CEPRID

Colombia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES: REALIDAD INOCULTABLE

Lunes 10 de noviembre de 2008 por CEPRID

Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

CEPRID

1. Violaciones al Derecho a la Vida en Colombia en el contexto de la Violencia

Sociopolítica.

Las violaciones al derecho a la vida en Colombia son extremadamente graves, generalizadas y en su gran mayoría permanecen en la impunidad. En su informe para el Examen Periódico Universal las 4 plataformas de Derechos Humanos y Paz que trabajan sobre estos temas en Colombia y que agrupan en conjunto cerca de 1200 organizaciones a nivel nacional, denunciaron que “En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica (1), de las cuales 1.314 eran mujeres (2) y 719 eran niñas y niños. De las 13.634 personas, 1.477 personas fueron desaparecidas forzadamente. Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75,4% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53% (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas)”.

La existencia de un prolongado y grave conflicto armado, que de manera persistente es negado por el Gobierno actual, y frente al cual no existen políticas para su superación por vía negociada ni compromisos para implementar acuerdos humanitarios que dejen a salvo los derechos de la población civil, agrava la situación de violencia sociopolítica en el marco de la cual las violaciones al derecho a la vida han alcanzado niveles intolerables en cualquier sociedad democrática. En este contexto, los asesinatos de personas por fuera de combate cometidos por parte de la Fuerza Pública, de manera directa o con participación, complicidad o tolerancia de grupos constituyen uno de los más graves problemas en la situación de derechos humanos, y una tarea aún pendiente de superación en las políticas, medidas, prácticas y conductas con las cuales la Fuerza Pública se relaciona con la población en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

2. La Gravedad de las Ejecuciones Extrajudiciales.

La alarmante frecuencia de homicidios de civiles a manos de la fuerza pública por fuera de la confrontación armada y su aumento persistente en los últimos años, está privando de la vida a cientos de personas en Colombia, y se constituye en un gran motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional. El Informe para el Examen Periódico Universal de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz informó reciente que “En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de “seguridad democrática” promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002. Así, entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”.

En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, señalando además que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.

Con el fin de superar esta penosa y dramática situación, las autoridades militares y el Ministerio de Defensa han tomado una serie de decisiones políticas y medidas que buscan hacer frente a la realidad de las ejecuciones extrajudiciales, entre las cuales está la eliminación del decreto sobre bonificaciones económicas por este concepto; la prohibición tajante de la comisión de homicidios en personas protegidas; la priorización de las capturas y desmovilizaciones de guerrilleros por encima de su eliminación física; la remisión de los casos con características de homicidio de civiles a la justicia ordinaria y otra serie de medidas que se esperaba fueran eficaces en la superación de estas atrocidades.

En relación con la eficacia de estas medidas, el Ministro de Defensa expresó el 9 de Septiembre pasado que había “una importante reducción de casos” de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año solo habrían ocurrido 25 casos. Los hechos posteriores de Soacha y Ciudad Bolívar y los que se evidenciaron a partir de esta situación en distintas regiones del país, han mostrado no solo que esta práctica atroz permanece y se extiende de manera sistemática a nivel nacional, sino que también se presentan nuevos patrones y modalidades que buscan ocultar o encubrir la comisión de los mismos y mantenerlos en silencio con el fin de asegurar la impunidad de sus responsables. La desaparición forzada de jóvenes socialmente marginados y su desplazamiento a distintas regiones, donde posteriormente son ejecutados, ha puesto en evidencia la existencia de redes macabras al interior de las Fuerzas Armadas, para cometer estas violaciones.

El seguimiento a los casos de ejecuciones extrajudiciales y los informes sobre esta situación realizados por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidas y los pronunciamientos de distintas instancias y agencias de la comunidad nacional e internacional llamando la atención al Estado Colombiano sobre esta gravísima situación, ha propiciado el inicio de su reconocimiento por parte del Estado y que haya comenzado a implementar algunas medidas, aún insuficientes, para su superación, como lo constata el presente informe, que deja en evidencia que los controles civiles sobre el accionar de la Fuerza Pública continúan siendo ineficaces y no permiten conocer de manera exacta y oportuna la información sobre estos hechos y que los mecanismos para investigar, establecer las responsabilidades y sancionar la comisión de estas graves violaciones, a pesar de algunos avances importantes en el último año, tienen grandes deficiencias y vacíos.

