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El Salvador: La maquila no admite contratos colectivos

Lunes 14 de noviembre de 2011 por CEPRID

Gloria Morán

Contrapunto/CEPRID

El pasado 17 de junio parecía un día normal de trabajo, 270 personas realizando cada una su labor; ninguno pensaba que ese sería su último día laboral en la “desaparecida” fábrica textil Gama.

Nadie les dijo que se prepararan y se llevaran sus cosas, nadie lo imaginaba, sobre todo cuando solo faltaban dos negociaciones para establecer el contrato colectivo de los trabajadores de dicha maquila. Una llamada fue la que alertó a Cecilia Cruz, operaria y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Confecciones Gama (STECG), que de la fábrica en la que llevaba más de diez años trabajando estaban sacando las máquinas y la materia prima. De llamada en llamada avisaron a sus compañeros y fue así como se organizaron para acampar durante cuatro días a las puertas de la factoría, para evitar que siguieran sacando la maquinaria. Nadie les daba una explicación concreta, solo les decían “la fábrica se fue a la quiebra”. Razón que parecería ilógica a los miembros del sindicato, pues aseguran que tenían mucho trabajo por hacer y que en cada una de las filas operarias “abundaba de trabajo, no hacía falta dinero, como ellos nos dijeron”.

Al cuarto día de la acampada, resignados a que no podían seguir evitando la acción tomada por Gama, iniciaron una negociación sobre el porcentaje de indemnización que se entregaría a cada uno, resolvieron el 80 por ciento.

Los trabajadores aluden que todo se debe al descontento de los empleadores, encabezados por Jaime Enrique Salvador Gadala María, porque el STECG estaba realizando las diligencias necesarias por obtener, por primera vez en el sector maquila, un contrato colectivo. El STECG obtuvo la personalidad jurídica en el 2009, en la resolución 95 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitida el 14 de diciembre de ese año, y sus estatutos fueron publicados en el Diario Oficial No. 8, Tomo No.386 del miércoles 13 de enero de 2010.

“Ya habíamos logrado el 60 por ciento de afiliaciones en nuestro sindicato, por lo tanto teníamos el 50 + 1 establecido por la ley para iniciar las negociaciones de un contrato colectivo y así tener mayores garantías laborales. Quizás eso no les gustó y tomaron la medida de cerrar y además de no dejar que trabajemos en otro lado”, aseguró Cruz.

Ellos actuaron amparados en el Código de Trabajo en el Artículo 270 en el que reza: “El sindicato de trabajadores es titular de los derechos de celebrar y revisar un contrato colectivo. Para ejercer el derecho de celebrar por primera vez un contrato colectivo, es necesario que el sindicato tenga como afiliados no menos del cincuenta y uno por ciento de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Lo mismo ocurrirá respecto del patrono que en su empresa o establecimiento tuviere no menos del porcentaje dicho de trabajadores afiliados a un sindicato”.

¿Por qué entregaron la lista?

Cuando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MITRAB) notificó a Gama que debía negociar con sus empleados un contrato colectivo, ésta se mostró renuente y solicitó a la entidad que le otorgara una constancia que demostrara la cantidad de afiliados.

“Ellos (el Ministerio de Trabajo) en lugar de solo darle la certificación de que cumplíamos el 50 +1 le dieron la lista de quienes estábamos dentro del sindicato. No sé por qué lo hicieron si bastaba solo que le dijeran el total de afiliados”, aseveró con indignación José Armando Carpio, miembro del STECG. ContraPunto intentó conocer la versión del MITRAB pero no fue posible.

Después de haber obtenido la constancia y las nóminas, los empleadores iniciaron “casi a la fuerza” las negociaciones de las 58 cláusulas estipuladas en el contrato colectivo. Hasta la fecha del cierre de la fábrica solo se había aprobado la mitad.

“Lastimosamente después de ese cierre vimos cómo se nos cayó la esperanza de arreglar el trato en el sector maquila. Y lo que nos deja más pensativos es que nosotros no pedíamos nada que ya no tuviéramos, solo pedíamos que nos aseguraran esos derechos de un trabajo mejor”, dijo Cruz.

Inmediatamente después del cierre de la fábrica, los afectados empezaron a buscar otro trabajo. Su sorpresa aumentó cuando se les negó esta oportunidad. El STECG acusa a los empleadores de Gama de haber distribuido la lista a diversas fábricas para impedir que sean contratados.

“Nos seguimos preguntando por qué les entregaron esa lista, si no era necesario, ¿qué tan malo es que nosotros queramos que se nos asegure nuestro trabajo y se nos dignifique?”, cuestionó Carpió

En la lista negra

Los sindicalistas aseveran que no solo los afiliados están en la lista de los que no pueden ser contratados, sino todos los que trabajaron en Gama.

