QUIÉN, CÓMO, CONTRA QUÉ EXCLUSIÓN

Introducción

La intención de este artículo es aportar reflexiones, datos y experiencias concretas de actuación contra uno de los principales males que nos aquejan: el paro, la precariedad laboral y la exclusión social. Estas líneas quieren servir para animar a la acción y al cuestionamiento de uno de los tótems sobre los cuales se asienta esta sociedad: el trabajo asalariado. Por eso nuestros análisis no sólo son una mera receta para maquillar las actuales situaciones de empobrecimiento que sufren miles de personas en Euskal Herria; queremos ir más allá: desde una práctica apegada a la realidad y a las personas que sufren en sus carnes la falta de recursos para desarrollar una vida digna, apostamos por cuestionar el actual modelo económico desarrollista. Sirvan estas líneas, en definitiva, para la creación de espacios de lucha y de intervención en lo social.

Lo económico

La magnitud de los problemas generados por el sistema económico neoliberal es tal que muchas veces nos vemos desbordados y nos sentimos impotentes a la hora de hacerle frente. Por ello lo prioritario en estos momentos es comprender sus mecanismos de actuación y funcionamiento: conocer las bases ideológicas que lo sustentan y su plasmación práctica.

El proceso de globalización económica, unido al impacto de las innovaciones científico-tecnológicas actuales no sólo no ha hecho disminuir el hambre y el sufrimiento, sino, por el contrario, en cifras absolutas hay en el mundo más gente que pasa hambre que la que ha habido nunca y el número sigue aumentando.

El sistema económico imperante está haciendo ensanchar cada vez más la brecha existente entre el Centro (Estados Unidos, UE, Japón) y la Periferia (Centro y Sudamérica, África, Asia y el Cuarto Mundo que subsiste con cada vez mayores cuotas de marginalidad en las ciudades de los países occidentales). El impacto de este sistema se hace sentir cada vez más en la naturaleza y en la propia salud de los seres humanos: el medioambiente y las personas nos hemos visto reducidos a ser meras cifras en los libros de pérdidas y ganancias del capital.
Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, de unos 3.000 millones de personas que forman la fuerza mundial de trabajo, 900 millones están en situación de subempleo y 140 están simplemente desempleadas, existiendo unos 1.200 millones de personas que viven por debajo de los umbrales de la pobreza -de las cuales más del 80% son mujeres-. La previsión para finales de 1998 era de 10 millones más de desemplead@s que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha hecho aumentar los niveles de pobreza, según el mismo informe. «…Paralelamente, a la persistencia de un fuerte desempleo y subempleo, cunde la preocupación por la exclusión social que va en aumento; estamos particularmente expuest@s l@s jóvenes, l@s parad@s de larga duración, l@s trabajador@s despedid@s, las minorías étnicas… La competencia cada vez más enconada y los cambios económicos que trae consigo la confluencia de la integración económica mundial con los adelantos técnicos, acrecentarán las dificultades de mantener -ya no crear- los actuales empleos existentes».
En la propia UE existen 18 millones de parad@s y 50 millones de pobres. En la otra cara de la moneda está la acumulación y concentración de la riqueza en cada vez menos manos (grandes multinacionales) y sin sentido de pertenencia a ningún pueblo o nación (capital transnacional). Bajo la «libre empresa» y el sistema de «libre mercado», sólo se puede funcionar creando estas grandes desigualdades. Pero el sistema político es incapaz de cambiar la situación porque es en sí mismo un reflejo del orden económico y social imperante. En la década de los 90, tras la caída del «Muro de Berlín» y tras demostrar con la «Guerra del Golfo» cuáles son las bases del Orden Económico Mundial, las grandes transnacionales se han lanzado a una frenética carrera de acumulación. Cualquier tasa de beneficios es insuficiente siempre y cuando exista otra forma de producción que sirva para aumentar este beneficio. La consecuencia lógica es el subempleo y la degradación de las condiciones de vida.

