CEPRID

Sindicalismo en Colombia: Normas violadas. Vidas segadas. Soberanía arriada

Lunes 27 de junio de 2011 por CEPRID

Carlos Gutiérrez

CEPRID

Mea culpa o falsa contrición. “El Gobierno de Colombia ratifica su compromiso de proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos, prevenir la violencia contra sindicalistas y castigar a los autores de estos actos violentos. En concordancia, el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos acuerdan…”. “El Gobierno de Estados Unidos valora la creación de un Ministerio de Trabajo…”. Este acuerdo en cuestión tuvo su firma el pasado 6 de abril como “Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales”. Un acuerdo en medio del afán y la condición ‘necesaria’ –cuando urge un “eje occidental” o “Pacífico” en el continente (México-Colombia-Perú-Chile)– para el trámite de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que incluye muchos más compromisos de respeto a los derechos de quienes laboran en todo tipo de empresa, derechos –sin excepción– considerados en las leyes penal y laboral colombianas pero violados en el día a día nacional, y en las noches, incluida la vida de los dirigentes sindicales y activistas sociales.

El Plan resume la pretensión de garantizar el derecho de asociación y negociación colectiva, dejando atrás la violencia y la muerte contra dirigentes y activistas sindicales, para lo cual el Código Penal tendrá reforma. Las cuestionadas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y las Empresas de Servicios Temporales (EST) tendrán supervisión, llegando al hecho puntual de acordar el nombramiento en cantidad precisa de funcionarios capacitados para supervisar el respeto de las garantías laborales, así como los indispensables funcionarios de Fiscalía dedicados a esclarecer los homicidios contra dirigentes sindicales.

Estigmatizados. Criminalizados

Por décadas, la dirigencia sindical sufre y ha denunciado el irrespeto de la normatividad nacional que los rige, no sólo en el aspecto laboral sino también en el penal. No es para menos, pues “…desde 1986 [y] hasta nuestros días 2.861 sindicalistas han sido asesinados, [y] se han cometido más de 11.000 hechos de violencia contra sindicalistas” [1]. No sin razón, un dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sentencia: “En Colombia es más fácil organizar una guerrilla que un sindicato”. Así dibujó con toda crudeza la realidad política y sindical de nuestro país. Pero las denuncias de los sindicalistas no sólo cubren estos hechos extremos. Sin pausa, sus voceros llaman la atención sobre el mundo del trabajo colombiano, sumido en un desempleo de dos dígitos, 12 por ciento, con cerca de tres millones de connacionales arrojados a la calle –sin subsidio de desempleo–, además de la escandalosa cifra de 13 millones de trabajadores informales, “sin protección laboral y social”  [2], rebuscándose –sobreviviendo– por cuenta y riesgo propios. En verdad, muchas de las personas clasificadas en esta categoría son desempleados cansados de buscar oficio.

Como si fuera poco esta situación, quienes deciden organizarse para defender sus derechos en una empresa son señalados y perseguidos. Incluso, culpados de los malos resultados de la factoría donde laboran. Si se trata de una multinacional o una empresa de importancia nacional, corren el riesgo de ser criminalizados o señalados como objetivo de guerra. Así lo confirman las investigaciones que relacionan a las multinacionales del banano y los alimentos con el paramilitarismo. Pero el señalamiento, la descalificación y la violencia no son de ahora. En Colombia son de siempre con persistencia de la impunidad.

Al mirar la historia, en nuestra mente vive como un fantasma que no descansa el relato de la masacre de las Bananeras, acaecida hace ya 83 años, pero también infinidad de otros asesinatos de trabajadores –ferroviarios, de la construcción– sucedidos entre 1930-1970, como respuesta violenta de un régimen ante quienes reclamaron sus derechos, entre ellos los trabajadores caídos en la masacre de Santa Bárbara, en Antioquia, el 23 de febrero de 1963, siendo ministro de Trabajo el ahora ex presidente Belisario Betancur.

