CEPRID

El fracaso de los gobiernos progresistas de América Latina (I)

Viernes 4 de diciembre de 2015 por CEPRID

Pablo Miranda

Opción

Desde 1998 en que fuera elegido Hugo Chávez como Presidente de Venezuela se sucedieron en algunos países triunfos electorales que permitieron el acceso al gobierno a frentes políticos de carácter nacionalista y patriótico, que proclamaron su oposición al neoliberalismo y a la deuda externa.

Una parte de esos gobiernos, los de Venezuela, Ecuador y Bolivia se proclamaron como revolucionarios, como propulsores del “socialismo del siglo XXI”; otros, como los de Brasil, Argentina, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, y en su momento, el gobierno de Lugo en Paraguay exhibieron programas y políticas de claro corte socialdemócrata.

Esos gobiernos surgieron en condiciones concretas: el agotamiento de las políticas neoliberales debido a su fracaso en el objetivo de superar la crisis del capital financiero internacional, en medio de agudas crisis políticas que desnudaron la corrupción y la incapacidad de los partidos burgueses tradicionales, en el escenario del ascenso de la lucha de las masas, de las clases trabajadoras, los pueblos y la juventud que se expresaba pujante y desafiante.

Las masas trabajadoras luchaban en campos y ciudades, reclamaban sus derechos y exigían nuevas conquistas, rebasaban los marcos reivindicativos y apuntaban contra los gobiernos corruptos y vendepatrias, en oposición a los paquetazos impuestos por el Fondo Monetario Internacional; en algunos países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina los derrocaban desde la calle.

Todos esos procesos de la lucha social expresaban un desarrollo cualitativo trascendente, las luchas particulares alcanzaban pronto la generalización, las acciones locales se trocaban en movilizaciones nacionales, hacían evidente nuevas iniciativas y formas de lucha, lograban incorporar a un apreciable segmento de las clases y capas medias que se sumaban al coraje popular pero buscaban aprovecharlo y direccionarlo en torno a sus intereses y propósitos; en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina esos procesos impactaban y fracturaban la institucionalidad burguesa.

La lucha social y política de las masas trabajadoras de la ciudad y el campo, de la juventud crecía y se desarrollaba pero adolecía de debilidades y límites, tenía la fuerza para desatar grandes oleadas, incluso para derribar gobiernos, pero no tenía, en su conjunto, el norte del poder ni la fortaleza para alcanzarlo; expresaba a nuevos actores sociales y políticos, a las izquierdas que venían combatiendo por décadas, a los revolucionarios proletarios que luchaban con denuedo pero, ponía de manifiesto, también las debilidades de la izquierda, de los revolucionarios y de los comunistas.

El resultado más importante de esos combates de la clase obrera, las demás clases trabajadoras y la juventud es de carácter ideológico y político, prácticamente en todos los países de América Latina esos actores sociales devinieron en actores políticos, en luchadores por el gobierno, en diversos procesos electorales. Se superó el estadio en el que los trabajadores luchaban en las calles y en las huelgas contra los capitalistas y en las elecciones votaban por los patronos y sus sirvientes. Un primer éxito de esos frentes electorales democráticos y de izquierda se refiere a sendas victorias en la disputa de gobiernos locales, de alcaldías en importantes ciudades. Una oleada superior se refiere al triunfo de los denominados “gobiernos progresistas” de los que hemos hablado arriba, y a la conformación de frentes electorales en otros países que crecieron de manera significativa, como en Colombia y México.

Estos hechos nos permitieron afirmar, en su momento, la conformación y desarrollo, a nivel latinoamericano, de una Tendencia de Cambio, democrática, progresista y de izquierda que incorporaba a los trabajadores, campesinos, a los maestros y estudiantes, a la intelectualidad progresista y a segmentos de las capas medias; de igual manera dijimos que los revolucionarios proletarios debíamos asumir, -en el Ecuador, lo hicimos-, la política de involucrarse activamente en las aguas de esa Tendencia con el propósito de hacerla avanzar, de calificar sus luchas y objetivos y pugnar por su dirección.

Al cabo de un período significativo, de más de una década, se impone la necesidad de hacer una valoración de esos procesos.

Existen opiniones respecto del fracaso absoluto de esos gobiernos, respecto del fin de un ciclo, así como tesis que afirman que abrieron nuevos caminos para la liberación social y nacional, y que, a pesar de las dificultades y de eventuales derrotas electorales, permanecerán en el tiempo y el espacio, como vía para la liberación.

