CEPRID

La era Chávez (y III)

Sábado 29 de septiembre de 2012 por CEPRID

Breno Altman, Jonatas Campos y Marina Terra

Opera Mundi/Adital

Traducido por Luciana Taddeo

VIII.- Bajo el comando de Chávez, crece la cantidad y la competencia entre medios audiovisuales

Datos divulgados por el gobierno venezolano contradicen críticas de ONGs de derechos humanos

Al prender la televisión en Venezuela, siempre hay al menos dos versiones antagónicas de los hechos. El canal Globovisión, entre otras empresas privadas de comunicación, suelen criticar cualquier medida del presidente Hugo Chávez, valiéndose de términos radicales y, generalmente, sin ninguna preocupación por oír otra versión que no sea la de los opositores. Su contrapunto es la estatal VTV, la principal del sistema público. Aunque un poco más cautelosa que la emisora adversaria, su grilla de programación es dominada por la difusión de las iniciativas y posiciones gubernamentales.

Este ambiente partidarista no predomina sólo entre los medios audiovisuales. Se refleja en casi todos los medios impresos o electrónicos. La radicalización de la disputa política aparentemente llevó al predominio de editoriales y análisis sobre la información. El lector o espectador adhiere al periódico o a la emisora televisiva de su agrado bajo el mismo criterio con el que elige el partido en que votará, o sea, según la cercanía político-ideológica. Unos son rojos. Los otros, azules. Y quien tiene dudas usa el control remoto.

Pese a la fuerte polarización, no hay registros de monopolización de los medios por parte ni del gobierno, ni de los empresarios. Por el contrario. Las opciones televisivas, por ejemplo, han crecido. Según datos de la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), en 1998 existían 40 concesiones, número que saltó a 150 en 2012, 75 de señal abierta y 75 de cable. Entre los canales de televisión abierta, sólo cuatro son de alcance nacional, otros 71 son estaciones regionales privadas, estatales o comunitarias.

En el espectro radial, de 338 concesiones en 1998, el total pasó a 473 radios privadas y 244 radios comunitarias en 2011. Con estos números, el gobierno de Chávez contesta a las frecuentes críticas de la supuesta falta de libertad de prensa, comúnmente firmadas por organizaciones de derechos humanos o por el gobierno de los Estados Unidos.

El caso de RCTV

El momento de mayor tensión con el gobierno, en este sentido, fue cuando el canal RCTV (Radio Caracas de Televisión), el más antiguo en la televisión abierta, no obtuvo la renovación de su concesión en marzo de 2007 y pasó a operar solamente por cable. Para los opositores, esta decisión se debería a un castigo por la participación de la emisora en el golpe contra Chávez en 2002.

Esta tesis es negada por el gobierno. "Hay libertad de prensa total e irrestricta y, gracias a esta libertad, los medios privados promueven campañas de desestabilización del gobierno”, afirma Andrés Izarra, ministro de Comunicación e Información, recordando el papel de las empresas de comunicación en la insurgencia cívico militar que sacó al presidente del poder por 48 horas.

"Ninguna emisora fue penalizada por este comportamiento. Pero el gobierno no está obligado a renovar la concesión pública a una emisora que, además de tener irregularidad en su documentación, dejó de cumplir con la función social establecida por la Constitución y la ley. Venezuela hizo lo que otras naciones hacen frente a situaciones semejantes: la concesión expira y otra prestadora asume su posición en el dial".

Jesse Chacón, actual director del GISXXI (Grupo de Investigación Social Siglo XXI), comandaba el ministerio de Comunicación cuando el gobierno decidió negarle la renovación de la señal. "Fue la única empresa televisiva que no tuvo su concesión renovada. Evaluamos que era mejor utilizar el espectro para otra finalidad”, dice. "En el mismo período se expiraron las concesiones de Televen y Venevisión, canales igualmente privados y opositores, y éstas fueron renovadas." Aún se discute cuánto el Estado pagará por el uso de los transmisores de la RCTV, cuya señal es actualmente usado por la Teves, canal público de cultura y deportes.

El ex ministro analiza que esta situación es producto de que el desarrollo de la televisión latinoamericana haya seguido el modelo norteamericano y no el europeo. "En los Estados Unidos, la comunicación es un negocio, tratado bajo la lógica de los intereses comerciales, y este fue el paradigma seguido por la mayoría de los países latinoamericanos", resalta. "Los europeos abordaron la información como un servicio público y sus emisoras, al menos hasta recientemente, no podían ser monopolizadas por grupos privados". Para Chácon, ese modelo acaba por transformar a las empresas de comunicación, a partir de concesiones públicas, en protagonistas empresariales de la política. "En la Venezuela anterior a Chávez, si uno quisiera ser presidente del país, tenía que ponerse de acuerdo con el grupo Cisneros (dueño de Venevisión) o con la RCTV", destaca, al referirse a los dos principales canales en ese entonces.

