CEPRID
Colombia: Parapolítica y corrupción

La Extradición ¿Un principio de solución?

Viernes 30 de mayo de 2008 por CEPRID

Humberto Vélez Ramírez Atisbos Analíticos/CEPRID

Una popular y ya clásica representación del tiempo señala que “todo tiempo pasado fue mejor”. Los actores del presente, al sentirse como responsables de las mezquindades, errores y horrores de sus contemporáneos, suelen realizar una espontánea operación de purificación del pasado al imaginárselo como un mundo en el que todos sus habitantes fueron seres humanos movidos por los más nobles y altruistas ideales. Constituye éste el cotidiano rito con el que los vivos intentan redimir a sus muertos. Esto no obstante, parece que para Uribe y su equipo de gobierno “todo tiempo pasado fue peor”. Ha sido así como el Alto Comisionado de Paz hasta la saciedad nos ha venido reiterando que “en 50 años aquí no se ha hecho nada”, que mirando hacia atrás “todos los presidentes han sido indolentes o ciegos o conniventes tocándole al actual gobierno la ardua tarea de desestancar la cañería nacional”. (1). Ya lo había antecedido en el oficio de profeta y adivino a posteriori, el inefable Fabio Echeverri cuando hace algún tiempo afirmó que entre “el 7 de agosto de 1819 y el 7 de agosto del 2002 no sucedió en Colombia nada que valiera la pena recordarse” (2) Así como que anda el asunto: El adanismo campea por todos los pasillos del Palacio de Nariño, por todas sus salas de reunión, por todas sus oficinas de planeación. Ha permeado, íntegro, al equipo de gobierno que, al idealizar la Seguridad democrática y la Ley de Justicia y Paz, se cree y se siente predestinado a inventarse una nueva arcadia, una nueva nación, una nueva patria, una nueva forma de Estado. Y de acuerdo con sus planificadores, para el 7 de agosto del 2019, bajo la mirada pasiva y arrastrada y maravillada del 84% de la ciudadanía, tendrán en pleno funcionamiento al Estado comunitario, como forma definitiva y quizá eterna de Estado. Como decir, el final de la apenas en el 2002 iniciada historia de Colombia.

Ha sido por ese adanismo fundacionista por lo que el jefe del gobierno casi que les ha ordenado a Iván Cepeda, a León Valencia y a Gustavo Petro que, como fueron tan holgazanes, le cuenten al país qué fue lo que hicieron en el pasado. Yo diría que, a lo mejor, hicieron cosas distintas de las que hicieron tantos en 1950 en la época de la violencia entre partidos. Entre esos tantos sobreviven algunos que, en la actualidad, continúan gobernando el país en cargos muy cercanos al del presidente de Colombia. Me estoy refiriendo a aquella época cuando en el país matar liberales era un acto rutinario, que contaba con el beneplácito del Sagrado Corazón. Pero ahistórico es éste retrovisor, pues si Colombia no ha cambiado, el mundo sí se ha modificado en algo tan importante como, por ejemplo, la llamada internacionalización del Derecho penal. Por otra parte, de echar para atrás ese enfoque de anulación del pasado, resultaríamos preguntándoles a Bolívar y Santander, qué fue lo que hicieron en plenas guerras de la liberación nacional y con quiénes se juntaron.

Por olvidar estas premisas que, más que lo que nos imaginamos, son presupuesto de muchas conductas, es por lo que no logramos una inteligencia y comprensión adecuadas del dificultosamente indescifrable, aunque, con frecuencia, elemental y furibundo Uribe.

La actual crisis, de carácter definidamente política, es una crisis de Estado, de democracia de representación y de Cultura estatal y, como consecuencia, es una crisis parcial aunque intensamente institucional a la que sólo la Corte Suprema y el Poder judicial la redimen de ser una metástasis total. Y será una doble crisis que dará para largo a no ser que, de nuevo, al país lo embauquen simulando cambios no de solución sino, más bien, de aplazamiento de la solución.

