CEPRID

La lucha de clases en Bolivia adquiere las formas de una confrontación agraria: Tierra, élites, pueblos originarios (I)

Jueves 20 de noviembre de 2008 por CEPRID

Carlos Antón

DATOS & ANALISIS

El enfrentamiento de clases en Bolivia tiene varios componentes, pero el central de todos ellos es la lucha por la tierra. Por esta razón el conjunto de las contradicciones restantes (autonomías, regalías por hidrocarburos, racismo, etcétera), sin dejar de tener un peso importante en el conflicto actual, adquieren el rol de contradicciones secundarias. En tanto el imperialismo, viejo socio de las élites de la Media Luna intenta, a través de éstas, voltear al gobierno popular.

Tras varios meses de agudo enfrentamiento político, entre el gobierno boliviano y la derecha de la media luna, finalmente, el Congreso aprobó la convocatoria al referéndum constituyente para el 25 de enero de 2009. Sin embargo subsisten las contradicciones y algunos de los sectores sociales aliados al gobierno se oponen a las reformas consensuadas entre el 3 y 20 de octubre. Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó, el 20 octubre al promulgar la ley de convocatoria al referéndum constituyente: "este proceso de cambio no tiene retorno”, y además le dijo al pueblo: “que jamás Evo va a mentir o engañar, saben que cuando no puedo hacer lo digo con sinceridad, cuando puedo atender demandas les digo ’vamos’".

El camino estuvo sembrado de profundas dificultades y luchas, cuyo punto más dramático fue el asesinato de 18 campesinos y estudiantes perpetrado el 11 de septiembre, por una banda de sicarios a las órdenes del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. En la noche de ese trágico día el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que ya había denunciado como parte del plan desestabilizador, para darle a continuación dos días para abandonar Bolivia. Con ese acto los prefectos de la Media Luna perdieron a un aliado experto en balcananización y la larga mano de la CIA y el Departamento de Estado recibió una herida de consideración.

Algunos días más tarde quienes hicieron sus valijas y se retiraron del país del altiplano fueron algunos agentes de la DEA. De esta manera en menos de un mes Washington sumó varios reveses políticos, que los medios de comunicación de derecha de toda América Latina calificaron negativamente. LA NACIÓN de Argentina expresa en un artículo del 16 septiembre: “¿Por qué expulsó, entonces, Morales al embajador si, al parecer, no existía tal conspiración? Las versiones son variadas, e incluyen el timing político, su alineamiento con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el narcotráfico”.

Pese a la campaña mediática de la derecha, las pruebas de la injerencia de la DEA en la política interna de Bolivia siguieron aumentando y el 1º de noviembre, el presidente Morales congeló las relaciones con la agencia antinarcóticos estadounidense: “Quiero comunicarles –es una decisión personal– a los comandantes de las fuerzas armadas, de la policía nacional, como también a los ministros y embajadores, que a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana”, dijo en Chimoré, localidad cocalera de Cochabamba. En el mismo discurso no sólo denunció la acción desestabilizadora de la Drug Enforecement Agency, también dio datos sobre vuelos clandestinos, transporte de bultos no identificados ni declarados, casas de espionaje, etc. “Existieron agentes de la DEA que realizaron espionaje político, financiando a grupos delincuenciales para que atenten contra la vida de las autoridades, por no decir del presidente”, dijo Morales. Y denunció que “esas actividades han sido permanentes. Hasta ahora se han detectado al menos siete casas llamadas ‘de seguridad’, cuando son casas de control político, espionaje, control de llamadas telefónicas que hacen en el territorio nacional”.

La acción desestabilizadora imperialista comenzó a partir del momento en que Evo Morales fue elegido presidente y uno de los organismos imperialista que más ha trabajado para desestabilizar al gobierno es la Agencia de Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que apoyando a ONGs fantasmas subvenciona y apoya a la oligarquía boliviana.