Democratización

Un 80% del espectro televisivo abierto es explotado, según datos del Ministerio de Comunicación, por empresas privadas. "En las radios, las cadenas privadas son hegemónicas, el Estado sólo tiene una estación de alcance nacional y tres estaciones en localidades estaduales”, relata el ministro Andrés Azarra. Para competir con esa hegemonía, el gobierno de Chávez presentó una propuesta de democratización de la comunicación aprobada por la Asamblea Constituyente de 1999. Una serie de leyes reglamentaron este tema. Las dos más trascendentes fueron la que tipificó el funcionamiento de las radios y televisiones comunitarias, en 2002, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada en 2004 por la Asamblea Nacional y reformada en febrero de 2011. La primera creó un marco regulatorio que permitió la expansión de las emisoras locales, impulsadas por consejos comunales, movimientos sociales u otras entidades asociativas. Estos canales, con amplitud limitada de sintonización, forman una red diseminada para la difusión de programas culturales, debates políticos y prestación de servicios.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) obligó a los canales a que cumplan con una cuota mínima del 50% de producciones nacionales entre sus series y telenovelas. Estableció parámetros para la clasificación de los programas por franjas etarias, permitiendo multas y sanciones para la transmisión de escenas de violencia abusiva. También creó el Fondo de Responsabilidad Social, que subsidia la compra de equipos para emisoras comunitarias, dándoles condiciones de disputar audiencia con los grandes grupos mediáticos en sus distritos.

A pesar de no existir un mecanismo de censura previa o limitación de contenido en los noticieros en la legislación, los opositores critican las reglamentaciones establecidas por el gobierno como obstáculos a la libertad de prensa. La respuesta del otro lado es igualmente dura. "Una cosa es libertad de prensa, otra es libertinaje", afirma Chacón. "El gobierno no adoptó ni piensa adoptar ninguna medida que vaya en contra al derecho de expresión. Pero las empresas privadas de comunicación prestan un servicio público y deben ser reguladas para garantizar que todos los sectores puedan recibir y difundir informaciones. Tanto los grupos privados como el Estado y las comunidades. Se terminó la era del monopolio privado de los medios".

IX.- Cinecittà venezolana pretende combatir la ’dictadura de Hollywood’

La Villa del Cine es el primer complejo de estudios y uno de los principales motores de la producción cinematográfica del país Con una mochila en la espalda, un chico de 13 años abandona su casa en ruinas y sigue viaje por la costa venezolana. En el camino, emociona a las personas al narrar la tragedia que marcó su vida y, de esta forma, consigue ayuda para sobrevivir. Sin embargo, cada vez que repite su historia cuenta una versión distinta. Para algunos, dice que busca a su mamá; para otros, dice que ella se sacrificó para salvarlo, cuando no dice que es huérfano de padre. Las mentiras o verdades son conectadas por un hilo conductor: el trágico deslizamiento de tierra registrado en 1999 en el estado de Vargas, en Venezuela, que dejó miles de muertos y desaparecidos.

La película "El chico que miente” (2009), de Marité Ugas, éxito de audiencia y uno de los seleccionados para el Festival de Berlín de 2011, es uno de los más recientes ejemplos del renacimiento del cine venezolano. Parte de esta transformación se debe a las nuevas políticas de incentivo a la producción cultural del gobierno de Hugo Chávez, declaradamente orientadas a la "ruptura con la dictadura de las películas estadounidenses”.

La calidad del cine local, según el cineasta y guionista Diego Sequera, cayó ostensiblemente en los años 90, tanto en cantidad de producciones como en su calidad. "Fue el boom de las películas identificadas con Hollywood, una forma de colonización a través del cine”, dice el venezolano, que trabaja en la Villa del Cine, el primer complejo de estudios y uno de los principales motores de la producción del país.

Ubicado en la ciudad de Guarenas, 33 kilómetros al este de Caracas, el emprendimiento fundado en 2006 ya produjo más de 500 películas – entre largometrajes, cortos y documentales. La mayoría aborda temas nacionales, especialmente íconos o momentos históricos. Lo que llevó Chávez a invertir recursos en este centro fue el hecho, según sus propias palabras, que "los ocho estudios más grandes de Hollywood se reparten el 85% del mercado mundial de cine y ocupan el 94% de la oferta cinematográfica en América Latina”.

Este nuevo perfil de cine fue motivo de críticas de cineastas y productores independientes, que consideran la Cineccità venezolana un instrumento más de la propaganda chavista. Solamente guiones identificados con la izquierda recibirían apoyo. Jonathan Jakubowicz, director que ganó reconocimiento internacional con la película "Secuestro Express”, de 2005, denuncia que la Villa del Cine sólo apoya las obras "que muestren la revolución como la solución de todos los problemas del país, o aquellas sobre historias con los líderes de la independencia, siempre desde la versión que defiende valores que pueden ser usados para celebrar la revolución bolivariana”.

