CEPRID

Colombia: Seguridad Democrática al banquillo

Lunes 10 de noviembre de 2008 por CEPRID

CODHES

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Un documento elaborado por Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y otras ONG’s y presentado en el debate contra el ministro Santos, cuestiona duramente la política de Seguridad Democrática.

A pesar de la poca importancia que dio el ministro de Defensa Juan Manuel Santos a los casos de ejecuciones extrajudiciales en el debate al que fue citado en el Senado de la República por la desaparición y posterior asesinato de 19 jóvenes de Soacha, presentados como muertos en combate, y que generó el retiro de 27 miembros del Ejército , un grupo de ONGs , entre ellas CODHES, elaboraron un documento que demuestra la tragedia que ha generado la aplicación de una política de seguridad cuyo aliciente es la muerte y la violencia indiscriminada.

“No son “falsos positivos”, son ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de lesa humanidad- afirma el documento en su primera parte - Más allá del mecanismo perverso de mostrar resultados operativos y cobrar bonificaciones, las ejecuciones extrajudiciales hacen parte de una política sistemática y deliberada dentro de una concepción de seguridad que requiere de muertos, capturados y desmovilizados para demostrar que es efectiva y exitosa”.

En el texto de 27 páginas, que fue presentado por el senador del Polo Democrático Jaime Dussan, las organizaciones hablan de un aumento de 67.7% en los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en los últimos cinco años, precisamente durante el desarrollo de la política de Seguridad Democrática.

Mientras en el período comprendido desde enero de 1997 a junio de 2002 se registraron 669 casos, entre julio de 2002 y diciembre de 2007 se dio cuenta de 1.112 ejecuciones extrajudiciales. Las cuentas aumentan si se suman los casos ocurridos entre enero de 2007 y junio de 2008, 535 personas.

Estas cifras contradicen la posición asumida por Santos, quien aseguró que la magnitud del drama de las ejecuciones extra judiciales es menos grave de lo que parece "Reconozco que sí hay casos de ejecuciones extrajudiciales, pero estas no son de la magnitud que se viene diciendo. De todas maneras para nosotros un solo caso es grave".

El documento se refiere también a varios pronunciamientos del presidente Uribe en los que ha tratado de justificar las actuaciones de la Fuerza Pública en casos de ejecuciones extrajudiciales en los que los entes investigadores han probado posteriormente su completa responsabilidad, como en el caso de cinco campesinos asesinados por el Ejército en Cajamarca , Tolima en 2004, el asesinato de ocho civiles, perpetrado por paramilitares con la anuencia de hombres del Ejército en febrero de 2005 en la comunidad de paz de San José de Apartado y últimamente las ejecuciones de los 19 jóvenes de Soacha que desaparecieron de sus hogares y fueron asesinados al día siguiente en Ocaña , Norte de Santander y presentados como terroristas muertos en combate por el Ejército. El común denominador en estos pronunciamientos es la estigmatización contra las ONG que cuestionan los métodos de la Seguridad Democrática y reclaman investigaciones de fondo y justicia para las víctimas.

Finalmente el documento revela alarmantes cifras sobre número de muertos, heridos, capturados y desmovilizados presentadas por la cartera de Defensa y que hoy, frente a los numerosos casos de “falsos positivos” están en tela de juicio. Plantea además una revisión exhaustiva de la Política de Seguridad Democrática para determinar si es conveniente continuar aplicándola.

A pesar de que el mismo presidente ha establecido en orden de prioridad la desmovilización, captura y muerte del enemigo, las cosas están funcionando al revés. “Las cifras del propio gobierno indican que la seguridad democrática tiene en las bajas mortales de sus enemigos un alto componente y pondrían en evidencia que los falsos positivos se extienden más allá de las ejecuciones extrajudiciales e involucran capturas y deserciones individuales” agrega el documento.

Las cifras

Con motivo del escándalo que han suscitado dentro y fuera del país los llamados “falsos positivos” y la destitución de 27 oficiales y sub oficiales del Ejército, el gobierno nacional ha insistido en la tesis de que las Fuerzas Armadas deben procurar primero la desmovilización, después la captura y por último las bajas del enemigo.

No obstante, las cifras del propio gobierno indican que la seguridad democrática tiene en las bajas mortales de sus enemigos un alto componente y pondrían en evidencia que los falsos positivos se extienden más allá de las ejecuciones extrajudiciales e involucran capturas y deserciones individuales.

De dar crédito a los datos del Ministerio de Defensa, un total aproximado de 1.836.585 personas, entre combatientes y civiles habrían sido afectadas desde 2002 hasta septiembre de 2008 por acciones bélicas ocurridas en el marco del conflicto armado. Es decir, un promedio diario de 744 personas habrían padecido en estos siete años y nueve meses, que cubren el último semestre del gobierno del presidente Andrés Pastrana y los seis años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, casos de muertes en combate, heridas, capturas, deserciones, secuestros y desplazamiento.

El gobierno reconoce que un total de 19.263 personas, pertenecientes a grupos armados al margen de la Ley e integrantes de la Fuerza Pública murieron en este período, lo que significa que, en promedio cada día pierden la vida 7.8 colombianos. El Ministerio de Defensa incluye 12.713 “subversivos abatidos” (Farc, Eln Erg y “disidencias”), lo mismo que 2.602 integrantes de las “autodefensas ilegales” y de las “bandas criminales” y bajas mortales de 3.948 integrantes de la Fuerza Pública.

Otro tanto ocurre con las personas capturadas, que ascienden a 20.421, de los cuales 32.335 serían integrantes de grupos guerrilleros y 5.088 harían parte de los grupos paramilitares.

Es decir, que 15.315 integrantes de grupos ilegales han muerto en acciones militares atribuidas a la Fuerza Pública, mientras que 45.791 han sido capturados y 17.750 se han desmovilizado individualmente. En otras palabras, que un total de 78.856 integrantes de grupos armados ilegales han sido muertos o capturados en el marco de la “política de seguridad democrática”, sin incluir la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia, que involucró, según cifras oficiales a 31.671 paramilitares. En conclusión, más de cien mil personas habrían salido de la confrontación armada en los últimos seis años, lo que no concuerda con los informes militares que daban cuenta de 20 mil guerrilleros y 12 mil paramilitares al comienzo del gobierno Uribe. El documento que informa sobre la consolidación de la política de seguridad democrática del Ministerio de Defensa reconoce personas heridas sólo entre los integrantes de la Fuerza Pública, 11.488, y queda la pregunta sobre el número de personas heridas pertenecientes a grupos guerrilleros y a los nuevos grupos paramilitares. El Ministerio de Defensa incluye en sus estadísticas 1.759.159 personas desplazadas y 8.504 personas secuestradas.

Para enfrentar la violencia, es necesario precisar cuantas personas han sido dadas de baja (muertos, heridos, capturados y desertores), cuantas permanecen en las filas de los grupos armados y qué capacidad real de reclutamiento tienen sus estructuras. Sin embargo, las cifras oficiales no cuadran y merecen una revisión a la luz del debate sobre los falsos positivos.


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