CEPRID

Colombia culpable de crímenes contra la humanidad (Parte I)

Martes 30 de septiembre de 2008 por CEPRID

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION

Reunido en Bruselas en el Parlamento europeo, los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2008, el Tribunal Internacional de Opinión, después de haber tomado conocimiento de los veredictos de diversas sesiones y audiencias de varios Tribunales Internacionales de Opinión, que tuvieron lugar entre los años 2003 a 2008 y después de haber oído las declaraciones de más de veinte testigos de varios movimientos sociales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que entregaron una abundante documentación, el Tribunal concluyó que se trataba de crímenes de Estado.

El Jurado Internacional constituido por François Houtart de Bélgica: Presidente, Carmencita Karagdag de Filipinas, Ulrich Duchrow de Alemania, Patricia Dahl de Estados Unidos, Mierille Fanon-Mendéz de Francia, Moira Gracey de Canadá, Carlos Gaviria de Colombia y Jose Luis Nieto de España.

Los hechos y las exposiciones fueron reunidas por movimientos de victimas, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, indigenas, mujeres, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, minorías sexuales, organizaciones religiosas y organizaciones internacionales de solidaridad con Colombia y por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia.

LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECLARACIÓN

La documentacion recibida comprendde los siguientes documentos: Documento sintesis del Tribunal Permanente de los Pueblos Ponencia sobre ejecuciones extrajudiciales Informe del veredicto de la Audiencia indigena Video de la Audiencia de Buenaventura sobre la poblacion afrodescendiente Video sobre la problematica minera en el Norte del Cauca Video sobre desplazamiento de poblacion afrodescendiente en Olai Herrera Informe sobre el Pacifico Colombiano: El caso Naya La población afrodescendiente entre la guerra y el odio Informe de la Coalición de Movimientos y organizaciones sociales sobre el Derecho y la libertad de expresión, opinión y asociación en Colombia. Veredicto del Tribunal del Sur de Bolivar Video sobre el desalojo de familias en barrios de Bogotá, acompañado del informe de la situación de las victimas de los crimenes del sector financiero. Informe sobre Discriminacion y/o indiferencia del estado presentado en el Senado de la Republica Informe sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Arauca Libro sobre Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Colombia. Veredicto del Tribunal del desplazamiento forzado. Informe sobre la situacion de violacion de Derechos Humanos de Fensuagro-CUT Video sobre los asesinatos y violaciones de Derechos Humanos en Buenaventura. Sintesis de actas de acusaciones de los diferentes Tribunales de Opinión que se realizaron en Colombia en los dos ultimos años. Veredicto del Tribunal Internacional de Opinion sobre desplazamiento forzado en Colombia. Documento sobre la situacion de las mujeres y anexos de los casos de mujeres en situación de desplazamiento forzado. Casos recientes de asesinatos, reclutamientos y desaparecidos en Ciudad Bolivar Casos presentados en el Tribunal Internacional de Opinion sobre la desaparicion forzosa Casos presentados en el Tribunal Internacional de Opinion sobre el desplazamiento forzado. Videos de los Tribunales realizados hasta la fecha.

Los testimonios que se escucharon hicieron referencia sobre los siguientes aspectos:

Los Derechos Humanos en Colombia, por el Senador Alexander López Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Las conclusiones y los retos futuros del Tribunal Permanente de los Pueblos por Gianni Tognoni Situación de los pueblos indígenas en general y del pueblo Kankuamo en particular por Gilberto Arlant, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La generalización de las Ejecuciones Extrajudiciales y los mecanismos de impunidad por Byron Góngora Arango, de la Corporación Jurídica Libertad. Las políticas de desplazamiento, discriminación y represión de la población afrodescendiente por José Santos Caicedo Cabezas de Proceso de Comunidades Negras. Informe de la violación a los Derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación por Omar Fernández, de la Coalición de Movimientos Sociales. Las violaciones de los Derechos Humanos en Bella Cruz- Sur del Cesar por Ariel Toscano y Darling Jhulieth Narváez. Las violaciones a los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar por Efraín Muñetón Los Vivienditas, victimas de los crímenes del sector financiero, por Juan Rodríguez de la Red de Colombianos Unidos por la Defensa de los Derechos Constitucionales. Las violaciones por identidad de género y violencia sexual por Robinson Sánchez Detenciones masivas en Arauca, por Sonia López. El exterminio del movimiento campesino por Eberto Díaz de Fensuagro. Violaciones a los Derechos Humanos en Buenaventura por Winston Barahona. Exposición sobre los principales puntos reflejados en las actas de acusación de los Tribunales de opinión que se celebraron en Colombia en los dos últimos años por Lilia Solano, Coordinadora del Tribunal Internacional de Opinión. Informe sobre asesinato de sindicalistas por Amanda Rincón de la Federación Colombiana de Educadores y Diego Alonso Arias y Oscar Figueroa.

Se invito al Embajador de Colombia en Bruselas, Sr. Carlos Holmes Trujillo para ofrecer el punto de vista del Gobierno sobre la situación de los Derechos Humanos. A pesar de haber recibido la invitación y tener prevista su comparecencia para el martes día 16 a las 14h 30 no se presento.

1. El contexto socio-político de la violación de los Derechos Humanos en Colombia

Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. La injusticia social, imperante desde el periodo de la colonia, se profundizó durante el periodo neoliberal. Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo.

Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina, siendo un país rico con un crecimiento anual del 7 %. La lógica neoliberal que promueve un crecimiento espectacular de más o menos 20 % de la población se aplica perfectamente al país. El 0.3 % de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas.

Desde el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y el partido conservador, reflejos de la burguesía y de la oligarquía, han dirigido el país desde el siglo XIX, en alternantes más o menos regulares, concluyendo a veces un pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el Frente nacional). No han permitido nunca la expresión de una alternativa política. Cada vez que un líder político podría presentar la esperanza de un cambio real, la iniciativa se termino por un asesinato o una muerte violenta: Jorge Eliécer Gaitán, Camilo Torres, y más recientemente Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo.

Uno de los casos más contundentes de esta voluntad de impedir toda alternativa política es la eliminación física de más de 3000 cuadros de la Unión Patriótica, se ha hablado a este respecto de genocidio político.

La injusticia social, el monopolio del poder político, la imposibilidad de una alternativa real, explican entre otros factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a principio de los años sesenta, después de la Guerra civil destacada entre liberales y conservadores por el asesinato de Gaitán, conocida como el periodo de la “violencia”, que causó 300.000 muertos.

A partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico como sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país, se volvió en un componente de la realidad político-económica de Colombia. Se organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción y en casi en todos los sectores de la economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno.

A lo largo de un conflicto de más de 40 años, los métodos de las organizaciones guerrilleras, se han degradado pasando por el cobro de impuestos al narcotráfico hasta las retenciones a civiles.

Desde los años sesenta, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a ampliar una estrategia paramilitar ya utilizada por los terratenientes, para combatir ideologías disidentes legalizando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas de los 80s y de los 90s y se prolonga hasta hoy. Estos grupos paramilitares han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más condenables de represión de la población civil: masacres colectivas indiscriminadas y selectivas, desapariciones forzadas y torturas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas.

Desde el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos ha ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de la lucha contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir de 1998 de “ Plan Colombia” y se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia. El “Plan patriota” y la consolidación del “Plan Colombia” persiguen los mismos objetivos, en un país de gran importancia geoestratégica para los intereses del imperio del Norte.

Con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de la “Seguridad Democrática”. El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto. Desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos y políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informantes, soldados campesinos, entre otros.

A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que de hecho revelaron ser una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La ley 975 del 25 de Julio de 2005, denominada de “Justicia y Paz”, permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones de la Corte Constitucional en 2006, que los principales jefes paramilitares escaparán a las sanciones incurridas por crimines de una particular gravedad. Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo de 2008, con la extradición de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes.

