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Colombia: ¿Repúblicas independientes? El debate actual del movimiento indígena caucano

Viernes 17 de agosto de 2012 por CEPRID

Fernanda Espinosa Moreno

Asociación MINGA

En el actual contexto de conflicto en el Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), al igual que las comunidades que habitan varios municipios de este departamento y han sido duramente afectadas por la guerra, cansados de que los actores armados los usen como escudos, exigen el fin del conflicto en sus territorios. En la última semana la guardia indígena ha abanderado la destrucción de las trincheras de la Policía y del Ejército que se encuentran en la mitad de las casas de la población civil, al tiempo que ejercen presión para sacar la guerrilla de sus territorios. No se trata de una propuesta de "Repúblicas independientes” ni se puede comparar con una zona de despeje como han venido señalando algunos medios de comunicación.

Se trata de un ejercicio de la autonomía indígena reconocido constitucionalmente.

Por estos días periodistas y líderes de opinión preguntan ¿por qué los indígenas del Cauca están por encima de las leyes de la República?. Debemos aclarar que los indígenas no se están planteando por encima de las leyes pues nuestro país es un Estado Plurinacional, cuya constitución reconoce la autonomía territorial y el derecho a la paz. Al contrario, los indígenas están cansados de que los actores armados violen las leyes, como el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación y exigen que no los involucren en el conflicto. Las claves del debate actual que se pone sobre la mesa por parte del movimiento indígena Caucano son las del Estado plurinacional, autonomía territorial y derecho a la paz.

Desconocimiento estatal

Desde una perspectiva histórica, los indígenas han sido desconocidos por el Estado como sujetos políticos de derechos. En momentos trascendentales de la construcción de la Nación las elites señalaban que "indígenas y negros eran material no apto" para la construcción nacional ya que eran seres inferiores, aunque la constitución de 1991 avanzo en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, la situación de estas poblaciones sigue siendo oscura en materia de derechos. La pobreza es unos de los problemas más graves que sufre el Cauca; las necesidades básicas insatisfechas de esta población son del orden del 78%; en materia de educación el Cauca está muy rezagada debido a que más de 100.000 personas no saben leer ni escribir, esta cifra representa el 13% de la población, donde las situaciones más críticas se encuentran en las zonas rurales. Adicionalmente, Popayán tiene uno de los mayores índices de desempleo de todo el país; el Cauca aparece como el segundo departamento en Colombia con la distribución de tierras más desigual, de los cerca de 1,2 millones de habitantes 21% son indígenas y 22% son afrodescendientes los cuales son propietarios del 30% de las tierras del departamento, este contexto de descuido estatal propicio para el desarrollo del conflicto armado.

La propuesta del movimiento indígena caucano no se encuentra por fuera de las leyes. La Constitución de 1991 reconoció derechos para los indígenas, como la autonomía territorial y la creación de resguardos con autoridades propias. No obstante, la guerra colombiana se ha convertido en un gran obstáculo para que los indígenas ejerciten estos derechos, pero ellos resisten a la guerra mediante estrategias pacíficas. Reconocimiento de los derechos indígenas

La Constitución de 1991 reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país y la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas, también reconoce el ejercicio judicial con autonomía, el cual se expresa en el Artículo 246 de la constitución. Sobre la autonomía territorial se encuentran los artículos 285, 286, 287, en particular el artículo 330 señala: "De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”. Aunque la constitución reconoce autonomía territorial en lo referido al orden público el margen es muy limitado, pues el Estado tiene el monopolio de la fuerza entrando en colisión con la autonomía indígena, esto se puede observar cuando a través de la permanencia de la policía y el Ejército en los territorios, se pone en riesgo la vida de la población civil ya que se presentan casos de militarización en los lugares de vivienda.