Sin embargo el conflicto entre el gobierno del MAS y las élites de Oriente, al mismo tiempo que expresa el choque entre un pueblo soberano y el imperialismo es algo más. En el centro de la contradicción se encuentra el intento, que hasta ahora marcha a paso lento, de Reforma Agraria impulsada por el oficialismo para eliminar el latifundio y diversificar la producción agropecuaria de Bolivia. Los terratenientes de la Media Luna, verdaderos “barones” feudales, enriquecidos con las exportaciones de soja, la especulación inmobiliaria, y su asociación con las transnacionales petroleras, no están dispuestos a que se les ponga coto a sus astronómicas ganancias.

Reforma agraria de 1953 y el origen de la oligarquía de Oriente

En 1952 se produce en Bolivia la histórica revolución liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En los primeros años el pueblo insurrecto desbordó la propuesta programática del MNR; los mineros, que tuvieron un papel descollante, expulsaron a los barones del estaño, impulsaron la nacionalización de las minas y la creación COMIBOL. Por su parte las masas indígenas y campesinas tras años de exclusión, pobreza y mal trato imponían la reforma agraria que fue una de las más drásticas de América Latina. Así, casi 50 años más tarde, los indígenas del altiplano boliviano transitaban por un camino similar al que recorrieron las masas campesinas mexicanas lideradas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los indígenas de Cochabamba y del altiplano tomaron la justicia por sus manos, invadieron haciendas, ocuparon tierras y en un solo acto acabaron en Occidente con el régimen de haciendas (el cacicazgo) y el pongueo (trabajo gratuito indígena en las haciendas).

Al desterrar la estructura de las haciendas, la Reforma del ´53 permitió volver al régimen de comunidades o ayllus. Sin embargo el Estado se desentendió de ellas y durante casi medio siglo las comunidades se autogobernaron en medio del territorio rural, pero abandonadas, prácticamente sin ningún tipo de acompañamiento público y sin inversión estatal significativa. Esta Reforma Agraria inconclusa, no proveyó a las comunidades campesinas-indígenas –las legítimas dueñas de sus territorios- los medios de producción para desarrollar una producción agropecuaria moderna y competitiva. La consecuencia fue su empobrecimiento y el mantenimiento, con muchísimas dificultades, de una mínima economía de subsistencia, asentada en el minifundio. De allí que en Bolivia, ser campesino se transformó en ser pobre y excluido. Paralelamente, durante todo este tiempo debieron enfrentar el avance de las mineras, de las transnacionales, de las empresas privadas, de los terratenientes.

En las comunidades del altiplano de Bolivia persisten dos “formas” organizativas: la Comunidad o Ayllu originario y el Sindicato Agrario. Hoy, cuando se habla de la comunidad se remite a estas dos formas organizativas. El ayllu es la forma de organización sociopolítica más antigua, es la base de la existencia de las comunidades de hoy. Históricamente la comunidad indígena pasa del ayllu a la hacienda y esa situación se mantiene entre finales siglo XIX hasta 1953; a partir de ese año pasan de la hacienda al sindicato agrario y más tarde del sindicato agrario a la comunidad. La conformación de los sindicatos agrarios fue realizada copiando las formas sindicales de los mineros agrupados en la COMIBOL que surgió como un actor político determinante con la Revolución Nacional de 1952. En muchos casos, se dio una combinación entre las formas comunitarias y las sindicales dando lugar a los sindicatos campesinos, que han desarrollado un papel importante en todo el proceso que llevó al MAS al gobierno.

Entre las medidas progresivas de la revolución del ´52, se encuentra la creación y el desarrollo de YPFB a partir del excedente generado por las minas de COMIBOL. YPFB, concebida a partir del modelo de YPF de Argentina realizó sus trabajos de exploración y explotación en Santa Cruz y Tarija especialmente.