El informe de la “Misión Internacional de Observación sobre “Ejecuciones Extrajudiciales y la Impunidad en Colombia” constituyó también un proceso importante de verificación y denuncia, por parte de especialistas de diversos países, sobre la realidad de esta problemática y un intento importante de aportar propuestas y recomendaciones para que esto hacer frente a esta situación. Nuestro propósito, con este informe, es el de dar cuenta de una realidad que es permanentemente denunciada ante las organizaciones que hacen parte de la Coordinación, y con su divulgación se pretende que estos hechos sean investigados, sancionados y se tomen las medidas adecuadas y eficaces para que estos hechos no vuelvan jamás a presentarse. Un solo caso de privación del derecho a la vida de un colombiano o colombiana a manos de la fuerza pública debe constituirse en un serio motivo de preocupación. La repetición generalizada de estos hechos y su persistente impunidad se constituyen en uno de los mayores motivos de pérdida de legitimidad de la Fuerza Pública y del Estado en su conjunto.

En este informe nos referimos solamente a los casos de registros de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública por responsabilidad directa. En él, no se hace seguimiento a los casos de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad indirecta o por omisión cometidos por actores ilegales. Las denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por paramilitares son registradas en este informe solamente cuando en los hechos se conoce de la participación directa de miembros de la Fuerza Pública, en algún momento del proceso que condujo a la ejecución de la víctima. Como mencionamos en los primeros párrafos, reconocemos y denunciamos que otros actores distintos a la Fuerza Pública son responsables de gran cantidad de violaciones al derecho a la vida, que involucran tanto a guerrillas como paramilitares, que hemos denunciado también en otros de nuestros informes.

Sin embargo, reconocemos que siendo el Estado el responsable y garante principal de preservar y salvaguardar la vida y derechos de los ciudadanos, las pérdidas de vida de los civiles a manos de la propia Fuerza Pública constituyen un problema especialmente grave, al cual el Estado tiene que ponerle fin, como condición básica de funcionamiento del Estado de Derecho y como condición para el funcionamiento de la democracia.

3. Dificultades para el Registro de las Ejecuciones Extrajudiciales.

Las circunstancias y modalidades en las que se presentan las ejecuciones extrajudiciales en el país oponen un enorme obstáculo para el registro, sistematización y seguimiento de estas violaciones graves a los derechos humanos. En términos estrictos es imposible tener una estadística de estos casos y los registros presentados solo pueden revelar tendencias. Los casos que llegan a nuestros registros son sólo una porción de los mismos y muchos de ellos permanecerán por siempre en el silencio o enmascarados por la versión que de los hechos hayan logrado posicionar sus ejecutores.

Por su propia naturaleza, las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros de la Fuerza Pública, constituyen actos criminales sancionados por la legislación penal, por lo cual, cuando suceden, buscan ser ocultados o cuando se descubren, buscan ser encubiertos mediante versiones que trasladan la culpa a la propias víctimas, presentándolas muchas veces como delincuentes muertos en combate, que en todo caso merecían su muerte. En general los casos son conocidos por las organizaciones de derechos humanos mucho después de que suceden, ya que generalmente las personas son enterradas de manera anónima y los hechos que permiten deducir que la persona no murió en combate son manipulados o tergiversados. Generalmente se busca que no haya testigos y cuando los hay, en muchas ocasiones son amenazados para que no denuncien.

Los nuevos patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales, que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos venía registrando, y que se pusieron en evidencia a partir de los casos denunciados sobre la desaparición y ejecución de los jóvenes de Soacha, han buscado dificultar la posibilidad de que estos hechos sean conocidos y denunciados: la selección de las víctimas entre los estratos socialmente marginados de la población, el traslado de las víctimas a lugares alejados para ser ejecutados en zonas donde nadie pueda conocerlos y reclamarlos, su entierro en fosas comunes, de forma anónima y la ausencia de un registro confiable y actualizado de las personas que la Fuerza Pública reporta como “muertas en combate”, no pretenden más que mantenerlos en el silencio y dificultar el hecho de que la sociedad, y mucho menos las instancias judiciales pueda conocer lo que lo que está ocurriendo.

