CEPRID

Ecuador: En la ruta del autoritarismo

Domingo 27 de noviembre de 2011 por CEPRID

Guido Proaño A.

Opción/CEPRID

El gobierno esperó con ansiedad que llegue el primer aniversario de los acontecimientos del 30S, preparó con minuciosidad y exuberancia una serie de eventos públicos, programas políticos en los medios de comunicación, spots televisivos y cuñas radiales, documentales, canciones, pintó frases en las paredes… para celebrar un acontecimiento que se ha convertido en piedra angular del discurso y de la política gubernamental en los últimos doce meses. Anhelaba que tras el bombardeo propagandístico el discurso oficial respecto de los acontecimientos producidos sea asumido por la mayoría de ecuatorianos… pero fracasó. El exceso rayó en intoxicación y provocó rechazo.

Son dos campañas político-mediáticas en las que el correísmo hace gala de inversiones millonarias y de aprovechamiento de todo cuanto tiene a mano y en las que los resultados no se presentan como los esperaba: la consulta popular del pasado 7 de mayo y ahora la conmemoración del 30S.

¿Fallaron los publicistas y estrategas de la comunicación gubernamental? El problema para el gobierno es mayor, porque es la política la que conduce a la propaganda y no al revés. La respuesta obtenida por el correísmo en estos dos casos pone en el tapete de discusión cuan afirmado o no está el respaldo popular que las encuestas dicen que existe.

Como aconteció en la consulta del 7 de mayo, en la que adherentes de la denominada “revolución ciudadana” prefirieron sumarse al No –sin quitarle el apoyo total al gobierno- al ver que tras ella se escondía el interés antidemocrático de concentrar poderes, en el caso 30S la palabra del Presidente sigue en tela de duda para amplios sectores. Cuanto paso el régimen ha dado para demostrar su alucinante versión del golpe de Estado se ha estrellado con la realidad y, diga lo que diga, un año más tarde no ha sido capaz de presentar una prueba que sustente sus puntos de visto, lo que le resulta grave puesto que –de lo que se ve- este tema cumple la función de alfil para la acción política actual y futura, además porque significaría que la credibilidad del presidente está en un nivel que no le resulta suficiente para todos sus propósitos políticos.

Rafael Correa ha aprovechado y abusado del nivel de credibilidad brindada por el pueblo, y lo peligroso es el uso que hace de ese respaldo que todavía mantiene. Basta escuchar las opiniones que vierte en las cansonas sabatinas (a las que la gente asiste por obligación) así como en los “enlaces nacionales” y analizar el contenido de sus principales acciones política para descubrir los derroteros de la “revolución ciudadana” y cómo pretende manipular a quienes creen en él.

En la mira del correísmo

La derechización que advertimos meses atrás es irreversible y la configuración de su carácter autoritario va en curso y aún no llega a su límite. Con ese perfil, el correísmo ha puesto como uno de sus principales blancos de ataque a las organizaciones de izquierda y al movimiento popular; en las tres últimas décadas no han enfrentado un escenario político tan complejo, al ser objeto de un bombardeo político tan incisivo e insistente desde las distintas funciones del Estado, que tiene como propósito mellar su influencia entre los trabajadores y el pueblo, en unos casos, y, en otros, debilitarlas, dividirlas y hasta cooptarlas.

El gobierno y su equipo de publicistas trabajan por “matar la imagen” de dichas organizaciones, para lo cual inclusive hacen suyo el discurso utilizado por la derecha neoliberal en su momento. Durante la “larga noche neoliberal” se responsabilizó a los trabajadores, empleados y a los sindicatos del sector público de ser los responsables de la crisis en la salud, en el seguro social, etc., y con ese mismo discurso ahora el gobierno quiere justificar el despido de cerca de cinco mil empleados, a los que no se ha realizado ningún tipo de evaluación; de la misma forma se responsabilizó a la UNE y al MPD de ser los responsables de la crisis en el sistema educativo, como si esas organizaciones alguna vez hubieran tenido una responsabilidad directiva en el ministerio correspondiente y, ahora, a cinco años de la “revolución ciudadana” se sigue con la misma cantaleta. Por eso, cuando se escucha al presidente hablar sobre estos aspectos, parece como si lo estuvieran haciendo Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad o Alberto Dahik.

La satanización del adversario y creación de enemigos ficticios es una vieja estratagema utilizada en los conflictos bélicos para justificar acciones, la magnitud de las mismas, presupuestos, la creación de aparatos especiales, etc. El imperialismo norteamericano, con su aparto mediático, hizo creer al mundo que Saddan Hussein tenía el poderío atómico-militar y la intención de controlar al mundo o hacerlo estallar en pedazos; una vez creado el miedo, la invasión yanqui en Irak fue asumida por mucha gente como “un alivio” y garantía para la paz.