Lo institucional

CabrÍa cuestionarse cómo actúan las instituciones para paliar estas situaciones. En la Comunidad Autónoma Vasca se crea en 1989 el llamado «Plan de lucha contra la pobreza» ante la alarmante situación creada por la denominada reconversión industrial. Se pensaba que las situaciones generadas tras el desmantelamiento del tejido industrial productivo se resolverían en breve plazo promulgando leyes que tendieran a una mayor flexibilidad laboral, subvencionando a los empresarios para la contratación de trabajador@s, a través de incentivos fiscales o con la reducción de las cuotas pagadas a la Seguridad Social. A la vez se ha ido orientando el tejido productivo vasco hacia un terciario avanzado (máximo exponentes serían los proyectos del Guggenheim, Palacio Euskalduna o el Kursaal) o potenciando el sector servicios (grandes superficies comerciales y toda la gestión del ocio y el tiempo libre). Pero la realidad, que es muy terca, echa por tierra todas estas previsiones, y lo que surgió como un plan con una clara vocación puntual y limitada en el tiempo se consolidó como la única manera que tenían miles de vasc@s de poder subsistir. Esto trajo consigo la elaboración y aprobación en el 98 de la llamada «Ley contra la exclusión social». De esta manera, y ante la imposibilidad de poder maquillar las situaciones de pobreza que se viven en las calles de la CAV, se elabora una ley que recoge los aspectos más restrictivos de los anteriores planes contra la pobreza, pero donde, además, y después de los años de experiencia acumulados, se imponen unos mayores niveles de control social y de restricción en cuanto a las cuantías económicas y requisitos exigidos para acceder a las actuales ayudas públicas vascas contra la pobreza.

El caso navarro difiere en gran medida del de la CAV. Así, las situaciones de desempleo son menores, pero existe una alta tasa de precariedad laboral. Debido a esto, las situaciones de pobreza se ven más amortiguadas, aunque a lo largo del tiempo hacen que se vayan acumulando. Esto lleva en 1999 a que el Gobierno navarro apruebe una ley contra la exclusión social calcada a la de la CAV.

Filosofía de las actuales legislaciones contra la pobreza
En primer lugar, cabría destacar el carácter restrictivo de las actuales leyes contra la exclusión social que evita que miles de ciudadan@s vasc@s en situaciones de empobrecimiento grave puedan acceder a las ayudas públicas contra la pobreza.

Los requisitos exigidos son un obstáculo insalvable para muchas personas. Así, al no ser otorgadas con carácter individual, se inventa la fórmula de la «Unidad de Convivencia Independiente»; es decir, no se tienen en cuenta las situaciones concretas que se viven dentro de las unidades familiares, lo que provoca que las situaciones encubiertas de pobreza que viven sectores como los jóvenes o las mujeres sigan sin ser erradicadas. Por otro lado, se sitúa el absurdo de exigir el cumplimiento de los 25 años para acceder a estas ayudas, cuando la mayoría de edad es a los 18. ¿Puede haber mayor arbitrariedad?

Todo ello para evitar que las cuantías económicas destinadas al Ingreso mínimo de Inserción (IMI) se incrementen. Así nos encontramos como el año pasado en la CAV sólo se destinaron 10.500 millones de ptas. para hacer frente a todas las solicitudes de IMI.

Por último, comentar un aspecto que mucha gente no suele tener en cuanta a la hora de hablar de las ayudas sociales. Las llamadas «Ayudas de Emergencia Social». Estas ayudas no son un derecho, sino que están sujetas a los presupuestos. Esto significa que, aunque una persona reúna todos los requisitos exigidos, se puede encontrar con que no se le otorga una ayuda para hacer frente a gastos de alquiler, comunidad, luz, agua, dentista, oculista,… porque «no hay dinero». Debemos recordar que el año pasado se destinaron 2.000 millones de pesetas para las AES en la CAV, lo que da una media de 136.000 ptas. anuales de media para poder costear necesidades básicas como vivienda o sanidad.