Debemos dejar claro que, aunque existe una tendencia general en la que se inscriben estos gobiernos y sus políticas, no es posible uniformarlos, cada uno de ellos es un proceso concreto que se desenvuelve en un contexto particular, con autores sociales y económicos que actúan en correspondencia con sus intereses inmediatos, mediatos y de largo plazo:

Las posiciones anti neoliberales de los gobiernos progresistas

Ciertamente, todos esos gobiernos, en distinto nivel, impulsaron medidas económicas y políticas que dejaban atrás, en buena medida, la docilidad respecto de las políticas neoliberales impulsadas por EE.UU., el Banco Mundial y el FMI.

Dirigieron su gestión y los importantes recursos con los que contaron a la recuperación del papel del Estado, particularmente en el ámbito de la salud y la educación; así como al manejo de las áreas estratégicas de la economía, electricidad y energía. Impulsaron una abundante obra pública, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas que está cambiando la fisonomía física de esos países.

Tuvieron un éxito relativo en la reducción de la pobreza y del desempleo- Ahora, después de más de una década podemos afirmar que las posturas anti neoliberales fueron, esencialmente, declamativas, puesto que buena parte del entablado neoliberal se mantiene, principalmente, las facilidades para la inversión extranjera directa dirigida a la prospección y explotación de minerales, el agresivo endeudamiento externo pese a las prédicas que condenaban la deuda externa como ilegítima, la búsqueda y concreción de tratados de libre comercio con diversas potencias imperialistas.

En todos los países de América Latina, inclusive por parte de los gobiernistas “progresistas” se mantiene la flexibilización laboral, la precarización del trabajo, la tercerización, el trabajo por horas, los recortes de los derechos sindicales, la persecución a los sindicatos y los sindicalistas.

De la misma manera la criminalización de la lucha social, la persecución, el enjuiciamiento y condena a los dirigentes sociales y sindicales es una constante con la sola excepción de Venezuela, suman miles los dirigentes sindicales, populares y de los pueblos indígenas enjuiciados, perseguidos, encarcelados con las acusaciones de saboteadores y terroristas.

La bonanza económica y la gestión de los gobiernos progresistas

A partir de los años 2000 hasta 2015 la América Latina fue beneficiaria de un importante boom de altos precios de petróleo, cobre, oro, materias primas, productos agrícolas. Esto se expresó en importantes índices de crecimiento económico que ocurrió en casi todos los países, incluidos aquellos gobernados por los partidos burgueses tradicionales como México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y, por supuesto en los “gobiernos progresistas”.

Estas circunstancias unidas a una intensiva política de inversiones por parte del Estado en la obra pública, en carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, grandes represas hidroeléctricas así como la construcción de grandes obras suntuarias, monumentos, modernos edificios públicos marcaron un evidente progreso material de los países, los modernizaron de manera significativa. Esa abundante obra pública les reportó, en buena medida, un posicionamiento en la subjetividad de las masas trabajadoras, en la opinión pública como “buenos gobernantes”; más allá de ese impacto que incrementó el apoyo electoral (en Brasil, sin embargo esas gigantescas obras suntuarias pasaron factura al gobierno del Partido del Trabajo), esa modernización sirvió y está sirviendo para atraer y garantizar las inversiones privadas nacionales e internacionales.[1]

De otro lado, los gobiernos progresistas, igual que lo hicieron los gobiernos neoliberales impulsaron una intensa política asistencialista destinada a los sectores poblacionales más empobrecidos de la ciudad y el campo consistente en el establecimiento de bonos, donaciones y regalos que devinieron en un importante apoyo electoral.

La gestión política de los gobiernos progresistas

Los gobiernos progresistas se erigieron de la mano de un caudillo carismático proveniente de las capas medias de la población; también de sindicalistas como en Brasil y Bolivia; y, militares como en Venezuela. Ese caudillismo asumió posturas populistas, erigió gobiernos autoritarios y concentradores. Estas circunstancias se expresaron de diversa manera.

Los discursos nacionalistas y patrióticos, democráticos, populares y hasta revolucionarios; la importante obra pública así como las medidas de asistencialismo les permitieron seducir a importantes sectores sociales, a las capas empobrecidas de la ciudad y el campo que fueron beneficiadas directamente.