¿Cuánto tiempo es de aquello? ¿Diez, doce años…? Lo cierto es que en Irak no pudieron encontrar ninguna de las fábricas en las se trabajaba en el enriquecimiento del uranio, a pesar de que dijeron que las tenían localizadas. Pero también es cierto que con ese pretexto botaron a un gobierno que no era de su gusto, asesinaron a muchos funcionarios del mismo, a partidarios de Huessein y a él mismo, a gente inocente… y ahora cuentan con un régimen a su servicio y aprovechan de las vastas riquezas petroleras de ese país. La misma lógica se utilizó para perseguir a Bin Laden hasta Afganistán, donde durante años el ejército más poderoso del mundo no pudo encontrarlo, pero en cambio sí pudo posesionarse en una zona estratégica en la que otras potencias tenían influencia.

Guardando las distancias, el correísmo trabaja con esos parámetros para demonizar a la izquierda y al movimiento popular y justificar cualquier acción represiva en su contra. Por boca del propio presidente son éstos sus principales enemigos y en no pocas ocasiones ha llamado a la población a actuar en su contra, pero nunca lo ha hecho para actuar de esa manera para enfrentar a los empresarios, banqueros o a quienes califica como “pelucones”.

Hacia un Estado policial

Y no son solo palabras, lo que no deja de ser repudiable y peligroso. Existen una serie de medidas de distinto índole que llevan a pensar que desde las altas esferas se trabaja por configurar un Estado policial que actúe sobre quienes se le oponen. Para ese objetivo tres proyectos de ley presentados por el ejecutivo cumplen papeles fundamentales: el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el Código Integral Penal y las reformas a la Ley de Seguridad Pública. El primero le otorga al ejecutivo una policía a su servicio que en un gobierno de las características del actual es evidente que será utilizada para vigilar, perseguir y golpear a la oposición[1]; el segundo, crea el andamiaje jurídico para llevar a nuevos niveles la criminalización de la protesta popular ya en curso; y, el tercero, busca que las Fuerzas Armadas ejerzan actividades que según la Constitución son privativas de la Policía Nacional.

Manifestarse en la calle provocando interrupción del tránsito vehicular, reclamar en voz alta y en grupo a funcionarios públicos, resistirse a un desalojo de una huelga o toma de tierras, expresar de manera pública la solidaridad con un detenido político, entre otros casos, será sancionado con penas que pueden llegar hasta los 7 años de prisión de acuerdo al nuevo Código Penal.

Con el propósito de controlar o frenar cualquier foco de protesta, hasta los adolescentes desde los 16 años son imputables a sanciones penales, lo que resulta condenable, y así lo han hecho organismos vinculados a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. El país conoce que la juventud estudiantil siempre ha sido muy sensible ante las injusticias y las ha rechazado de distinta forma, inclusive a través de manifestaciones callejeras, pero de aprobarse el nuevo Código Penal esas acciones serán reprimidas con prisión.

A propósito de los despidos masivos en el sector público, Rafael Correa declaró que agentes de policía hicieron investigaciones en distintas instituciones para determinar quiénes debían salir. No se realizaron evaluaciones técnicas, administrativas o profesionales, ¡se les investigó como a delincuentes!

¿Todo eso, acaso, no es un síntoma de que está en curso la creación de un Estado policial? ¿Es eso expresión de un gobierno democrático y progresista?

Violencia institucionalizada

La pregunta es por qué y para qué actúa así el gobierno. Correa no busca per se erigir una institucionalidad violenta[2], o más violenta de la que ya existe. La concreción de su concepción reaccionaria respecto del manejo administrativo del Estado creando leyes, pisoteando las existentes[3] y concentrando poderes en sus manos es el medio necesario para la ejecución del proyecto político de la nueva derecha. Así, todo lo que se hace o se haga en el futuro está santificado por la ley, aún cuando se actué en contra de los derechos de las personas.

En el caso de los despidos masivos a los empleados públicos, por ejemplo, el Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, justifica la medida en la Ley Orgánica de Servicio Público, lo que le daría el carácter de legal. Pero el hecho es que el artículo invocado, así como el Decreto 813, son violatorios a los derechos humanos, son expresión del ejercicio de la violencia del Estado en contra de los trabajadores, amén de ser violatorios de la misma Constitución que dicen defenderla. El correísmo requiere de una institucionalidad fuerte, con la suficiente capacidad coercitiva, para cumplir con su proyecto de modernización capitalista del país del que son beneficiarios el capital financiero internacional y sectores de burguesía criolla. Necesita un aparato represivo para hacer frente al movimiento que se opone a la entrega de nuestras riquezas mineras al capital extranjero, a los trabajadores que luchan por sus derechos y enfrentan una política laboral al servicio de la patronal, a la juventud que se opone a propuestas improvisadas en el manejo educativo… en fin a todos los sectores que sienten que el gobierno de la “revolución ciudadana” es una nueva versión de los gobiernos pasados pero con un superlativo discurso populista.

Cualquier ilusión de encontrar matices de izquierda en el actual gobierno no es más que una alucinación que choca con la realidad. En su interior los sectores progresistas y los postulados democráticos fueron desplazados y abandonados; ahora tiene preeminencia el círculo más reaccionario, cuyas cabezas visibles son los hermanos Alvarado, Alexis Mera y en el que –por supuesto- está el mismo presidente. No hay lugar a engaños como en la época del viejo velasquismo, cuando se decía que el líder era honesto y con buenas intenciones, pero que quienes le rodeaban le impedían trabajar, eran los corruptos y hacían lo que les daba la gana.


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