Además el Articulo 22 de la constitución plantea que "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” es decir que como ciudadanos de Colombia tenemos derecho a la paz, el accionar de las fuerzas militares en el Cauca viola ese derecho, adicionalmente la constitución señala que también es un deber. Las acciones de sacar todos los actores armados de sus territorios por parte de las comunidades del Cauca son el cumplimiento del deber de construir la paz.

El artículo 7 de la Constitución señala "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Colombia se define como un estado plurinacional, esto implica el reconocimiento de naciones y pueblos indígenas en condición de sujetos colectivos. En la actualidad la construcción de un Estado Plurinacional se convierte no sólo en un reto sino en una necesidad, es preciso dar respuesta a temas claves como son la participación en las políticas públicas, las distintas formas de pertenencia a un territorio y la construcción de la paz.

Adicionalmente, en desarrollo de la Constitución Política de 1991, está la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual incorpora los jueces de paz y la jurisdicción de las comunidades indígenas en la estructura general de la Administración de Justicia, como integrantes de la Rama Judicial. La jurisdicción de las comunidades indígenas implica el reconocimiento del pluralismo jurídico en Colombia. la cual en su artículo 12 dispone: "...Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones Jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos”. Esto significa que dentro de las leyes colombianas se reconoce la justicia propia indígena.

La legislación internacional

El Estado colombiano no está respetando las normas internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituye el marco de derecho público internacional, toda vez que esta involucrando a la población civil en el conflicto. La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 30, plantea "No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.

Adicionalmente, en el marco del Derecho Internacional Humanitario existe la prohibición explícita de mantener "instalaciones militares" en medio de los cascos urbanos o donde pongan en peligro a la población civil.

Por otro lado, algunos medios señalan que los indígenas están desconociendo la soberanía nacional con sus acciones, en este contexto vale la pena recordar la definición de soberanía de la constitución: "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”. Es justamente un ejercicio de soberanía territorial las acciones de las comunidades del Norte del Cauca. No se trata de "caguanizar”

Se ha intentado deslegitimar la propuesta de la ACIN hablando de "caguanizar” el Cauca, Alejandro Navas, general de las Fuerzas Militares, dijo que "los que están realizando esta agresión contra la fuerza Pública están infiltrados por las Farc. Ahí hay milicianos… Lo que quieren es que la Fuerza Pública salga para ellos quedar soberanos ahí. Todo eso está sucediendo porque las FARC quieren ’caguanizar’ el Cauca con el argumento de la autonomía indígena". La propuesta del movimiento indígena no tiene nada que ver con "caguanizar” el Cauca pues la apuesta es justamente que salgan todos los actores armados incluidas las FARC. Todo lo contrario a lo que sucedió en la zona de despeje de San Vicente del Caguán en donde en 1998 fue otorgado por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz con las FARC. La propuesta del movimiento indígena es la NO entrada de ninguno de los actores armados, lo cual implica la salida de las FARC, no entregarles parte del territorio nacional como se está diciendo.

En esta coyuntura el Estado debe reconocer a las autoridades indígenas como autoridades constitucionales que son y siguiendo los derechos de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, la protección de la diversidad étnica y las reglas del derecho internacional humanitario, concertar con las autoridades indígenas cómo entrar y cómo hacer esa presencia de tal manera que no ponga en riesgo a la población civil. No como hizo el presidente en su consejo de ministros en Toribio donde se negó a concertar la situación con la comunidad. La resistencia civil y la solicitud de autonomía de los indígenas, dentro de la construcción del Estado Plurinacional es un llamado a la paz, un llamado a encontrar salidas a este conflicto no a través de la guerra, sino el respeto a la vida y a la autodeterminación de los pueblos. La propuesta de los indígenas es una apuesta de paz, no de fortalecer a uno de los actores armados ni de "caguanizar” ni ser repúblicas independientes sino poder mantener su cultura, la autonomía territorial y construir la paz: "Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz".

Fernanda Espinosa Moreno es historiadora, investigadora y estudiante de Maestría en Estudios Políticos, Universidad Nacional.


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