Todas estas obligaciones son producto del miedo que les entró a los representantes institucionales ante el aumento del número de beneficiari@s de estas ayudas y, por lo tanto, del gasto público. Otro dato a tener en cuenta es, según palabras del Consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga, «la existencia de realidades de dependencia y cronificación», lo que traducido significa que cerca de un 40% de los perceptores de estas ayudas llevaban más de cuatros años cobrándolas -y esto es algo que el Gobierno Vasco no había previsto ni deseaba que ocurriera, en la medida en que desde un principio estas ayudas se concibieron con un carácter finalista y puntual; es decir, para un corto periodo de tiempo-.

El último punto que motiva que las prestaciones económicas sean tan miserables es la filosofía que anima a partidos como el PNV o UPN:

a) Por un lado, la privatización de los servicios sociales y la reducción del gasto público.

b) Por otro, la mentalidad de que es el mercado, con sus propios mecanismos el que debe regular la inserción y mantenimiento de l@s trabajador@s en el mundo laboral. Esto es lo que se trata de incentivar desde el erario público.

Junto a todas estas restricciones de derechos sociales nos encontramos con que las políticas auspiciadas desde las instituciones promueven los mecanismos de control sobre las personas perceptoras de las ayudas sociales. Así, se han ido introduciendo nuevas disposiciones que han reforzado especialmente la disponibilidad total para el empleo, con una insistencia creciente en el «deber de trabajar».

La importancia dada a los llamados «Convenios de Inserción» viene determinada por la intención de implantar «Procesos orientados a facilitar la inserción/salida de los programas de ayudas sociales, particularmente a través de la introducción de elementos motivadores para el acceso al empleo».

Debido a la notoriedad que adquieren cada vez más estas disposiciones en las reglamentaciones legales de las instituciones vascas pasamos a detenernos un momento en su análisis y caracterizaciones.

El reforzamiento de las obligaciones

El deber de trabajar y la disponibilidad para el empleo. La nuevas tendencias en el llamado Estado del Bienestar insisten de forma creciente en la vertiente de obligaciones de l@s beneficiari@s, en especial, en lo que se refiere a su deber de trabajar. En estos momentos, dicho deber ha pasado a convertirse en uno de los fundamentos de las leyes contra la exclusión social. Esta insistencia se ha traducido en un reforzamiento del principio de la obligación de buscar y, sobre todo, aceptar cualquier oferta de trabajo. Esta obligación es un instrumento importante para establecer el marco coercitivo a la hora de solicitar las ayudas sociales. Esto conlleva que has de aceptar cualquier empleo que te ofrezcan sin poder, de hecho, introducir prácticamente ningún tipo de restricción en cuanto a sueldo, tiempo de desplazamiento, horario de trabajo, etc. Como consecuencia -como está ocurriendo actualmente en Gasteiz- la gente es obligada -bajo amenaza de suspender la percepción del IMI- a aceptar trabajos gestionados por ETTs. Así se da la paradoja de que hay personas que cobran un sueldo inferior a lo que recibían con el IMI, teniendo en cuenta el bajo salario y los gastos de comida y desplazamiento. En definitiva, es el mercado el que regula la «inserción socio-laboral» de l@s perceptor@s del IMI y no los planes de las administraciones vascas y menos aún las personas empobrecidas.

Las contraprestaciones laborales

Las obligaciones impuestas a l@s beneficiari@s de las ayudas sociales no se limitan al hecho de tener que trabajar, sino que pueden complementarse con «la obligación de aceptar participar en el desarrollo de un trabajo comunitario como contrapartida al disfrute de una prestación de ingreso mínimo sin aportación de una cuantía económica complementaria por parte de la Administración. Este es el principio básico de la contraprestación».

A través de los denominados «Convenios de Inserción» se está intentando implantar en Euskal Herria la experiencia puesta en marcha en Estados Unidos a través de los programas «JOBS». En lo fundamental, estos programas plantean la posibilidad -que en la práctica se convierte en obligatoriedad- de desarrollar temporalmente -sin límite de tiempo en la realidad- actividades laborales en el sector público como precondición para el acceso a las prestaciones económicas.

Todos estos convenios o programas tienen un carácter coercitivo y su orientación principal persigue limitar los costes de la asistencia social y «fijar mecanismos de control a nivel local que actúen como elementos disuasorios en relación a posibles abusos por parte de aquellas personas que pudiendo trabajar decidan no hacerlo».

