los ritmos de crecimiento –luego de la tasa de 4,4% lograda en el 2015-, se produce en medio del debate y la reformulación de los proyectos de documentos y ocurre –además- en una coyuntura en la que originalmente esta discusión no había sido concebida como necesaria, todo lo cual creó una situación más compleja para lograr una proyección consensuada.[5]

En efecto, originalmente no se previó la discusión entre la militancia del PCC y otros niveles de dirección social de la Conceptualización y del Plan 2030, pero en el propio Congreso del PCC se informo que los mismos se aprobarían solo como proyectos en ese conclave y que posteriormente se recogerían los resultados de su discusión para su aprobación definitiva.[6]

Es así que la más amplia discusión de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y del Proyecto de Plan para el Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, entre junio y septiembre del 2016, registró la emisión de unas 150 000 opiniones en el primer caso y 50 000 en el segundo, lo que permitió que ambos documentos recibieran un amplio respaldo popular y se enriquecieran con 36 426 modificaciones y 8 120 adiciones.

Consecuentemente en los documentos finales que fueron emitidos en junio del 2017, se observa un avance cualitativo en torno a conceptos muy importantes en relación al proyecto original. Al respecto pueden destacarse un conjunto de elementos.

–Se introdujo una formulación crítica de las dificultades enfrentadas hasta el 2016, especialmente las asociadas al incremento de la diferenciación social y económica no proveniente del trabajo, así como a la afectación de la motivación y la erosión de valores. Junto a ello se ponderaron las fortalezas para enfrentar los desafíos y dificultades.

–Se reforzó el concepto de participación popular en la implementación de la política económica.

–Se reiteró que sería la planificación y no el mercado la categoría rectora del sistema de dirección de la economía.

–Se definió a la inversión extranjera directa no ya como un elemento complementario, sino como un factor esencial para el desarrollo de una serie de sectores.

–Un elemento conceptual importante resultó la definición del papel complementario a jugar por el sector no estatal, limitándose la apropiación del plusvalor y la concentración de la propiedad privada. En este contexto resultaría más complejo definir las limitaciones a la concentración de la riqueza, cuyo incremento resulta legítimo en una serie de circunstancias no asociadas a la concentración de la propiedad, como es el caso de las remesas o las herencias, tema aún no agotado actualmente en los debates en torno al proyecto de reforma de la Constitución.

Para regular la concentración de la riqueza en el documento se destacó el papel de la política fiscal, aunque la experiencia práctica indica que con la misma no se agotan los mecanismos económicos posibles. En efecto, resulta evidente que esta política debe ser complementada por otra serie de instrumentos regulatorios que permitan dar un uso en línea con lo socialmente útil a la riqueza de personas naturales o entidades privadas, tales como las que se derivan de asociaciones con diversas formas de propiedad estatal.

–En el ámbito del sector no estatal se promueve la ampliación del empleo en el mismo y la necesidad de reconocer empresas privadas medianas, pequeñas y microempresas para su adecuado funcionamiento y control social.

–En lo relativo a la política presupuestaria y fiscal, también se recogió la flexibilización de los subsidios; el acotamiento de la deuda pública y del mercado financiero; así como la reducción de unidades presupuestarias.

–Finalmente en lo relacionado con la política monetaria, se reiteró la necesidad de proceder a la unificación de la moneda y las tasas de cambio hoy vigentes, pero gradualmente y sin recurrir a políticas de shock.

Por otra parte, en el proyecto de Plan para el Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 quedaron pendientes de cuantificar las cifras correspondientes a los diferentes agregados macroeconómicos contenidos en el mismo, lo cual debe concluirse entre el 2018 y el 2019.

En este proyecto se define la visión de nación que se desea alcanzar como soberana, independiente, socialista, democrática, prospera y sostenible. Como fuerzas motrices del plan se proponen seis ejes estratégicos que incluyen: Gobierno eficaz y socialista e integración social; Transformación productiva e inserción internacional; Infraestructura; Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; Recursos naturales y medio ambiente; y Desarrollo humano, justicia y equidad. En torno a estos seis ejes se establecen 22 objetivos generales y 106 objetivos específicos.

