CEPRID

CHÁVEZ Y LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA/ TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS

Martes 11 de octubre de 2011 por CEPRID

COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMERICA LATINA (CISPAL)

CEPRID

Los pueblos de América Latina y el Caribe comparten la misma historia, costumbres riqueza pluricultural y multinacional y son iguales en dolor y lágrimas originados en sistemas de explotación  colonial y neocolonial que acabaron por desunirlos  y dividirlos para beneficio de las metrópolis que depredaron los recursos naturales y humanos para sumirlos, finalmente, en el subdesarrollo, pobreza, marginalidad y abandono. Esta situación no  podía ser eterna y en los albores del  siglo XXI comienzan a concretarse  nuevas formas de integración y unión como el ALBA y UNASUR, MERCOMUN Y CARICOM y quizá pronto surja una nueva organización  de Estados Latinoamericanos y del Caribe sin la tutela de Estados Unidos.

Fidel Castro y Hugo Chávez son visionarios del presente y del futuro, aman a sus pueblos pero libres e independientes, por eso tienen poderosos enemigos entre las derechas políticas y económicas del mundo entero orquestados  por el imperio, pero hasta esos enemigos venezolanos y latinos deberían reconocer que los mandatarios de Cuba y Venezuela idearon, crearon  y forjaron la Alianza  Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América/Tratado de Comercio de los Pueblos que nación en La Habana el 14 de diciembre del año 2004. El ALBA es, en esencia, una respuesta de unión solidaria a  la famosa ALCA ideada por el imperio  para imponer el Consenso de Washington y su “capitalismo salvaje”, el neoliberalismo y los  tratados de libre comercio para provecho imperial.

Tanto a Fidel Castro como a Hugo Chávez sus enemigos los han enterrado muchísimas veces  y han bailado sobre sus cadáveres cada vez que la prensa internacional los ha dado por muertos. En alrededor de 700 veces, la CIA y las mafias  cubano-norteamericanas han intentado asesinar al líder de la Revolución cubana.

Con total despojo de sentimientos humanos, las oligarquías venezolanas y del mundo, el imperio y sus sirvientes se alegraron del cáncer que sufrió Chávez. Dijeron que el cáncer había invadido todo su cuerpo y que le quedaban pocos días o semanas de vida y ya hicieron planes para festejar su muerte y destruir al ALBA, Banco del Sur, Telesur y de paso sacar a Venezuela del MERCOSUR y destruir UNASUR, de ser posible.

Pero Hugo Chávez Frías ha sido capaz de derrotar al cáncer y hoy tiene entre 35 y 40 años de esperanza de vida. Fidel se muestra sonriente y despreocupado luego de sus innúmeras muertes y fatales enfermedades. Los dos viven para mayor sufrimiento de sus enemigos.

Los dos son los padres del ALBA  que, en esencia, es una organización que responde al neo liberalismo del ALCA que tenía el objetivo netamente comercial en desigualdad de condiciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe.  El ALCA pomposamente se definía  como Área de Libre  Comercio para América Latina con insuperables ventajas para Estados Unidos: reducir los aranceles, eliminar las trabas al comercio y a la inversión,  que en última instancia  solo beneficiaría a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo.

El ALCA fue rechazada por innumerables  movimientos sociales, organizaciones indígenas,   sindicales y profesionales que a lo largo y ancho de América Latina expresaron, también, que Otra América es Posible.

El ALBA es una demostración  de aquello y la realidad concreta  avala los estudios que señalan  que la globalización económica que permite el tráfico de dinero sin trabas ni fronteras en contra de las aspiraciones humanas y de las necesidades solidarias se constituye en una aberración humillante. Ese tipo de globalización impuesta por el capitalismo niega el derecho al desarrollo integral.

Entonces tienen razón de ser tanto el ALBA como la UNASUR que procuran, entre sus objetivos, nuevos modelos de integración. La Alianza Bolivariana afirma de modo contundente que el ALCA no podía ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de bienestar para nuestros pueblos. Podrían crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrían generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales: “No habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social”, afirma la Alianza Bolivariana..

En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos a la hora de corregir las asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar), se enfatiza.

Estados Unidos con su proyectada ALCA y los TLC ansiaba concretar una mayor dominación y sometimiento de nuestros pueblos a través de factores económicos vitales: agricultura, propiedad intelectual y servicios esenciales.

En el tema agrícola, se debe considerar que los sectores indígenas y campesinos de América Latina y el Caribe mantienen una relación estrecha con la tierra a la que consideran una madre especial: Pachamama. Por tanto, para ellos, cultivar la tierra es casi un ritual que va más allá que la simple producción mercantilista. Esta es una forma de vida, una cultura ancestral que se impone sobre el negocio de los alimentos.

