Las sucesivas oleadas desarrollistas en el Estado español han posibilitado la formación de un nexo de unión tan intenso entre las realidades del Estado y el Capital, que nos impide reconocerlas como entidades distintas. La percepción de esta fusión, de esta alquimia de Poder, se ha intensificado aun más si cabe, desde el estallido de la crisis.
El Estado se ha convertido en el vehículo a través del cual el Capital adquiere la porosidad necesaria para reproducirse socialmente y para realizar sus intereses específicos. El Estado ha sido el encargado de construir, organizar y administrar la totalidad del espacio social dominante por el que circula el Capital, aportando desde territorios para actividad industrial, hasta frecuencias de emisión, rutas aéreas y terrestres o líneas de alta tensión para asegurar el abastecimiento eléctrico de las metrópolis.
A través del Estado, el Capital ha adquirido la capilaridad social necesaria para penetrar en los pliegues de la realidad social, sometiendo todo el imaginario colectivo a la lógica del valor y a la violencia estructural del dinero. El Capital no es una estructura abstracta, ni una suma de máquinas u objetos materiales en circulación, es sobre todo una relación, una relación de producción y al mismo tiempo que una relación biológica de dominio en la que la competencia entre individuos aparece como único horizonte civilizatorio y el crecimiento ilimitado representa el único criterio de progreso.
Únicamente a través del Estado el proyecto de dominación capitalista adquiere legitimidad y toma apariencia de administración. El Estado es la única estructura de compensación con capacidad para vincular tanto a las clases medias como a los diferentes estratos sociales que merodean en busca de una identificación de tipo democrático y no clasista, tras la desintegración de la última clase universal, la clase obrera. Mediante los rituales de catarsis democrática se renueva colectivamente la «creencia» en el Estado. En ellos, el Estado se apropia de la sociedad misma y los individuos se reconocen en la «acción» del Estado, siendo mayor su aceptación en la medida en que se descomponen y desaparecen las antiguas mediaciones sociales: familia, clase, barrio, valores, ideología.
La economía como área de lo «no político» ha necesitado de la política del Estado para secuenciar los tiempos de extracción de plusvalía entre los asalariados, así como para reglamentar la apertura de nuevos nichos de mercado para el Capital. Cualquier dinámica urbanística, tecnológica o política del Estado ha de ser considerada como una reacción de ajuste, sintonía psíquica o sincronización con el modelo productivo dominante, con el proyecto totalitario del Capital, que ha buscado invariablemente la sustitución de trabajo vivo por prótesis tecnológicas, así como la transformación de la antigua clase obrera en masa ciudadana. La tendencia del Capital vista en toda su pureza consiste en suprimir tanto como sea posible el trabajo humano, en volver cuantitativamente irrelevante el tiempo de trabajo respecto a los sistemas de producción automática.
La clase política, como representación legitima del Estado, como clase propietaria del Estado, conforma ese estrato post-burgués, que posibilita la capilarización de los intereses de la Banca, la patronal y las multinacionales en el seno del Estado. La clase política contemporánea representa el líquido de un sistema de vasos comunicantes que difunde desde los compartimentos del Capital privado (Telefónica, Repsol, FMI…) a los receptáculos del Estado y viceversa, en función de que el escenario político sea mas o menos favorable para la transfusión de las bolsas de Capital público a las arterias del sistema de circulación del Capital privado.
Si al Capital le resulta imposible vivir sin el Estado y al Estado le resulta imposible sobrevivir sin una clase política, la clase política representa necesariamente a esa fracción parasitaria que posibilita la materialización de los intereses del Capital en el seno del Estado.
En los últimos años, el penetrante carácter invasivo de lo financiero ha colonizado la totalidad del espacio económico, dotando al Capital de una relativa independencia respecto de los intereses del Estado. La reducción del tiempo de movilidad del dinero prácticamente a cero ha liberado al Capital financiero de cualquier tipo de restricción relacionada con los territorios por donde circula o con el control económico de los gobiernos nacionales en los que opera.