Como hemos visto, el MNR, no tenía como fin la restauración de los derechos indígenas, su política perseguía terminar con el régimen feudal de la hacienda porque era identificado como un freno para el desarrollo capitalista de la agricultura y para el desarrollo de un sistema de trabajo de salario libre. Es decir: el propósito de la política agrarista del MNR fue crear una burguesía agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia que pudiera abastecer el mercado interno primero y luego exportar, y así, diversificar la economía del enclave minero. Está política de apoyo estatal a la empresa privada, estaba en consonancia con el financiamiento que Estados Unidos dio a la revolución desde 1956 y el modelo desarrollista que se consolidaba en el tercer mundo. A estos años se remonta el maridaje entre el imperialismo yanqui y la oligarquía cruceña. De esta manera la revolución del ´52 sentó las bases del latifundio y de las empresas agroexportadoras en Oriente, la zona más rica de Bolivia.

Los recursos naturales en el Neoliberalismo

A partir de 1985, luego de las sangrientas dictaduras narcofascistas llegan las “reformas estructurales” impulsadas por el FMI y el Banco Mundial. Ya a partir del gobierno dictatorial de Banzer, en 1971, las regiones de Santa Cruz y Tarija comienzan a cobrar mayor auge económico, pero con la introducción del neoliberalismo en el ´85 y el desguace de las empresas estatales, las burguesías de la Media Luna ven como su poder político y económico se dispara hacia las nubes.

Tras la liquidación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las minas más importantes fueron privatizadas y adquiridas por empresas multinacionales; otras fueron cerradas. A los llamados cooperativistas mineros se les entregaron sectores marginales de la minería, que tras el auge del valor de los metales les permitió transformarse en una suerte de pequeña burguesía minera.

En tanto, los ricos yacimientos petrolíferos de los departamentos de Oriente –Santa Cruz y Tarija- eran entregados a las multinacionales del área como Petrobras, Repsol-YPF, British Petroleun, PanAmerican, entre otras, que hicieron un negocio multimillonario. Al mismo tiempo esto permitió que la oligarquía oriental incrementara sus fuertes vínculos con las transnacionales petroleras y gasíferas. En 2004 del detonante que hizo estallar la llamada Guerra del Gas fue el Proyecto Pacific LNG, mediante el que se pretendía construir un gasoducto que llegara hasta el Pacífico chileno, para exportar gas a California. Esa iniciativa contaba entre sus principales impulsores al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el actual senador por Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, que pertenece a PODEMOS el partido político de Jorge Quiroga. El proyecto, que procuraba exportar el gas en condiciones “africanas”, fracasó por la amplia rebelión de masas que culminó con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que debió exiliarse en los EEUU.

Tras la asunción de Evo Morales a la presidencia, se estatizaron el 51% de las ganancias de las petroleras y se declaró propiedad del pueblo boliviano a todas las reservas hidrocarburíferas. Estas medidas fueron un paso trascendente, ya que durante la etapa neoliberal de esas ganancias no quedaba prácticamente nada para el Estado boliviano y las petroleras eran dueñas de los hidrocarburos y de las reservas. Al mismo tiempo que se nacionalizaron varios campos petroleros y comenzó un proceso para la refundación de YPFB. Sin embargo esta política dista de estar acabada y todavía hay numerosas críticas hacia el gobierno de sectores que impulsan la estatización total de la explotación y comercialización de los hidrocarburos.

En tanto, la Nueva Constitución Política del Estado que deberá ratificarse en el próximo referéndum afirma taxativamente en su artículo 349: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo[...]”.

Y el artículo 352 dice: “La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

En tanto el artículo 359 afirma: “Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado”.

Concentración de la tierra

Cuando en Bolivia se alude a concentración de la tierra en pocas manos no es una metáfora, ya que el 91 % de las tierras cultivables de Bolivia son de propiedad de latifundistas vinculados a los partidos políticos de la derecha y algunos medios de comunicación. En 2006, la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios señaló en un informe que, los grandes propietarios de tierras, que son el 5 % de la población son dueños del 89 % de los campos. Los medianos, que representan el 15 % de los habitantes, son dueños del 8 %, en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 % de la población, poseen tan sólo el 3 % de las tierras.