Para los pueblos de América Latina y el Caribe, “hacer producir la tierra”  es una necesidad fundamental que permite la supervivencia de la gente, de sus animales domésticos y de las naciones.

Pretender que nuestras patrias se inunden con  productos agrícolas importados, en la práctica es atentar contra la vida misma de millones de personas que viven en las zonas rurales.

Por otra parte, se produciría  un intercambio y competencia desiguales que sentenciaría al subdesarrollo y marginalidad a millones de seres humanos. Es imposible competir  con los agricultores estadounidense  que reciben millones de dólares del Estado en calidad de subsidio para que mantengan las cuotas  de producción  y exportación. Los agricultores ubicados al sur del Río Grande no reciben subsidios, no son sujetos sometidos a proteccionismos especiales y ni siquiera cuentan con seguros agrícolas contra las heladas, sequías, inundaciones, tempestades, huracanes o cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Son personas abandonadas a su suerte.    Por eso se consideró que si se quería firmar TLCs había que exigir a Estados Unidos la  reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados, situación que no puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización de comercio de productos agrícolas.

Producción agraria y opción cultural

La Alternativa Bolivariana expresaba que hay que dejar en claro que la producción agrícola es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales. Es una forma de ocupación del territorio que  define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, la actividad agrícola no puede ser tratada como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.

Para América Latina y el Caribe el desarrollo de la agricultura debe ser “sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia debe  garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos.

La Alianza Bolivariana al analizar textos constitucionales sostenía que “la seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola”. Parte importante de la pobreza y marginalidad de nuestros pueblos se concentra en la población que habita las zonas rurales y que subsiste con base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura.

Esa población es finalmente la más castigada con el desbalance de partida para la negociación de la agricultura y lo sería más si se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican. La seguridad alimentaria de la que gozan los países desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la cual consiguen distorsión en los precios en los mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado. Para el ALCA no tenían importancia esos enunciados. Al proyectado organismo sólo le importaba la negociación  libre de aranceles y la apertura de  un mercado cautivo de 400 millones de personas.

Las propuestas de muchos países latinoamericanos para eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio  y el de identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina, nunca fueron acogidas por el imperio.

Las negociaciones previas a la firma de los tratados de libre comercio en el marco del ALCA, demostraron una vez más, la doble moral del imperio. Por un lado exigía a los gobiernos latinoamericanos la renuncia total al uso de las políticas públicas para promover el desarrollo de sus aparatos productivos, mientras que el imperio tenía y tiene vía libre para aplicar toda clase de subsidios a favor de sus aparatos productivos.

El tema de la agricultura y el ALCA fue discutido en Quito, en la reunión  de Ministros  de Agricultura y Comercio Exterior que en una declaración vinculante reconocieron “la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo, a reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social”, por lo cual reafirmaron “el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de disciplinas para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones agrícolas”, señalando en particular “que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la agenda agrícola.”

Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por el Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyó al Grupo de Negociación sobre Agricultura “intensificar los debates sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y Quito”

Desde luego, Estados Unidos mantuvo su negativa a comprometerse a liquidar las prácticas de subsidio razón por la que no avanzaron las negociaciones  y tampoco la pretendida  eliminación de los aranceles agrícolas que sólo iba a beneficiar a la metrópoli imperial. La situación desigual terminaría por perjudicar gravemente a los indígenas-campesinos de América Latina y el Caribe. La Alianza Bolivariana sostuvo en Venezuela  que someterse al ALCA, en esas condición, se provocaría  un desbalance de gran magnitud en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es aceptable, decía, un desbalance de tal naturaleza. No es aceptable que la agricultura se circunscriba exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte de los países en vías de desarrollo mientras las principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas internas. Como se sabe, añadía, los Estados Unidos destinan centenares de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuertes distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos, de otra forma, exportar.

Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para paliar los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados.

Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran el continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados, solo una pequeña fracción de aumento o desvió de las exportaciones hacia nuestros países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte importante de nuestra población, concluían.

“La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones internacionales y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones campesinas y aborígenes. Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el comercio”, se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en condiciones muy desventajosas para los países del Sur. A pesar de la resistencia inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.

Relaciones asimétricas Norte-Sur

En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad intelectual está orientado a acentuar este desbalance. Protege aquello en lo cual los países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.

Antes de estas negociaciones más de 50 países no tenían regímenes legales de protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.

Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio obligan a todos los países, después de un período de gracia para los países “menos desarrollados”, a establecer regímenes de patentes que garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual.   Así pues, los días de los medicamentos genéricos están contados. Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de personas. A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.

Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales. La “libertad de comercio” impuestas crecientemente por los intereses de estas transnacionales a los campesinos de todo el mundo, está conduciendo hacia una reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos alimenticios.

Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas ecológicos.

Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o recursos de otros que han sido otorgados.

Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias hegemónicas de la globalización, sostenía, entre otras consideraciones, la Alianza Bolivariana de los Pueblos.

El ALCA se proponía consolidar el Consenso de Washington que impulsaba la imposición  del neoliberalismo que terminó por “privatizar la riqueza y socializar la pobreza” en América Latina, el Caribe y, en general, en  todos los países del Sur. La reducción del tamaño del Estado, la privatización del patrimonio de los pueblos y de servicios esenciales como el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica y las telecomunicaciones  dejaron  a millones de personas al margen de esos servicios. El ALCA y su neoliberalismo se propusieron la liberalización, desregulación y privatización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que suponen una obligación de los Estados y gobiernos con sus ciudadanos.

Este proceso de liberalización dejó en manos privadas, es decir en poder de las transnacionales, una amplia gama de servicios que abarcaban la salud, educación, seguridad social, agua potable, transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura, recursos naturales.

En varios documentos del ALBA se afirma que con el ALCA de por medio, se restringiría de una vez y para siempre la intervención del Estado a través de medidas gubernamentales que regulen el comercio de servicios: desde los limites a la legislación laboral y la protección del consumidor, incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o medidas sobre el contenido cultural.

Una vez más se manifiesta aquí la tesis del libre mercado, las cuales postulan que una mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que demandan sus ciudadanos.

La historia reciente de América Latina es la de una violenta ola de privatizaciones de servicios tales como el transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de servicios al mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad; destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de los recursos públicos en procesos de privatizaciones amañados y corruptos.

En el ALCA se pretendía extremar estos procesos de liberalización y privatización al incluir también los servicios esenciales que suponen una obligación del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser suministrados por empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en simples consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por estos servicios, quedarían excluidos de su consumo y disfrute.

Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían las grandes transnacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los perjudicados serían los de siempre: los sectores más empobrecidos y de máxima exclusión social. Las grandes empresas de fines lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para los países en vías de desarrollo esto se traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos.

Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica según la cual la liberalización de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que contribuiría a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los consumidores. Pero después de más de una década de apertura, liberalización y privatizaciones, estuvo claro que el objetivo es la generación de más beneficios para las grandes corporaciones transnacionales que se han ido apropiando de estos servicios en una escala global a costa de excluir de servicios públicos a millares de personas en todo el mundo que no puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.

Salvo México, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, los demás gobiernos del  subcontinente se negaron a negociar los tratados de libre comercio bajo las condiciones del ALCA porque comprendieron que los procesos de liberalización, desregulación y privatización limitarían gravemente la capacidad del Estado y de los  gobiernos para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho de nuestros pueblos a gozar servicios esenciales de buena calidad y precios que garanticen el acceso, a ellos, de millones de personas.

Sometidos los pueblos a crueles procesos de colonización y neocolonización fueron condenados al subdesarrollo, pobreza, marginalidad. Se les negó el derecho a contar con servicios esenciales y el acceso a los beneficios de la revolución científico-técnica y con  el ALCA y el neoliberalismo se ansiaba perpetuar esas realidades de terroríficas injusticias. El ALCA confundió servicios esenciales con  negocios privados al tiempo que primaba la rentabilidad en contra del interés social.

La satisfacción y el acceso a servicios esenciales y de calidad, es un  derecho irrenunciable de los pueblos, razón suficiente para que los mismos no sean de propiedad de las transnacionales sino de políticas públicas fundamentales de los Estados modernos regidos por una Constitución Política garantista de derechos colectivos e individuales.

ALBA frente a ALCA

“Para la construcción del ALBA Venezuela y Cuba que la iniciaron resulta indispensable la creación de los Fondos Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de reducir de manera significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento,” sostenía la Alianza Bolivariana.

Si el ALBA es oposición al ALCA deben concretarse mecanismos que posibiliten la unión e integración solidarias con el propósito de reducir o eliminar las asimetrías existentes entre los diversos tamaños de las economías. “Es por ello que se ha identificado un grupo de variables económicas y sociales que buscan distinguir de forma no discrecional las economías que requieren ser asistidas para lograr competir en condiciones favorables para los países en el área de libre comercio. De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse por las razones arriba expuestas, como un asunto de la mayor prioridad, deberían incluir:

La generación de instrumentos a través de los cuales se busque no solo que los países “en desarrollo” puedan acceder al ALBA, sino que además principalmente esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan su funcionamiento económico interno y las grandes distancias que lo separan de las grandes economías desarrolladas del hemisferio.

Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato especial y diferenciado. Hasta ahora la referencia a “los niveles de desarrollo y el tamaño” se basa en el concepto de “Economías más pequeñas”, el cual remite a la dimensión de los participantes, sin que estén definidos los criterios que se utilizaran al respecto. En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al trato especial y diferenciado estaría determinada por variable como población, superficie, producción global y dotación de recursos. Pero también incluirá otros indicadores referidos al grado de desarrollo y a limitaciones estructurales de las economías: Composición de las exportaciones y vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso per.-cápita promedio y variaciones respecto a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.

Una identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la totalidad de cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores que más lo necesitan. De esa manera los recursos que se canalizan para atender a las disparidades se vincularían directamente con los sectores intranacionales a los que irían dirigidos, asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y transparencia, así como una reducción de las trabas administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente de los mencionados mecanismos.

A diferencia del ALCA donde lo que está previsto es una mayor profundización de las asimetrías que hoy existen, la propuesta del ALBA incluye propuestas y mecanismos concretos para superar las grandes disparidades entre los países y el interior de muchos de ellos. La atención a este problema ocupa un lugar predominante en la naturaleza de este proyecto alternativo de integración latinoamericana y caribeña

El ALBA es diametralmente opuesta al ALCA. La primera es unión solidaria e integración de los pueblos para alcanzar el desarrollo sustentable, es defensa de los  recursos naturales,  de la cultura y del conocimiento ancestral de nuestros pueblos. La segunda es negocio y privatización de todo lo existente  para permitir la mayor acumulación de capital del imperio y sus voraces transnacionales. La primera es liberadora de nuestros pueblos por su carácter profundamente antiimperialista. La segunda es  integración neoliberal para dominar y neo colonizar a nuestros pueblos.

“Jamás hubo en América de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder...”. anunciaba  José Martí.

El ALCA es integración neoliberal que prioriza la liberalización del comercio y las inversiones.

La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física.  En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas.

Entre los principios  fundacionales del ALBA se sostiene que “para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica.

El ALBA se propone atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, para luchar contra la pobreza y el subdesarrollo que agobian a la mayor parte de los 400 millones de personas que habitan América Latina y el Caribe. Así mismo debe proponer soluciones efectivas tendientes a superar las profundas desigualdades y asimetrías entre nuestros países de tal manera que liquiden las injusticias generadas por el intercambio desigual tan deseado por el imperio.

Entre los objetivos del ALCA se destaca la necesidad impostergable de solucionar de una vez y para siempre el problema de la deuda externa que en la realidad es impagable. Si se supera el dogal de la deuda externa, se desterrarían las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.

Alcanzada la unidad se alcanzará la liberación  de nuestros pueblos. La negociación en bloque con  el Norte rico y desarrollado  derribará las barreas que impiden  tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual.

Finalmente los pueblos integrados estarán en capacidad política para construir sus propias democracias, la socialización  del conocimiento y de los medios de comunicación y, sin duda, poner fin al modelo neoliberal que desmanteló el patrimonio de los pueblos mediante “brutales procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública. Como respuesta a la brutal disolución del Estado que sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos.

“El desafío de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) es ahora lanzar una contraofensiva, como la que se ha discutido en Caracas, para ayudar a frenar la locura imperial

“Más oportuna, imposible”, exclamó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, al iniciar sus palabras de clausura del VI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que se realizó el 16 de septiembre en Caracas.

Hugo Chávez destacó la gran derrota que en una tarea de cinco años (2001 al 2005) el Alba le dio al Área del Libre Comercio de las Américas (Alca), como primer avance de la integración de las naciones y los países independientes, situación que definió como “cambio en la configuración del mapa geopolítico de los pueblos y gobiernos de nuestra América”.

Chávez consideró que el “imperialismo está hoy más loco que nunca al atreverse de manera descarada, cínica, sin límites de ningún tipo a planificar y lanzar abiertamente una masacre, a conducir la masacre de Libia y amenazar al mundo”. En ese sentido, exhortó a los países del ALABA, a sus aliados en América Latina e incluso en Norteamérica, a lanzar una contraofensiva, sin subestimar, para denunciar, develar y hacer ver la magnitud de la tragedia de Libia, como consecuencia de la agresión imperial. “Es esta manera, no habría otra. Contribuir con lo que hemos llamado frenar la locura imperial. Hay que frenar esa locura desatada”. Esta es una necesidad que impostergablemente hay que cumplirla para beneficio de la humanidad. Es hora de luchar por la paz que ponga fin  al intervencionismo imperial y esa es la lucha de los pueblos por su soberanía e independencia plenas.

Correo electrónico: tribunalpazecuador@yahoo.com


Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | Espacio privado | Estadísticas de visitas | visitas: 2911034

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio Territorios  Seguir la vida del sitio Latinoamérica   ?

Sitio desarrollado con SPIP 1.9.2p + ALTERNATIVES

Creative Commons License