La cumbre del Movimiento por los Derechos Humanos de los pres*s alcanzó su cénit cuando llegué al Southern Ohio Correctional Facility (SOCF) de Lucasville, en 1977. Había sido trasladado desde el OSR de Mansfield al OSP, rebautizado Columbus Correctional Facility (CCF). El OSR fue construido a finales de 1880 y poseía un muro colosal con torretas de guardia y estructura de castillo. El CCF era idéntico, pero en Colum-bus. Ambos carecían de agua corriente en celdas y poseían desagües infames. Además estaban infestados de parásitos de todo tipo. Tras más de 15 años es estas condiciones, existían por lo menos 6 leyes y decretos ordenaban cerrar ambas prisiones, a lo que se sumó la Corte Federal. De entre los 8 tipos de violaciones denunciadas, una fue la de usar grilletes y cadenas para atar durante varios días a 4 presos en sus literas. Una práctica que todavía perdura en el MANCI de Mans-field.

El SOCF posee la reputación de ser una de las más violentas prisiones de los EE.UU.. Abrió en 1972 para reemplazar a otro penal asolado por los motines. Una vez que entrabas en el llamado bloque J, donde se encuentra el hoyo (celda de castigo de mínimas dimensiones y sin luz) y los condenados a muerte, los guardianes te advertían que jamás dijeras lo que habías visto o sabrías lo que era pasarlo mal. La mayoría de los guardias saben que los actos violentos y los asesinatos se suceden. Los guardias dominaban todo y era, aún lo es, una costumbre perseguir a los presos hasta sus celdas a golpes (cuantos más corres menos recibes), o golpear a presos esposados.

Durante este periodo estaba todavía relacionado con otros presos. EL SOCF estaba preparado para 1.600 presos, aunque lo llenábamos más de 2.300. En el SOCF y otras prisiones la enfermería era un cuarto sobre cargado y los atroces tratamientos de los enfermos psíquicos, mezclados con los demás presos, eran la norma. También fueron implantadas reglas como la entrega mensual del correo o la reducción de las visitas. En 1976, por una denuncia en que se sugerían mejoras, se congeló la población reclusa en Lucasville en 2.300 presos, pero se impuso un director (que más tarde sería expulsado del penal DOC de California por sus actitudes racistas y nazis.
Hubo un montón de publicidad entonces. 13 presos autodenominados «Lucasville 13» trataron de hacer cumplir los mandatos de los Acuerdos de Helsinki, y renunciaron a su ciudadanía para ser trasladados a una prisión de la URSS. Algunos de estos presos se cortaron las falanges de ciertos dedos y se las enviaron al Departamento de Justicia. Este les respondió que podrían ir a la URSS al cumplir la condena y fueron trasladados al hoyo, prohibiéndoles las visitas y los paquetes de comida.

En 1981 se hicieron cambios, a peor, en la ley de Aislamiento, siendo cortados los privilegios de los comisionad*s de Derechos Humanos y confiscadas las máquinas de escribir a los presos luchadores. Todas las querellas fueron archivadas por el Estado alegando peligrosidad social. Desde entonces, todas las brutalidades ocurridas en los bloques J de las prisiones fueron archivadas de inmediato.

También entonces la Corte Suprema revisó algunos casos doblando la cantidad de presos por celda y considerando que no existían las castigos. Fueron instituidos los trabajos forzados. Tres presos se negaron a la doble celda y al trabajo forzado y fueron recluidos en el hoyo. Mantuvieron una huelga de hambre y Chapman (preso político) fue trasladado a Chillicote. La violencia se incrementó.

En el 83, 12 guardias golpean a J. Haynes, preso enfermo mental, hasta matarlo delante de las enfermeras en venganza por la muerte de un funcionario. La causa de la muerte fue la rotura de la tráquea por los saltos de un guardia sobre su cuello, mientras otro le golpeaba con la linterna en la nuca cuando se volvía de lado. Desde entonces, toda una serie de incidentes se sucedieron, siendo archivados alegando «muerte accidental» o «exceso de celo». Era frecuente ver a una brigada de funcionarios machacando a un preso dentro de su celda (el propio Perotti fue víctima de malos tratos. El caso se archivó en 1991).

En 1983 Seiter entra como director de la Oficina de Prisiones. Al mismo tiempo, el alcaide del SOCF fue destituido por contrabando de armas en la prisión. Sin embargo, fue readmitido en otra.

En esos años, y para prevenir quién sabe qué, Seiter promulga y aplica una ley que permite confiscar cualquier propiedad de los presos y se autoriza un peligroso gas antidisturbios. El ala donde yo estaba permaneció inundada 4 meses porque los guardias lanzaban agua a presión contra las celdas constantemente.

Dillon, psiquiatra de la prisión de Santa Fe se dedica a afirmar y publicar que todo esto forma parte de modernas prácticas correctivas. En Mario, por ejemplo, 2 guardas fueron apuñalados en la unidad de control por sus compañeros, pero la acusación y la venganza fue contra los presos.
A raíz de numerosas campañas de protesta y cartas, 3 presos políticos solicitamos ser reclusos con empleo fuera de la prisión y denunciamos diversos hechos. Las demandas son admitidas pero no aceptadas. Hay bastante revuelo. Mientras tanto, la violencia se incrementa. 2 presos negros son brutalmente agredidos por los guardas delante de varias enfermeras y son encontrados muertos en sus celdas al día siguiente. Se presentan demandas y el FBI investiga las muertes, declarando que uno murió de sobredosis y el otro de bronquitis. No se presentan cargos contra los guardas.
Presentamos una petición de 38 páginas sobre derechos humanos, detallando en 200 páginas más casos a investigar por Amnistía Internacional según las normas de la ONU sobre mínimos standard de las prisiones. Somos inculpados de poseer contrabando y de formar un grupo activista no autorizado; todas las firmas de la petición son confiscadas. Al tiempo conseguimos 5 horas de actividades recreativas a la semana y se nos consiente recibir publicaciones religiosas y otras clasificadas por la División Administrativa.

En 1990 una división del FBI investiga algunas prisiones por orden del entonces gobernador. Se encuentran cientos de cartas nunca enviadas al Comité de Inspecciones Correccionales, en las que se hablaba de malos tratos.

El alcaide A. tate es enviado al SOCF en 1993 y comienza otra vez la represión. Intenta forzar a algunos presos a someterse a tests científicos y estalla un motín que dura 11 días y en el que murieron 9 presos y un guarda. Los últimos en rendirse son castigados. Varios presos negros son mezclados con presos de la Hermandad Aria. Se les niega asistencia médica, patio, el correo y paquetes de comida. Cuando son trasladados, los guardas y «prisoncrats» (presos privilegiados) los golpean.
Los prisoncrats no son castigados y delatan a los 435 amotinados que actuaron fruto de la desesperación. Se envían cientos de quejas y no son aceptadas, salvo excepciones. Las declaraciones de un cargo del FBI fueron: «Era inevitable un motín».

Estos hechos nos colocan de nuevo en el punto de partida. Pueden hacerse cambios para mejorar las atroces condiciones de vida o la situación puede deteriorarse aún más y conducir a otro caso donde los hombres o mujeres desesperad*s reaccionarán contra estas inmutables condiciones. ¿Donde será? ¿Haremos que las condiciones cambien o se nos ignorará de nuevo y llegará una situación peor? Redordad Attica, Santa Fe, Marion… ¡Recordad Lucasville!

John Perotti

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