El agotamiento de la lógica industrial como forma de acumulación de Capital en Occidente ha conducido a la clase empresarial a una vocación especulativa cada vez mas pronunciada, obteniendo crecientes plusvalías de inversiones en mercados financieros o inmobiliarios, en lugar de extraerlas directamente del mundo del trabajo o el proceso productivo. El capitalismo financiero actuando como un dispositivo patógeno, parasitario de las formas reales de producción, está provocando un colapso del salario a nivel mundial y la expansión de un mercado de trabajo sin garantías, en el que la precariedad aparece como norma general de subjetividad social.
El Capital financiero o impaciente, centrado en la búsqueda obsesiva de ganancias a corto plazo, ha generado una amplia oleada de inestabilidad, que ha resultado ser temporalmente incompatible con la formulación de políticas estatales que permitan gestionar de manera sostenible la extracción de plusvalía social. Cuando esta incompatibilidad se ha hecho inasumible para ambas partes, se ha empezado a hablar de crisis. La crisis no representa un problema para el Capital sino que aparece como una solución necesaria para reiniciar el ciclo de acumulación tras la situación de estancamiento económico generalizado. La militarización de internet, las patentes biotecnológicas, la propiedad intelectual, la privatización de servicios públicos o la explotación de la paranoia securitaria parecen ser los nuevos nichos de mercado con los que el Capital espera recuperar sus tasas de ganancia.
Por otro lado, la crisis también supone una oportunidad para el Estado, ya que le permite completar su proceso de transformación hacia el Estado total, un Estado de Necesidad fuertemente demandado por la ciudadanía para que mantenga los derechos-prestaciones del modelo de Bienestar o para que compense al menos con la creación de unos derechos-servicios low-cost o con una renta básica que permita sobrellevar una existencia miserable.
En tiempos de crisis el único proceso de deslegitimación del Estado es el que corresponde a su disolución, como Estado-nación, sostenedor del exiguo modelo del Bienestar. La ciudadanía apela al Estado porque reproduce las relaciones sociales, porque es el único punto fijo en un mundo en permanente convulsión. No buscan recuperar una hegemonía de clase, sino consolidar la hegemonía del Estado.
La crisis ha de ser abordada tanto como un fenómeno endógeno al Capital, imprescindible para su revitalización, como una ruptura con el Estado del Bienestar y el compromiso de pacificación social que representaba.
En el Estado español el ciclo desarrollista previo a la crisis, ha estado fuertemente ligado a las dinámicas de expansión urbanística y a la especulación inmobiliaria que ha llevado asociada. El Estado no ha sido un mero espectador de este ciclo, sino que ha ejercido como eje de concertación entre el mercado financiero, la metástasis urbanística y la especialización del modelo productivo hacia sectores altamente territorializados como la construcción, el turismo y los servicios de consumo.
La intervención del Estado a través de leyes, decretos y reformas ha sido decisiva para consolidar las dinámicas capitalistas de extorsión y extracción de valor en el territorio hispano. La responsabilidad del Estado en la gestación de la crisis en curso es un hecho innegable, que merece la pena ser analizado:
– El peculiar crecimiento y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria en el Estado español no puede ser entendido sin la aprobación de la Ley del Suelo de 1998, también conocida como «ley del todo urbanizable».
Esta Ley agilizó el sistema de tramitación de permisos urbanísticos para los constructores y posibilitó la participación de los promotores privados en la ordenación urbanística del territorio. La lógica utilizada por la clase política para conseguir que esta Ley fuera socialmente digerible, se basó en los esquemas ideológicos tradicionales del libre mercado: El incremento masivo de la oferta de suelo urbanizable, potenciará la construcción de un mayor número de viviendas a un precio más ajustado.
La irracionalidad de la economía demostró la falsedad de los principios de libre mercado aplicados a la vivienda. Solo es posible expandir un mercado inmobiliario en un ambiente general de precios al alza, es decir un ambiente de tensión especulativa que estimule a la masa asalariada a adquisición de inmuebles, considerándolos como un bien de inversión con valor de cambio y no como un bien con valor de uso.
La ley del suelo fue la palanca que posibilitó ese ambiente de encarecimiento general del precio de la vivienda y que alimentó el crecimiento de una burbuja inmobiliaria, que estaba condenada a estallar por la incapacidad del mercado para absorber la enorme oferta de vivienda construida disponible.