También estas contraprestaciones son utilizadas para cubrir puestos de trabajo a través de mano de obra sin derechos laborales y/o sindicales. Un nuevo ahorro del gasto público: la PSS para los pobres.

En definitiva, todas estas medidas -el «deber de trabajar» y la contraprestación- van en la línea de limitar las cuantías económicas y restringir el acceso a las ayudas sociales.
¿Cuáles son los objetivos de las administraciones vascas a la hora de poner en marcha las leyes contra la exclusión social? El principal sería, según sus propias palabras, «garantizar unos mínimos ingresos que aseguren la subsistencia y la cobertura de las necesidades básicas».

En un primer momento -y según el espíritu de las leyes- se configura un sistema que tiende a garantizar la consecución de unos ingresos ajustados al modo de vida medio de la población de la CAV o Navarra; es decir, alcanzar un nivel de bienestar cercano a la media de toda la sociedad considerada en su conjunto (en la CAV esto supondría unas 130.000 ptas. al mes; nada más lejos de la realidad).

Pero en un contexto de aumento del desempleo y de caída de los salarios se ha acentuado la tendencia a evitar que los niveles de las prestaciones económicas fueran tan altos, en relación con los salarios medios de los colectivos sociales en situaciones de precariedad y explotación laboral, y que pudieran así introducir un desincentivo para la búsqueda de empleo.

Esta política resulta especialmente preocupante, teniendo en cuenta el contexto económico en el que nos desenvolvemos, caracterizado por una presión creciente sobre los salarios y por la introducción de políticas de apoyo a la creación y consolidación de los trabajos peor remunerados, como instrumentos para la inserción en el mercado laboral. En la práctica, lo que estas líneas políticas traen consigo es que las cuantías económicas no superen los niveles de subsistencia; es decir, los niveles de ingreso nunca superarían lo que se llama «el umbral de la pobreza», las 60.000 ptas. (así, en la CAV los ingresos se sitúan en 50.815 ptas. y en navarra en 51.000 ptas. mensuales).

En definitiva, estas restricciones de las cuantías de las prestaciones económicas provocan la introducción de restricciones a la hora de poder acceder a las ayudas contra la pobreza otorgadas por las instituciones vascas.

La asistencia social

Una consecuencia directa de este tipo de actuaciones es la vulneración sistemática de los derechos de las personas sin recursos.

Estos recortes se visualizan claramente en el trato incorrecto, humillante y fiscalizador que mantienen las trabajadoras sociales frente a las personas que solicitan alguna de las ayudas existentes en la actualidad. Los resultados son los siguientes:

1) Las trabajadoras sociales no informan nítidamente sobre las ayudas públicas de Bienestar Social disponibles. Las palabras IMI, AES y ayudas municipales, con sus correspondientes requisitos y cuantías, nunca salen a la palestra en el primer momento de la entrevista con las trabajadoras sociales. Estas entrevistas, de una hora de duración aproximadamente, no giran sobre las situaciones de empobrecimiento en que viven quienes se acercan a las Unidades de Trabajo Social (UTS) de Base, sino en torno a la vida privada y las relaciones de amistad que se mantienen. Las ayudas públicas no tienen en cuenta la situación económica concreta de cada caso, sino las posibilidades de recurrir al colchón familiar y la posible cobertura que te puedan prestar l@s amig@s. También se investiga si se mantiene alguna relación sentimental, y en el caso de que lleguen a la conclusión de tienes algún novi@, te puedes ir despidiendo de la ayuda. Toda esta información, que corresponde al ámbito de la vida privada, cobra un papel fundamental a la hora de agilizar los trámites de concesión de las ayudas, su cuantía y su periodo de percepción. Casi nunca se pone en primer lugar las situaciones de carencia de recursos.

Por otra parte, al no explicarte convenientemente en qué consisten tus derechos, se genera una indefensión brutal en la medida en que todo queda al libre albedrío de la trabajadora social.