Numerosas son las indicaciones empíricas que señalan que, llevado casi a las cuerdas por una amarga mezcla de “parapolitica y de yidispolítica”, el gobierno saldrá del atolladero a como dé lugar. El presidente más popular en la historia política del país no puede caer en la humillación internacional de tener que salir por la puerta de atrás.

Pero, más de uno está buscando torcerle el cuello a la actual situación. O envolviéndonos a todos en sábanas de humo o haciendo invisible lo, por espectacular, visible o abrochándole las entendederas a la gente para que ni lea, ni escuche ni observe ni pregunte de modo crítico. Ahora resulta que a la Yidis, por esquizofrenia de última hora, la deben sentar en el diván de Luis Carlos, que los críticos del sistema le ganaron al “homo económicus” en maximizaciones ventajistas contra el gobierno, que los males que se le atribuyen a Uribe no son de Uribe sino de los que se miran al espejo en una relación meramente especular y que la crisis de las armas como crisis de la institucionalidad es la más aberrante exageración de un 16.4% de apátridas movidos por la pulsión de envidia.

En lo descriptivo esbocemos qué fue lo que aconteció en Colombia, a escala regional y local, en las elecciones del 2002 y del 2006. Ya hubiese alcanzado el rango de estrategia o se hubiese quedado en la condición de acción circunstancial (en nuestro concepto fue lo primero), impuesta, buscada, aceptada, rechazada en silencio o negociada hubo una alianza político-electoral entre dos grupos de agentes, de un lado, un grupo ilegal armado llamado los paramilitares y, del otro, una importante y amplia franja de ciudadanos ( funcionarios públicos, senadores, parlamentarios, diputados, concejales, políticos de base, gamonales y ciudadanos del común) en procura de contribuciones recíprocas para acceder, conservar e incrementar el poder político aportando los primeros los fusiles como recurso de poder y los segundos, además de las tradicionales prácticas electorales perversas, una masa crítica de votos, vale decir, aquellos que fuesen necesarios para el triunfo de todos.

Por su carácter, envergadura e implicaciones jamás se había presentado un fenómeno similar en la historia política colombiana. Sin que el iceberg haya mostrado todavía toda su punta, de un Congreso de 268 miembros, en el complejo enredo 65 se encuentran implicados; es decir, el 24.0% de sus miembros para un total de dos millones de votos fundidos a punta de balas.

El anterior esbozo de descripción posibilita formular unas primeras hipótesis explicativas. Dados los fenómenos que la determinaron, afectándose ellos mismos de modo grave, la actual ha sido, ante todo y sobre todo, una crisis política. Con ella tocó fondo la democracia de representación como método de acceso al manejo del Estado. Al haber sido ello así, la otra gran afectada ha sido la Cultura política electoral como modelo de valoraciones sociales con las que la franja de representados, disminuida por una elevada abstención, antes de elegirlos tradicionalmente ha leído a sus representantes. El siglo XIX se quedó atrás. En esa época las guerras civiles cumplieron un papel importante en la construcción de las institucionalidades constitucionales y estatales, pero “Los Generales” no repartían votos-gatillo como ha acontecido en la actualidad.

Como consecuencia de la crisis política que ha sacudido al país, la metástasis institucional ha afectado al Congreso y al Ejecutivo. La del Ejecutivo ha quedado disminuida y casi invisibilizada por la inmensa pero ilegítima popularidad de Uribe. Esto no obstante, sacando la cara por la ley de contrapesos, el poder judicial, no obstante muchas de sus precariedades, ha revelado algunas de las grandes virtudes de una concepción liberal de los poderes públicos.

