CEPRID

Bolivia: Latifundistas declaran guerra por la tierra para conservar poder económico

Sábado 20 de septiembre de 2008 por CEPRID

Miguel Meléndres y Redacción La Época

Financian bloqueos, tomas de instituciones públicas en una oleada de acciones racistas y fascistas para llevar al país a la confrontación. El Gobierno se mantiene firme en su decisión de promover la equitativa distribución de tierras para acabar con una estructura que beneficia solamente a élites empresariales nacionales y extranjeras que acumulan riquezas que avergüenzan a Bolivia.

Está comprobado que los latifundistas están dispuestos a vender muy cara una derrota anunciada en defensa de extensas zonas que se adjudicaron ilegalmente en las llanuras del oriente boliviano merced a favores de las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales que se encaramaron en el poder desde la década de los años 70.

Con el advenimiento al poder del presidente Evo Morales Ayma en enero de 2006 tras lograr una contundente victoria en las urnas, los rumbos hacia una justicia social y un acceso igualitario a la riqueza están más cerca y eso lo saben los terratenientes nacionales y extranjeros que creyeron ser dueños de los recursos naturales perpetuamente para beneficiarse y acumular riquezas que las ostentan sin desparpajo.

Por ello es que ahora decidieron infiltrarse principalmente en Comités Cívicos y Prefecturas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, bajo la máscara de demandas regionales, para instalar trincheras de lucha cuyo único objetivo es desgastar y acabar con un proceso de revolución democrática y cultural cuyos pilares son la equidad y la justa distribución de la riqueza.

Desde esas zonas han incrementado gradualmente sus virulentos ataques con el fin de convertir a Bolivia en un polvorín de violencia sin importarles si frenan el desarrollo o desangran al país. Todo es válido para mantener su poder económico. El poder político que utilizan a través de las Prefecturas y organizaciones cívicas es coyuntural y les sirve solamente para sus fines. Queda claro así que el tema central de oposición a la transformación estructural del Estado boliviano es el poder ligado a la tierra, como recurso natural.

El Director Nacional de Tierras, Cliver Rocha, evidencia esta situación y afirma que estos sectores minúsculos que ostentan grandes extensiones de hectáreas podrían llegar a despojarse de los poderes políticos y sociales, pero jamás renunciarán al poder que les da la apropiación de la tierra.

Mientras el nuevo modelo económico y social que implementa el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma considera que el sujeto histórico que debe beneficiarse de la descentralización y las autonomías es el pueblo en su conjunto a través de mecanismos de redistribución del poder y de riqueza, la derecha latifundista enmascarada bajo comités cívicos, propone su visión democrática a partir del control de la tierra y de los recursos naturales que no quieren compartirlos con nadie.

Triste ejemplo es la historia de Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien no está dispuesto a ceder la Laguna Corazón, un pedazo de tierra y agua pertenecientes a los guarayos, uno de los pueblos indígenas históricos del país. En su remedo de discurso político, este dirigente cívico proclama una falsa autonomía regional que busca solamente beneficiar a las élites del latifundio, de las que es uno de sus máximos representantes en la denominada media luna, como sucedió con los modelos económicos que se implantaron en el país los pasados años.   Desestructuración de capacidades

La historia boliviana nos enseña que los modelos colonial primero y neoliberal después no obtuvieron los resultados esperados por la sociedad y, por el contrario, beneficiaron exclusivamente a un grupo de familias. El patrón productivo implantado en el  agro por el modelo neoliberal, según el Plan “Revolución Rural, Agraria y Forestal” del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, desestructuró las capacidades del Estado para intervenir en el proceso productivo, provocó el desincentivo a la producción de alimentos e impulsó la producción de cultivos industriales articulada a mercados de exportación. Además, aumentó la dependencia alimentaria y la libre importación de los productos básicos alimentarios, apostó por el desarrollo de un solo actor rural y fomentó el deterioro de los recursos ambientales, generando desequilibrios económicos, ambientales, sociales y regionales.