En este punto vale la pena destacar que este documento también recoge en su espíritu y su letra los aspectos esenciales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se valoraron en el 36° periodo de sesiones de la CEPAL, celebrado en mayo de 2016 en México.

Resalta igualmente la definición de los 11 sectores clave para el desarrollo de la economía que se incluyen en el mismo. Entre estos sectores se encuentran cinco que se vinculan directamente con la infraestructura productiva y de servicios del país, tales como: construcciones; electroenergético; telecomunicaciones; logística del transporte, almacenamiento y comercio y logística de las redes hidráulicas. Se añaden sectores netos de exportación como turismo y servicios profesionales y sectores que tributan a la exportación y también a la sustitución de importaciones, tales como la agroindustria no azucarera y la industria alimentaria; la agroindustria azucarera y de derivados de la caña de azúcar; la industria farmacética, biotecnológica y de producciones biomédicas, así como la industria ligera.

Cabe apuntar que debiera sumarse a este listado la minería, especialmente la relacionada con la industria del níquel y el cobalto, que continuará siendo la exportación fundamental en los próximos años, en cuanto a los bienes se refiere.

Finalmente, los Lineamientos de la Política Económica y Social 2016/2021 resaltaron la continuidad con los vigentes en el quinquenio anterior, ya que se mantuvieron o se modificaron el 87,5% de estos últimos, lo cual se corresponde con la indispensable conclusión del 77% que quedo en proceso de implementación en 2016. A ello se añadieron 50 nuevos lineamientos, para totalizar 274, cifra inferior en 39 a la versión precedente.

En síntesis, los documentos aprobados –luego de su discusión y enriquecimiento- conforman una plataforma de acción apropiada para la política económica y social por ejecutar en los años por venir. No obstante, su concreción exitosa dependerá en buena medida de la forma en que se implementen los principios y políticas planteadas, lo que incluye su coherencia, ritmo de ejecución y su impacto en la sociedad.

Las definiciones adoptadas en el VII Congreso del PCC celebrado en el 2016, sentaron las bases para la elaboración de una estrategia que posibilite completar adecuadamente la creación de condiciones para un desarrollo sostenible de la economía cubana a mediano plazo. Para lograr esos objetivos –además de un crecimiento de la eficiencia económica basado en el uso más eficiente de los recursos materiales y humanos disponibles- no es posible pasar por alto el impacto de factores externos que tienen una fuerte incidencia en el desempeño económico del país, tomando en cuenta el elevado nivel de apertura externa que alcanzaba un 38,8% en el 2016.

Es claro que no se trata de descargar la culpa de nuestras dificultades a factores externos, ajenos a nuestro control. Pero tampoco es posible obviar cómo -a pesar de los esfuerzos realizados-, la coyuntura internacional que el país ha debido enfrentar desde el propio año 2016, no ha permitido avanzar con ritmos de crecimiento suficientes para alcanzar los objetivos previstos en 2016 y 2017, ni es previsible un cambio que permita asegurarlos todavía en el 2018.

Es así que luego del impulso logrado en el 2015 –cuando se alcanzó un crecimiento del 4,4% en el PIB- en el 2016 se enfrentaron condiciones externas imposibles de predecir y que condujeron a que no se creciera más que un 0,5% en ese período.

En efecto, hace dos años se produjeron modificaciones abruptas de la coyuntura externa que impactaron negativamente y con mucha fuerza en la economía nacional, cuyos elementos más importantes pueden sintetizarse en lo siguiente:

• En primer lugar, en el ámbito energético, a partir de la combinación de los suministros externos de hidrocarburos provenientes de Venezuela y la producción nacional, se lograron hasta el año 2015 cifras que permitían un funcionamiento aceptable de la economía. Pero en el 2016 las entregas de petróleo equivalente importado de Venezuela bajaron aproximadamente un 40% en el año, a partir de serias dificultades en la producción de ese país. A ello se sumó el inicio de una tendencia decreciente de la producción de crudo nacional debido al agotamiento de los pozos, luego de haberse alcanzado durante varios años una producción de petróleo y gas ligeramente superior a 4,0 millones de toneladas anuales. Esta situación demandó compras adicionales de combustible a Rusia y Argelia por un valor en torno a los 100 millones de dólares.