La complicidad del aparato estatal civil y militar y con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la Justicia que investiga actualmente a decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo al propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los organismos paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la cárcel. Entre las dos opciones posibles para el gobierno, negociar con la insurgencia y enfrentar el paramilitarismo o profundizar la Guerra contra la insurgencia y aliarse con los paramilitares, se escogió claramente la segunda.

Lo que aparece con evidencia, es un sistema político al servicio de las oligarquías de la sociedad y de los intereses económicos internacionales, utilizando formas e instituciones democráticas para, de hecho, funcionar de otra manera, desemboca sobre una lucha implacable contra los movimientos sociales populares y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y en forma muy grave con el asesinato sistemáticos de líderes sindicales.

El ejemplo más reciente de esta política se puede comprobar con la posición del Presidente Uribe a propósito de la huelga de los obreros azucareros del Valle del Cauca, que luchan por mejorar sus pésimas condiciones de trabajo y por la defensa de la biodiversidad y de los cultivos alimentarios contra la expansión de la caña para los agrocumbustibles. Declaró el Presidente Uribe: “ para sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso movilicen a todos los soldados de la patria”. El gobierno actual se inscribe en la continuidad de este modelo, apoyado por las empresas multinacionales, incluidas las europeas, apoyadas militarmente por los Estados Unidos y ayudado y tolerado por las instituciones europeas.

2. Los testimonios

Entre los testigos, trece provenían de los sectores más vulnerables y más golpeados por la violencia de la sociedad política colombiana. Testificaron de los numerosos crímenes: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas, desplazamientos forzados, arrestos y detenciones arbitrarias, y todo ello con una impunidad, prácticamente institucionalizada y literalmente inscrita dentro del sistema jurídico. La ejecución y la negación de estos hechos es ya un crimen en si mismo. La ley de Justicia y Paz, ofrece la inmunidad a cambio de una confesión, de devolver los bienes ilegalmente adquiridos y la desmovilización, funciona de hecho como reforzamiento de la red de los paramilitares, estableciendo una apariencia de justicia. Como lo decía un testigo, “Cada vez que hacemos denuncias a entidades judiciales, las cosas empeoren”. Otro decía “Ellos venían antes con botes y uniformes, ahora están en las oficinas públicas”.

Recordamos que la practica de la utilización de paramilitares ya fue utilizada en la Europa del siglo XX, cuando gobiernos, como el de la Alemania nazi, con los Freikorps, de Italia fascista con las camisas negras y de Gran Bretaña con los Black y Tans, organizaron la colaboración de los ejércitos y de altos miembros del poder político con estos grupos. Actuaban para combatir todos los que acusaban de ser antipatrióticos o comunistas y también los obreros que se organizaban para garantizar sus derechos.

El proceso colombiano de impunidad esta funcionando desde el nivel nacional hasta el local. No hay investigaciones en los lugares donde las violaciones ocurren. Varios miembros de los movimientos sociales que recolectaron datos sobre los asesinatos, las desapariciones forzadas y los desplazamientos, afirmaron que ningún caso resulto en una condena, y que pocos fueron llevados a una corte de justicia.

Exmiembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están presos por sus vínculos con los paramilitares y los narcotraficantes. Según los testimonios, en Colombia las inversiones nacionales e internacionales se apoyan para su seguridad, sobre fuerzas paramilitares para asegurar sus intereses y para la expropiación de tierras. Un testigo nos comentó: “…sin la tierra no somos nada, no queremos ser esclavos en sector urbano por un suelo…”

La ausencia de reforma agraria que hace que 15 mil personas posean más de 49 millones de hectáreas cuando 1,5 millones de familias no poseen nada, todo esto también ha generado el desplazamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes, así quedó confirmado.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes son vulnerables por ocupar territorios ricos en términos de recursos, una riqueza que ha llegado, en las palabras de un testigo: “a ser una carga pesada y una maldición”. El mismo añade “Nuestra tierra es la vida; nuestras vidas son la tierra.”