“Por el simple hecho de haber trabajado ahí, ahora nos ven como bicho raro, no somos bienvenidos en otro lugar de trabajo”, dijo una de las afectadas.

María G., quien no estaba afiliada al sindicato, es el sostén de su hogar, compuesto por su madre y sus dos hijos de cuatro y siete años. Con lágrimas en los ojos y un nerviosismo notorio narra cómo en tres diferentes lugares de la zona franca de San Bartolo le negaron el acceso por ser proveniente de Gama.

“Mire, yo ni una semana me tardé en buscar el empleo, pues dije: tengo experiencia de diez años, no me lo niegan. Mi sorpresa fue cuando en el primer lugar, con solo ver la constancia de que yo era de esa fábrica, me dijeron no le podemos dar trabajo. En el otro, me dijeron le vamos a llamar”, relata la afectada.

“En el último, como yo conocía a quien me atendió, fue más directa en decirme: mirá, es casi seguro que ningún lugar te den trabajo por venir de Gama, la regaron”, continúa María.

En la mayoría de casos no ha sido distinto el panorama. A más de dos meses, aun el bloqueo para ellos existe. De acuerdo con Gloria Flores, coordinadora de la Mesa Sindical de Trabajadores de Maquila (MSTM), la situación es aún peor, pues se les ha negado el empleo no solo en el sector maquilero sino en otros sectores industriales.

“Nosotros ya no sabemos qué hacer, ya se nos acabó lo poquito que nos dieron de indemnización, ahora estamos peor, varios de los compañeros han ido a buscar a ADOC y les han negado, a St. Jack y les ha pasado lo mismo, y así en otros lugares”, acotó Cruz.

Cruz también aseguró que el último día de la entrega de indemnizaciones para los empleados, ella le dijo al apoderado legal de la empresa, Guillermo Prado Pinel, que los desbloquearan, que no siguieran “fregando a la gente y él me contestó: dejen de denunciar. Entonces le dije, ¿me está diciendo que sí han hecho eso (enviar los listados)? El me volvió a decir: ya dije, dejen de denunciar”.

ContraPunto habló con Guillermo Prado Pinel y se mostró renuente a brindar sus declaraciones, aduciendo que esa parte no le corresponde a él.

En defensa de Gama

Otro de los abogados de la empresa que ha negociado con los empleados es Mario Sánchez Chinchilla, quien aseguró que lo que dicen los afectados es mentira y que la fábrica cerró no por la negociación del contrato colectivo sino porque desde hace dos años presentaba problemas financieros.

“El hecho que se haya cerrado (la fábrica Gama) eso fue circunstancial, hubiese o no hubiese un contrato colectivo la fábrica hubiera cerrado, (…) había ya una idea desde hace dos años de cerrar la empresa. Sí hubo una coincidencia, de hecho nos agarró de sorpresa el planteamiento de un contrato colectivo, pero realmente eso no tuvo ninguna incidencia en el cierre”, afirmó Sánchez Chinchilla. Al cuestionarlo del por qué a muchos se les había negado el empleo por solo venir de la fábrica Gama él contestó que la empresa no ha tomado ninguna acción en contra de ellos, sino que el hecho de estar dentro de un sindicato “les crea la fama”.

“Lo cierto es que si se da a conocer que había un sindicato o un contrato colectivo, las otras empresas lo que hacen es cerrar puertas y no es porque venga Gama y que la empresa les genere publicidad negativa. Si de hecho se les dio constancia a las personas (…) Y el hecho de que personas no afiliadas tengan consecuencias es por el solo hecho de que alguien sepa (que la fábrica de donde viene tiene sindicato), se le cierra automáticamente las puertas”, aseveró. Con su declaración se cuestiona la libertad sindical en El Salvador, libertad promulgada aún el Código de Trabajo en los Artículo 228 al 294 donde se avala su creación y se habla de las de sus atribuciones, prohibiciones, sanciones y contratos colectivos para los sindicatos. “Nosotros no hicimos nada fuera de las reglas, nosotros actuamos de acuerdo a nuestro derecho, por buscar algo mejor, ahora tenemos problemas para encontrar trabajo, el tiempo pasa y necesitamos trabajar, no vivimos del aire, ni del sol”, dijo una sindicalista.

Nunca antes un sindicato del sector maquilero había estado tan cercano a firmar con una empresa un contrato colectivo. Este precedente, podría haber cambiado en alguna medida la situación en que se encuentran la mayoría de empleados y empleadas.


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