LA TORTURA EN HEGO-EUSKAL HERRIA

Si la tortura es un problema endémico en el Estado español (que lo es), este problema está agravado en Hego Euskal Herria como resultado del conflicto político que históricamente se viene desarrollando en este territorio. Es evidente que durante el régimen franquista, especialmente desde la década de 1960, el empleo de la tortura como instrumento de agresión a la sociedad vasca ha sido muy importante y la evolución constitucionalista del tardofranquismo no ha solucionado esta cuestión ni mucho menos. En lo referido a las cantidades, los dos últimos años de los que tenemos informes nos descubren que en el año 2004 fueron 100 las personas que denunciaron haber sido torturadas en estos territorios, cifra que aumentó a 144 en el año 2005. De estos casos denunciados algunos pueden considerarse los «habituales» dentro del contexto general de la tortura en el Estado, pero muchos de ellos están directamente relacionados con el conflicto político abierto en relación a la «cuestión nacional» en Euskal Herria: según informa el Torturaren Aurkako Taldea (TAT), los casos de tortura relacionados directamente con este conflicto en el año 2004 habrían sido 29 (un 29% del total) y en el 2005 fueron 55 (38% del total), lo que nos da una muestra de la magnitud del problema. De todas formas, las cantidades no son suficientes para explicar este problema, puesto que lo más grave es la existencia de una legislación especial para estas cuestiones, las leyes anti-terroristas, cuya aplicación supone un agravante de la situación al rodear de excepcionalidad toda esta problemática a través de la aplicación de la detención incomunicada y el sistemático traslado a Madrid de estos detenidos que caen bajo jurisdicción de la Audiencia Nacional. Este factor de «excepción» no sólo se convierte en un intensificador de la agresión recibida, sino que, además, supone un refuerzo de la impunidad que rodea la cuestión de la tortura, que en cierto modo se hace aún de una forma más impune cuando se rodea de la incomunicación.

Un último factor a comentar respecto a una parte de Hego Euskal Herria (en concreto la CAPV) es el referido a la actitud de la Policía autónoma vasca, la Ertzaintza, en lo referido a la cuestión de la tortura. Porque «gure polizia» también acumula denuncias por tortura y malos tratos: en el 2004 fueron 55 y en el 2005 fueron 47 las personas que presentaron denuncias contra la Policía autónoma vasca. Algunas de estas denuncias se relacionan con el mencionado conflicto político y el régimen de detención incomunicada, pese a la existencia de un «Protocolo de actuación» especial para estos casos que, si bien es presentado como ejemplo de garantía de los Derechos Humanos, deja mucho que desear según las personas que se han visto afectadas por él. Este protocolo, entre otras cuestiones, implica la existencia de un teléfono de atención a las familias para informar de la situación de l@s detenid@s y la grabación en video de los interrogatorios. El problema surge a la hora de ver cómo se aplican estas medidas: se ha denunciado que el teléfono de atención a las familias, más que para informarlas sirve para obtener de ellas información o ropa limpia con la que presentarles en los juzgados; respecto a las grabaciones… bueno, antes de decir nada sobre las grabaciones hay que explicar que la Ertzaintza está especializándose en tortura blanca, con lo que el contacto físico con la persona detenida es mínimo, esto supone que en algunos casos las grabaciones, sin audio, pueden incluso servir como una forma más de presión… Además, por razones técnicas no se graban todas las dependencias policiales y, lo más importante de todo, no hay un organismo independiente de la propia policía que revise y compruebe las grabaciones, lo que les resta gran parte de su valor, si no todo.

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