"Ojalá fuese verdad que la Villa del Cine se destina solamente a las películas inspiradas en la revolución", contesta Sequera. "Pero no es así. Muchos opositores al gobierno trabajan allí. Adversarios abiertos del régimen, que tienen libertad total para crear”. Para el guionista, la crítica que debería hacerse es la forma de producción de algunas películas, aún muy influenciadas por el modelo norteamericano. "En 2005, el proceso de industrialización del cine empieza a cambiar las estructuras de producción audiovisual venezolana. No obstante, obras como ‘Miranda regresa’ y ‘La Clase’ traen un formato gringo, de superproducciones. Creo que debería haber más creatividad”, lamenta. La primera película citada por Sequera cuenta la biografía de Francisco de Miranda, uno de los precursores de la independencia venezolana. Con 140 minutos de duración y un presupuesto de 2,32 millones de dólares, involucra a más de mil extras. "Miranda Regresa” fue grabado en Venezuela, Cuba y República Checa. Cuenta con una pequeña participación del actor y militante norteamericano Danny Glover, admirador público de Chávez. "La Clase”, a su vez, narra la historia de un joven violinista de origen humilde que se divide entre la carrera musical y la historia de Venezuela.

Junto a la Villa del Cine, fue creado el curso de la Escuela Nacional de Cine en la UCV (Universidad Central de Venezuela) y la Licenciatura en Artes Audiovisuales en Unearte (Universidad Nacional Experimental de las Artes). La Unearte, creada en 2008, es totalmente orientada a las artes, con cursos de teatro, danza, artes plásticas, música y, desde 2011, cine.

También en 2011, la Villa del Cine abrió el Centro de Formación Profesional. "Hay áreas en las que tenemos un sólo especialista. Eso podría funcionar cuando hacíamos uno o dos largos por año, pero no cuando estamos produciendo 10, 12 o 14 como ahora”, explicó Pedro Calzadila, ministro de la Cultura, a la época de la inauguración. X.- Modelo económico venezolano combina socialismo y mercado Estrategia de Chávez ubica al Estado como principal instrumento del desarrollo económico, pero abre espacio a alianzas con el capital privado y a iniciativas empresariales

Las filas se formaron desde la madrugada. Centenares de personas, y pronto miles, se acomodaban en la Plaza Venezuela, en Caracas, aguardando la apertura del centro comercial Bicentenario, que sería inaugurado aquel día. Pero no era sólo la multitud de consumidores entusiasmados lo que llamaba la atención. El hecho más relevante era que el nuevo templo de ventas tenía como propietario al Estado, ofreciendo más productos y mejores precios que la competencia privada. El propio presidente Hugo Chávez participó de la inauguración. El shopping está ubicado en la misma área en donde el grupo francés Casino, nacionalizado en 2010, pretendía abrir el mayor hipermercado del país. El gobierno mantuvo el proyecto, pero decidió abrir espacio también para tiendas, bancos y farmacias. Más de diez mil clientes pasaron por las góndolas el primer día de funcionamiento, en busca de los casi 20 mil artículos disponibles, de diferentes marcas.

La voracidad de las compras era tan intensa que el gerente del mall socialista, Jóvito Ollarves, tuvo que fijar un límite de mercaderías para cada cliente. "Se trata de un programa social que tiene sus propias normas y restricciones”, explica, mientras camina, intentando administrar el desorden. "Tenemos que controlar para que todos puedan ser atendidos”.

Cambios

El caso del Bicentenario es ejemplo de algunos de los principales rumbos de la economía venezolana en los últimos catorce años: aumento del empleo y renta, crecimiento del papel del Estado, participación subordinada del capital privado y presión inflacionaria del consumo popular. Incluso la aglomeración en las cajas es una buena muestra del proceso. Los cambios avanzan en un escenario de conflictos, tensiones y expectativas.

El paso inicial del gobierno de Chávez fue la ruptura progresiva con los paradigmas de la llamada "Agenda Venezuela”, el programa elaborado por el periodista y economista Teodoro Petkoff cuando era ministro de Planificación del presidente Rafael Caldera, el último de la conocida como IV República. Bajo ese título, la administración del Copei (de centroderecha) ejecutó varias medidas de privatización, incluyendo la industria petrolífera, y de recorte de gastos públicos. Hasta el sistema de seguridad social fue afectado, con el cese del pago de indemnización por tiempo trabajado, entre otras medidas. La ironía de esa historia: Petkoff, hoy opositor, había sido en el pasado un importante líder guerrillero e ideólogo de izquierda.