Tradicionalmente la democracia de representación colombiana ha sido una democracia muy cuestionada. Antes le criticábamos el ser unidimensional por agotarse en lo electoral; le sacábamos en cara su perversidad por estar atravesada por las más perversas prácticas; y rechazábamos la cultura política a ella subyacente por encontrarse ligada a valoraciones sociales muy pobres sobre el sentido y significado del voto. Pero hoy, en la actualidad del 2008, nos decimos ¿para qué la democracia electoral cuando cada voto, real y simbólicamente, ha sido un tiro de fusil?

La anterior lección la aprendimos en el siglo XIX; la arrastramos como memoria en la historia electoral de mediados del siglo XX; y, como excelentes alumnos, la acabamos de repetir en la primera década del siglo XXI.

Pero, la Constitución del 91, al lado de la democracia de representación, colocó la democracia de participación. Ahora, de cara a la actual crisis política el problema de la democracia en Colombia se ha agravado: Mientras la democracia de representación ha hecho crisis, la de participación todavía no ha arrancado; en el ínterin, dos formas de democracia, “de hecho” a ellas ligadas, han evolucionado en contravía a lo esperado: La democracia deliberativa, a la que esperábamos verla animada, casi que se ha evaporado, y la democracia delegativa, a la que deseábamos observar en retirada, ha levantado cabeza.

De cara a tan aguda crisis política y no menor metástasis institucional ¿qué hacer entonces? El profesor Uprimny, al examinar las salidas (que Anc, que la reforma de la llamada “silla vacía”, que se adelanten las elecciones, o que haya renuncias masivas incluyendo la del presidente), enfatiza que, sea lo que sea, ninguna de esas medidas puede afectar la independencia y autonomía del poder judicial pues, una salida democrática, dependerá de la aceptación de la legitimidad de las decisiones de la Corte Suprema. (3) Ojala ese apoyo sea controvertible y crítico, pero que sea real, pues, en nuestro concepto, la concepción liberal de las ramas de los poderes públicos ya es una conquista de las luchas humanas.

En esto íbamos en la elaboración del presente atisbos cuando se produjo la extradición de los 14 jefes paramilitares que, en nuestro escrito, constituyen uno de los dos agentes del fenómeno de la parapolítica. Se nos ocurrió, entonces, la primera pregunta: ¿será esa medida uno de los componentes de la Estrategia del gobierno para domar y disciplinar el fenómeno de la parapolítica que, en la práctica, lo ha puesto entre las cuerdas no obstante su inmensa popularidad?

El que a los jefes paras los juzguen por narcotráfico y lavado de activos en los Estados Unidos, es nada o casi nada lo que tiene que ver con la parapolítica o con los crímenes de lesa humanidad que cometieron en tierra colombiana y contra campesinos colombianos a los que arrebataron cuatro millones de hectáreas. En tierras del tío Sam, sin demora y sin ocultar detalles, tendrán que entregar las rutas del narcotráfico, que es lo que a los gringos interesa y no tanto datos e información sobre la verdad ontológica o académica o judicial acerca de lo acaecido en Colombia durante esta “República” de la parapolítica. De entrada, entonces, podemos decir que esa sorpresiva y rápida operación no constituyó un componente de salida a la crisis que vive el país. Fue, más bien, una imaginativa jugada a varias bandas con la que Uribe y Obdulio (a éste le otorgo el crédito porque, o si no, para qué está todo el día en Palacio casi que desocupado) le sacaron el cuerpo a un peligro estructural en un momento boxeril en que se encontraban casi contra las cuerdas.

El que si esa extradición se hizo tras un acuerdo con Estados Unidos y los paras es algo como botar pólvora en gallinazos. Si no hemos podido saber nada del acuerdo que subyació a los arreglos de Santa Fe del Ralito, todavía son menores los contenidos que podríamos rescatar de un acuerdo secreto con los Estados Unidos. Puede que sí o puede que no. Si no, entonces nada nos estaremos perdiendo y si sí, nunca conoceremos los contenidos. Al respecto, sólo indicios indirectos podrán fundar en el futuro una u otra posibilidad. Por mi parte, yo presumo, sólo eso, presumo que sí los hubo.

