Bolivia.- Los sótanos de los extractivismos
Domingo 18 de septiembre de 2016 por CEPRID
Eduardo Gudynas
Ideas-Página Siete
Pocos días han pasado desde que un nuevo conflicto minero desembocara en violencia, incluyendo la muerte de cinco personas. El mayor impacto, dentro y fuera de Bolivia, fue el secuestro, tortura y asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.
Muchos aportes se han sumado a las denuncias y acusaciones que se intercambian los implicados y sus implicaciones políticas. Pero estimo que poco se ha analizado sobre los procesos más profundos que explican esta problemática. Allí, en los sótanos de los extractivismos posiblemente estén sus más graves problemas.
Coincidencia extractivista
La dureza de muchas declaraciones podría llevar a pensar que los cooperativistas mineros y el Gobierno están separados por un abismo en sus ideas políticas, en sus concepciones sobre el desarrollo y en cómo entienden la preservación de la naturaleza.
Sin embargo, si se avanza más allá de las apariencias, surge una primera coincidencia fundamental: tanto el Gobierno como las cooperativas defienden estrategias de desarrollo basadas en la apropiación intensiva de los recursos minerales, con la mayor rentabilidad posible, y orientadas a la exportación. Es más, bajo la administración Morales, los extractivismos se desplegaron bajo todo tipo de regímenes de propiedad: estatal, mixta, privada transnacional, privada nacional, cooperativa y hasta informal o ilegal.
El actual conflicto con las cooperativas mineras resulta de un conglomerado que creció tanto que intenta arrebatarle al Estado nuevos privilegios, varios de los cuales no están directamente relacionados con los derechos sindicales, pero sí con mayor independencia para profundizar el extractivismo. Entre sus reclamos están nuevas concesiones mineras, poder comercializar directamente con corporaciones transnacionales sin mayores controles y evitar exigencias ambientales.
Como puede verse no se discute si está bien o mal este tipo de extractivismo minero, sino que los conflictos se deben a quién lo controla, lo pone en práctica o cómo se distribuyen los excedentes. En Bolivia casi nadie renuncia al extractivismo minero (o petrolero, o agrícola) y casi todos coinciden en que es una buena cosa, económicamente jugosa, minimizan sus impactos y aceptan la subordinación a los mercados globales. Por lo tanto, la pelea está en controlar el acceso a esos recursos y en captar la mayor tajada posible de los excedentes económicos que pueden quedar en Bolivia.
Como existe una disputa por el excedente es importante entender ese concepto. En los extractivismos esta categoría es más amplia que la clásica idea de renta, ya que engloba también, por ejemplo, los ahorros que hace una empresa al pagar bajos sueldos o dejar de invertir en descontaminación. El concepto de excedente es también mejor al de renta en tanto no depende de una cuantificación en dinero, ya que hay excedentes sociales o ambientales que la economía todavía no contabiliza (¿cuánto dinero vale un niño contaminado por plomo?).
Explicado esto, puede entenderse que estamos ante una pelea a la vez por ampliar el excedente (como es el reclamo de flexibilizar las exigencias laborales o ambientales) y por controlarlo (quién se quedará con más dinero). Mientras el precio de las materias primas sea alto seguramente habría excedentes para todos y cuando sea bajo, como hoy en día, arreciarán los conflictos. Y será un conflicto sobre todo entre bolivianos.
Las empresas transnacionales entienden esto y esperan. Cuanto más se peleen el Gobierno y los cooperativistas, saben que finalmente conseguirán mayores accesos a esos recursos y con excedentes ampliados. Tendrán los minerales sea por medio de concesiones directas, por intermedio de Comibol, de las cooperativas que subsistan a este debacle o, incluso, desde la minería ilegal. No importa quién extrae el recurso, ya que siempre terminará en manos de esas transnacionales. Una dinámica de una gravedad inusitada que queda oculta detrás de toda la pirotecnia político partidaria.
Violencias y contaminaciones
Otro problema consiste en que nuevamente se evita reconocer que los extractivismos contemporáneos sólo son posibles bajo creciente violencia y violación de los derechos de las personas y de la naturaleza. El reciente caso no es un hecho aislado, aunque despertó mucha atención por el saldo de víctimas y el que una de ellas fuera un viceministro.
Pero las disputas, con refriegas y violencia, se vienen repitiendo desde hace años. Lo que sucede es que muchas pasan desapercibidas en las grandes ciudades porque ocurren en localidades rurales e involucran a campesinos o indígenas. Esto muestra otro aspecto de enorme gravedad que se minimiza: este tipo de extractivismos sólo son posibles en un marco de violencia.
Esa violencia, así como los impactos sociales y ambientales más conocidos, se repiten con actores empresariales convencionales, cooperativistas o sindicalistas y hasta desde el Estado.
Dicho de otra manera, los efectos de estos extractivismos en su mayoría son independientes del tipo de actor que los produce. ¿O es que alguien cree, por ejemplo, que la contaminación minera “estatal” con plomo es distinta de la “privada”? Las comunidades rurales e indígenas y en particular las mujeres, saben muy bien que son idénticas. Queda en claro que carece de fundamento, al menos por ahora, asumir que nacionalizar las actividades cooperativistas solucionará los impactos sociales y ambientales.
El futuro está en salir de los extractivismos
Pocos días atrás, el vicepresidente Alvaro García Linera dijo que el país seguirá por otros 20 años siendo extractivista. O sea, que durante dos décadas se mantendrán estas disputas por el excedente, el contexto de violencia y todos los impactos sociales y ambientales de estas prácticas. Esto expresa otro angustiante problema de fondo , ya que esa posición implica que no es que el Gobierno carezca de alternativas, sino que no sabe cómo pensarlas.
Sin embargo, el cambio urgente está en cómo salir de los extractivismos para no seguir bajo estas violencias o en la dependencia comercial. Entonces, el discurso gubernamental debería ser el opuesto al que enarbola el Vicepresidente y salir de esos sótanos. Tendría que apuntar a abandonar cuanto antes la obsesión extractivista apostando a alternativas genuinas, en aspectos clave como el empleo o la seguridad alimentaria, para no caer en el fatalismo de concebir a la minería como la única manera de sobrevivir.
CEPRID
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