Después de perder lo alcanzado con la acción del Partido Socialista Revolucionario en los años 20 del siglo XX, y sometidos al control oficial a través de los partidos liberal y conservador, y sus obsecuentes organizaciones Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), los trabajadores se asociaron en los años 30-50 pero sin autonomía, y con un contenido de culto al patrón y obediencia al Estado.

En la campaña política e ideológica que siguió a la constitución de organizaciones obreras orientadas por el Partido Comunista, hacia los años 60 del siglo pasado (como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC), y de las disidencias de “sindicalismo independiente”, los sindicatos dieron pasos en explicar la incapacidad de un modelo de industrialización que nunca consultó los intereses y las necesidades de quienes hacen realidad la producción. Como respuesta patronal y estatal, además de la represión, se usó el recurso de hacer recaer sobre los hombros de los trabajadores la culpabilidad y el desprestigio por los balances de una u otra empresa.

Aún hoy, cuando es más sencillo seguir la realidad, no sorprende escuchar como explicación facilista que “claro, la empresa se quebró porque tenía sindicato”. Sin desconocer que la temprana confusión ‘vanguardista’ entre intereses “partidistas” y “clasistas” puso a un sector del sindicalismo como víctima del inmediatismo; a dejar de lado la lucha y la movilización por las reivindicaciones básicas, y de contradicción entre el poder y los sindicatos, con aislamiento y merma de su prestigio dentro de los afiliados mismos. En medio de este sombrío panorama, la opción de sindicalizarse es ya todo un reto. Vencer los temores resultaría un éxito.

La cifra del escaso 4 por ciento de trabajadores afiliados a los sindicatos refleja el poco espacio que deja el establecimiento para la forma organizativa que fue central en los postulados de justicia social en Europa y otras regiones del mundo, como recuerda Adam Przaworski, al señalar que las sociedades con menos desigualdad son aquellas donde hay sindicatos fuertes [3]. Pero de esta afirmación a concretar una adecuada organización gremial hay mucho trecho.

No es casual, por tanto, la dificultad para superar la debilidad organizativa del sector, en su mayoría constituido por sindicatos de gremio y de empresa, conocidos como de primer grado. [4]. Diversos sectores sociales y políticos asumen elevar estas formas organizativas a su segundo grado (federaciones, confederaciones y centrales), con algún avance en los años 70 y 80 del siglo pasado, durante los cuales Fenansintrap, Fenaltrase, Fenasibancol, desempeñaron un rol importante en la resistencia de los trabajadores. Pero la aceptación y la aplicación del recetario neoliberal por parte de los patrones –privados o públicos– quebraron el papel de estas instancias de centralización de las organizaciones obreras.

Estos hechos debieran obligar a preguntarnos en el país por qué, pese a las debilidades del sindicalismo, el sistema lo mira aún como un rival fuerte. Cabe pensar que para un Estado como el colombiano, construido sobre la lógica de la dispersión territorial y social, la existencia de organizaciones de base es un contraste o desafío que invita a los grupos dominantes a practicar el exterminio; es un indicio de que los gremios de trabajadores con autonomía alcanzan una importancia significativa.

Años 90 y siguientes

Con la aprobación de la Ley 50 de 1990, que flexibilizó el mundo del trabajo, propósito profundizado en 2001 con la Ley 789, quedaron como objetos de museo la estabilidad laboral, el contrato a término indefinido, las vacaciones remuneradas, etcétera, y fueron legalizadas las EST y las CTA. En el Estado se hizo común el contrato a término fijo, las vinculaciones de escasos tres meses, lo que obliga al empleado a la sumisión generada por el temor de no ser reenganchado en el siguiente trimestre, pero, además, a regalarse cada tantas semanas de trabajo, pues, pese a no tener contrato laboral, sigue recibiendo órdenes y misiones. El trámite de la firma del próximo contrato obliga a cumplir con el jefe de turno. La posibilidad de sindicalizarse ni siquiera pasa por su cabeza.

Sin duda. El Estado multiplicó las violaciones permanentes de los derechos laborales, y los agentes privados no se quedaron atrás. Aprovechando la debilidad de los trabajadores y la laxitud habilitada por el Estado, agente que se suponía neutro, licenciaron a miles de sus empleados, pasándolos a formas temporales de contratación, u obligándolos a vincularse a una EST o una CTA. Así, quebraron salarios, burlaron jubilaciones y reventaron sindicatos.