La política económica de Caldera, al final de cuentas, propiciaba la expansión de las inversiones extranjeras, con vista a los buenos negocios, pero disminuía el consumo popular, restringiendo derechos, limitando servicios ofrecidos por el Estado y desnacionalizando riquezas. En febrero de 1999, cuando Chávez asumió, según datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), la inflación se acercaba al 30% anual, el 80% de la población estaba en la pobreza, y el 39% en la miseria, el índice de desempleo era del 18% y el 37% de los venezolanos sufrían de desnutrición.

Otra de las herencias dejadas por Caldera era el precio del barril de petróleo, que se acercaba a los US$ 9. La principal riqueza del país, de la cual era el tercer exportador mundial, estaba depreciada tanto por la subordinación de la OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo) a los intereses estadounidenses y europeos, como por una serie de leyes que prácticamente hacía de PDVSA, aunque estatal, una empresa al margen del control gubernamental.

Los primeros años, hasta el 2003, fueron complicados. Las energías del gobierno fueron absorbidas en batallas por la transformación del sistema político, que permitiesen restablecer instrumentos de política económica del Estado. Sometida a situaciones de desestabilización, incluyendo el golpe de Estado y el paro patronal de 2002, la producción se derrumbó en tres de los primeros cinco años de gobierno. Se contrajo un 6,1% en 1999, un 8,9% en 2002 y un 9,2% en 2003, para subir un 3,2% en 2000 y un 2,8% en 2001. El balance del primer quinquenio indica una caída de un 17,60%.

La reacción de parte del empresariado y de sus socios internacionales fue una respuesta a las reformas que Chávez adoptó a finales de 2001, especialmente la Ley de Tierras, que dio inicio a la reforma agraria, y la Ley de los Hidrocarburos, que modificaba ampliamente las reglas de propiedad e impuestos sobre el petróleo.

"Las empresas del sector tributaban, hasta entonces, poco más del 1% de impuestos”, relata Nelson Merentez, actual presidente del Banco Central y ex-ministro de Finanzas, un simpático docente de matemáticas que aún encuentra tiempo para dar clases. "El gobierno elevó esa tasa al 33% y hizo de PDVSA socia mayoritaria de todas las compañías del sector, además de poner a la propia estatal bajo su comando. Antes, era un Estado dentro del Estado”.

Sólo en 2003, con la derrota de la paralización empresarial, el gobierno de Chávez pudo apoderarse de la principal palanca para el desarrollo venezolano, el petróleo. Además de eso, el presidente había obtenido acuerdos, en el ámbito de la OPEP, para la reducción de la producción petrolera, con el precio del barril subiendo a US$ 23 en diciembre de 1999 e iniciando una escalada que llegaría a más de US$ 100 en los últimos años. Las condiciones económicas comenzaban a cambiar. El primer objetivo del gobierno, a partir de 2004, fue la expansión de los programas sociales, dando origen a las misiones de salud y educación, entre otras. Además de combatir la dramática situación de pobreza, miseria y destrucción de los servicios públicos que había heredado, ese era también uno de los caminos para aumentar tanto el consumo familiar, como los gastos públicos, generando una fuerte recuperación de la economía, del empleo y de la renta.

La elevación del precio internacional del petróleo, asociado a las inversiones sociales y a la implementación de nuevos proyectos de infraestructura, fortaleció los números del país. En el segundo quinquenio de Chávez, el país tuvo el mayor índice de crecimiento del PBI de Sudamérica y uno de los más altos de mundo. El salto fue de un 61,20% en el período, un promedio anual superior al 10%. Sólo volvería a bajar en 2009 (-3,3%) y 2010 (-1,4%), durante la crisis internacional, para volver a crecer en 2011 (4%).

Industrialización e infraestructura

Los nuevos recursos fiscales y financieros, originados en ese período de prosperidad, apalancaron la expansión de los programas sociales, a punto de convertir a Venezuela en el país con menor desigualdad social del subcontinente, reduciendo drásticamente la miseria y la pobreza, entre otros indicadores positivos. Pero también sirvieron, particularmente tras 2006, para dotar al Estado de mecanismos más potentes de intervención en la economía.

Fondos públicos fueron creados para financiar la industrialización y la infraestructura, además de inversiones sociales. Actualmente, el más importante de ellos es el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), creado en 2005 con un capital inicial de US$ 6 mil millones, pero que habrá alcanzado, en 2012, casi US$ 100 mil millones. Abastecido por la receta tributaria del petróleo y por reservas del Banco Central, este fondo, que hoy tiene en su cartera más de 400 proyectos de gran porte, permitió al Estado nacionalizar empresas de sectores estratégicos, realizar obras logísticas e incentivar programas sociales.

Aunque las nacionalizaciones hayan sido originalmente planificadas para alcanzar sólo algunos segmentos estructurales de la economía (energía, telecomunicaciones y sistema financiero), terminaron por extenderse, a veces de forma caótica, a otros rubros y actividades. Muchas de las adquisiciones de empresas por el Estado fueron tomadas para resolver embotellamientos en la producción, problemas de oferta, resistencias de los capitalistas a políticas del gobierno o demandas de los trabajadores.