La aplicación de las recetas neoliberales impulsadas por el imperialismo, se tradujeron políticas agrarias que el Banco Mundial denominaba como “reformas agrarias asistidas por el mercado” y que dieron lugar a la constitución de gigantescos latifundios en los llanos amazónicos de Bolivia en manos de corporaciones transnacionales, inversionistas de países vecinos –fundamentalmente brasileños- y poderosos grupos de poder local: “los barones del oriente”.

Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que este centenar de familias controlan 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otros cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.

En Santa Cruz, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas.

Durante los gobiernos militares de Hugo Banzer 1971 – 1978 y de García Mesa 1980- 81 en la región del Oriente, el Chaco y la Amazonía, empleados del gobierno permitían muchas transferencias de tierras ilegales a facciones políticas ligadas al poder. Posteriormente, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria acabó legalizando muchas de estas propiedades. En 1992 la masiva corrupción en la distribución y saneamiento de tierras salió a la luz y llevó al gobierno de Jaime Paz (1989- 1993) a cerrar el CNRA y crear una comisión para poner fin al caos en la administración de tierras. Posteriormente Gonzalo Sánchez de Lozada, durante su primera presidencia (1993 – 1997) firmó un acuerdo con el Banco Mundial para impulsar un programa de administración de tierras. El resultado fue la llamada Ley INRA de 1996 que es vista por algunos como parte de un conjunto más amplio de leyes que fueron sancionadas en América Latina en ese momento, con el fin de alentar el mercado de tierras.

En los nueve años posteriores, hasta el ascenso a la presidencia de Evo Morales, se intentó vanamente llevar adelante lo que hasta ahora se denomina “saneamiento” de tierras. La propuesta central del saneamiento de tierras es establecer el cumplimiento de la Función Económica y Social – FES - y la legalidad de la adjudicación o adquisición de títulos de propiedad dentro de un límite de 10 años a partir de 1996. En la letra de la ley el Estado quedaba habilitado para recuperar la propiedad y la tierra queda disponible para redistribuirse entre aquellos que la necesiten, cuando las empresas agrícolas grandes no cumplieran esos requisitos.

El Banco Mundial y las oligarquías sellan la alianza sojera

A partir de mediados de la década del ´80 el Banco Mundial, promovió, planificó, financió y creó las condiciones de infraestructura para el desarrollo del cultivo de la soja y los agroderivados en Santa Cruz. En este Departamento el cultivo de la oleaginosa comenzó de cero hasta lograr la espectacular cifra de aproximadamente un millón de hectáreas por año. A esto se sumó la cadena agroindustrial de aceites, alimentos balanceados y las exportaciones. La soja y sus derivados son exportados a través de puertos en el Océano Pacífico a más de 2.000 kilómetros de distancia o por la vía fluvial hasta el Río de la Plata en el Atlántico. Este modelo agro-exportador sólo se ha podido sostener gracias a los subsidios estatales a los combustibles, la expansión de la frontera agrícola con la consecuente e indiscriminada tala de bosques húmedos tropicales, y en la existencia del latifundio.

La concentración de tierras y los negocios agroindustriales dio pie para el afianzamiento de la élite de la burguesía de la Media Luna, que está constituida por un centenar de familias, conectadas con capitales multinacionales. Estos clanes ejercen el control y el dominio sobre el conjunto de la actividad agropecuaria, la industria, la explotación de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación; y se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia estableciendo gigantescos latifundios en las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Como ejemplo se puede citar a Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y su familia junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soja y girasol. Además poseen casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico.

En tanto un tercio de la producción y exportación de soja y oleaginosas es controlada por empresarios brasileños, varios de los cuales arriendan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras la controlan empresarios argentinos, rusos y pequeños productores menonitas canadienses y japoneses.

