Por la importancia y el debate que suscita el tema de la Iniciativa Legislativa Popular en Euskal Herria hemos decidido dedicarle un espacio importante para reflexionar en torno a estas iniciativas que poco ayudan a resolver los problemas de exclusión, marginación y pobreza que padecemos miles de personas en Euskal Herria.

Cuando surgió la idea de presentar en el Parlamento Vasco una Carta de los Derechos Sociales ayudada por la recogida de firmas -al menos 25.000- lo que suponía poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (I. L. P.), muchas fueron las dudas y temores que nos surgieron y que con el paso del tiempo se han visto confirmados.

En primer lugar, nuestras críticas se centraron en la metodología utilizada pues pensábamos que:

1) Suponía institucionalizar el escaso movimiento que existía en esa época contra la exclusión. La idea principal se basaba en que, ya que no tenemos fuerzas para generar una respuesta social amplia en la calle, debemos buscar vehículos de presión hacia las instituciones. De esta forma -era nuestra reflexión- si en la calle ya no se movía nada, menos se iba a mover a partir del momento de entrar en el juego de lo institucional, ya que los esfuerzos se iban a canalizar no en generar tejido social, sino en buscar alianzas en lo político -partidos, sindicatos,…-, como ha sido al final.

2) Jerarquizaba los procesos de lucha. Ejemplo de ello es la existencia de la figura de los promotores que se erigen en representantes y portavoces oficiales de todas las personas -no ya sólo de los movimientos contra la exclusión- en paro y sin recursos de Euskal Herria. Por otra parte, el mismo aparato institucional promovió una iniciativa de este tipo para tener una cabeza bien visible con la cual «negociar» (siempre a la baja, por supuesto) y dar apariencia de normalidad, democracia y preocupación por los problemas de las personas sin recursos.

3) No existía una voluntad real de autoorganizar a las personas empobrecidas -éstas no tenían el papel protagonista en el proceso-. Así, ninguno de los promotores de la ILP ha bajado a pie de calle para hablar de la sistemática conculcación de los derechos que sufren las personas empobrecidas cada vez que van a solicitar información o la tramitación de las ayudas públicas contra la pobreza que existen en Euskal Herria. Los excluidos y excluidas eran vistos como sujetos pasivos que debían acatar las directrices emanadas desde la comisión promotora, las consignas a gritar, las manifestaciones a las que acudir, lo que no había que plantear, etc. De nuevo son otros, ajenos a los procesos de exclusión, los que se otorgan el papel protagonista y de representantes de la lucha contra la exclusión social.

4. Permitía que una vez conseguidas las firmas (se lograron 82.500) se relegara a la sociedad a un segundo plano, convirtiéndose en mera espectadora de los tejemanejes de los autoproclamados representantes (promotores y administración vasca). Por otra parte, una iniciativa de este calado puede quedar totalmente desvirtuada, pues los partidos con representación en el Parlamento pueden hacer todos los remiendos que se les antoje, tal y como ha ocurrido en el Parlamento navarro, donde se presentó una iniciativa similar. Pero el mayor peligro estribaba en que se entrara en un proceso de negociación donde no ya sólo se rebajaran los contenidos de la ILP, sino que encima se alcanzara un clima de consenso tal que las voces disidentes, tanto de los grupos que no habíamos entrado en ese juego, como de las personas a las cuales van dirigidas las ayudas contra la pobreza, es decir, las personas empobrecidas de nuestro pueblo, no sólo iban a ser silenciadas, sino consideradas como l@s histéric@s de turno que con nada se conforman. Este aspecto, por desgracia, iba a restar y está restando en la actualidad margen de maniobra y actuación a los grupos que luchamos por un cuestionamiento radical de las actuales ayudas o rentas mínimas y que aspiramos a un cambio profundo de la sociedad y a la implantación de una Renta Básica y digna que cubra todas las necesidades básicas de la población.

Pero nuestra crítica no se restringía a la metodología utilizada, sino al contenido mismo de la Carta de Derechos Sociales. Dos eran los puntos que centraban esta crítica:

1. La centralidad del discurso iba encaminada a exigir una reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales. Este hecho convertía al salario social en mero apéndice de la reivindicación principal -una bandera, la del salario social, que se agitaba según convenía-.

Pero lo más grave de todo es que se desviaba el terreno de la confrontación: del reparto de la riqueza y un cambio de modelo social pasamos a la lucha por el empleo, un planteamiento obediente a las normas del mercado. Aquí nadie se cuestiona los sistemas actuales de producción y explotación de los recursos. Ademas, seguir planteando el empleo como solución a la falta de medios económicos (cuando la sociedad del empleo pasó a mejor vida debido a los avances tecnológicos) es una locura porque incrementa la filosofía del fracaso personal, aumentan los recelos, zancadillas. etc. en busca de algo que es imposible para tod@s en las actuales condiciones. En pocas palabras, el estar supeditad@s a tener un trabajo para ser alguien nos empobrece más e imposibilita asumir con coherencia la necesaria destrucción del empleo socialmente inútil e indeseable.

2) Las tan traídas y llevadas contraprestaciones. En el artículo 9 Titulo III de la Carta de Derechos Sociales podemos leer la siguiente perla: «Los beneficiarios de la renta básica (sic) y durante el tiempo que sean acreedores a la misma estarán obligados a suscribir un acuerdo negociado con la Administración por medio del cual se establecerá la aportación o contrapartida social que deberán realizar en beneficio de la sociedad». Como decíamos, no tiene desperdicio. La primera pregunta que nos vino a la cabeza era ¿Cómo es posible que est@s puedan conjugar un derecho con la obligatoriedad de una contraprestación? ¿Es el salario social un derecho, sí o no? ¿Desde cuándo un derecho se otorga con contrapartidas como condiciones? Si es un derecho, se tiene acceso a él sin más.

Otro aspecto de la cuestión era: si nosotr@s y la mayor parte de las personas receptoras del IMI y el AES estamos en contra y nos movilizamos por la desaparición de los cursillos obligatorios que te hacen suscribir las trabajadoras sociales, ¿cómo podemos apoyar una carta de derechos sociales con semejante artículo? Parece ser que desde el mundo sindical y de los promotores de la ILP se ve como algo necesario y fundamental el que las personas carentes de recursos económicos tengamos que «aportar» algo a la sociedad y que no nos convirtamos en vag@s de por vida. Como si las personas asalariadas fueran las que dan de comer a las que estamos en paro. No es por nada, pero vale recordar que cuando alguien entra en el mercado laboral a quien enriquece es a los gestores y dueños de los medios de producción, no a la sociedad ni a los pobres. Se debería saber que vuestros empleos, nuestra pobreza, la especulación o la situación de poder absoluto del mercado es lo que hace que unos pocos sean tremendamente ricos.

La verdad es que tampoco nos hubiera costado mucho firmar y apoyar la ILP (como hacemos con tantas otras cosas) pero no aceptamos que nos obliguen a dar nuestras vidas a un ayuntamiento por el hecho de cobrar algo a lo que tenemos pleno derecho, pero es más, vosotr@s y nosot@s deberíamos tener los mismos derechos -al margen de disponer de un empleo o no-, y por eso apoyamos la reivindicación de la renta básica para tod@s.

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