Cuando andaba rumiando esta última consideración, se me precipitó otro interrogante, ¿por qué tanta prisa en descongelar ese envío en extradición mandándolos a todos “juntitos” a la manera de Uribe? En El Comunicado del 13 de mayo el gobierno lo precisó,”porque, se lee, ellos habían reincidido en el delito después del sometimiento a la ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”. (4) Esas tres razones y muchas otras más, ya las conocíamos los colombianos desde meses atrás. De sobra sabíamos, por ejemplo, que de cuatro millones de hectáreas, sólo habían devuelto el 3%, vale decir, la ridícula e irrespetuosa cantidad de veinte mil hectáreas. Conocíamos, además, que no había plata para gestionar la ley de Justicia y Paz, razón por la cual algunos funcionarios del gobierno cercanos al presidente ya estaban pensando en crear nuevo impuesto con esa destinación específica.

Estaba empezando a protestar in pectore por tan tremenda inequidad cuando una nueva pregunta me ahogó la maldición, ¿por qué, me pregunté, no los dejaron aquí para que pagaran primero su tremenda deuda judicial con la justicia y material con millares de víctimas y moral con la sociedad y de lesa humanidad con miles de niños y niñas?¿No era moralmente más importante y urgente reparar a esa pequeña porción de la humanidad que entregarle a los gringos las rutas del narcotráfico, que son las rutas de la más perversa deshumanización? Y me estaba llegando a la memoria el “De la Dignidad Humana” de Pico Della Mirandola cuando en el denso texto del presidente empecé a encontrar “cositas”, que no sé ahora cómo denominar, si incoherencias o contradicciones o trampas discursivas. Veamos algunos ejemplos:

1.Que juzgados y cumplida la condena allá, serán juzgados aquí en Colombia por los delitos de lesa humanidad”. Pero, ¿cuándo será ese lindo cuando?

2.Que para continuar con la búsqueda de la verdad, Colombia puede enviar representantes a los juicios que se adelanten en los Estados Unidos. Pero, como allá sólo serán juzgados por narcotráfico, entonces, ¿cuál es la medida del aporte de un juicio sobre las rutas del narcotráfico a otros acerca de delitos de lesa humanidad?

3.Que para el gobierno colombiano “nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos”. Pero, ¿qué entenderá el gobierno por reparación moral? ? Una sanción por narcotráfico con una significativa disminución de la pena?

4.“Por otra parte, El gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado”, y esa decisión “es garantía para la reparación de las víctimas”, “que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas”. Es decir, que para el gobierno, el dinero para financiar la reparación de las víctimas ya no saldrá de modo directo del bolsillo del dril de los victimarios sino de las penas pecuniarias, que deberían ingresar al erario norteamericano. Pero, ¿subirán éstas a los siete billones que, de acuerdo con el gobierno, costará esa reparación por la vía administrativa?

He ahí el principio del final de la ley de justicia y paz. Al principio todo será ajetreo y movimiento dinámicos orientados a crear el imaginario colectivo de una aplicación efectiva de la ley; pero, poco a poco, el torbellino irá regresando a su cauce normal de anormalidad. Si presencialmente no se pudo, menor es la posibilidad de aplicarla a distancia dentro de plazos diferidos y subordinada a juicios más importantes para el gobierno norteamericano. Por otra parte, no se podrá olvidar que, en lo que a Colombia respecta, recursos como el cruzamiento de información, las teleaudiencias y los Acuerdos de colaboración, todavía son complementarios.

De todas maneras, ya entre las cuerdas, de enormes escollos se ha librado el presidente. Destaco los siguientes:

1.Por sustracción de materia, puso en el vacío el positivo accionar judicial de la Corte Suprema. La dejó sin los testigos y autores claves. No lo decimos nosotros, lo señaló ayer (5) La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: “La extradición, declaró, impedirá la investigación y juzgamiento de graves crímenes”, “cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad”, e “interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.