Contra esta realidad no valieron los esfuerzos de los sindicalistas. Así lo atestigua el ejemplo de la Unión de Empleados Bancarios (Uneb), que a mediados de los años 90 del siglo XX presentó un pliego petitorio de todo el sector a la Asobancaria (supuesto representante de los dueños de bancos), con una total burla como respuesta: el supuesto gremio no admitió negociar como un todo con su sector. Entonces, se tuvo que presentar un pliego reivindicatorio banco por banco, sin avanzar en la homogeneización de las condiciones contractuales en el sector financiero. También resalta cómo de un momento a otro Fenasintrap y Fenaltrase, federaciones con liderazgo en importantes jornadas de lucha de los trabajadores eléctricos y de empresas públicas, enfrentaron a los nuevos patrones de las empresas otrora estatales, ahora privatizadas, con la imposibilidad de discutir un solo pliego de peticiones, bajo la reticencia del sector a negociar de manera justa las reivindicaciones obreras. Con gabelas y ventajas extendidas por el Estado a los patrones, hubo extremos de liquidación sindical a comienzos del nuevo siglo, con empresas como Coltejer y Bavaria, para cuya venta los factibles nuevos dueños las exigían “cero kilómetros”, es decir, sin trabajadores sindicalizados. Y el Estado guardó silencio.

Con semejantes ventajas para la patronal, con un salario en picada y bajo constante amenaza, los trabajadores agremiados resisten pero no transforman su forma organizativa. No aciertan en un modelo organizativo que gane la simpatía de los innumerables trabajadores por cuenta propia, que viven –muchos de ellos– en su propio territorio de residencia. Sin levantar un modelo que conjugue trabajo, vivienda y reproducción social, pero que al mismo tiempo vincule trabajadores formales e informales. Al encarar este reto, no debemos olvidar que el globo entró en una fase de la acumulación de capital en la cual la competencia internacional tiende en forma acelerada a nivelar los salarios por lo bajo. Esto ya es una práctica en los propios países del centro rico que por primera vez, en décadas, amenazan con salvajes borrones en el conjunto de sus conquistas sociales. Las luchas tienen hoy la novedad de requerir ser transversales en el interior de una sociedad e internacionalizadas en la mayor medida posible. ¿Contar con sindicatos transnacionales? Es ésta una pregunta que el sindicalismo siempre ha querido dejar de lado.

¿Cómo deben ser las relaciones internacionales entre trabajadores, más allá de los consabidos intercambios sociales? Si el capital se internacionaliza, reforzándose con los tratados de libre comercio, ¿deben las respuestas de los trabajadores mantener marcos locales y nacionales? Sin duda, el cambio y la renovación son uno de los mayores retos que debe abordar el sindicalismo en Colombia si quiere romper las dinámicas históricas en que se encuentra [5].

En particular, y a pesar de los resultados, el Magisterio trató de pasar de la reivindicación gremial a la expresión política. En algo pesó la participación electoral (para el Congreso), sin la suficiente diferencia en las posiciones por interés del candidato y las del gremio. Superpuestos al gremio, los docentes-candidatos transforman su representación. Así sucede con otros sectores del sindicalismo, lo cual desmotiva la participación de sus bases y supeditan las reivindicaciones al lobby con políticos y funcionarios. Como expresa el artículo “Sindicalismo por dentro”, p. 4, los vicios y las deformaciones de los dirigentes sindicales son muchos más. Tienen consecuencias. Ayudan a desfigurar y debilitar el sector. Pero afectan más su fragilidad, la reticencia pública y privada para que haya sindicatos, recurso legítimo, irremplazable, para construir democracia y estimular en todos los niveles la participación social y la redistribución de las ganancias [6] . En favor del país, el sindicalismo debe superar la exclusiva etapa de la acción de protesta y adentrarse en la de construcción de espacios reales de poder que lo vinculen con todos los sectores populares.