Como se señala más arriba, es el Estado quien ha subvencionado hasta ahora los combustibles y logrado convenios internacionales a través de la Comunidad Andina de Naciones para vender la soja a precios competitivos. Pero además los ingresos de la oligarquía oriental se acrecientan porque controlan todo el aparato burocrático de los Estados departamentales (prefecturas, poder judicial, cortes departamentales electorales, universidades públicas) y del nacional, cuando formaban parte de él, durante los gobiernos militares y neoliberales. Esto les ha permitido evadir impuestos y especular con el alza de los valores inmobiliarios de la tierra.

Como ejemplo se puede señalar que estos sectores han accedido a créditos que nunca devolvieron, tal como ocurrió –entre otros- con los 500 millones de dólares del Banco Agrícola, que eran el ahorro de todos los bolivianos pero no sirvieron para invertir en Potosí, Oruro o Cochabamba, sino exclusivamente en el agro cruceño. Por otra parte un informe del Banco Mundial, léase bien, el mismo ente que los prohijó, señala que las reducciones de impuestos sobre la propiedad de empresas rurales que fueron introducidas por el Presidente Bánzer en 1998, promovió la falta de incentivo para la distribución y el uso racional de la tierra. Y aunque la Ley INRA de 1996 introdujo un impuesto sobre el valor de mercado de la tierra para propiedades medianas y grandes, los terratenientes presionaron para cambiarlo y este impuesto se redujo hasta el límite en el que ahora pocos, si hubiera alguno, paga algún gravamen significativo sobre la tierra.

Aunque la agroexportación es el rubro más moderno de las oligarquías, existe un amplio sector de ganaderos medianos y grandes que buscan la defensa de la hacienda, y los indígenas sometidos a ella, para mantener su fuente de acumulación. Esta situación se da en numerosas haciendas de Oriente, pero la zona ganadera por excelencia son los estados de Beni y Pando.

Servidumbre en Oriente

En este marco de expansión de la frontera agrícola y ganadera, los latifundistas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz mantienen indígenas “cautivos” sometidos a régimen de “servidumbre”. En marzo 2008, comisiones del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), llegaron a Alto Parapeti, para verificar la Función Económica y Social de las haciendas de más de 500 hectáreas. En la región, encontraron que numerosas familias guaraníes se encontraban en estado de semi esclavitud como lo había denunciando la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Los “barones” del Oriente han establecido, en el caso del Chaco boliviano, una relación de patrón-siervo, que toma la forma del pongueaje; es decir la servidumbre al estilo de las viejas haciendas pre–revolución del ´52, se mantiene en estos Estados bolivianos. Ante las denuncias del INRA, se levantaron voces de protesta de diversos círculos del poder de la Media Luna, entre ellos el cardenal Julio Terrazas de Santa Cruz; sin embargo ha quedado demostrado que numerosas familias guaraníes viven en las haciendas y trabajan en forma gratuita para los terratenientes, a menudo pagando viejas deudas familiares que se pierden en el tiempo.

Los ganaderos de la provincia Cordillera, a cuyo frente se encuentra el estadounidense Ronald Larsen, realizaron el 8 de marzo, un acuerdo con la elite político empresarial cruceña en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes. En esa reunión además de los ganaderos participaron, miembros de primer nivel del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz.

El 27 de febrero de 2008, grupos de choque de los ganaderos cerraron las oficinas del INRA en Camiri y echaron a los técnicos. El 29 de febrero, el viceministro Almaraz, el director del INRA y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray, entre otros, fueron emboscados y amenazados de muerte en la puerta de entrada de la hacienda "Caraparicito" cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para iniciar el saneamiento. El 4 de abril, el Viceministro fue agredido nuevamente en el mismo lugar. El 10 de abril, una caravana de vehículos de las alcaldías de la provincia y de la Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz transportó a una turba de la Juventud Cruceñista hasta el Hotel JR de Camiri, donde se alojaba la comisión gubernamental.

Estas acciones preanunciaban la masacre de Pando.

Carlos Antón es integrante de Bases Socialistas, colectivo militante


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