Los intersticios legales sobre el manejo de fondos reservados por parte de la fuerza pública y la ausencia de control y supervisión sobre la administración y manejo de los fondos de recompensas, pueden hacer que la estructura de beneficios y sanciones relacionados con esos hechos, sean utilizados con ventaja e impunidad por parte de algunas autoridades y estructuras de la Fuerza Pública, que la autoridad civil parece no estar aún en capacidad de controlar y corregir, dificultando la labor de denuncia y de seguimiento a las ejecuciones extrajudiciales por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las propias familias de las víctimas (3).

A esto se suma la escasa presencia de organizaciones de derechos humanos en amplias zonas de la geografía nacional, especialmente donde el conflicto armado se desarrolla con mayor intensidad, las dificultades y carencias de las organizaciones para contar con una sistematización actualizada sobre los casos que llegan día a día a sus bases de datos, nos impide dar informaciones con datos al día. De ahí que el sub-registro de los casos es tanto mayor cuanto más cercano sea el período de que se trate.

Por las razones anteriores, y teniendo en cuenta que nuestros registros sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales son solamente indicativas de una realidad notablemente más grave, la experiencia de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia – Europa – Estados ha constatado que la información y los datos sobre el tema, que sea aceptablemente ajustada a nuestra capacidad de detectar y reportar las tendencias de estas violaciones, solamente podemos ofrecerla dentro de un lapso de 8 meses, aproximadamente, con posterioridad al periodo registrado.

Adicionalmente, las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales son siempre dinámicas, en el sentido de que permanentemente se están recibiendo denuncias tanto de casos recientes como de periodos anteriores. Estas razones hacen que los datos puedan cambiar semana a semana. Es por esto que, los datos presentados en el presente informe sobre la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre del presente año son sólo provisionales, y con seguridad será notablemente distintos de los que podamos presentar sobre este mismo semestre en el reporte del mes de marzo de 2009, cuando contemos con registros ya moderadamente consolidados y acordes a nuestra capacidad de detección de este tipo de violaciones a las derechos humanos, que de por sí encarnan circunstancias y modalidades que dificultan la labor de quienes quieran registrarlas.

Dados los altísimos niveles de impunidad que cubren a la gran mayoría de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas, - en las cuales solamente en casos aislados, alcanzan a ser esclarecidas y sancionadas -, nos referiremos en este informe a “registros” o “denuncias” de ejecuciones extrajudiciales y no a ejecuciones extrajudiciales judicialmente probadas. Es decir, técnica y procesalmente se trataría de “presuntas ejecuciones extrajudiciales” así, en muchas de ellas, sean notorias las evidencias de que se trató de homicidios perpetrados por miembros de la Fuerza Pública por fuera de combate o al margen de cualquier situación de conflicto armado.

Por fuera del ámbito procesal, y desde el punto de vista de los familiares o las organizaciones de las víctimas que han denunciado los hechos, la Mesa de Ejecuciones de la CCEEU recibe, sistematiza y reporta dichas denuncias como registros de ejecuciones extrajudiciales. Al igual que en el caso del desplazamiento forzado, en el cual el hecho de que dicho delito solo haya sido probado judicialmente en una docena de sentencias no habilita para desconocer que esta realidad afecta a casi 4 millones de colombianos, también en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, en algunas ocasiones mucho más difícil y riesgoso de probar (puesto que la víctima ya no puede hablar de lo que le haya sucedido), no podemos dejar de constatar que es una realidad actuante y con impactos y alcances dramáticos en la realidad colombiana. En la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, las denuncias que reportamos siempre son contrastadas con al menos un registro escrito, una denuncia pública o constancia de alguna actuación judicial o disciplinaria que la soporte.

4.1. Las Ejecuciones Extrajudiciales entre Enero de 2007 y Junio de 2008.

Los últimos 18 meses transcurridos entre el 1 de Enero de 2007 y el 30 de Junio de 2008 han sido más graves en materia de ejecuciones extrajudiciales, según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU. En este periodo hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002 (en el cual se registraron 669 casos, es decir, una persona cada tres días).