Las propuestas de la “revolución bolivariana”, de la “revolución ciudadana”, de la “refundación el país”, de la “segunda independencia”, del “socialismo del siglo XXI”, del “fin del colonialismo”; el manejo mediático del discurso, las poses mesiánicas de los presidentes, la proclama de las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos, el fustigamiento a la oligarquía, a los partidos políticos tradicionales permitieron a casi todos esos gobiernos presentarse ante la mayoría de la población de cada país como expresión de lo nuevo, de lo democrático y patriótico, y en algunos segmentos, como de izquierda y revolucionarios; las políticas asistencialistas abonaron en ese propósito, generaron gratitud que se transformó en buena medida en adhesión política e ideológica. De esa manera constituyeron una base social que les permitió ganar sucesivos procesos electorales y mantenerse por más de una década; ese apoyo popular se expresó, de manera principal en los sucesivos procesos electorales en los que salieron victoriosos, pero, con excepción de Venezuela, esos sectores populares tienen fuertes límites para salir a las calles en defensa de esos gobiernos. En Ecuador, las pocas oportunidades en las que se convoca a las masas a las calles han tenido magros resultados y se han apoyado en el sanduche y los viáticos.

De cara a la organización sindical, a los derechos de los trabajadores y sus luchas, el comportamiento de los “gobiernos progresistas” es también diverso.

En Venezuela se impulsó una importante obra social dirigida a los trabajadores, a los pobladores pobres, llevándoles la salud y la educación, se estimuló la organización sindical, la legislación laboral se tornó más democrática, se potenció la organización comunal. En Brasil se respetaron, en lo fundamental, la organización, las demandas y acciones de los sindicatos y demás organizaciones sociales. En Ecuador el discurso democrático se quedó en las palabras, desde un inició se saboteó y estigmatizó la organización sindical, se restringió la organización sindical, se eliminó el derecho a la cuota sindical, los permisos sindicales, se reguló el derecho de huelga al viejo estilo neoliberal; en los últimos años se busca orquestar un movimiento sindical y popular atado a las políticas gubernamentales a través de la cooptación de dirigentes sindicales por medio de la compra y el chantaje, de la creación de organizaciones sindicales paralelas y de la división de las organizaciones sociales. Se criminaliza la lucha social y sindical, durante el correísmo se enjuiciaron penalmente como terroristas y saboteadores a más de mil dirigentes sociales e indígenas, se persigue, se sentencia a penas de prisión a más de cincuenta luchadores sociales. En Argentina se condena, persigue, enjuicia y encarcela a miles de dirigentes sindicales y campesinos, se implanta la política del garrote. En Bolivia los sindicatos clasistas de obreros y mineros que defienden sus derechos son discriminados, perseguidos y sus dirigentes enjuiciados y encarcelados; los pueblos y nacionalidades indígenas que defienden su territorio, que se oponen a extractivismo, a la ruptura del ambiente y a la degradación de la naturaleza son calificados como saboteadores, son reprimidos y perseguidos.

El autoritarismo, la aplicación a raja tabla de las leyes penales instauradas por los gobiernos neoliberales del pasado impusieron políticas disuasivas que desmovilizaron y dispersaron a buena parte del movimiento sindical y social.

La clase obrera, los demás sectores sociales organizados escaparon en buena medida de las ilusiones reformistas, a pesar de las amenazas, los enjuiciamientos penales, el diversionismo y la acción divisionista impulsada desde el gobierno, de la cooptación de dirigentes sindicales a través de la compra y o el chantaje; vienen conformando un frente social y político que cuestiona, critica y combate contra las políticas antipopulares y antisindicales de estos gobiernos.

“En los hechos en todos los países se desenvuelven unas políticas proimperialistas encaminadas a relevar el neoliberalismo con otras alternativas capitalistas. Así se puede afirmar la existencia de unas posiciones políticas que colocan al Estado, fortalecido en alguna medida, al servicio del capital y los monopolios internacionales, que desarman ideológica y políticamente a las masas, dispersan el movimiento sindical y criminalizan la lucha social. Junto a esas condiciones se desarrollan los gobiernos tradicionales, dirigidos por posiciones abiertamente reaccionarias que impulsan políticas represivas en contra del movimiento popular, sin descartar poses demagógicas de corte nacionalista y prácticas asistencialistas” [2].