Desde el año de 1985, las políticas públicas y el apoyo financiero rural se orientaron a potenciar especialmente al sector empresarial agroexportador, lo que incrementó la superficie cultivada de los empresarios. Del otro lado, el sector campesino y originario, que tradicionalmente se dedica a la producción de alimentos, no recibió ningún impulso.

Autonomías regionales xenofóbicas

Bajo el mismo concepto de los modelos tradicionales mencionados y ahora con el objetivo de controlar el territorio y disponer de las tierras a su conveniencia, los estatutos autonómicos en el oriente boliviano reconocen algunos derechos a los indígenas “mientras no afecten el derecho de los latifundios agrarios en las tierras bajas”.

El Director de Tierras, Clíver Rocha, considera que los “autonomistas” dicen reconocer a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s) de manera simbólica, pero no a los territorios o a las entidades territoriales autónomas. “Con el concepto de ciudadanía homogénea en Santa Cruz, accederían a la tierra los Antelo, los Roca y de la misma forma los Bailaba, los Urañavi o los Guasase. Habría que preguntar si realmente eso se va a dar porque en realidad, los Antelo tienen miles de hectáreas y los Bailaba nada. Lo que creemos es que existe una parcialización xenofóbica y discriminadora en contra de los indígenas en Santa Cruz y sus estatutos lo expresan. Por el contrario, esa aparente igualdad que se quiere mostrar profundiza la discriminación”, dijo. Los cambios que los terratenientes no quieren afrontar

El afán de esas autoridades regionales y cívicas se focaliza en preservar sus tierras. Estos sectores lanzaron un estatuto autonómico aprobado sin respaldo constitucional que busca la federalización del país y principalmente, el control de la tierra, otorgando a las Prefecturas –bajo el concepto de Gobernaciones-, competencias para “titular tierras con carácter de Estado y de manera irrevisable”, según el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), César Navarro.

Una prueba de ella es el intento del latifundista Branco Marinkovic, que con la venia del prefecto cruceño Rubén Costas, quiere beneficiarse con 26.000 hectáreas de tierras indígenas.

Un estudio realizado en enero por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que en Bolivia existe más de un centenar de poderosos clanes familiares que acumulan 25 millones de hectáreas de tierra y controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, que actualmente han instalado trincheras para oponerse al proceso de cambio que encara el Gobierno de Evo Morales.

Normas contra el acaparamiento de tierras

Con esta realidad, el Estado tuvo que intervenir para buscar mayor equidad y justicia. Implementa modificaciones a la Reforma Agraria y ejecuta el Plan Revolución Agraria y Reconducción Comunitaria. En diciembre pasado, diez agrupaciones políticas con representación en la Asamblea Constituyente incluyeron en la propuesta de nueva Carta Magna una sección específica (capítulo noveno) sobre la temática Tierra y Territorio que reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social.

La Reforma Agraria y la Reconducción Comunitaria priorizan el reconocimiento legal de los derechos, de la igualdad y de la justicia a favor de los despojados históricamente. “Obviamente, se hace en el tratamiento integral del conjunto de la sociedad. Pero los despojados están siendo priorizados sin discriminar a los segundos”, explicó el director de Tierras.

Con las normas impulsadas desde 2006, se dieron importantes pasos para salir al frente contra el neolatifundio apoyado por el modelo neoliberal, por la prebenda y por la corrupción.

El proyecto de Nueva Constitución señala que las tierras fiscales serán dotadas a indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente. Prohíbe las dobles dotaciones y la compraventa, la permuta y donación de tierras entregadas. Por ser contraria al interés colectivo, prohíbe la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra.

El artículo 396 de la nueva Carta Magna subraya que el Estado regulará el mercado de tierras y evitará su acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la Ley, así como su división en superficies menores a la fijada para la pequeña propiedad. “Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado”, añade. Prohíbe específicamente el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país.