La fuga de capitales fue una de las estrategias más utilizadas por los empresarios que no quisieron someterse a las normas gubernamentales o que simplemente dejaron de tener interés en invertir en el país. Según datos del Banco Central, justo tras la reelección de Chávez a fines de 2006, en pocas semanas fueron remitidos al exterior más de US$ 10 mil millones. El gobierno resolvió, entonces, centralizar el cambio y obligar a que cualquier proceso de remesa o de importación pasara por un estricto sistema de autorización. La nacionalización, en ese contexto, varias veces sirvió para penalizar determinadas empresas e impedir su vaciamiento.

El tema primordial es que el crecimiento acelerado del mercado interno – impulsado por la elevación de los salarios, por el aumento del empleo y por la expansión de los servicios gratuitos – puso en jaque la producción del país. La inflación anual está en un 25%, pero la recomposición de los salarios sigue superando ese índice. La explosión de la demanda, en distintos momentos, resultó en la escasez de productos.

La búsqueda de soluciones para esas disyuntivas está en la agenda. "No somos una economía neoliberal”, dice Merentez. "Nuestra lógica no es recortar la demanda para proteger la remuneración del capital a cualquier costo, sino ampliar la oferta a través de inversiones crecientes en las distintas formas de propiedad”.

Cuatro tipos de economía

Aunque el peso del sector estatal haya adquirido más relevancia en los últimos tiempos, no hay una voz importante en el gobierno que defienda un modelo inspirado en las experiencias soviética o cubana, marcadas por la estatización de prácticamente todos los medios de producción y distribución.

Leyes recientes fijaron la combinación de cuatro tipos de economía. El primero, el de control estatal, potencialmente orientado a los pilares ya mencionados del desarrollo nacional. Otro, de carácter privado y relativo a la competencia, que se concentra en los nichos que no afectan al funcionamiento estratégico del país. El tercer tipo, de capital mixto, representa la asociación del Estado a empresas privadas nacionales o compañías extranjeras. Finalmente el cuarto, que alberga la economía cooperativa y comunal, de propiedad de los consejos comunales y centrada en la autogestión.

Esta cuarta forma de propiedad, que se basa, un poco, en los métodos conducidos por la Yugoslavia de Tito entre los años 1950 y 1980, es actualmente el orgullo de distintos dirigentes del país. Básicamente, se trata de una estrategia de iniciativa empresarial colectiva, a través de la cual los propios ciudadanos, y sus organizaciones, crearían empresas capaces de ofrecer servicios, producir bienes de menor complejidad tecnológica y incluso abastecer parcialmente la demanda alimenticia.

"El desarrollo de la economía comunal es fundamental para que derrotemos la inflación y evitemos situaciones de escasez”, defiende el heterodoxo presidente del Banco Central. "Buena parte de los productos y servicios fundamentales para la población se pueden poner en práctica a nivel local, atendiendo a la demanda y generando renta en donde viven los ciudadanos, bajo su control y propiedad”. El sueño de una economía sin Estado ni patrón no es propiamente una novedad. Pero en Venezuela es fomentado por una formidable receta petrolera, hoy enteramente bajo tutela del gobierno, que incluso se puede dar el lujo de dar alas a la imaginación.

XI.- Integración suramericana es el centro de la política exterior de Chávez

La adhesión al Mercosur fue trazada como objetivo prioritario para el presidente venezolano desde su primera elección Al llegar de un viaje a Brasil a principio de agosto, cuando formalizó la entrada de Venezuela al Mercosur (Mercado Común del Sur), Hugo Chávez anunció la intención de varias empresas internacionales de instalarse en su país. Para el presidente, son los primeros resultados de un esfuerzo de adhesión que, según relata, comenzó antes de su ascensión, en 1999.

Chávez reunió a su equipo, aún en la base aérea de Maiquetía, para anunciar que la estadounidense General Motors, las japonesas Yamaha y Samsung y la francesa Renault pretendían abrir fábricas en su país. Recordó las conversaciones que tuvo, tras su primera elección, con los ex presidentes Carlos Menem, de Argentina, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil. "Dije que deseaba ver a Venezuela afiliada al bloque”, declaró. "Pero la respuesta fue fría. Solamente con las victorias de Lula y de Kirchner se creó una correlación de fuerzas favorables a la integración y los cambios”.

El primer protocolo de postulación al Mercosur fue firmado en 2006, pero hubo fuerte oposición del parlamento brasileño. La aprobación vino sólo en 2009, tras mucha negociación entre oficialistas y opositores en el Senado. Argentina y Uruguay ya habían superado esa etapa. La aceptación de Venezuela, sin embargo, fue frenada por diputados y senadores de Paraguay, a pesar de tener el apoyo del presidente Fernando Lugo. Como todas las decisiones en el organismo regional son tomadas en consenso, se instaló una disyuntiva.