La dependencia económica y política del imperialismo persiste

Los “gobiernos progresistas” pregonaron la “segunda independencia”, la ruptura de la dependencia del imperialismo norteamericano, propiciaron algunas acciones y actividades regionales en esa dirección.

Constituyeron la ALBA, Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América que agrupa a una parte de los gobiernos progresistas; propulsaron la constitución de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, también la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; todas ellas organizaciones regionales en las que supuestamente se demarcarían posiciones con EE.UU. y Canadá. En los hechos, a pesar de estos supuestos, todos los gobiernos progresistas, con excepción de Venezuela y en alguna medida Bolivia, desarrollan excelentes relaciones comerciales, económicas, diplomáticas y políticas con el gobierno de EE.UU.

Los intereses económicos de los monopolios norteamericanos, de las empresas petroleras y mineras, de los bancos estadounidenses están plenamente garantizados, la defensa de la soberanía y la independencia no pasa de la palabrería. Los principales socios comerciales de la mayoría de los países latinoamericanos continúan siendo norteamericanos.

Sin embargo se viene abriendo paso una nueva situación. La penetración de los capitales chinos en todos los países latinoamericanos, pero de manera especial en aquellos dirigidos por “gobiernos progresistas”.

China constituye hoy en día la segunda economía mundial, es un país imperialista de grandes dimensiones, compite en escala internacional, en todos los continentes, con EE.UU, los países imperialistas de la Unión Europea, con Japón con sus exportaciones en el mercado internacional, de manera principal en los países dependientes de Asia, África y América Latina, realiza inversiones directas, sobre todo, en el petróleo y en las minas, y es un prestamista que reemplaza a los bancos occidentales y a los organismos internacionales, al Banco Mundial y al FMI.

Todos los gobiernos progresistas que inicialmente condenaron la deuda externa como ilegitima han “honrado” esos compromisos y han incurrido en un nuevo proceso de endeudamiento, especialmente con China que impone condiciones duras y altos intereses y plazos cortos.

El Ecuador ha incrementado su deuda externa en más del 100% a partir de 2006, año del ascenso del correísmo, ha contrato empréstitos por más de 8.000 millones de dólares a tasas superiores al 7% y a corto plazo con el gobierno y los bancos de China que implican la contratación de las construcciones y la provisión de maquinarias con empresas chinas, al viejo estilo del imperialismo norteamericano.

La soberanía y la independencia pregonada por Correa y la revolución ciudadana se vienen abajo con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que es pregonado como la inserción de la economía ecuatoriana en el comercio internacional.

Los elementos anotados registran una nueva circunstancia: las cadenas de la dependencia de los gobiernos progresistas respecto del imperialismo yanqui perviven, se afirman; y, simultáneamente se tienden nuevos lazos de dependencia económica con China y la Unión Europea.

Esta situación convierte a la América Latina en arena de disputa de las contradicciones interimperialistas, de manera especial, de las contradicciones norteamericanas con China. En esta contienda el rol de los gobiernos progresistas favorece por ahora los intereses de China, sin lesionar seriamente los intereses norteamericanos. Por eso no es de extrañar las ideas pregonadas por los oportunistas acerca del carácter progresista y democrático de China.

La crisis económica impacta en el desenvolvimiento de los gobiernos progresistas

La crisis económica que estalló en 2007 en EE.UU. afectó significativamente la economía de todos los países de América Latina y el Caribe, tanto como ocurriera en los diversos continentes y regiones. Sin embargo los altos precios de los commodities ayudaron a superar de manera relativamente rápida el impactó de esa crisis. En Ecuador, por ejemplo, el PIB igual a cero en 2009 fue superado en 2010 y desde ahí hasta 2014 ha registrado un crecimiento promedio de alrededor del 3%.

Esta realidad se hizo presente en todos los países del subcontinente, y permitió a los voceros de los “gobiernos progresistas” hablar de la bondad de su gestión, de la capacidad para impulsar el progreso material.

La recuperación económica de EE.UU. y de otros países imperialistas que se está produciendo no está desembocando en nuevo auge de la economía internacional: primero, es una recuperación parcial y limitada, subsisten importantes expresiones del desempleo; la deuda pública interna y externa crece desmesuradamente, también lo hace la carrera armamentista exigiendo buena parte de los recursos fiscales; segundo, la desaceleración del crecimiento económica de la economía de China, India y demás países emergentes, la baja de los precios del petróleo, de otros minerales y de los productos agrícolas y pecuarios, tanto como el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción del petróleo anuncian las condiciones de una nueva crisis económica.