Cuando los precios de la vivienda se pusieron imposibles y las condiciones hipotecarias se tornaron absolutamente abusivas se desmoronó la demanda de vivienda, los precios cayeron y la sombra del impago hipotecario se proyecto sobre todo el sistema financiero originando el crash inmobiliario del 2007
La crisis de sobreproducción urbanística ha generado un excedente de mercancías-vivienda, que no encuentran salida en el mercado y que se acumulan sin ser utilizados.
Con el desinflado de la burbuja inmobiliaria se desinfló también la ideología felicista que había mantenido a la masa asalariada en ese estado de enajenación financiera transitoria y que los reposicionó sociológicamente en el terreno de las clases medias, en el terreno de la sociedad de propietarios. También comenzó la recesión de los miles de microcapitalistas aventureros que buscaron incrementar sus tasas de ganancia por las vías del rentismo y la especulación inmobiliaria, ante la imposibilidad de hacerlo por la vía del trabajo asalariado.
– Las sucesivas reformas de la Ley Hipotecaria en el Estado español estuvieron orientadas a expandir y democratizar el proceso de financiarización, implicando a todos los estratos sociales, incluidos los más frágiles, en este experimento de capitalismo de masas que subsumió la vida de los proletarios bajo la lógica financiera de los rendimientos futuros. Con la simplificación de los trámites para la concesión de créditos hipotecarios, las entidades bancarias posibilitaron que el derecho a la vivienda se materializara como una realidad al alcance de todos los estratos sociales. Una realidad pervertida o una perversión de la realidad, que obligó a amplias capas de población a asumir unos niveles de endeudamiento con los bancos muy por encima de sus rentas anuales y que los condenó de por vida a la esclavitud asalariada como único camino para redimirse de la cadena perpetua hipotecaria.
Por otro lado, la reforma de la Ley Hipotecaria supuso la incorporación «de facto» de las entidades bancarias en el bloque hegemónico de la dominación. La transferencia de poder estatal a las entidades bancarias amplió su rango de intervención y las dotó de nuevas responsabilidades punitivas-represoras que se hicieron efectivas con la autorización de miles de ejecuciones hipotecarias y de desahucios por impago. Los bancos, como vanguardia del programa de desposesión y exclusión social que se está desarrollando durante la crisis, han dejado en la calle a 400.000 familias hasta el momento y recae sobre ellos la responsabilidad directa o indirecta de mas de una decena de suicidios asociados a los procesos de desahucios o desalojos por impago.
– Las políticas de vivienda en el Estado español han seguido el itinerario continuista de las políticas franquistas de los años 50, basadas en la adquisición de vivienda en propiedad. Históricamente la sociedad española ha sido educada en una subjetividad extravagante en relación a la propiedad privada de suelo o inmuebles. La vieja frase del primer ministro de Vivienda franquista de 1956 resume perfectamente el espíritu de los tiempos actuales: «Queremos un país de propietarios, no de proletarios». En el imaginario colectivo español el concepto de vivienda en propiedad ha estado tradicionalmente asociado a la idea de desproletarización y ha materializado entre la masa asalariada el deseo de inclusión y pertenencia social a las clases medias. Las sucesivas intervenciones del Estado en materia de vivienda desde los años 80, con el Decreto Boyer a la cabeza, supusieron la liquidación total del parque público de vivienda, la progresiva desprotección del alquiler, así como la marginación de la construcción de casas de protección oficial.
– Las políticas estatales de inversión en obras públicas e infraestructuras de transporte fueron esenciales para la transformación de territorios y las ciudades en Capital inmobiliario durante el ciclo desarrollista. La construcción de carreteras de alta capacidad, aeropuertos, macropuertos y ferrocarriles de alta velocidad desarrollaron una importante función motriz en la valorización del territorio, favoreciendo el incremento de precios y la especulación inmobiliaria en zonas que circundaban a las infraestructuras. Las infraestructuras de transporte conformaron una parte fundamental del complejo sistema circulatorio del Capital y posibilitaron la circulación acelerada de mercancías, mano de obra barata, hordas de turistas o de clase dirigente hiperactiva, haciendo virar los patrones de movilidad hacia los de una economía terciarizada y históricamente condenada a la quiebra.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del 2005 fue decisivo en el camino de consolidación de una geografía por y para el Capital, basada en una sobredotación de carreteras de alta velocidad y de líneas de alta velocidad ferroviaria. Los objetivos estatales en materia de movilidad estaban dirigidos a reposicionar a un 90% de la población a menos de 40 km. de una vía de alta velocidad. En un periodo de 10 años de duplicó la capacidad de los aeropuertos principales y se plagó el territorio de aeropuertos secundarios, así como de tramos mas o menos largos de autopistas de pago o de vías de TAV.