La destitución del mandatario paraguayo, por ironía, acabó facilitando el proceso. Suspendidos por el quiebre de la cláusula democrática, los guaraníes perdieron provisoriamente el derecho a voto y veto en el Mercosur. Bastó con el consenso de los tres demás integrantes para que la adhesión venezolana fuese avalada.

"No éramos miembros del Mercosur debido a la oposición sistemática del Congreso paraguayo”, resalta Maximilien Arvelaiz, embajador venezolano en Brasil. "Los parlamentarios que boicoteaban nuestra adhesión son los mismos que dieron el golpe contra Lugo.” Cumplida esa etapa, sin embargo, nuevos problemas comenzaron a surgir. La Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), la Conindustria (Confederación Venezolana de Industrias), la Favenpa (Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores), algunas de las principales entidades empresariales, de perfil opositor, se muestran vacilantes con relación a esta novedad. Los argumentos son parecidos: todos se quejan de que las empresas nacionales, con excepción de la PDVSA, no tienen competitividad, encontrarán dificultades para competir en el Mercosur y perderán aún más espacio en el mercado local.

El gobierno prometió crear un fondo para mejorar la capacidad de producción, con un aporte inicial de 500 millones de dólares. Venezuela anunció su primera exportación en el régimen del Mercosur, el último 8 de agosto. Se trata de una carga de 82 mil toneladas de vasijas de vidrio destinadas a Brasil y Argentina, fabricadas por la estatal Venvidros (Empresa Venezolana del Vidrio).

Cambio

El ingreso en el Mercosur, no obstante, fue sólo el hecho más reciente en un giro radical de la política internacional venezolana. En el inicio de su gobierno, en 2000, Chávez dio su primer paso en las relaciones internacionales al promocionar, en Caracas, la 2ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Por primera vez, estuvieron juntos en Venezuela los presidentes de Argelia, Indonesia, Irán, Nigeria, Qatar, Emiratos Árabes, Irak, Libia y Kuwait. Este encuentro fue decisivo para controlar la oferta mundial de petróleo y forzar el aumento de su precio en el mercado mundial.

"A pesar de ser uno de los países fundadores de la Opep, Venezuela estaba volteada a la Europa Occidental y a los Estados Unidos”, destaca Arvelaiz. "A partir de esta conferencia, el gobierno expandió sus relaciones internacionales, rompiendo progresivamente con la dinámica dictada por los intereses de las potencias occidentales. El bajo precio del petróleo arruinaba a las naciones productoras, beneficiando solamente a las multinacionales y a los países consumidores”. A Chávez le gusta decir que trabaja "por un mundo pluricéntrico, multipolar”. El alcance de sus iniciativas, además de la Opep, se expandió además a las alianzas duraderas con Irán, Bielorrusia, Rusia y China. Venezuela mantiene con estos países crecientes relaciones comerciales, además de acuerdos financieros, proyectos industriales y pactos de cooperación militar. Pese a la mantención de los Estados Unidos como un gran cliente, especialmente en la compra de petróleo, el objetivo del gobierno ha sido la máxima diversificación de sus socios.

América Latina

Pero el enfoque principal de esa estrategia se concentra en América Latina. "Todas las iniciativas regionales que estamos ayudando a construir - Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) - son espacios para consolidar un bloque integrado y soberano”, explica Arvelaiz.

El Alba quizás sea la más audaz envestida del mandatario venezolano, propuesta en la 3ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, también a principio de su gobierno. "El modelo neoliberal no puede ser la base de nuestra integración", argumentó en aquella época. "Queremos un modelo que nos integre de verdad. O nos unimos o nos hundimos.” La alianza, fundada en 2004, es integrada por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda. Este pacto proporcionó la creación de empresas comunes, además de una zona monetaria regional. Parte de las relaciones comerciales entre los países miembros ya es hecha a través del sucre, moneda contable común a este grupo de países. Al contrario de otros bloques, el Alba no tiene como pilar la liberalización comercial o aduanera, pero sí el intento de establecer un mecanismo de auxilio mutuo en la economía, las políticas sociales y el intercambio cultural. En su alrededor se agrupa lo que se podría llamar de "núcleo duro” de los gobiernos aliados a Chávez.

Brasil

Aunque sin participar de esa asociación, Brasil también es uno de los grandes socios del presidente venezolano. La balanza comercial entre los dos vecinos, según datos del ministerio brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, creció un 300% en los últimos 14 años, pasando de US$ 1,46 mil millones en 1998 a US$ 5,8 mil millones en 2011.