La soberanía

Sin vergüenza, no bastaron el reclamo popular ni la cantidad de dirigentes sacrificados. Entonces, sorpresa e indignación causan que el gobierno nacional, con afán de firmar a nombre del empresariado el acariciado TLC con los Estados Unidos, se someta a supervisión de la potencia del norte, para ahora sí –supuestamente– cumplir con los códigos penal y laboral, además de la Constitución Nacional misma.

Indignación, toda vez que los sindicalistas han denunciado y reclamado ante las instancias pertinentes del orden nacional e internacional (OIT) la realidad, encontrando oídos sordos como única respuesta. Pero, como lo recuerdan los cables de wikileaks, la dirigencia criolla padece de total sumisión ante el gobierno estadounidense. Y aquí, con “Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales”, refrendan su catadura sin patria.

Llama la atención el plan oficial por ganar el silencio o el sometimiento de los sindicalistas, propósito parcialmente obtenido cuando la Central General de Trabajadores (CGT), en su reciente congreso, y dada su ambición por hacerse a la conducción del proyectado Ministerio del Trabajo, no ahorra alabanzas sobre la política salarial y laboral del actual gobierno.

¿Sin romper el modelo impuesto por las reformas del 90 y 2001, cómo hará el Gobierno para que prevalezca el derecho de asociación y de negociación colectiva? ¿Están dispuestos los patronos a respetar –esta vez sí– los derechos de los trabajadores? ¿Tiene espacio tal modelo laboral en medio de un TLC que obliga a quebrar más derechos y reducir más salarios para poder ser ‘competitivos’? ¿En las grandes plantaciones, casi siempre bajo mando paramilitar, tendrá aceptación el respeto a los derechos constitucionales y laborales?

Las posibles respuestas dejan muchas dudas e indican que el modelo empresarios-Estado-sindicatos seguirá el camino hasta ahora recorrido: Normas violadas. Vidas segadas. Soberanía arriada. En las manos de los sindicalistas, renovando su acción cotidiana, dando cuenta del nuevo mundo del trabajo, hay una oportunidad para que Colombia no sea así.

Notas

[1] Declaración de la CUT y la CTC sobre el plan de acción para la aprobación del TLC acordado entre los presidentes Obama y Santos.

[2] id.

[3] Adam Przeworski, politólogo polaco-norteamericano. “Los países con sindicatos fuertes tienen menos desigualdad”. Página 12, lunes 28 de marzo de 2011. www.pagina12.com.ar.

[4] Ver “Colombia: exclusión política…”, p. 4.

[5] Para el caso, el sector eléctrico –asociado en Sintraelecol– enfrenta el reto de recoger en sus pliegos reivindicatorios no sólo a los trabajadores de las empresas del sector sino asimismo a todos los ‘eléctricos’ informales que pululan por todo el país, y a la par los ingenieros eléctricos desempleados. Reivindicar para los primeros formación académica, abrirles espacio de asociación, reivindicar tarifas mínimas en su labor, pero al mismo tiempo el sindicato debe proponerse la constitución de una universidad o centro de estudios superiores donde se forme el gremio. Para los segundos, el sindicato abre un espacio de identidad y solidaridad.

[6] En Argentina, según datos de 2009, la negociación colectiva cubre al 80 por ciento de los trabajadores registrados, el 50 por ciento de los asalariados. En México, el porcentaje entre los asalariados llega al 17 por ciento, y en Chile a un magro 5,6. Sólo Brasil registra un nivel de cobertura comparable de los acuerdos colectivos. Con una salvedad: en Brasil, Chile y México, casi la totalidad de los trabajadores convencionados está bajo acuerdos de ámbito local, municipal o de empresa, mientras en Argentina la gran mayoría está cubierta por convenios de actividad, que tienden a atenuar la dispersión salarial e incrementar los básicos generales, es decir, los ingresos de los trabajadores menos pudientes”. “Resurgimiento, con ventajas y vicios, del modelo gremial argentino”, Sebastián Etchemendy, Le Monde diplomatique edición Cono Sur, número 142, abril de 2011, p. 4.


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