La actual estructura agraria muestra que el 90 % de la tierra es controlado por el 10 % de propietarios que no son ni indígenas ni campesinos. Por el contrario, el 90 % de la población no tiene más del 6 % de la tierra. A partir de esta estructura de propiedad que tenemos hoy, los despojados siguen siendo campesinos e indígenas, aunque está cambiando gradualmente con las demandas de TCO´s. La nueva Constitución prioriza a los sectores hasta ahora excluidos y busca beneficiarlos con la redistribución de la tierra, sin afectar a los que la han trabajado.

“Definitivamente, las tierras fiscales se redistribuirán a favor de los más excluidos. La redistribución de tierras fiscales es comunitaria porque expresa mejor los intereses colectivos de la comunidad. A partir de ello se puede estructurar todo el Modelo de Desarrollo Económico Social, expresado en el Plan sectorial de Desarrollo Rural y fundamentalmente sostenido en una Constitución que reconozca este pluralismo de la propiedad y de las iniciativas privadas y de las prácticas de las instituciones ancestrales de los pueblos de las naciones indígenas originarias, colonizadores y campesinos”, argumentó Rocha.

Confrontación por la tierra

La acérrima oposición y el enfrentamiento al todo por el todo de los poderes económicos empezaron cuando interviene el Estado con el impulso al Plan de Revolución Democrática y Cultural, a través de la Revolución Agraria y Reconducción Comunitaria y afectó la concentración latifundista de la tierra y puso en peligro el poder patronal vigente en la época republicana, uno de los resabios de poder en la época neoliberal con el acaparamiento de los recursos naturales especialmente en Santa Cruz.

Las autonomías tienen la intencionalidad de acabar con el Estado y llevarse sus competencias, en especial la de la administración de tierras. Es lo que más les interesa a estos modelos autonómicos patronales que se oponen  al proceso de cambio que lleva el presidente Evo Morales, según el Viceministerio de Tierras.

Con ese objetivo se incrementaron acciones de una sublevación y una resistencia terrateniente a la aplicación de las Leyes sobre los recursos naturales que intentan impedir la redistribución de los latifundios agrarios y la redistribución de la tierra. Para Clíver Rocha, se trata de ponerse en contra no sólo del cambio de estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra, sino de la estructura social y del Estado porque el poder de la tierra expresa el carácter de las relaciones sociales.

“Eso se ve con claridad en los círculos políticos del país. Todos los senadores de la oposición, los prefectos y sus demandas se vinculan a la tierra; el sistema político y la oposición están vinculados al poder de la tierra. La Reforma Agraria apenas es un instrumento ordenador de la tierra y de la propiedad para una transformación económica y social de las relaciones de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad. Los terratenientes se están jugando la vida para impedir este proceso al defender el modelo patronal”, especificó la autoridad. El Gobierno está convencido que si se logra redistribuir y transformar la concentración de la tierra en pocas familias, nacerá una nueva sociedad boliviana, más democrática e igualitaria, lo que permitirá la democratización del poder. A la pregunta de si se prevé que el conflicto por la tierra se agudizará en la medida en que se acerca la aprobación de la nueva Carta Magna, el director de Tierras aseguró que con el planteamiento en profundidad de una reforma agraria que no se limita sólo a transitar por las estructuras del derecho a la propiedad sino en la transformación nacional -como en varios países como Perú, Chile, Brasil, Centroamérica, donde se generaron profundas revoluciones como la propuesta por Bolivia- es lógico pensar en una desencajada resistencia, persecución, militarización, hechos violentos contra personalidades, dirigentes campesinos e indígenas.

“Por un lado, el Gobierno reafirma su revolución transformadora. Por el otro, existe con esta misma fuerza y resistencia un poder económico solventado desde afuera,  principalmente de Estados Unidos, que lucha por una contrarreforma agraria de la mano de los estatutos autonómicos”, dijo.