2) Las trabajadoras sociales no tramitan todas las solicitudes, tanto del IMI como de las AES, que se les presentan. El argumento esgrimido es el siguiente: «para qué vas a realizar todo el papeleo que supone una solicitud si después te la van a denegar por falta de presupuesto»; claramente se arrogan un papel que no les corresponde. La denegación de una AES pertenece a la Comisión de Bienestar Social de cada ayuntamiento, donde están representados todos los partidos políticos; o en el caso del IMI, al Departamento de Acción Social de cada diputación. Además, esta denegación nunca puede ser verbal, sino siempre por escrito, argumentando y especificando plazos e instancias donde recurrir.

No sorprende así, que todos los años salgan informes favorables sobre la gestión de los Servicios Sociales y las peticiones concedidas y tramitadas. Un ejemplo: el Ayuntamiento de Barakaldo no duda en decir en sus balances anuales que el 97% de las solicitudes presentadas son atendidas, cuando la realidad en bien otra.

3) Las trabajadoras sociales desaniman y en muchos casos presionan («te he dado una AES para alquiler, cómo me pides otra para el dentista», en palabras textuales) para evitar que la gente realice su solicitud, cuando la propia ley señala que se pueden pedir varias AES «debidamente justificadas». También es cierto que la ley señala un máximo de 560.000 ptas. anuales para AES por unidad familiar, pero ahí están las ayudas municipales que no fijan límites.

4) Las trabajadoras sociales no dan a todas las visitas un resguardo donde se indique que han sido correctamente informadas sobre las ayudas públicas disponibles y que se han solicitado todas a las que se tiene derecho. Este resguardo, como instruye el procedimiento administrativo ordinario, permitiría a l@s ciudadan@s emprender las reclamaciones oportunas a las administraciones públicas.

5) Los informes de las trabajadoras sociales siempre son confidenciales e inaccesibles para el/la interesad@. Debemos tener en cuenta que en un 90% de los casos el informe redactado por la trabajadora social será la base utilizada para la denegación, concesión y cuantía de las ayudas. Por eso, es importante exigir que los informes sean públicos, con lo cual se tendrán más datos a la hora de exigir o presionar tanto a las instituciones como a las propias trabajadoras sociales.

6) Las trabajadoras sociales no se atienen a la cuantía de las solicitudes -previa presentación de presupuestos y documentos varios-. Es inaceptable que para un alquiler que ascienda a, por ejemplo, 300.000 ptas. semestrales, la trabajadora sugiera/imponga una solicitud de 200.000 ptas., con lo que cuando la petición llegue a la Comisión de Bienestar Social sólo te concederán esas 200.000 que «tú» has solicitado y no las 300.000 necesarias para cubrir la cuantía total del alquiler.

7) Las trabajadoras sociales impulsan investigaciones paralelas y totalmente arbitrarias sobre l@s solicitantes. La documentación requerida para el trámite de las ayudas públicas debería ser, en tanto que oficial (papeles del INEM, Seguridad Social, Cajas de Ahorro, Hacienda), definitiva.

8) Las trabajadoras sociales, conociendo de primera mano las situaciones de exclusión en sus pueblos y barrios, poco o nada suelen hacer por denunciar o resolver estas situaciones. Muy al contrario, su actuación tiende a apoyar las políticas cicateras y paternalistas de las administraciones públicas vascas.

Lo reivindicativo

Ante este panorama tan desolador han surgido en Euskal Herria diferentes colectivos que tratan de atajar o denunciar las actuales situaciones de paro, precariedad laboral y exclusión social. Pensamos que es interesante analizar las diferentes experiencias que se han estado articulando en la actualidad pues «no es oro todo lo que reluce».