• En segundo lugar, la fuerte reducción de los combustibles tuvo efectos multiplicadores notablemente negativos en casi todos los sectores de la economía y también en el consumo de la población. De tal modo, se redujo el valor agregado en diferentes sectores: Minería (-3,7%); Industria manufacturera (-4,6%); Industria azucarera (-19,4% ); y Comercio (-2,5%). A esto se sumó la caída de un 19,7% del valor de las exportaciones totales y del 10,6% en las importaciones. A ello se agregó un aumento de la liquidez en manos de la población –que se elevó hasta el 52,3% del PIB- y un déficit fiscal del 6,6% también referido al PIB, creando presiones inflacionarias adicionales en la economía.

• En tercer lugar y no es un dato menor, se mantuvo la presión del bloqueo económico de Estados Unidos, cuyo impacto en el año se calculó en 4 681 millones de dólares.

• Finalmente, el país sufrió los efectos del huracán Matthew, que afectó 46 706 viviendas y causó pérdidas por 2 431 millones de dólares.

La coyuntura económica fue aun más compleja en el 2017.

• En primer término, se mantuvo la reducción en el suministro de combustible a niveles aproximadamente iguales a los del año anterior, lo que volvió a requerir compras adicionales de hidrocarburos, al tiempo que la producción nacional de crudo descendió a 3 millones 690 mil toneladas. • En segundo lugar, al ganar las elecciones de EEUU en noviembre del 2016 el ultraderechista Donald Trump, cesó el “efecto demostración” positivo que el inicio de la normalización de relaciones con Cuba había provocado en los medios de negocio internacionales, factor que contribuyó al positivo desempeño económico alcanzado especialmente en el 2015. Por otro lado, nuevas medidas de agresión a Cuba –particularmente en el sector turístico- que comenzaron a implementarse por la nueva administración norteamericana en junio del 2017, trajeron como consecuencia nuevamente elevados costos del bloqueo para el país, que llegaron a 4 305 millones de dólares en un año y a 130 179 millones a lo largo de casi 60 años de agresiones constantes.

• Finalmente, el intenso huracán Irma asoló el país en septiembre del pasado año, causando pérdidas record por más de 13 000 millones de dólares y afectaciones en una cifra superior a las 179 000 viviendas, así como efectos destructivos de importancia en el sector turístico y en la agricultura.

La economía cubana –que había planificado un discreto ritmo de crecimiento del 2% en el 2017-, solo logró incrementar el PIB en 1,6% y –aun cuando aún no están disponibles todas las estadísticas oficiales- según el Ministro de Economía y Planificación se registraron “…incumplimientos de: los ingresos previstos por exportaciones de bienes y servicios; la disponibilidad de combustibles; ejecución de determinados programas inversionistas y problemas climáticos como la aguda sequía y el huracán “Irma”, que afectó a 12 provincias, provocando cuantiosas pérdidas.” Por otra parte se señaló que “En la actividad industrial, la tensa situación financiera durante el año ha conllevado a identificar y priorizar los financiamientos y pagos a los proveedores que garantizan las principales producciones, pero no en todos los casos, se pudo alcanzar ese objetivo.”