2.A los jefes paras les postergó ad infinitud un juicio por crímenes de lesa humanidad. Para cuando regresen de los Estados Unidos. Por su parte, dejó en suspenso el financiamiento de la reparación de las víctimas y, sea lo que sea, de modo directo ya no descansará solamente sobre ellos. Por ambas caras salieron favorecidos.

3.La clase parapolítica con seguridad habrá sentido el alivio de una Corte Suprema casi frenada en su labor.

4.Si los juicios por la parapolítica se frenan, se abre la posibilidad de que aquellos a los que el presidente dijo “mientras se van para la cárcel, por favor voten la agenda legislativa”, vuelvan a reconstituir sus “mayorías” en el Congreso. De no darse esta posibilidad, ya el psicoanalista de la nueva Arcadia socializó la tesis: Este, lo dijo en distintas formas, no es un gobierno de partidos sino de ciudadanía; por algo el presidente goza del 84% de aceptación social. De esta manera, agregamos nosotros, de no contar con las mayorías del Congreso, Uribe ha dejado abonado el terreno para un fujimorazo de base amorfamente ciudadana.

En la reciente jugada, a Uribe y Obdulio sólo les faltó una banda para haberse quitado también de encima la yudi política… es casi seguro que en esa dirección se darán la próximas movidas…

Lo más trágico que le puede pasar a Colombia es que ese proceso de averiguaciones judiciales no se incremente o que se congele o que retroceda como puede suceder en la nueva coyuntura, la de la post-extradición, cuando la Corte se va a quedar con millares de víctimas pero sin testigos ni autores. Lo menos trágico, que se vaya hasta las últimas consecuencias. En Colombia, hacer visible como pensamiento, como reflexión, como verdad académica o judicial lo que para todo el mundo, como “hecho bruto”, es de inmediato visible, ha sido siempre la más jodida y compleja odisea. Y ha sido así, sobre todo, cuando esto último, el hecho bruto, afecta o va en contra de los dueños de los poderes establecidos. Ha sido por esto por lo que en esta sociedad lo malo y lo perverso vino y llegó y se quedó haciendo metástasis tras metástasis. Y eso se nos volvió costumbre o cultura como decimos ahora. En 1934 Bertold Brech escribió: “El peor analfabeta es el analfabeta político”. Como decir, el que sabiéndolo todo, en la práctica aparenta ignorancia; el que leyendo todo lo que se refiere a su mundo, parece no saber leer o lee lo contrario de lo que dice el escrito; el que escuchándolo todo, no escucha nada o sólo escucha lo que desea y conviene.

En el país pocas cosas tan silenciosamente sabidas como la historia episódica y acontecimental de los paramilitares en las últimas décadas. Pero nadie parecía saber algo. Los políticos porque apenas si los habían saludado en cruzadas reuniones rituales en procura de la paz; los ciudadanos del común porque “como esos señores pertenecían a las comunidades locales, ¿cómo no los iban a saludar?; y el presidente porque, como según él, desde el 2002 habían sido derrotados y sometidos, ¿dónde se los iba a topar? Por otra parte, después de la experiencia de Santa Fe del Ralito, ¿quién no sabía que los jefes paras continuaban delinquiendo desde la cárcel y manejando desde allí los hilos de sus turbios negocios?

1. De la Calle Lombana, Humberto, “Más Goticas, doctora, por Favor”, El Espectador, mayo 11 de 2008, p.58. 2. Restrepo, Juan Camilo, El Colombiano, 13 mayo del 2008 3. Columnistas Libres, 05/06/2008 4. Comunicado, mayo 13 de 2008, www.presidencia.gov.co , CHDH, 14 de mayo de 2008.

Humberto Vélez Ramírez es profesor del Programa de estudios políticos, IEP, Universidad del Valle (Cali-Colombia).


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