Brasil tiene ventaja, porque tuvo sus exportaciones multiplicadas por seis en ese período, alcanzando la suma de US$ 5,15 mil millones en 2008. Otro marco histórico: Brasil pasó de quinto a tercer mayor proveedor de productos al país caribeño, siendo superado solamente por Estados Unidos y Colombia.

El petróleo y sus derivados representan el 65% de las ventas de Venezuela a Brasil. Las demás exportaciones son derivados de aceite crudo, aluminio, hierro, acero, minerales y energía eléctrica. Venezuela, a su vez, compra de Brasil especialmente productos alimenticios, como azúcar, carne bovina y de pollo, huevos, café y granos. Con el incremento de la cooperación brasileña en la agricultura venezolana, máquinas, tractores, camiones y neumáticos también aumentaron su participación en el mercado del país vecino.

Además de las relaciones comerciales, las inversiones de empresas brasileñas dedicadas a importantes obras de infraestructura también tuvieron un aumento significativo. Estos proyectos están concentrados en la construcción de viviendas, plantas siderúrgicas, sistemas de irrigación agrícola y refinerías. Algunas de estas iniciativas son financiadas por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Otras, por líneas de crédito privadas contratadas por las propias compañías inversoras.

También hay un gigantesco emprendimiento asociado en suelo brasileño. Impulsadas por los dos gobiernos, la Petrobrás y la PDVSA están juntas para construir, en el estado brasileño de Pernambuco, la Refinería Abreu e Lima. Pese al retraso del aporte venezolano y de dificultades para consolidar el financiamiento del proyecto, el plan, de a poco, va tomando cuerpo y puede convertirse en una poderosa sociedad en el refinado de combustible y otros derivados.

Con a adhesión de Venezuela al Mercosur, se estima que el desarrollo de esta integración se acelere e institucionalice. Una de las iniciativas que debe ser beneficiada es el Banco del Sur, idealizado por Chávez y por Lula como una sociedad entre los países de la subregión para el financiamiento de proyectos locales, a partir del depósito de parte de las reservas internacionales de las naciones firmantes. Otra jugada estratégica es el desarrollo de la infraestructura energética, combinando hidroeléctricas con plantas generadoras a base de hidrocarburos, especialmente gas y petróleo.

XII.- Reforma agraria es la apuesta para la independencia alimenticia de Venezuela

A fines del siglo XIX, Venezuela llegó a ser el tercer exportador mundial de café

El área rural de El Tigre, municipio del estado Azoátegui, en el oriente venezolano, parece un hormiguero binacional. El español se mezcla con el portugués. Desde que, en 2009, un convenio entre Brasil y Venezuela empezó a ser implementado, posibilitando la creación de una empresa destinada a la plantación y cosecha de productos agrícolas, decenas de trabajadores brasileños llegaron a ayudar al desarrollo del proyecto. El nombre de la iniciativa: Empresa Socialista José Inácio de Abreu e Lima. El nombre se debe a un homenaje al general brasileño que luchó al lado de Simón Bolívar en las batallas por la independencia venezolana. De propiedad estatal, su objetivo es funcionar como centro productor y distribuidor de la región. Articulada con los agricultores locales, a través del apoyo a sus actividades y compra de sus productos, la Abreu e Lima busca principalmente aumentar la oferta nacional de soja y maíz.

Este año la empresa prevé extender las plantaciones a 20 mil hectáreas, proyectando a 25 mil para el próximo año y a 110 mil para 2019. "Logramos, hasta ahora, un 20% de nuestra meta”, relata Yhonny Zabaleta, vicepresidente de la compañía. "Pero el crecimiento ha sido acelerado. El año pasado nuestra área productiva era de solamente 4 mil hectáreas. Pero ya comenzamos a vender soja y maíz para todo el país”.

La empresa posee una estructura industrial sofisticada para desarrollar su función económica. Son cuatro silos con capacidad para 10 mil toneladas de granos cada uno y otros seis en construcción. El proceso industrial es mecanizado y controlado por computadoras. Una fábrica de refinado y envase de aceite, carne y leche de soja está siendo construida.

Según el presidente de la Abreu e Lima, Alfredo Herrera, el consumo anual de soja es de 1,2 millones de toneladas, casi todo importado. "Si no tienes soja, no desarrollas el sector pecuario, la producción de huevos, la piscicultura, porque la soja es la fuente de proteína más barata”, concluye el dirigente. "Pero actualmente nuestra producción no llega a cien mil toneladas, cuando apenas el consumo de aceite de soja es de 1,5 litros por habitante”.

Dependencia

Iniciativas como la Abreu e Lima son parte de un esfuerzo para revertir una de las herencias malditas del modelo económico que se consolidó en Venezuela durante el siglo XX. Beneficiado por la renta petrolera, el país cambió su base agrícola y su perspectiva industrial por la explotación del recurso y su venta al exterior.