Los pueblos indígenas continúan luchando por sus tierras. Cuando el presidente Uribe declaró que el racismo y la discriminación no existe en Colombia, líderes de las comunidades entregaron una propuesta al Senado sobre las prácticas discriminatorias. Repetidamente les fue rechazada. La lógica del gobierno fue que la propuesta no era necesaria, dado que no hay racismo ni discriminación. “A nosotros nos tratan de personas sin ningún valor. Así que nos pueden eliminar como les conviene.”

En conformidad con la práctica histórica de otros grupos paramilitares, las fuerzas armadas de Colombia reciben entrenamiento en instituciones militares extranjeras, tales como Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, para difamar cualquier grupo que represente un desafío al control de las élites. Los que se organicen a propósitos de su situación son tildados como colaboradores o miembros de la guerrilla, lo cual supuestamente justifica las atrocidades cometidas en su contra. Repetidamente, son presentados como guerrilleros, y se les adjudican armas puestas por los mismos militares en sus cuerpos o cerca de ellos. Entonces se afirma que murieron en combate. Otras personas aunque no se organizan, presentan un desafío al orden establecido de otra manera y también los convierten en objetivo de las violaciones. Pequeños comerciantes y vendedores ambulantes son atacados o desaparecidos. Indigentes se ven obligados pagar cuotas para “protección”. Las minorías sexuales como grupo son un blanco claro de amenazas y ataques. Los maestros, vistos como una fuerza importante en Colombia, viven bajo represión y ejecuciones extrajudiciales. Paramilitares se acercan a administradores escolares y les prohíben apoyar cualquier resistencia. Los asesinatos de educadores hasta la fecha en este año 2008, ya exceden, los que sufrieron el año anterior. “Nos quieren romper la espalda a los maestros.”

Arauca, un departamento con grandes depósitos de petróleo, ubicado en la frontera con Venezuela, ha vivido un rango completo de abusos. El 2007 vio el número más alta de violaciones de las últimas décadas. Se han aumentado las fumigaciones con el pretexto de erradicar la droga, aunque las comunidades propusieron erradicar la coca a mano a cambio de mejoras de infraestructura para que pudieran comercializar cultivos legales, pero el Estado lo negó. La militarización de la vida cotidiana se ha vuelto normal.

Reuniones de grupos estudiantiles, comunitarios, laborales, hasta de padres de familia, están interrumpidos por militares quienes toman fotos de los participantes. Las fuerzas públicas llevan a cabo programas escolares en que visten los niños en uniformes militares y les hacen “soldados” por un día. Familiares de líderes sociales están controlados y fichados y la información entregada a los servicios de inteligencia. Un ejemplo ofrecido a este Tribunal, fue sobre una fiesta social, interrumpida por la fuerza públicas quienes preguntaron “¿Quienes son culpables?” – una referencia a la guerrilla. Capturaron a 93 personas, los esposaron y los llevaron al cartel de la XVIII Brigada. De este grupo, 43 fueron acusados de varios crímenes y de ser miembros de la guerrilla. Sufrieron prisión por 15 meses y luego fueron puestos en libertad. Como un testigo nos comentó “Es una cosa venir aquí para hablar de esto y otra cosa volver a Colombia a vivirlo. Volveré para oír de otro masacre.”

Las victimas del sector financiero, denunciaron que Colombia es el único país del mundo, donde los créditos hipotecarios para vivienda se cobran con tasas de interés tan altas que provocan desde la ruina, hasta la desintegración y desplazamiento familiar y el suicidio masivo de sus usuarios.

A pesar de todo eso, las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias siguen luchando para construir una vida digna. Los Derechos Humanos han llegado a significar el derecho a la vida, primero, y los derechos económicos a la alimentación y vivienda, salud y educación. En algunos lados de Colombia, también se lucha por otro derecho: el derecho de vivir sin las cadenas de un modo económico parasítico de producción. En las palabras de un testigo, “Sin la tierra no somos nada. No queremos ser esclavos en sector urbano por un sueldo.”


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