CEPRID

El desplazamiento forzado

Lunes 20 de octubre de 2008 por CEPRID

CARLOS SÁNCHEZ RAMOS

Voz

Caracteres de los desplazados

El ánimo de los colombianos ha sido conmovido una vez más por la divulgación de las cifras relativas al desplazamiento forzado. Esas cifras han llegado a niveles no imaginados. «El número de personas, familias, comunidades y sectores sociales que han sido forzados a abandonar su lugar habitual de residencia o de trabajo ha crecido exponencialmente», dice Alfredo Molano al citar un informe especial de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos. «El acumulado alcanza la cifra de 3´662.642 personas, que equivalen a un 9.1% de la población colombiana. Una catástrofe que se llama legalmente crisis humanitaria crónica y sostenida». Colombia es así el país donde existe el mayor número de personas afectadas por el desplazamiento interno en el mundo. La mayoría de víctimas son mujeres (58,2%). EL 42 % son mujeres menores de 18 años. Casi la mitad de los hogares (47,1%) están a cargo de una mujer. La población involucrada es joven: el 72% cuenta menos de 25 años. El nivel cultural es bajo; un 16.05% carece de educación y un poco menos de la mitad cuenta con instrucción primaria. Son de procedencia campesina, asalariados en buena parte. Un 69.7% disponía de vivienda propia. Alrededor de 1.200 personas provienen de Comunidades indígenas agredidas. Una característica notable es el desconocimiento de sus derechos fundamentales como ciudadanos.

Los desplazados y el conflicto social

«Solamente dentro de la comunidad con otros tiene todo individuo los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos. Solamente dentro de la comunidad es posible por tanto la libertad personal». De la consideración de este principio, que encontramos en La Ideología Alemana, podemos extraer las implicaciones básicas que tiene el desplazamiento para toda la población afectada, y principalmente para los niños y los jóvenes. Seria un error desde luego contemplar la comunidad en abstracto. Las comunidades ubicadas en extensas zonas del territorio nacional viven agitadas por el conflicto social armado que estalló cuando en la segunda administración del Frente Nacional una comunidad campesina fue agredida por el Ejército Nacional, respaldado por fuerzas norteamericanas. Los campesinos de Marquetalia se organizaron como guerrilla para defender el derecho a la propiedad y a la explotación de la tierra contra el designio de reservar ese derecho de modo exclusivo para las clases dominantes coaligadas en el llamado Frente Nacional. El movimiento campesino armado se extendió por todo el país y, para detenerlo, las oligarquías decidieron fortalecer los batallones oficiales con la ayuda de bandas paramilitares; pretendían ocultar la participación de las fuerzas estatales en la perpetración de crímenes atroces en el curso de una guerra sucia.

Más que enfrentar a la guerrilla, los paramilitares optaron por aniquilar las comunidades campesinas señaladas como supuestos apoyos de los frentes guerrilleros. La lucha de clases se manifestó como una guerra de exterminio destinada a someter a los colombianos al poder oligárquico; masacres, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajuicio, bombardeos, expulsión de comunidades obligadas a huir fueron las proezas realizadas por las armas oficiales y por las paraoficiales. Llegó así un momento en que los paramilitares consideraron llegada la hora de coronar su obra y de pasar la cuenta de cobro a sus patrocinadores políticos, narcotraficantes, banqueros y terratenientes. Vinieron las desmovilizaciones aparentes, la impunidad, las maniobras para mantener en secreto el nombre los autores intelectuales de la violencia criminal, etc.

Víctimas de la violencia oficial

La suerte de los desplazados viene determinada por las circunstancias anotadas. Son un verdadero trofeo de las oligarquías y de sus agentes violentos. Es por eso que se hallan privados de los derechos y las libertades que les reconocen el derecho internacional y el derecho interno; es por eso que son víctimas de la discriminación más aberrante. Fue ilustrativa la intervención del Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Amerigo Incalcaterra cuando dijo: «Los miembros de la población desplazada no pueden convertirse, como efecto de su injusta condición, en personas de segunda categoría o de ciudadanos a medias, privados en su existencia cotidiana del ejercicio, el goce y el disfrute de los derechos a través de los cuales desarrollan sus facultades ontológicas de autonomía, de participación y crédito …. Desafortunadamente la Oficina ha observado que un buen número de las personas desplazadas en Colombia afrontan condiciones de existencia con las cuales se hace patente la pérdida de su integralidad ciudadana. Ello revela sin duda graves deficiencias en el diseño y la puesta en práctica de las políticas públicas de atención al desplazamiento forzado» Concluía el señor Incalcaterra que «los desplazados no solo son víctimas de la acción de los violentos sino de una inobservancia del deber de garantía que pesa sobre las autoridades del Estado en virtud de sus compromisos internacionales y de sus atribuciones constitucionales ».


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