Cabría pensar hasta qué punto el Estado puede darles atribuciones sobre la tierra a través de las prefecturas, en una autonomía legal y consensuada que se pudiera darse en el futuro. La respuesta es contundente: No hay ninguna posibilidad de que las Prefecturas accedan a esa atribución. No sucederá ni en Bolivia ni sucede en otra nación que tenga inclusive estructuras federales más radicales que las propias autonomías por el simple hecho de que los recursos estratégicos y naturales tienen una trascendencia que va más allá que un departamento.

Según Rocha, si el Gobierno aceptase que la disposición y el control del recurso del subsuelo se distribuyera en cada departamento, podrían beneficiarse los que tengan ese recurso y los que no puedan quedarse abandonados y excluidos. Los recursos estratégicos interesan a toda la nación. Están determinando el desarrollo y el futuro de Bolivia porque son la base de la riqueza nacional. Por ello no hay posibilidad de conceder el control de estos recursos en las regiones. “Buscamos un profundo proceso de redistribución del poder y de la riqueza a través de las autonomías y diferimos en que los actuales modelos autonómicos están concebidos bajo un concepto de élite, de logias de poder, de centralización del poder en un grupo reducido”, concluyó.

Diálogo no es impunidad

Editorial del diario La Época ante el diálogo abierto recientemente.

Abrir un espacio de diálogo para frenar la violencia desatada por los grupos paramilitares organizados por la oposición cívico-prefectural, ha sido uno de los mayores logros del gobierno y de instituciones y personalidades que trabajaron arduamente en esa dirección. Por lo demás, un punto alto para el prefecto de Tarija que ha preferido, leyendo bien la realidad de su departamento, optar por las palabras antes que por la violencia.

Los temas del diálogo son altamente conocidos por todos. IDH, proyecto de Constitución y autonomías. Con un poco de apertura se podrá llegar a acuerdos para que los ingresos del Estado beneficien a todos, se los distribuya con criterios de solidaridad, las regiones tengan lo que efectivamente pueden ejecutar y se cuente con un fondo adicional para el desarrollo cuando los recursos presupuestados se los haya empleado con eficacia y eficiencia.

Y con apertura e inteligencia también se podrá avanzar hacia la compatibilización del proyecto de Constitución con los estatutos autonómicos, para de esa manera impulsar un proceso de profunda descentralización necesario e imprescindible para el país, en todos los niveles subnacionales: desde lo departamental hasta lo territorial indígena-campesino. Los estatutos de Tarija pueden ayudar a encontrar la salida en términos de definir con precisión competencias nacionales, departamentales y concurrentes.

Pero en el proceso de diálogo, al principio o al final, está obligado a incorporar el tema de la masacre en la ciudad de Cobija, el accionar de los grupos paramilitares –forjados y entrenados hace más de un año-, la toma de las instituciones públicas y la ocupación de los campos petroleros. Ese es un punto de la agenda que no puede ignorarse, sobre todo por el gobierno, que debe dar su respaldo pleno a la población de los departamentos del oriente, que durante días la ha dejado a merced de los grupos violentos, y a los familiares de las víctimas que claman justicia.

Diálogo no es impunidad, es encontrar salidas en medio del conflicto, pero para que se actúe en base a la legalidad -que existe a pesar del derrumbe del viejo Estado-, a los principios fundamentales de la democracia  y la legitimidad. Esto es importante porque la democracia de la calle, a la que los movimientos sociales y los ciudadanos honestos y patriotas recurrieron en febrero y octubre de 2003, para empezar el cambio de rumbo en el país, no se empañó, a pesar de algunos excesos (toma de ministerios y quema de documentos), con golpes y asesinatos. El pueblo movilizado presionó y logró la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no quemó la casa de ninguno de los ministros o funcionarios de ese gobierno, ni agredió ni mató a nadie.

Los paramilitares, sus jefes y sus brazos operativos, deben ser procesados por los delitos que cometieron. Los paramilitares deben ir a la cárcel.


Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | Espacio privado | Estadísticas de visitas | visitas: 2906732

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio Territorios  Seguir la vida del sitio Latinoamérica   ?

Sitio desarrollado con SPIP 1.9.2p + ALTERNATIVES

Creative Commons License