De los 535 casos registrados por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, 117 casos, representando el 21,9% del total de los casos denunciados en este informe, tienen algún tipo de seguimiento jurídico (judicial o disciplinario) por parte de la organizaciones de que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. Del resto, 78,1% no estamos en condiciones de podemos saber hasta que punto hayan sido objeto de algún procedimiento de seguimiento judicial o si permanecen en completo olvido de instancias judiciales encargadas de su investigación y esclarecimiento.

4.2. Regiones más Afectadas por estas Violaciones.

Durante este período Norte de Santander (67 víctimas, 12,4% de los casos) y Antioquia (65 víctimas, 12% de los casos) son los dos departamentos con mayor número de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, representando la cuarta parte de los casos registrados. Norte de Santander, a partir de los numerosos casos denunciados en la región del Catatumbo ocupa durante el 2008 el primer lugar en denuncias sobre estos crímenes, ocupando el lugar que tenía Antioquia durante el año 2007.

Detrás de estos departamentos se encuentran Meta (46 casos, 8,5%); Huila (42 casos, 7,8%); Putumayo (38 casos, 7%); Cauca (35 casos, 6,5%); Arauca (31casos, 5,7%); Caquetá (25 casos, 4,6%) y Casanare (24 casos, 4,4% de los registros) ocupando los primeros puestos en denuncias de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Resulta preocupante constatar que estas regiones, prácticamente, coinciden con las regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia, y son, con alguna excepción, departamentos en donde se viene implementando la Doctrina de Acción Integral a través de la implementación de los denominados Comandos de Coordinación de Acción Integral – CCAI.

Preocupa también, el hecho de que comparando los años 2006, 2007 y lo corrido del 2008 se mantiene constante la presencia entre los primeros lugares en número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales departamentos como Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Huila y Putumayo, lo que parece demostrar que no parece estarse llevando a cabo la medida de separación preventiva del servicio activo de mandos militares de estas regiones, en las cuales los registros aportan elementos fidedignos para llevar a pensar que dichos mandos pudieran estar involucrados repetidamente en violaciones graves a los derechos humanos, con consecuencias fatales para los pobladores de estas regiones.

Sin embargo, el reciente relevo del cargo de 3 coroneles comprometidos presumiblemente en la desaparición y muerte de los jóvenes de Soacha, se muestra como un avance en sentido, que de consolidarse, podría inhibir la comisión de ejecuciones extrajudiciales las zonas mayormente afectadas por este tipo de prácticas. Constatamos que después algunas medidas tomadas en el último año y que han afectado a algunas autoridades militares en departamentos como Meta, Casanare, Córdoba o Arauca se ha notado reducción en los meses recientes en tales violaciones. Sin embargo, en departamentos como Putumayo, Huila, Cauca, Quindío y Tolima, las denuncias vienen en aumento y deben objeto de especial preocupación para impedir que estos hechos sigan cometiéndose.

Notas

(1) Entre julio de 2002 y diciembre de 2007 por los menos 23.814 personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica. Esta cifra incluye las personas muertas en combate.

(2) Dentro del grupo mujeres, están incluidas niñas y adolescentes.

(3) La situación es tan grave que el propio presidente de la república reconoce que frecuentemente las Fuerzas Armadas le han mentido en casos donde hay involucrados militares con homicidios fuera de combate. En una intervención en la Universidad Militar el Presidente dijo que "Un día nos hacen quedar mal en Guaitarilla, después nos hacen quedar mal en Cajamarca, ahora nos hacen quedar mal en Soacha” (http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/jalon-de-orejas-de-lvaro-uribe-a-los-militares-por-derechos-humanos_4628361-1). Una semana antes el presidente había expresado que lo hecho decir mentiras sobre los disparos de la policía en el Departamento de Cauca, donde murieron varios indígenas, durante la movilización de las comunidades indígenas, así como había reconocido que le habían mentido con respecto al uso ilegal de emblemas humanitarios en la denominada Operación Jaque.


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