Principalmente cabría destacar que se están creando dos espacios de lucha que poco a poco van distanciándose y que en la práctica no encuentran puntos comunes para el desarrollo de iniciativas conjuntas. Así, por un lado, nos encontramos con colectivos integrados por personas que viven en sus propias carnes el paro y la falta de recursos; y por otro lado, con la autoproclamada «Asamblea Nacional de Movimientos contra la Exclusión Social» (heredera de la campaña desarrollada en Euskal Herria hace tres años entorno a la «Iniciativa Legislativa Popular por una Carta de Derechos Sociales»), cuyos protagonistas tienen situaciones económicas acomodadas. En el primer grupo nos encontramos con una pluralidad de grupos y formas de actuación: asambleas de parad@s, casas okupadas, plataformas contra la exclusión social, asambleas de afectad@s… En el otro extremo se haya todo el entramado político institucional del país: sindicatos, partidos políticos de izquierda -incluidos algunos sectores de EA-, organizaciones de la Iglesia, ONGs, trabajador@s sociales,… Como vemos, la realidad sobre la que intervienen unos y otros es bien diferentes, y desde luego los puntos de partida y llegada distan mucho de ser comunes en ambos colectivos.

Quien esto escribe, participante en un colectivo formado por personas afectadas por las actuales situaciones de empobrecimiento masivo, ve como imprescindible el apostar por la autoorganización de las personas sin recursos. Pero esto no lo lograremos en base a eslóganes vacíos y sin plasmación en la realidad cotidiana de nuestros pueblos y barrios. «Pensamos que tal organización ha de girar entorno a sus problemas más inmediatos (acceso a la vivienda, pago de luz y agua, atención sanitaria no cubierta por los servicios públicos de salud…) Queremos que las personas empobrecidas, no necesariamente excluidas, dejen de ser una mera estadística. Desearíamos que en nuestros pueblos y barrios se visualizase la desatención de necesidades básicas que sufrimos decenas de miles de vasc@s sin recursos económicos. Denunciando las causas y sus responsables nos movilizamos para su solución. Las personas empobrecidas y sus necesidades concretas han de ser las verdaderas protagonistas de las reivindicaciones y movilizaciones» (Comunicado de prensa del colectivo «Berri Otxoak». 25-11-99).
Y es que en la dinámica actual de lucha contra la pobreza, la que sale habitualmente en los medios de comunicación, los protagonistas o son funcionarios o son liberados de algún partido o sindicato. Seamos serios. La implicación de quien se mueve por convicción y la de quien, además de esto, se encuentra con el agua al cuello, han de ser necesariamente diferentes. Esto se demuestra viendo que algunos, en lugar de bajar a pie de calle, con todo lo que se encuentra uno allí, prefieren el juego de lo institucional, la negociación y el regateo. Todo esto a costa de erigirse en interlocutores e intermediarios entre la Administración y las personas sin recursos.

De ahí que no sea de extrañar que desde la mencionada Asamblea surja una comisión negociadora con la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco. Entre ambas parece que dilucidarán quiénes podrán cobrar el salario social, qué requisitos han de cumplir y qué mecanismos de control se articularán para evitar fraudes y picarescas de l@s solicitantes. Desde luego, cada día que pasa va quedando más claro que detrás de determinadas «prácticas» contra la exclusión se esconde la necesidad de ciertos sectores de abrirse espacios políticos de acción que les proporcionen el protagonismo que han perdido en otros ámbitos. Pero como la realidad es obstinada, con tanta negociación a espaldas de l@s afectad@s no se ha conseguido absolutamente nada. Así, el 29-XII-99 se aprobaban los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, donde se incrementaba el Ingreso Mínimo de Inserción -IMI- a 50.815 ptas. Es decir, después de 4 años de lucha en torno a la ILP sólo se ha conseguido un incremento de 5.000 ptas, aunque también es de justos reconocer que ese mismo día se aprobaba que el sueldo de los parlamentarios vasco aumentara en un 40% -entre 3 y 5 millones de subida- y que estos pudieran acceder a la pensión máxima otorgada por la Seguridad Social: 290.000 ptas. Por otra parte, una vez alcanzada cierta legitimidad, la Consejería de Trabajo, tras cuatro reuniones, ha dado por concluidas las negociaciones con la «famosa» Asamblea, aunque estos no cejan en su empeño de hacerse oír por las altas instancias y aprovecharán el trámite parlamentario de la ILP para seguir llorando a las puertas del Gobierno Vasco para que les reconozca su papel de interlocutor válido.

Ernesto Álvarez Mendizabal
(Colectivo Berri-Otxoak – Plataforma contra la Exclusión Social
Apdo. 18 • 48901 Barakaldo)

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