En estos momentos los resultados económicos del 2018 muestran un crecimiento del 1,1% en el PIB durante el primer semestre, cifra similar a igual período del 2017, a pesar de las graves consecuencias del mencionado huracán Irma, que impactó negativamente en el turismo durante los primeros meses del año y contribuyó a una producción azucarera en torno a solo un millón de toneladas de azúcar en esta zafra, entre otros efectos. Tampoco puede pasarse por alto que, entre el 2016 y el 2018, los precios de exportación del azúcar bajan un 30%, mientras que los precios de las importaciones de petróleo suben un 51,2% y los de los alimentos se elevan un 7,5%.

Para este año los estimados de CEPAL ubican el crecimiento del país en torno al 1,5% , mientras que el Economist Intelligence Unit lo estima en 1,7%.

Ello se apoya en algunos elementos esenciales, que incluyen: la llegada de un estimado de 4 millones 750 mil turistas en el año, con un ingreso bruto que puede calcularse en torno a 3 400 millones de dólares; una producción agropecuaria e industrial aproximadamente igual a la del pasado año; un crecimiento del nivel de inversiones similar al logrado en el 2017, es decir, superior al 20%, unido a un discreto aumento de la inversión extranjera directa; a todo esto se añade una renegociación y pago de las cartas de crédito pendientes de liquidación –proceso ya iniciado el pasado año-, que permita restaurar el suministro de importaciones indispensables para cubrir gradualmente la demanda interna en mejores condiciones.

Es así que puede concluirse que si bien la cifra de crecimiento que se pronostica para este año se aleja de las necesidades de un desarrollo sostenible, no puede pasarse por alto la que puede calificarse de extraordinariamente adversa coyuntura internacional que se encuentra tras ese resultado y –consecuentemente- el enorme esfuerzo que nuestra economía ha debido realizar para que no se produzca una depresión de mayores consecuencias, manteniendo –al mismo tiempo- los servicios sociales básicos de la población con el mínimo de afectaciones posibles.

Por todo lo anterior, es justo pensar que los obstáculos externos que hemos debido enfrentar –con mayor o menor eficiencia- no deben hacernos perder de vista que el país cuenta con los recursos potenciales indispensables para enfrentar las muy complejas circunstancias del presente y salir adelante sin perder la visión de largo plazo y sin renunciar a las conquistas logradas en el orden social y político, que solo el socialismo es capaz de garantizar. De nosotros depende que así sea.

Notas

1. La interpretación conceptual de la contradicción que subyace entre propiedad privada y propiedad social mediante la ignorancia o sobrestimación de las leyes del mercado va –en una síntesis simplificadora- desde considerar en el socialismo las relaciones mercantiles como algo formal y desprovisto de contenido, hasta los conceptos más conocidos del socialismo de mercado en las reformas socialistas europeas de finales del siglo pasado. También los conceptos de economía de mercado socialista –presentes en China y Vietnam- encierran no pocas contradicciones.

2. La ausencia de la matriz insumo-producto para el análisis estadístico –que no se actualiza desde los años 80- ha impedido un uso más eficiente de los balances materiales.

3. Ver de Oscar Fernández “El modelo de funcionamiento económico en Cuba y sus transformaciones. Seis ejes articuladores para su análisis” Observatorio de la Economía Latinoamericana, 2011 en www.eumed.net Se toma como punto de comparación el año 2009 considerando el inicio de las transformaciones económicas previas a la aprobación de los Lineamientos del 2011.

[4] Más adelante se profundizará en este tema al examinar las proyecciones económicas hasta el 2021.

[5] Al respecto se explicaba “…en esta ocasión no se realizó ese proceso considerando que se trata de la confirmación y continuidad de la línea acordada hace cinco años en cuanto a la actualización de nuestro modelo económico y social.” Informe Central al 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el Primer Secretario del Comité Central, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, La Habana, 16 de abril de 2016” Periódico Granma, 17 de abril del 2016, p. 4.

[6] “Hemos concebido que ambos documentos, es decir, la Conceptualización y las bases del Plan Nacional de Desarrollo, luego de su análisis en el Congreso, sean debatidos democráticamente por la militancia del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de las organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad, con el propósito de enriquecerlos y perfeccionarlos.” Ibid.


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