LA INFANCIA DESPROTEGIDA

La actual situación de los niños con graves carencias personales y sociales en España está llegando al caos, debido en su mayor parte a la ineficacia, fraude y corrupción en la aplicación de soluciones.

La responsabilidad de esto viene dada sobre todo por:
1. La promulgación de recientes leyes que afectan a la infancia. Leyes que aprobadas por los parlamentarios, sea por desconocimiento del tema sea desde posiciones autoritarias, están propiciando todo tipo de abusos y violaciones de derechos fundamentales:

• Ley de Adopción y acogimiento familiar 21/87 de 11 de noviembre.

• Anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del Menor y de Modificación parcial del Código Civil de 20 abril 1995.

• Ley 4/1992 de 5 de junio sobre reforma de los juzgados de menores.

• Leyes reguladoras en las Comunidades Autónomas de los salarios sociales de integración.

2. Las políticas presupuestarias de los gobiernos autonómicos y municipales, salvo honrosas excepciones, están devorando la mayor parte de los recursos que debiendo ser destinados a atender las necesidades reales de la población infantil se dedican a mantener toda una maquinaria de servicios, internados o residencias públicas y concertadas, con el consiguiente gasto de personal, burocracia, mantenimiento conservación, etc. Todo esto en su conjunto constituye un verdadero sistema en beneficio de los profesionales de los entes político-administrativos o privados a costa de los supuestos destinatarios, los niños.

3. La ideología y actuación de muchos responsables políticos está basada en una institucionalización y criminalización de los problemas de la infancia.

Los problemas de los niños son los de su propia sociedad: paro, vivienda, drogas, hiperconsumismo, violencia institucional, incomunicación, insolidaridad, etc., pero la Administración, negando la verdadera naturaleza de estos problemas responde con criterios represivos:

• A un sector de niños los priva de libertad en internados o residencias, con grave desarraigo afectivo y social. Este sector suele ser la cantera que sirve para alimentar las nuevas cárceles en construcción.

• La intervención de los juzgados de menores daña gravemente, con sus procedimientos aflictivos y sentencias punitivas, a niños y familias cuyos problemas -insistimos- son de otra naturaleza personal y social.

• La actuación de muchos técnicos y equipos multiprofesionales está violando habitualmente derechos básicos: a la privacidad del domicilio, al respeto de la dignidad personal de los niños y las familias, a la intimidad, etc. Infinidad de familias están siendo sistemáticamente hostigadas por servicios sociales y equipos técnicos, en mútuo apoyo con la policía. Con toda la información que se archiva, en razón de la pobreza de muchas familias, se crean enormes dossieres que se están utilizando para criminalizar y reprimir a ese sector de la población.

• Miles de niños van deteriorándose progresivamente de un supuesto servicio a otro, de un internado a otro, de una detención en otra, sin que dichas instituciones asuman ninguna parte de responsabilidad, sino al contrario, culpabilizando a los niños y a sus padres, hasta que finalmente los entregan a las últimas instancias carcelarias, cuando no quedan en el camino.

• Por otra parte, las instituciones oficiales realizan todo esto en actitud autista, ignorando y hasta obstaculizando cualquier iniciativa social que elija solidarizarse con el desprotegido y no con las instituciones que viven a su costa.

• Las supuestas ayudas sociales tienen más importancia simbólica de cara a la opinión pública que contenido real, las poquísimas que se conceden no cubren ni los mínimos básicos y se ofrecen a cambio de exigencias no siempre legítimas.
La ley de Reforma de Tribunales Tutelares, por su astutísima contradicción interna entre educación y penalización, que se introdujo so pretexto de garantías procesales, ha dejado desmantelado de toda garantía jurídica al sector de población que va desde los 12 a los 18 años, propiciando todo tipo de abusos en la aplicación de las sentencias, en función de las biografías de los chicos, chantajes a los niños y a sus familias para que no ejerzan sus derechos de recurso, engañosas intenciones educativas para camuflar el castigo o la represión, etc.

La reforma operada en la Ley 21/87, por la que las Comunidades Autónomas se apropian de la tutela, sin intervención y control judicial efectivo, retirándola al mismo tiempo a los directores de centros y guardadores de los niños ha originado que la representación legal la ostenten exclusivamente los funcionarios de la Comunidad Autónoma o los padres, que muchas veces son los responsables de la situación del niño o los mismos que quieren desprenderse de él.

Esta situación donde los derechos de tutela no se corresponden con los deberes de guarda está causando grave indefensión. Incluso los abogados defensores de oficio están denunciando no poder ejercer la función que se les encomienda en la ley y renunciando a ella.

Estos defectos legislativos están haciendo posible por ejemplo que la Comunidad Autónoma de Madrid desobedezca requerimientos judiciales de asistencia a un menor o que no abone la manutención de niños muy desfavorecidos con pretextos puramente burocráticos.

Denunciamos también que se están psiquiatrizando muy peligrosamente las conductas de los niños más rebeldes o incómodos remitiéndolos desde los internados y servicios a tratamientos claramente improcedentes o incluso administrándoles psicofármacos sin control.

La institucionalización de muchos niños en los internados sigue siendo crónica, los traslados de centro en centro, por razón de edad, por «mala conducta» o por intereses institucionales sigue siendo una realidad hoy en día. El desarraigo y la desadaptación son los efectos de una política que aparenta buscar los objetivos contrarios. Cuando cumplen los 16 años, o resultan molestos, se busca la manera de deshacerse de ellos. En cualquier caso a los 18 años se desentienden absoluta y definitivamente de ellos.