El esquema ideológico dominante se basó en la ecuación «a mayor movilidad mayor progreso», extendiendo entre la masa asalariada algunos prejuicios culturales preocupantes, como la accesibilidad como bien en si mismo o la isotropía, concretada en que «todo debe estar al alcance de todos». El síndrome de aislamiento de los pueblos y ciudades periféricas fue aprovechado como herramienta de consenso social para la construcción masiva de infraestructuras de alta velocidad.
A pesar del enorme agujero de deuda asociado al culto de las infraestructuras, el Estado español presume de tener el territorio con más kilómetros de autopistas, autovías y TAV después de USA o China.
– La organización del territorio en Autonomías a partir de 1978 facilitó la transferencia progresiva de las diversas competencias del Estado a los gobiernos regionales y Ayuntamientos, en lo referente a temas como urbanismo, medio ambiente, infraestructuras, etc. Este hecho permitió que la economía de CCAA y ayuntamientos se cementara durante el ciclo desarrollista entorno a los ingresos asociados a valores inmobiliarios, licencias de obra, recaudaciones tributarias, operaciones de compra-venta o cesión de suelo público a la mafia inmobiliaria.
Los planes generales de ordenación urbana, rediseñados en los despachos de la patronal de la construcción fueron aprobados sistemáticamente por la clase política local y regional, generando un entramado de corrupción de proporciones descomunales.
Poco a poco, ciudades y regiones se fueron convirtiendo en verdaderos motores de crecimiento y promoción local, estableciéndose una feroz competencia interregional por la atracción de inversiones públicas y privadas. Los gobiernos locales quedaron atrapados por las típicas espirales de inversión-endeudamiento-inversión, en una competencia desenfrenada con otras localidades por la concentración insostenible de equipamiento urbano, la gentrificación de los centros históricos o el desarrollo de infraestructuras faraónicas (aeropuertos, puertos deportivos, edificios emblemáticos, parques de ocio, campos de golf, casinos…). El hundimiento del ciclo inmobiliario ha puesto de manifiesto que el problema de muchas ciudades y municipios no solo reside en la gestión de la crisis fiscal generada tras la euforia desarrollista, sino en un rescate de la quiebra técnica de sus economías, que debe ser asumido obligatoriamente por el Estado. El rescate estatal de las Comunidades Autónomas endeudadas, obliga a estas regiones a externalizar sus deudas y problemas de solvencia a la masa ciudadana, a través de severas políticas de recortes en derechos sociales, subidas de impuestos, privatización de servicios o venta de ciertos edificios emblemáticos.
– Las sucesivas reformas laborales de los últimos 30 años y en especial la aprobada en el 2012, han tenido como doble objetivo, la flexibilización de las relaciones de trabajo y la destrucción de los vínculos históricos de sociabilidad obrera. La Reforma laboral del 2012 ha favorecido tanto la flexibilidad externa orientada a la facilitación y abaratamiento del despido, como la flexibilidad en el interior de los centros de trabajo, con la posibilidad unilateral de modificación de las condiciones de trabajo por parte de la patronal al poder desligarse a voluntad de los convenios colectivos. Además se ha abierto la posibilidad de descasualizar el despido colectivo, pudiendo las empresas despedir libremente a los trabajadores si disminuye el volumen de beneficios o tienen previsión de pérdidas en relación a los ingresos del año anterior.
Con la Reforma, todo el poder ha pasado a manos de los patrones, dándoles legitimidad para fijar arbitrariamente el modo de prestación de trabajo, para aumentar sin restricciones la jornada laboral, para variar los turnos de trabajo o presentar sin avisar los ERE. El Capital aparece como el único arbitro en la vida social con libertad para reorganizar la totalidad del tiempo y la vida de los explotados.