A fines del siglo XIX, Venezuela llegó a ser el tercer exportador mundial de café, solamente detrás de Brasil y de las islas holandesas. Pero las facilidades de los ingresos con el petróleo y la concentración del Estado y capitales en ese rubro incomparablemente lucrativo dejaron a la agricultura de rodillas. Al inicio del gobierno de Chávez, el país importaba un 70% de los alimentos y la actividad rural no llegaba al 5% del PBI.

"Básicamente teníamos una economía basada en la agricultura de puerto” explica Javier Alejandro Ramos, viceministro de Agricultura. "Todos los alimentos que ingresaban al país eran importados. Importábamos hasta los frijoles enlatados.” Sin asistencia técnica, financiamiento, maquinaria e incentivos, la producción rural era de subsistencia y en pocos sectores había producción significativa. "Salía más barato comprar el alimento que venía del exterior”, declara Ramos. El gobierno decidió enfrentar esta llaga histórica a través de un conjunto de medidas que figuran en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada a finales de 2001, y que desde entonces fija los parámetros de la reforma agraria. La nueva legislación pasó a prohibir que una sola persona tenga más de cinco mil hectáreas, estableció impuestos progresivos sobre la propiedad, adoptó mecanismos para la expropiación de latifundios improductivos y determinó la recuperación de áreas públicas ilegalmente ocupadas.

"Los cuatro ejes principales de nuestra política son: distribución de tierras, financiamiento del sector agrícola, asesoramiento técnico y distribución de alimentos”, resalta el viceministro. "La autosuficiencia es una meta fundamental de nuestra revolución”.

En los últimos trece años, más de 6,4 millones de hectáreas fueron regularizadas y distribuidas entre 168 mil familias. Los bancos, públicos y privados, han sido obligados a ofrecer créditos para el financiamiento de los campesinos. Los fondos financieros aportados por la renta del petróleo viabilizaron los programas de alimentación escolar y de distribución subsidiada de alimentos en las ciudades, abastecidos obligatoriamente por las tierras de la reforma agraria.

Los datos del Ministerio de Agricultura muestran que el Banco Agrícola de Venezuela prestó a los productores rurales 1,22 mil millones de bolívares en 2010, cifra 6.352% mayor que en 2006. Desde la creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), en 2008, más de 3,7 mil millones de bolívares fueron prestados a los agricultores del país.

Las haciendas privadas productivas no fueron alcanzadas por las expropiaciones, pero el Estado pasó a ser el gran orientador de la actividad agrícola.

Corporaciones agroindustriales

A pesar del nivel de importación ostentado por el rubro alimenticio, que se mantiene cercano al 70%, autoridades gubernamentales ven avances estructurales en el panorama agrario. El consumo energético por habitante subió de 2,2 mil calorías en 1998 a 3,2 mil en 2011, sin que aumentaran las importaciones. La producción nacional de carne bovina, por ejemplo, ya abastece al 78% de la demanda. La de arroz lo hace al 96% y la de leche al 64%.

La estrategia gubernamental combina la ampliación de la agricultura familiar con las grandes corporaciones estatales. Estas empresas, además de tener su producción propia, compran la zafra de los pequeños agricultores y de las cooperativas locales, además de proveer crédito y asistencia.

También distribuyen los alimentos en las ciudades, tanto a través de la red privada como del sistema Mercal, controlado por el gobierno y con precios subsidiados. Muchos de estos proyectos cuentan con el apoyo y la coparticipación de PDVAL, el brazo agrícola de la gigantesca estatal petrolera, que canaliza parte de sus ganancias a programas de reforma agraria.

Compañías agroindustriales de este tipo, estatales que articulan la producción regional con el mercado nacional, parecen ser una gran apuesta de Chávez. Muchas de estas, en diferentes rubros, proliferan en distintas provincias. Empresas como Los Andes, de embotellamiento de leche, jugos y agua; Café Fama de América; Café Venezuela; y Cacao Oderi, de chocolates.

El propio estatuto de esas compañías determina su papel social. "La Abreu e Lima está obligada a dar apoyo a las comunidades de la región, en un área de 30 kilómetros alrededor de su área industrial”, explica Pedro Orellana, coordinador de Gestión Comunitaria. "Hay 711 pequeños y medianos productores beneficiados por la empresa, en 19 comunidades indígenas y criollas”.

Según datos oficiales, la producción de alimentos en Venezuela, entre 1988 y 1998, creció un 8%, con un aumento de 15,9 millones de toneladas anuales a 17,1 millones. En 2010, este volumen había aumentado a 25 millones de toneladas, representando un incremento del 44% en la producción agrícola nacional durante la era Chávez. El hecho es que los venezolanos pasaron a comer más y a tener más alimentos nacionales en sus platos, a pesar de que el país aún esté lejos de la independencia del mercado internacional.


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