Parecería que esa nueva crisis no tendría como epicentro a la economía de EE.UU., que se desataría en otras latitudes y tal vez con unas dimensiones menores. Los próximos años, quizá los próximos meses despejarán estas apreciaciones.

Esa nueva crisis económica que se anuncia llegó ya a algunos países de América Latina, entre ellos Brasil, Argentina y Ecuador, en los que se registra una recesión técnica, que es justificada con la drástica baja de los precios del petróleo y demás recursos minerales, así como de los productos agropecuarios de exportación, en la apreciación del dólar.

En realidad la nueva crisis es de carácter internacional, en el mundo globalizado de nuestros días no existe ninguna economía autárquica. Es imposible que algún país pueda blindarse contra la crisis. Lo que ocurrirá, lo que aconteció en la crisis de 2007 es, que debido al desarrollo desigual del capitalismo, a las contradicciones inherentes a su naturaleza, a la libre concurrencia, al carácter cada vez más social de la producción y a la apropiación y concentración de la riqueza por parte de los monopolios y los países imperialistas es que el impacto internacional de la crisis, dado que se originó en el corazón del mundo capitalista, se expandió por la gran mayoría de países en distinto nivel y profundidad.

Esa afectación de la crisis será más o menos profunda según el desarrollo económico de cada país, todo lo cual, quiere decir, que la cantaleta de que la crisis es de origen externo y que poco o nada tiene que ver el manejo económico y fiscal de los gobiernos capitalistas es falsa, no responde a los hechos, es un discurso que no se lo creen ni ellos mismos.

Los gobiernos socialdemócratas de Brasil, Lula y Dilma no pueden eludir los gastos suntuarios, los grandes derroches de los dineros públicos, las grandes inversiones del capital internacional atraído por las altas tasas de intereses, la venta de decenas de miles de hectáreas de tierras a las transnacionales, la implantación del monocultivo de la soya, el fomento del extractivismo de hierro y otros minerales, la desindustrialización del país, los recortes de las pensiones de jubilación, etc.

El kirchnerismo no puede esconder la responsabilidad de su gestión en la desindustrialización de Argentina, en la implantación de la soya como monocultivo y la desactivación de la agricultura y la ganadería, en la re-privatización de las empresas estatales de petróleo y aviación, en los altos niveles de corrupción que correen al país.

El gobierno de Correa no puede echar la culpa de la recesión y la crisis a la baja de los precios del petróleo, a la apreciación del dólar, al desarrollo de la ciencia y la tecnología en los EE.UU., a la dolarización; sin duda esas causas existen, impactan en la economía del país pero, de ninguna manera, constituyen la única razón; la revolución ciudadana y Correa no puede desmentir el despilfarro de los recursos fiscales en la propaganda y francachela, el incremento desmesurado de la burocracia, la dependencia de la economía del país respecto del petróleo y la inexistencia de políticas de diversificación de la economía, de industrialización del país.

El gobierno de Maduro no puede echar la responsabilidad de la crisis económica que afecta a Venezuela a la baja de los precios del petróleo, a la apreciación del dólar, a la guerra económica del imperialismo, la burguesía y la reacción que verdaderamente existen e impactan en la economía del país; no puede dejar de lado la incapacidad para enfrentar y resolver la dependencia de Venezuela de las importaciones de productos agrícolas e industriales, de artículos esenciales para la subsistencia de la población, no puede eludir las descomunales proporciones de la corrupción que asolan en los círculos gobernantes.

La nueva crisis económica que se cierne sobre América Latina es consecuencia de la naturaleza capitalista de la formación económica, de sus contradicciones irresolubles, es una nueva expresión de la sobre producción relativa y de la incapacidad de las masas trabajadoras de acceder a la producción generada por sus manos.

Notas

[1] La Ministra Coordinadora de la Producción de Ecuador señaló frontalmente que el gobierno de Correa cumplió con el rol de impulsar las obras públicas, carreteras, puertos y aeropuertos y que ahora le corresponde a la empresa privada invertir y aprovechar esas condiciones.

[2] VII Congreso del PCMLE, 2014


Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | Espacio privado | Estadísticas de visitas | visitas: 2906732

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio Territorios  Seguir la vida del sitio Latinoamérica   ?

Sitio desarrollado con SPIP 1.9.2p + ALTERNATIVES

Creative Commons License