La última Reforma laboral ha fractalizado las relaciones de clase hasta tal punto, que la patronal ya no paga por la disponibilidad de un trabajador para ser explotado durante un largo periodo de tiempo, sino que solo es retribuido por su prestación puntual, ocasional, temporal. Esta maniobra disciplinaria se ha traducido en la multiplicación del abanico de contratos temporales y en los recortes en la duración del subsidio de desempleo como método mezquino para fomentar la búsqueda de empleo, así como en la aceptación de cualquier tipo de empleo en las condiciones que marca el esclavismo contemporáneo.
– El tsunami privatizador ha venido arrasando el tejido productivo del Estado español desde mediados de los años 80, alcanzando una especial intensidad a mediados de los 90. Los argumentos utilizados por la clase política a favor de la privatización, tanto en su versión socialdemócrata como en la conservadora, fueron pura ideología. Se basaron en la repetición sistemática de los «mantras» neoliberales que llegaban desde la Europa anglosajona. Las privatizaciones eran consideradas como el mejor remedio para sanear las finanzas públicas, mejorar la competitividad en el mercado, mejorar la eficiencia de los procesos, etc.
En unos casos el Estado, apostó directamente por la desnacionalización o transferencia integral de las empresas publicas a manos privadas. En otros, fue la opción desreguladora la que adquirió relevancia, con la introducción de criterios de gestión privada en las empresas públicas o la cesión de ciertas actividades de las mismas a agentes privados.
Las primeras privatizaciones tuvieron como objetivo las «empresas estratégicas» relacionadas con la minería, la industria pesada, el aluminio, los automóviles, los carburantes y parte del sector de comunicaciones (Telefónica) y la electricidad (ENDESA). En la segunda oleada privatizadora de los años 90, el Estado dejó en manos del Capital privado a empresas de abastecimiento de servicios públicos como el agua, la electricidad, el gas natural, la red eléctrica, los transportes aéreos o las telecomunicaciones.
Tras el estallido de la crisis el Estado ha iniciado una tercera ola privatizadora mercantilizando o privatizando los últimos fragmentos de capital inmaterial o intangible que quedaban bajo su tutela, las áreas «gratuitas» del sector público que aun ligan al Estado a un raquítico modelo de Bienestar: la educación, la sanidad, la asistencia social, las pensiones y las instituciones públicas como universidades y laboratorios de investigación, los geriátricos, las prisiones e incluso los cementerios.
La mercantilización como mecanismo de conversión de bienes o servicios públicos en mercancías, es el primer paso para la formación de un nicho capitalista de mercado a partir de un sector o empresa pública. Una vez que se consiguen eclipsar las relaciones humanas subyacentes al espacio a mercantilizar, los individuos se ven forzados a asumir el papel de cliente, mientras la empresa estatal toma la apariencia de proveedor de servicios, formalizándose el proceso, a través de la fijación de tasas que simulen precios y den a los servicios apariencia de mercancías. El siguiente movimiento se concreta con el traspaso a manos del Capital privado de la empresa o servicio, bajo la excusa de la mayor eficiencia de lo privado y la insuficiencia de fondos para mantener lo público. La problemática que presentan los procesos de mercantilización pasan por conseguir hacer funcionar estas formas de capital inmaterial conocidas como derechos sociales, como un verdadero capital.
Las dificultades estriban tanto en la medición de la productividad monetaria de un derecho o un servicio hasta el momento gratuito, como en las resistencias a las privatizaciones por parte de los asalariados. Los explotados intuyen que las privatizaciones van a tener un papel estratégico en el control político y económico de toda la población. De llegar a completarse el ciclo privatizador la crisis se transformara en un fenómeno permanente de consecuencias sociales inciertas.
Se podría seguir analizando la trayectoria del Estado en otras áreas como el Código Penal, la Ley de Extranjería o la Legislación medioambiental, confirmándose en todos los casos, el proceso de cementación entre las realidades del Estado y el Capital y la transformación irreversible del modelo de Estado de Bienestar en Estado Represivo.